La mesa de negociación que reúne periódicamente al PRO y La Libertad Avanza sumó un nuevo frente de disputa: la candidatura a gobernador de Córdoba. Según pudo saber Infobae, Mauricio Macri habría propuesto a Rodrigo de Loredo para enfrentar a Martín Llaryora. La propuesta contrasta con las declaraciones que el propio Macri hizo hace unos días, cuando reconoció que “no se avanzó nada” en la estrategia electoral o la posible alianza entre el partido amarillo y la Casa Rosada. Mientras tanto, en la provincia mediterránea la oposición avanza en la campaña y analiza posibles alternativas para dirimir la interna sin PASO.

Hay un dato que todos los dirigentes cordobeses observan y que podría funcionar como ordenador de la elección del año que viene. En la provincia más libertaria del país, Javier Milei pasó de registrar un apoyo de más de 70 puntos en las encuestas a bajar a 40. “Sigue siendo alto, pero no sabemos cómo va a llegar al 2027 con esta economía”, detallaron a este medio.

Las especulaciones tienen una raíz: todavía existe el fantasma de que la Casa Rosada haga un pacto de no agresión con Llaryora para que sea reelecto en la provincia y Milei en Nación. En el equipo de Gabriel Bornoroni lo desmienten categóricamente y aseguran que La Libertad Avanza va a tener un candidato puro en Córdoba. “Qué mejor para el Presidente que llegar a la elección con un gobernador propio en una de las provincias más libertarias del país”, argumentan los libertarios.

Los integrantes de La Libertad Avanza piden que no los subestimen. Recuerdan que en las últimas elecciones legislativas se hablaba de una derrota por 15 puntos frente a Juan Schiaretti, el exgobernador que lideraba todas las encuestas por amplia diferencia contra Gonzalo Roca, el outsider de Córdoba. “Terminamos ganando por 15 puntos, estamos hablando de unos 30 puntos más de lo que nos pronosticaban”, recuerdan.

Bornoroni es el principal referente libertario en Córdoba, pero aún no fue bendecido por la Casa Rosada como candidato. Sin embargo, ya conformó una alianza con Luis Juez y con un sector de la UCR representado por Soledad Carrizo, aliada de Alfredo Cornejo. Sin embargo, la mayor parte del partido centenario está bajo la órbita de De Loredo, quien acaba de resolver la interna partidaria, que amenazaba con dejarlo afuera de la competencia, y ya consiguió la aprobación de los correligionarios para avanzar con las negociaciones electorales para 2027.

De Loredo sueña con ser gobernador de la oposición unida. En 2023, Juez le ganó la pelea por la candidatura y espera que el año que viene no le suceda lo mismo con Bornoroni. Para esa pulseada, la UCR tiene a favor que el jefe de la bancada libertaria en la Cámara de Diputados cuenta con un alto nivel de desconocimiento entre los cordobeses, pero la marca de La Libertad Avanza gana en todos los escenarios. Varios comentarios maliciosos recibió De Loredo por querer borrar las insignias radicales de su campaña. Decían que cambió el rojo y las boinas blancas por un color lila pastel y música trapera.

El exdiputado radical recobró fuerza con la resolución de la interna partidaria y la asunción de las nuevas autoridades. Hasta subestima la supuesta fuga de intendentes radicales a las fuerzas del cielo. “Solo fueron tres comuneros. Acá nadie está sacando los pies del plato”, dicen en la UCR en referencia a un grupo de intendentes, que en enero se pasaron a las filas libertarias.

Hay dos temas importantes que deben definirse en las próximas semanas: la fecha para la elección del año que viene y la decisión de la Casa Rosada sobre su candidato para competir contra el peronismo local. Algunos creen que el calendario electoral se terminará de saber cuando concluya la visita del papa León XIV y que entre diciembre y enero Milei dará su veredicto.

En lo que compete a la gestión nacional, el Gobierno se encuentra en una disyuntiva: ¿quién tiene más poder de daño? ¿Un gobernador derrotado o un aliado despechado? “Podemos perder la pulseada local pero aún conservando un poder de daño para frustrar el proyecto de reelección de Milei”, ejemplifican.

Esa advertencia coincide con los coqueteos de Patricia Bullrich con la Presidencia, que cuenta con una larga lista de aliados en Córdoba, y con la posibilidad de una tercera vía, que resurge con la caída en las encuestas del Gobierno y la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil.

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El debate en la Cámara de Diputados está paralizado. El cronograma del Presupuesto ya fue incumplido y el bloque de La Libertad Avanza sigue estirando el debate en busca de las firmas que lo habiliten a llevar el proyecto al recinto.

