POLITICA
El laboratorio de Milei y el test final que está pendiente
La Argentina tiene un problema central, y es complicado, hasta ahora sin solución: es el problema de la falta de un consenso macroeconómico transversal a la política, no importa quién esté en el poder. Es decir, es el riesgo permanente de que los logros necesarios, aunque no suficientes, de la racionalidad macroeconómica de las gestiones no peronistas se licuen en las alternancias peronistas y sus variantes kirchneristas o filokirchneristas. Este 2026 ya empieza a anticipar ambiciones electorales de la oposición más dura: las deudas que va dejando pendientes la gestión mileísta le abren rendijas al kirchnerismo, de Axel Kicillof a Máximo Kirchner, por donde busca colar su sueño de regreso al poder.
Desde el cuadrante de centro derecha se plantean dos salidas para gambetear ese riesgo. Una, la reelección presidencial de Javier Milei como garantía de continuidad del rumbo económico. La segunda, un consenso transversal interpartidario con eje en la racionalidad macro. El exdiputado de Pro y actual presidente del think tank Cippec, Luciano Laspina, lo llama “consenso preideológico” que incluya “el compromiso de respetar contratos, sostener el equilibrio fiscal y eliminar el financiamiento monetario del déficit”.
Esas dos opciones disparan preguntas. En relación al consenso macro a la Laspina, la pregunta dice así: ¿es posible un “moncloísmo” macroeconómico con una oposición kirchnerista que en su ADN tiene codificado la desestabilización macro? La pregunta se vuelve más pertinente en medio de las investigaciones judiciales por las SIRA y el dólar blue durante la gestión económica de Sergio Massa, presidencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Esa maquinaria de corrupción parece representar una escalada en la clásica corrupción del Estado protagonizada por el kirchnerismo. Se trata de la misma apropiación ilegal de los recursos del Estado pero ya no vía la obra pública. Ahora se da a través de la creación de un nuevo mercado regulado: el mercado del dólar con el cepo y las SIRA generando discrecionalidad, peajes y apropiación ilegal de riqueza para el poder kirchnerista y el empresariado funcional. Las decisiones macroeconómicas kirchneristas como plataforma para la corrupción. ¿Es posible un consenso macro con un kirchnerismo que usa la política macroeconómica y los incentivos cambiarios y de comercio exterior como oportunidad para la corrupción?
En relación a la renovación del mandato de Milei, ¿la única manera de sostener los cimientos macroeconómicos racionales que intenta consolidar el Plan Milei-Luis Caputo es garantizando un triunfo electoral mileísta? ¿La hegemonía electoral sostenida y eterna del mileísmo o de otra variante de la centro derecha económica es una salida realista, o habla de una limitación del plan y sus efectos? El desafío de la sostenibilidad macroeconómica interpela a todos: en el caso del oficialismo libertario, porque expone sus debilidades. Agitar “el riesgo kuka” es un indicio de algún tipo de debilidad del plan económico: para ganar una elección, debería bastar con éxitos incuestionables del plan.
El miedo a la alternancia pone signos de interrogación respecto de la viabilidad y sostenibilidad social del plan económico. Si un triunfo electoral es lo único que garantiza la continuidad de la estabilización macroeconómica, el futuro está complicado: en algún momento, las hegemonías políticas se terminan y llega la hora de la alternancia. Una macroeconomía sostenible debería ser a prueba de derrotas electorales. Es decir, que aún cuando haya alternancia política, el éxito del plan económico del partido saliente genere incentivos para continuarlo.
El problema actual del plan Milei-Caputo pasa por ahí: el riesgo es que los efectos colaterales negativos que hoy pesan sobre el salario real, el empleo, la actividad económica y la industria produzcan un rechazo electoral de la estabilización macro necesaria y frenen su consolidación.
El Gobierno atraviesa meses críticos en la consideración de la opinión pública. El último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que acaba de publicar la Universidad Di Tella, muestra una caída del 12,1 por ciento respecto de marzo, lo que representa cuatro meses de caída ICG del ICG en lo que va de 2026. La caída interanual es del 13,2 por ciento.
La economía real sigue mostrando datos que cuestionan directamente al plan económico. El porcentaje de pymes que redujo personal en los últimos seis meses subió al 41,9 por ciento, según la encuesta semestral de expectativas pyme del IAE Business School. Respecto de las expectativas, el 31,1 por ciento de las pymes dice que “probablemente” reducirá personal en los próximos seis meses y un 18,5 por ciento asegura tener la decisión tomada. “Un salto relevante respecto de mediciones anteriores”, señala el informe.
