La industria yerbatera de Misiones enfrenta una situación crítica por la desregulación del mercado, la caída abrupta en el precio de la materia prima y la concentración económica en grandes empresas. La crisis afecta directamente a productores, quienes aseguran que venden por debajo de sus costos de producción. El conflicto engloba a unas 50 mil familias y pone en riesgo la estabilidad de uno de los sectores clave para la economía provincial.

Julio Peterson, productor yerbatero de la tierra colorada explicó, en diálogo con Infobae Al Amanecer que, en la actualidad, el costo de producir un kilo de hoja verde asciende a $435, mientras que los compradores ofrecen $260. “Es inviable seguir así”, señaló. La brecha entre los costos y el precio que reciben generó que muchos pequeños productores y cooperativas no puedan sostener su actividad.

El reclamo de los productores surge tras el DNU 70/2023 emitido por el Gobierno de Javier Milei donde, se le sacó al Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) la facultad de regular los precios y de intervenir en el mercado. Es decir, dejó de decidir cuánto se paga por la yerba y pasó a que el precio lo definan directamente las empresas y el mercado. Según destacó el productor, esto fortaleció a las grandes empresas y provocó una fuerte caída en lo que cobran por la materia prima.

La actual estructura del mercado está marcada por el dominio de dos grandes empresas: Playadito y Las Marías, que concentran el 48% de la molienda nacional. “El resto se maneja en las pequeñas industrias. ¿Qué es lo que hacen ellos? Provocan, con el poder económico que tienen, la necesidad que tenemos nosotros de poder vender. Nos asfixian ante la necesidad del empobrecimiento y nos ofrecen precios irrisorios”, sostuvo Peterson.

De acuerdo con el productor, “históricamente, nosotros recibíamos entre el 10% y el 15% de lo que ustedes pagaban un kilo de yerba en góndola. En este momento estamos en el 3%”. Esta situación llevó a que las cooperativas quedaran al borde del colapso financiero, presionadas por precios bajos en la cadena de comercialización y la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones.

Relación con el Gobierno nacional y reclamos del sector

Peterson describió que, a diferencia de otros contextos políticos, la actual administración nacional se mantiene distante y no ofrece soluciones concretas. “Es el primer gobierno que se basa en excusas. Es el primer gobierno que vas a Buenos Aires, no trae soluciones y lo único que hay es vacío. No hay solución, no hay respuestas concretas”, sostuvo.

En ese sentido, las asociaciones de productores presentaron una demanda judicial para que la Justicia federal evalúe la derogación del artículo del DNU que eliminó la fijación del precio por ley. El objetivo es restablecer un precio de resguardo oficial que cubra los costos de producción y brinde previsibilidad a los productores.

Dimensiones económicas y pérdidas del sector

La industria representa la segunda economía más importante de Misiones. Según Peterson, el volumen de producción ronda los mil millones de kilos de hoja verde anuales. A precios actuales, esto equivale a unos $250 mil millones. “Solamente el año pasado perdimos más de $80 mil millones en nuestra economía, la parte agricultora. Más de $80 mil millones”, remarcó el productor.

La desregulación, lejos de mejorar los precios al consumidor, provocó un alza en las góndolas y una reducción drástica de ingresos para los productores y trabajadores yerbateros. “El kilo de yerba hoy debería estar $500. El kilo de yerba de hoja verde está a $250, provocado por una desregulación, pero el paquete ha subido dos veces la góndola”, indicó Peterson.

Exportaciones, consumo interno y migración laboral

Pese a la crisis local, la exportación creció año a año. No obstante, el consumo interno muestra una baja, atribuida a la situación económica del país. “El trabajador, la clase media adquisitivamente está mal”, explicó el productor misionero.

Un aspecto alarmante de la crisis es el éxodo de mano de obra hacia Brasil. Más de 10 mil trabajadores migraron al país vecino y, de ellos, solo unos 2 mil regresaron a Misiones. “Hay más de ocho mil trabajadores nuestros que se fueron y no volvieron más”, precisó Peterson. El fenómeno afecta principalmente a trabajadores calificados en el rubro yerbatero y profundiza el problema social en la provincia.

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cosecha yerba mate

Mientras el PRO continúa con su intento de reposicionarse en el tablero político rumbo al 2027 electoral, comienzan a reflotarse las diferencias internas. A grandes rasgos, las principales rispideces se dan en torno al sector más cercano al fundador del partido, Mauricio Macri, que promueve cierto purismo; y otro más alineado con el Gobierno de Javier Milei y la idea de competir juntos el año que viene.

En ese sentido, ya se vive una disputa en torno a las candidaturas, en este caso para la provincia de Buenos Aires. El principal activo del PRO allí es el actual ministro del Interior, Diego Santilli, que tiene el apoyo del presidente del partido en la provincia, Cristian Ritondo.

Pero en el entorno de Macri hay malestar con Santilli por lo que consideran su pase a las filas libertarias. “Mauricio ya no quiere que vuelva”, indicó un dirigente del macrismo a este medio.

Sucede que el ministro del Interior estaba convencido de que sería el elegido de Milei para competir en la provincia luego de la resonante victoria que encabezó en las legislativas del año pasado. Pero apareció en carrera el presidente de La Libertad Avanza en PBA, Sebastián Pareja.

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Ante este escenario, Santilli necesita el respaldo del PRO para aportar territorialidad a su intención de voto. Pero este viernes hubo un acto partidario en Olivos y uno de los mensajes fue “que el candidato salga de los acá presentes”. El mensaje tuvo un destinatario claro tácito: Santilli, que no estuvo.