El cronograma original que había comunicado el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, señalaba que el proyecto tendría dictamen ayer miércoles. Sin embargo, suspendieron la reunión de la comisión por la falta de acuerdos entre el oficialismo (La Libertad Avanza) y los bloques aliados (PRO, UCR y bancadas provinciales).

En este esquema, el oficialismo y los bloques aliados se tomarán los próximos diez días para intentar acercar posiciones y, según trascendió, la nueva fecha en la que el bloque libertario buscará obtener las firmas necesarias sería el 12 de noviembre. Si hay acuerdo, la fecha que el oficialismo maneja para ir al recinto es el 25 de noviembre.

Este nuevo esquema de fechas está atravesado por varias razones. La principal es que no hay acuerdo en diferentes puntos, como el reparto a las provincias de los fondos que recauda el Estado nacional. Los gobernadores y los bloques aliados le piden a LLA que el texto tenga más precisiones sobre cómo y cuándo transferirá los fondos de las cajas previsionales no transferidas. Además, le exigen al Ejecutivo que sea más claro y más amplio —el proyecto contempla unos $1,3 billones para obras.

El margen en las negociaciones está dado por dos factores externos. El primero son las elecciones de medio término en los Estados Unidos. A partir del fin de semana comenzarán a viajar legisladores de casi todos los bloques parlamentarios al país del norte de América, invitados por diferentes organizaciones para participar en calidad de veedores o simplemente como invitados de organizaciones no gubernamentales.

Las elecciones son el próximo martes, por lo que el jueves podrían estar de vuelta en el país los legisladores. Sin embargo, se abre otra ventana de tiempo que también servirá para intentar cerrar un acuerdo.

El domingo 8 de noviembre llegará a la Argentina el papa León XIV, quien permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre, por lo que el oficialismo y la oposición estarán abocados al paso del Santo Padre por el país.

Malvinas

En medio de esto, el oficialismo también tiene planeado abrir el recinto para tratar el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, popularmente conocido como proyecto Malvinas.

La intención del bloque de La Libertad Avanza es llevarlo al recinto el miércoles 18 de noviembre. Pero esto también queda sujeto a los acuerdos con la oposición, con el fin de que no se “filtre” ninguno de los proyectos que impulsa esta última.

Sin conocerse aún el resultado de ambos temas, lo que sí quedó establecido es que ya no hay margen para que el Ejecutivo nacional evite convocar a sesiones extraordinarias, porque, de cumplirse ese cronograma, la Cámara de Senadores no tendrá tiempo suficiente para tratar ninguno de los dos proyectos de ley.

La Cámara de Senadores necesita, por reglamento, un mínimo de dos semanas para tratar un proyecto, ya que en una se trata en comisión y deben dejarse pasar siete días entre el dictamen y la llegada del proyecto al recinto.

Pero no es solo eso: también se conoció que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comunicó a la Cámara Baja que se presentará el miércoles 25 de noviembre a brindar el informe de gestión, por lo que la única fecha libre para sesionar que les quedaría a los senadores sería el jueves 26 de noviembre.

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Luego del polémico fallo judicial en San Nicolás que absolvió a un dirigente del Sindicato de Camioneros y otros seis imputados, este lunes comenzará en Rosario un juicio clave contra cuatro de los responsables del bloqueo que sufrió la empresa Razzini durante 90 días en 2020 y que dio lugar a una causa judicial que se congeló durante años y que estuvo a punto de prescribir.

La diputada libertaria Verónica Razzini será la primera testigo en las audiencias que se extenderán hasta el jueves, presididas por el tribunal integrado por Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, donde se juzgará a los acusados por el delito de desbaratamiento de empresa (penado con prisión de dos a seis años), que pertenecen al Sindicato de Camioneros de Santa Fe.

A partir del inicio del bloqueo, el 8 de junio de 2020, Razzini, una de las dueñas junto a sus hermanos de la empresa de distribución de materiales de construcción fundada por su abuelo en Rosario hace 60 años, vivió toda una pesadilla: la amenazaban todos los días, la escupían y la insultaban, la intimidaron con armas de fuego, le dijeron que iban a ir a la casa de su padre -con problemas de salud- para provocarle un infarto, se mudó para evitar agresiones, le advirtieron que sabían adónde estaban sus hijos y tuvo que contratar a efectivos de Infantería para resguardar a sus empleados.

El origen del conflicto fue la exigencia de Camioneros de Santa Fe de que 18 de sus 100 empleados se afiliaran al sindicato, aunque la actividad de la empresa no tenía nada que ver con el transporte de cargas y el encuadramiento, según la normativa vigente, les correspondía al Sindicato de Comercio y a la UOCRA.

