Mientras el PRO continúa con su intento de reposicionarse en el tablero político rumbo al 2027 electoral, comienzan a reflotarse las diferencias internas. A grandes rasgos, las principales rispideces se dan en torno al sector más cercano al fundador del partido, Mauricio Macri, que promueve cierto purismo; y otro más alineado con el Gobierno de Javier Milei y la idea de competir juntos el año que viene.

En ese sentido, ya se vive una disputa en torno a las candidaturas, en este caso para la provincia de Buenos Aires. El principal activo del PRO allí es el actual ministro del Interior, Diego Santilli, que tiene el apoyo del presidente del partido en la provincia, Cristian Ritondo.

Pero en el entorno de Macri hay malestar con Santilli por lo que consideran su pase a las filas libertarias. “Mauricio ya no quiere que vuelva”, indicó un dirigente del macrismo a este medio.

Sucede que el ministro del Interior estaba convencido de que sería el elegido de Milei para competir en la provincia luego de la resonante victoria que encabezó en las legislativas del año pasado. Pero apareció en carrera el presidente de La Libertad Avanza en PBA, Sebastián Pareja.

Leé también: Mauricio Macri encabezó un acto en Vicente López mientras prepara una gira de 20 días para posicionar al PRO

Ante este escenario, Santilli necesita el respaldo del PRO para aportar territorialidad a su intención de voto. Pero este viernes hubo un acto partidario en Olivos y uno de los mensajes fue “que el candidato salga de los acá presentes”. El mensaje tuvo un destinatario claro tácito: Santilli, que no estuvo.

El ministro está al tanto del malestar y por eso días atrás se mostró con intendentes del PRO. “Los que pensamos de una manera tenemos que sostener un camino. No tenemos que volver atrás”, afirmó en aquel entonces.

Además, adelantó una alianza en PBA en 2027: “El PRO, el radicalismo y LLA tenemos que ir en conjunto”.

“Santilli tiene que mostrarse con Ritondo para mostrar territorialidad y qué aporta a la fórmula”, indicó una fuente del macrismo. “Podría no haber hecho la reunion. Quiere mostrarse como mejor candidato”, agregó.

La convicción en el PRO es “bancar al que mejor mida” y están convencidos que hoy es Santilli, pero tiene fuerte competencia entre los libertarios. Incluso la propia Karina Milei prefiere a Sebastián Pareja en ese lugar.

Estas fricciones tienen un punto en común con la Ciudad de Buenos Aires, donde la relación con LLA es todavía más complicada. Hasta algunos se preparan para competir con los libertarios, mientras que en Provincia la prioridad es repetir la alianza que los llevó a ganar las legislativas nacionales.

Tomar distancia de LLA, sin romper

“Nuestra visión es que, por encima de cualquier diferencia, tenemos la obligación de cuidar esta oportunidad de cambio que eligieron los argentinos. Podemos tener matices o distintas miradas con el gobierno, y cuando vemos un error lo señalamos con responsabilidad”, explicaron fuentes del PRO a este medio.

“Pero lo que no tenemos que hacer, bajo ningún punto de vista, es hacerle el juego a los que quieren que todo explote para volver al pasado”, aclararon en referencia al kirchnerismo. “Es importante cuidar la idea e intentar construir y fortalecer aún en las diferencias”, añadieron.

Por supuesto, no se trata de un apoyo incondicional: “Esto no es solo una responsabilidad del PRO, también lo es del oficialismo y de todas las fuerzas que, aun teniendo diferencias, entienden que no podemos volver atrás y echar por tierra el esfuerzo y la esperanza de millones de argentinos”.

La cuestión de fondo es que de uno y otro lado (PRO y La Libertad Avanza) están convencidos de que no hay manera de ganar la provincia sin el otro. Eso incluye al propio Macri, aun mientras dentro y fuera de su partido crecen las presiones para que encabece una lista el año que viene.

“No va a armar una candidatura si eso le hace ganar al kirchnerismo”, sentenció a TN un referente bonaerense. En ese sentido, sí valoró la posibilidad de posicionar al PRO en el tablero político. “Cada uno tiene que hacer su juego, pero dentro de ese marco”, expresaron.

PRO, Mauricio Macri, Diego Santilli

El Gobierno evalúa nuevas medidas contra la Superliga mientras espera una definición judicial sobre la veeduría dispuesta en la AFA. En el Ministerio de Justicia analizan los próximos pasos administrativos y sostienen que el margen de acción es más amplio que en el caso de la AFA, donde existe una apelación judicial en trámite.