La Argentina de Milei es un caso testigo respecto de los dos desafíos que enfrenta la racionalidad macroeconómica cuando intenta desembarcar en la Argentina. El primero se da en relación a las chances electorales de la promesa macro-racional. Milei ya tiene un punto en su haber: demostró que con la promesa de la racionalidad macroeconómica se puede ganar elecciones. En 2023 prometió ajuste, y la gente votó ajuste. El segundo desafío de las experiencias macroeconómicas racionales en la Argentina es el testeo definitivo que todavía está pendiente en el laboratorio Milei: demostrar que la racionalidad macroeconómica se instala como sentido común y logra renovar mandatos.
El gobierno de Macri es el caso testigo de lo contrario: cuatro años de un interregno macro-racional que no alcanzaron para rearmar el juguete de una economía dañada por décadas de una política distributiva sin responsabilidad fiscal.
Desde la llegada del kirchnerismo al poder, los gobiernos no peronistas ni kirchneristas, el de Mauricio Macri y ahora el de Milei, corren contra reloj para revertir las distorsiones económicas que el kirchnerismo consolidó durante veinte años. Macri no pudo reelegir por los efectos colaterales de una racionalización macroeconómica que no se produce sin contramarchas, obstáculos y errores. La promesa de racionalización macro perdió legitimidad con una inflación del 54 por ciento y un aumento de la pobreza. Macri llegó al déficit cero cuando estaba a punto de dejar el Gobierno. No alcanzó: la sociedad hizo su balance y optó por el retorno al kirchnerismo.
El problema es la repetición de patrón político-económico: que las dificultades de la sostenibilidad micro se conviertan en la deuda pendiente de las experiencias de macroeconómica racional. Es decir, que el gobierno de Milei sufra los mismos avatares que el de Macri y la ciudadanía vuelva a condenar un destino económico racional por los desgastes microeconómicos del presente.
Por eso, el desafío de la estabilización también interpela a los votantes y a la racionalidad de su impaciencia histórica: ¿hoy hay incentivos suficientes como para que la ciudadanía renueve el voto en favor de un plan económico que está cambiando los reflejos de la macro argentina, pero todavía tiene pendientes beneficios concretos en el bolsillo de los votantes? ¿La ciudadanía puede pasar de la “paciencia” a secas a la “paciencia estratégica” a la espera de la llegada de resultados de la macro racional, que harán realmente sostenibles los beneficios micro? Cuando se impone la impaciencia, no sale bien: la experiencia del gobierno de los Fernández-Massa volvió a mostrar los problemas de una opción macroeconómica irracional. Milei 2023 y 2025 es el resultado del miedo al “riesgo kuka”, el fantasma electoral que agita el Gobierno.
El desideratum de la racionalidad macro también hace mella en la oposición. Desde las filas del kirchnerismo y aledaños empiezan a preguntarse cómo escapar al “riesgo kuka”. En ese caso se refiere a la necesidad de evitar que los votantes perciban un riesgo de desestabilización económica en la alternancia en el poder: el miedo a que vuelva la inflación de la mano del kirchnerismo que se dispara en buena parte de los argentinos, y en los mercados, cada vez que hay chances de que gane el kirchnerismo.
Es un dato político que está empezando a tallar en algunos círculos del kirchnerismo. El politólogo José Natanson, director de Le Monde Diplomatique, lo formuló en relación a una candidatura de Axel Kicillof: si quiere enamorar al electorado de la zona núcleo, tiene que hablarle con el lenguaje de la estabilidad macro. Ante el “lunes negro” que se espera con un triunfo kirchnerista, la promesa electoral de Kicillof debería responder con aplomo macro. La idea es un “giro pragmático” que desactive una de las municiones centrales del cuadrante de centro derecha: el miedo al regreso de los desequilibrios kirchneristas como antídoto electoral.
Natanson lo explicita claramente: “Una operación interesante sería que el peronismo o un candidato progresista y popular en el peronismo diga Horacio Rodríguez Larreta va a ser mi ministro de Economía”, según sintetiza Natanson. Emmanuel Álvarez y Carlos Melconian fueron otras de las posibilidades mencionadas.