Los Razzini presentaron una denuncia judicial por el bloqueo y lograron que la Justicia detuviera e imputara a 10 empleados y 3 delegados sindicales que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos, aunque los problemas no terminaron: en julio de 2022, la fachada de la empresa recibió 3 disparos y dejaron en la puerta un mensaje intimidatorio (”Retirá la denuncia porque no abrí (sic) nunca más. Att. Camioneros”).

Pese al impulso inicial, la causa por el bloqueo quedó trabada en la Justicia durante años y estaba cerca de prescribir hasta que hace poco, por iniciativa de un nuevo fiscal, Germán Mazzoni, pudo reactivarse y llegar finalmente al juicio oral que comenzará este lunes.

Luego de la protesta de 2020, Razzini creó junto con la abogada Florencia Arietto el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), que presidió y desde donde ayudaron a pymes de todo el país que eran víctimas de las medidas sindicales extorsivas, hasta que la empresaria ganó su banca legislativa por el PRO en diciembre de 2023 y hace un año se pasó a La Libertad Avanza.

Su impulso fue decisivo para que en la Ley Bases se calificaran los bloqueos como grave injuria laboral, algo que permite despedir con causa a quienes participan de esas acciones. Y también fue responsable de que en la Ley de Modernización Laboral se contemplara un artículo que responsabiliza de manera directa a los jefes de los sindicatos como organizadores de los bloqueos.

Ahora, a pocas horas de que comience el juicio por el bloqueo a su empresa, Razzini confesó a Infobae que tener que revivir aquellos hechos será “durísimo”, pero remarcó: “Espero obtener justicia. Es lo único que quiero. Que la ley actúe como corresponde porque esto no es para mí. Es para los inversores, para la gente que quiere trabajar y que tiene ganas de sacar adelante sus empresas y seguir apostando al país”.

La legisladora consideró que el cronograma de audiencias podría resultar insuficiente por la cantidad de testigos, registros audiovisuales y demás elementos incorporados en la causa. “Hay muchos testigos, mucha prueba aportada. La cantidad de videos que nosotros hemos presentado es impresionante”, sostuvo.

Entre los que darán su testimonio del episodio se encuentran la escribana que acreditó el bloqueo en ese momento (“una heroína valiente”, según Razzini), empleados de la empresa que resistieron los aprietes sindicales y hasta un cliente que fue increpado por los activistas porque quiso retirar mercadería.

Entre sus malos recuerdos, la ex titular del MEAB menciona cuando se hizo la segunda audiencia oficial en la delegación del Ministerio de Trabajo para tratar de solucionar el conflicto: “Me estaban esperando en la entrada unos 30 o 40 sindicalistas y me arrinconaron, me escupieron, me gritaron cualquier cosa. Eran todos hombres y yo estaba con mi abogada -relató Razzini-. Fue terrible. Entré a la audiencia llorando, con un ataque de nervios, muerta de miedo. Fue todo organizado ahí con la propia gente del Ministerio de Trabajo. Después ya tuve que ir acompañada por un guardaespaldas”.

Entre los imputados por desbaratamiento de empresa, el principal acusado es Marcelo Ortiz, cuya situación presenta una incógnita. Según Razzini, su abogado defensor informó que habría fallecido a principios de año, pero que el fiscal solicitó un certificado o un acta de defunción para acreditar su muerte.

Si no se presenta esa documentación, el imputado podría ser considerado ausente del proceso. Para colmo, Ortiz está vinculado a una protesta anterior contra una pyme de logística y transporte en Zavalla, Santa Fe, que sufrió 8 días de bloqueos del Sindicato de Camioneros local luego de que se negaron a pagarle “deudas inventadas”, donde incluso los activistas golpearon a sus dueños, Damián Doboletta, su hermano y su padre (de 72 años, a quien tiraron al piso), además de robarle el teléfono celular a su esposa cuando intentaba filmar la agresión.

Más allá del juicio en Rosario, Razzini logró la semana pasada un apoyo decisivo de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, para que vuelva a presentar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de su autoría que tipifica los bloqueos sindicales como delito penal y que perdió estado parlamentario ante la falta de respaldos políticos para su sanción, en 2024.

La iniciativa incorpora en el Código Penal sanciones a los bloqueos directos con penas de 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión y ahora Razzini la reflotará con añadidos para impedir sentencias como la del juez Alejandro López, de San Nicolás, que absolvió al líder de Camioneros en San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y otros 6 imputados en la causa por el bloqueo la pyme Rey Distribución, de San Pedro, al considerar que fue realizado como “legítimo ejercicio de un derecho”.

Ariel y Gustavo Rey, con Florencia Arietto y Verónica Razzini