El ministro está al tanto del malestar y por eso días atrás se mostró con intendentes del PRO. “Los que pensamos de una manera tenemos que sostener un camino. No tenemos que volver atrás”, afirmó en aquel entonces.

Además, adelantó una alianza en PBA en 2027: “El PRO, el radicalismo y LLA tenemos que ir en conjunto”.

“Santilli tiene que mostrarse con Ritondo para mostrar territorialidad y qué aporta a la fórmula”, indicó una fuente del macrismo. “Podría no haber hecho la reunion. Quiere mostrarse como mejor candidato”, agregó.

La convicción en el PRO es “bancar al que mejor mida” y están convencidos que hoy es Santilli, pero tiene fuerte competencia entre los libertarios. Incluso la propia Karina Milei prefiere a Sebastián Pareja en ese lugar.

Estas fricciones tienen un punto en común con la Ciudad de Buenos Aires, donde la relación con LLA es todavía más complicada. Hasta algunos se preparan para competir con los libertarios, mientras que en Provincia la prioridad es repetir la alianza que los llevó a ganar las legislativas nacionales.

Tomar distancia de LLA, sin romper

“Nuestra visión es que, por encima de cualquier diferencia, tenemos la obligación de cuidar esta oportunidad de cambio que eligieron los argentinos. Podemos tener matices o distintas miradas con el gobierno, y cuando vemos un error lo señalamos con responsabilidad”, explicaron fuentes del PRO a este medio.

“Pero lo que no tenemos que hacer, bajo ningún punto de vista, es hacerle el juego a los que quieren que todo explote para volver al pasado”, aclararon en referencia al kirchnerismo. “Es importante cuidar la idea e intentar construir y fortalecer aún en las diferencias”, añadieron.

Por supuesto, no se trata de un apoyo incondicional: “Esto no es solo una responsabilidad del PRO, también lo es del oficialismo y de todas las fuerzas que, aun teniendo diferencias, entienden que no podemos volver atrás y echar por tierra el esfuerzo y la esperanza de millones de argentinos”.

La cuestión de fondo es que de uno y otro lado (PRO y La Libertad Avanza) están convencidos de que no hay manera de ganar la provincia sin el otro. Eso incluye al propio Macri, aun mientras dentro y fuera de su partido crecen las presiones para que encabece una lista el año que viene.

“No va a armar una candidatura si eso le hace ganar al kirchnerismo”, sentenció a TN un referente bonaerense. En ese sentido, sí valoró la posibilidad de posicionar al PRO en el tablero político. “Cada uno tiene que hacer su juego, pero dentro de ese marco”, expresaron.

PRO, Mauricio Macri, Diego Santilli

El Gobierno evalúa nuevas medidas contra la Superliga mientras espera una definición judicial sobre la veeduría dispuesta en la AFA. En el Ministerio de Justicia analizan los próximos pasos administrativos y sostienen que el margen de acción es más amplio que en el caso de la AFA, donde existe una apelación judicial en trámite.

La situación de las dos entidades no es la misma. En el caso de la AFA, en el Ejecutivo sostienen que existe una apelación ante la Justicia civil con recurso concedido por la Cámara, de forma que esperarán esa resolución antes de avanzar con apercibimientos o nuevas medidas administrativas. «Tenemos que esperar que resuelva la Cámara para poder apercibirlos”, expresan.

El escenario es distinto para la Superliga. En la Casa Rosada aseguran que esa entidad sólo manifestó su disconformidad con la veeduría y que la IGJ rechazó ese planteo. La estrategia oficial es mantener abierta la vía administrativa sin forzar una escena de confrontación antes de tiempo. “La semana que viene seguramente prosigamos con alguna medida según requieran los veedores”, agregan.

La Inspección General de Justicia tiene facultades para fiscalizar asociaciones civiles y fundaciones, además de controlar su funcionamiento, disolución y liquidación. La Ley 22.315 establece que el organismo puede considerar, investigar y resolver denuncias, asistir a asambleas, convocarlas en determinados supuestos y pedir medidas más graves cuando detecta irregularidades relevantes.

En este caso, una de las primeras herramientas disponibles es una nueva intimación formal para que la Superliga entregue documentación o permita el acceso requerido por los veedores. Si la IGJ considera que hubo incumplimiento, la ley la habilita a sancionar a asociaciones, fundaciones, administradores y a cualquier entidad que no provea información, entregue datos falsos, infrinja obligaciones legales o estatutarias, o dificulte el desempeño del organismo.

El esquema sancionatorio incluye apercibimiento, apercibimiento con publicación a cargo del infractor y multa. El monto máximo de la multa prevista para estos casos fue actualizado por el Decreto 609/2024 y quedó fijado en $8.000.000. La graduación debe considerar la gravedad del hecho, la eventual reiteración de infracciones y el patrimonio de la entidad.

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La IGJ también cuenta con herramientas de mayor alcance si detecta irregularidades graves. Puede declarar la irregularidad o ineficacia administrativa de actos bajo fiscalización y, en situaciones extremas, solicitar al Ministerio de Justicia la intervención de una asociación civil o el retiro de la autorización para funcionar. El Decreto 1493/82 agrega que el organismo debe controlar que las asociaciones y fundaciones cumplan efectivamente los propósitos de sus estatutos y no desvirtúen su finalidad.

El Ministerio de Justicia monitorea el proceso y pone la mira sobre si la Superliga judicializa la medida o mantiene su resistencia sólo por vía administrativa. Sigue de cerca además la apelación de la AFA que debe resolver la Cámara y busca mantener la presión documental sobre las entidades del fútbol. “Es un proceso largo”, agregan.

Gobierno, Superliga, AFA