La cuestión central es si la búsqueda de una corrección de la identidad kirchnerista o kicillofista es puramente táctica, para volver al poder, o estratégica, como resultado de un aprendizaje ideológico-económico. Ese giro macro-racional parece imposible en la identidad política de Kicillof. ¿Hay un milagro capaz de llevar al kirchnerismo y sus variantes a abrazar la santa trinidad de la emisión cero con equilibrio fiscal e inflación a la baja, el desendeudamiento responsable y la apertura económica?
La región muestra dos ejemplos de alternancias ideológicas capaces de sostener los logros de la estabilización económica. Uruguay y su plan de estabilización de 1990. El economista uruguayo Ernesto Talvi, incorporado al equipo económico de Caputo, lo ha explicado con detalle: una transmisión transversal de esa concepción entre signos políticos distintos en base al reconocimiento de la mejora económica.
El otro ejemplo es el de Chile y la transición de la dictadura de Pinochet a los gobiernos de la Concertación: sólo porque el plan de estabilización de la segunda generación de Chicago Boys fue exitoso en la baja de la inflación, la democracia chilena de centro izquierda continuó con el mismo esquema.
La lección es interesante para el Gobierno, y hay figura del equipo económico que llegan a esa conclusión: sólo cuando el costo de desandar un modelo macroeconómico es alto, el modelo se vuelve exitoso. Y es alto cuando la mayor parte de los actores económicos, desde los votantes hasta el empresariado, perciben más beneficios que problemas pendientes. El plan Milei-Caputo está condenado a tener un éxito reconocido no sólo en lo macro sino también en el bolsillo de la gente. Caso contrario, se convertirá en una nueva excusa para que un gobierno de signo opuesto haga lo que no le conviene a la Argentina.
Luciana Vázquez,Conforme a
POLITICA
Sáenz proyecta un nuevo mandato en Salta pero coquetea con transformarse en un actor nacional
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tiene una hoja de ruta diseñada. Puede sufrir modificaciones. Desvíos, reconsideraciones, trabas impensadas. Está decidido a buscar su segunda reelección para tratar de darle inicio a su tercer mandato. Todavía no lo oficializó, pero es lo que piensa. Está al frente del Poder Ejecutivo desde 2019 y consolidó un poder territorial importante, absorbiendo a un sector del peronismo y quedándose este año con la conducción formal del PJ salteño.
Sáenz se alejó definitivamente del núcleo duro del justicialismo. Durante los tres años de gestión de Javier Milei fue un aliado táctico, que movió sus fichas en el Congreso para acompañar, en varias oportunidades, los pedidos de la Casa Rosada. Esa cercanía tuvo un corte durante el año electoral, cuando los libertarios le prometieron que no iban a poner un candidato en la ciudad de Salta y, en el tramo final de la negociación, decidieron plantar a uno que, apadrinado por la sensores María Eugenia Orozco, terminó ganando la elección. No cumplieron lo pactado, pero todo siguió su curso.
El principal escollo que puede el salteño en sus planes de reelección está centrado en el artículo 140 de la Constitución de Salta, que fue modificado por la Convención Constituyente, por iniciativa del propio Sáenz en 2021, a mitad de su primer mandato. El artículo que habilitaba al gobernador a reelegir en dos oportunidades, y así poder completar tres mandatos consecutivos, fue modificado e impuso un límite a las reelecciones. A partir de entonces, el gobernador de Salta solo puede ser reelegido una vez. Es decir, encabezar dos mandatos.
La clave de la discusión está en que Sáenz asumió su primer mandato durante la primera constitución, mientras que su segundo período lo hizo con la reformada concretada. Entonces, puede interpretarse que su segundo mandato es contado como el primero y el que intentaría comenzar en el 2027, sería el segundo. De esa forma, llegaría a tres mandatos, pero dividido entre dos etapas distintas de la Constitución.
Los opositores consideran que de esa forma se está exigiendo de sobremanera la interpretación de la Constitución y que se está violando el principio de alternancia. Además, hay quienes entienden que al limitar los mandatos durante su primer período, las generales de la ley también le caben a él.
En los últimos años la Corte Suprema ha fallado en contra de las distintas interpretaciones sobre las reelecciones. Sucedió en Tucumán con Juan Manzur, en San Juan con Sergio Uñac y en Santiago del Estero con Gerardo Zamora. Siempre ha mostrado su rechazo los vericuetos interpretativos. Sin embargo, nadie sabe la palabra final con exactitud.
Cada caso tiene una especificidad, por lo cual la comparación tiene matices, pero existe una postura uniforme del máximo tribunal sobre las interpretaciones de las constituciones provinciales que es desfavorable a las pretensiones de los oficialismos. De todas formas, por el momento, esa es una amenaza latente de los sectores opositores, afuera y adentro del peronismo, que se podría volver una realidad una vez que haga formal su candidatura.