La situación de las dos entidades no es la misma. En el caso de la AFA, en el Ejecutivo sostienen que existe una apelación ante la Justicia civil con recurso concedido por la Cámara, de forma que esperarán esa resolución antes de avanzar con apercibimientos o nuevas medidas administrativas. «Tenemos que esperar que resuelva la Cámara para poder apercibirlos”, expresan.

El escenario es distinto para la Superliga. En la Casa Rosada aseguran que esa entidad sólo manifestó su disconformidad con la veeduría y que la IGJ rechazó ese planteo. La estrategia oficial es mantener abierta la vía administrativa sin forzar una escena de confrontación antes de tiempo. “La semana que viene seguramente prosigamos con alguna medida según requieran los veedores”, agregan.

La Inspección General de Justicia tiene facultades para fiscalizar asociaciones civiles y fundaciones, además de controlar su funcionamiento, disolución y liquidación. La Ley 22.315 establece que el organismo puede considerar, investigar y resolver denuncias, asistir a asambleas, convocarlas en determinados supuestos y pedir medidas más graves cuando detecta irregularidades relevantes.

En este caso, una de las primeras herramientas disponibles es una nueva intimación formal para que la Superliga entregue documentación o permita el acceso requerido por los veedores. Si la IGJ considera que hubo incumplimiento, la ley la habilita a sancionar a asociaciones, fundaciones, administradores y a cualquier entidad que no provea información, entregue datos falsos, infrinja obligaciones legales o estatutarias, o dificulte el desempeño del organismo.

El esquema sancionatorio incluye apercibimiento, apercibimiento con publicación a cargo del infractor y multa. El monto máximo de la multa prevista para estos casos fue actualizado por el Decreto 609/2024 y quedó fijado en $8.000.000. La graduación debe considerar la gravedad del hecho, la eventual reiteración de infracciones y el patrimonio de la entidad.

Leé también: El Gobierno busca aprobar cuatro leyes antes del Mundial y prepara otros 10 proyectos que enviará al Congreso

La IGJ también cuenta con herramientas de mayor alcance si detecta irregularidades graves. Puede declarar la irregularidad o ineficacia administrativa de actos bajo fiscalización y, en situaciones extremas, solicitar al Ministerio de Justicia la intervención de una asociación civil o el retiro de la autorización para funcionar. El Decreto 1493/82 agrega que el organismo debe controlar que las asociaciones y fundaciones cumplan efectivamente los propósitos de sus estatutos y no desvirtúen su finalidad.

El Ministerio de Justicia monitorea el proceso y pone la mira sobre si la Superliga judicializa la medida o mantiene su resistencia sólo por vía administrativa. Sigue de cerca además la apelación de la AFA que debe resolver la Cámara y busca mantener la presión documental sobre las entidades del fútbol. “Es un proceso largo”, agregan.

Gobierno, Superliga, AFA

Tras el fracaso de la oposición de la semana pasada, cuando no logró reunir el quorum para sesionar y forzar la interpelación de Manuel Adorni, este miércoles volverá a la carga junto a Unión por la Patria (UxP) y buscará abrir las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para discutir los pedidos de interpelación y otros proyectos impulsados por el kirchnerismo.

Sin embargo, La Libertad Avanza se anticipó con una jugada propia: convocó a una sesión para las 10 con el objetivo de tratar los proyectos de ley Hojarasca y de Zonas Frías. El oficialismo ya tendría garantizado el quorum con el respaldo de aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales.

El socialista Esteban Paulón, junto al jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, el radical crítico Pablo Juliano y otros diputados, pidió una sesión especial para las 11. El objetivo es avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por denuncias sobre supuestos hechos de corrupción. También buscan debatir iniciativas vinculadas con temas sociales, como regímenes de licencias parentales, la situación del PAMI y la creación del plan Remediar.

Los proyectos presentados en Diputados apuntan a la situación judicial y patrimonial de Adorni. Entre otros puntos, solicitan informes verbales del jefe de Gabinete “sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, además de pedidos de información vinculados a su patrimonio declarado y la posibilidad de avanzar con una moción de censura por supuestas irregularidades.

La embestida libertaria

El jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, diseñaron la estrategia libertaria con una contraofensiva parlamentaria: convocaron a una sesión el mismo miércoles, pero una hora antes.

La convocatoria incluye temas impulsados por la Casa Rosada, como el proyecto de Derogación de Legislación Obsoleta —conocido como ley Hojarasca— enviado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; las modificaciones a la Ley de Zonas Frías, sancionada en 2021 a propuesta de Máximo Kirchner; y tratados internacionales dictaminados por la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por la libertaria Juliana Santillán.

Leé también: Las tres variables económicas que monitorea Milei para que mayo vuelva a mostrar una inflación a la baja

Las medidas energéticas

La semana pasada, el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría del proyecto con la presencia de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti. La iniciativa modifica el esquema de subsidios al gas que amplió beneficios a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

Según el Gobierno, esa ampliación “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema” al incorporar zonas “sin condiciones climáticas equivalentes”, lo que derivó en un fuerte aumento de beneficiarios y del costo fiscal.

El dictamen mantiene los subsidios para la Patagonia, Malargüe y la Puna en el consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. Pero en las zonas incorporadas desde 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

Rechazo a Zonas Frías

Desde Unión por la Patria, la diputada Jimena López cuestionó la propuesta oficialista y aseguró que “reduce el alcance de los beneficios para millones de usuarios mientras mantienen e incluso profundizan los recargos. El manejo de los servicios básicos no puede quedar a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ya que estos constituyen un derecho fundamental para la ciudadanía”.

López también criticó al Gobierno por “haber aumentado en cinco oportunidades durante 2025 el recargo para financiar este fondo, elevándolo hasta su máximo legal y arrogándose en abril la facultad de incrementarlo hasta un 11,25% sin pasar por el Congreso”.

Por su parte, el diputado cordobés Carlos Gutiérrez sostuvo que, de aprobarse el proyecto oficial, “670 mil usuarios de Córdoba se quedarían sin el subsidio al gas”. Además, afirmó que “el efecto derrame que —según los cálculos del Gobierno— producirían las inversiones en gas y su eventual incorporación a las tarifas de los sectores más humildes es poco creíble de parte de un Gobierno que no tiene sensibilidad social”.

Gutiérrez agregó que “Córdoba no mantiene deudas en esta materia. Con la gestión de Juan Schiaretti, se construyó 3.200 kilómetros de gasoductos troncales con una inversión de mil millones de dólares, adelantándose a los futuros desarrollos gasíferos. Resulta ofensivo que representantes del oficialismo digan que este subsidio ‘les llega a usuarios de piletas climatizadas’, cuando claramente la normativa dice lo contrario”.

Leé también: El Gobierno pagó US$17 millones en intereses por el swap con el Tesoro de Estados Unidos

El director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, también rechazó los cambios y explicó que “en las viviendas ubicadas en zonas ‘no frías’ de la Argentina se consumen, en promedio, 542 metros cúbicos de gas al año. De ese total, el 33% se destina a calefacción”.

“En cambio, en una vivienda ubicada en ‘zona fría’ se consumen, en promedio, 1052 metros cúbicos de gas al año. Eso es un 94% más que en zonas ‘no frías’. Pero, además, casi la mitad de ese gas que se consume en una vivienda de zona fría, más precisamente el 48%, se usa para calefacción del hogar”, señaló.

Y concluyó: “Queda bien claro, entonces, que los descuentos en gas domiciliario por Zona Fría no implican ningún privilegio; simplemente contribuyen a amortiguar el costo de calefaccionar los hogares, lo que incide directamente en la salud de las personas”.

Regularización de deudas eléctricas

Otro de los capítulos del proyecto apunta a regularizar obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La iniciativa instruye a la Subsecretaría de Energía Eléctrica y a CAMMESA a aplicar créditos para cancelar deudas de distribuidoras eléctricas que adhieran a acuerdos de regularización y renuncien a reclamos judiciales o administrativos contra el Estado.

En ese marco, Edenor y Edesur reclaman ingresos no percibidos por unos US$3200 millones —US$2000 millones en el caso de Edenor y US$1100 millones en Edesur—, mientras ambas empresas mantienen deudas con CAMMESA por alrededor de US$1100 millones.

La iniciativa también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 la exención de gravámenes para fuentes renovables prevista en la ley de promoción de energías limpias. El beneficio alcanza a proyectos de energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa y gases de vertedero, entre otras tecnologías.

Diputados, sesion, Manuel Adorni