Sáenz está decidido a competir, pero todavía no tiene en claro el panorama electoral que se puede encontrar. Tiene un canal de comunicación muy fluido con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, donde se cruzan charlas de gestión, pedidos legislativos y necesidades electorales. La Casa Rosada ya ha dado algunas señales de que no tienen un gran interés en plantar candidatos competitivos para ganar las elecciones provinciales.
Les interesan más las listas de legisladores, que las gobernaciones. La prioridad es mantener las alianzas y asegurarse un cierre de año sin demasiados contratiempos, con el Presupuesto y la reforma política aprobados. El mayor esfuerzo está dirigido a suspender las PASO y el oficialismo parece estar cada vez más cerca de lograrlo.
La principal rival del gobernador en Salta es María Emilia Orozco, senadora nacional y referente principal de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia del norte. La legisladora fue la cabeza visible de la campaña que terminó con un triunfo libertario sorprendente en la ciudad capital y tiene intenciones de competir el año que viene por la gobernación. Es, además, la principal crítica del gobierno provincial y el sostén del crecimiento libertario en la provincia. En Salta Milei tiene buenos niveles de aprobación, aunque fueron bajando en los últimos meses en forma escalonada.
En la Casa Rosada aseguran que la estrategia en la provincia se definirá más adelante y en acuerdo con Orozco que, con muchas de sus intervenciones, ha generado cortocircuitos entre el gobernador y el círculo chico de Milei, con el que tiene diálogo abierto. De todas formas, y en línea con el plan de acción de sostener las estrategia de alianzas con los gobernadores, hoy parece difícil que el Gobierno arme una candidatura sólida para intentar desbancar al gobernador salteño.
Desde que comenzó la era Milei, Sáenz alterna críticas con respaldos al Gobierno. Tres semanas atrás tiró con munición gruesa cuando aseguró que “la lealtad es una avenida de ida y vuelta pero yo siento que los gobernadores venimos siempre y ellos no van nunca para allá, para el interior”. Dos semanas después fue invitado por Milei para viajar al evento Argentina Week, que se realizó en París. Hubo abrazos con el Presidente y predisposición para escuchar a los voceros del Gobierno en tierra francesa.
“Me preocupa mucho que la gente quiera volver al pasado pero es que tampoco están conformes con el presente. Se hace muy difícil discutir Milei o Cristina. Las inversiones no llegan porque no damos confianza al mundo, porque todos amenazan con volver a fojas cero”, dijo en una entrevista con América 24 a fines de septiembre. Un intento por transitar el camino del medio
En esa definición se esconde uno de sus deseos. El mandatario salteño tiene en su cabeza la idea de construir una candidatura nacional. No lo dice en público, pero sí lo analiza en privado. Lejos de la pata peronista de la provincia, que hoy está referenciada en Juan Manuel Urtubey, y sin intenciones claras de estar en la boleta violeta del Gobierno, Sáenz es de los gobernadores que está discutiendo la conformación de una tercera posición para el 2027.
Tal como adelantó Infobae un par de semanas atrás, hay un grupo de ocho gobernadores que vienen dialogando desde hace un tiempo la idea de construir una alternativa que rompa los polos del PJ y LLA. Ese entramado político no tiene posibles candidatos y el salteño, que tiene la voluntad de jugar en el terreno nacional, podría ser una opción. Pero tiene en claro también que el primer paso que debe dar es defender y solidificar su liderazgo en la provincia.
Más allá de si termina siendo candidato nacional o no, Sáenz tiene pensado levantar su perfil y llevar su idea de país a distintas provincias. La herramienta para hacerlo será la presentación de su libro “Federalismo y progreso. Charlas sobre el pasado, presente y futuro de la Argentina”, que se publicó un puñado de días atrás y que le regaló al Presidente durante la estadía en París.
El mandatario salteño hace tiempo que repite que en el año electoral debe haber un “proyecto lógico”, que se escape de los polos y brinde otra alternativa al electorado. Sáenz cree que una opción política que contenga al kirchnerismo sería volver al pasado, pero que el Gobierno no logra advertir con claridad que no basta con el ordenamiento de la macroeconomía para llevar adelante la gestión. Ni una cosa, ni la otra.
El Gobernador tiene ambiciones presidenciales. En su interior se anima a creer que puede ser un potencial candidato de una opción de centro. Pero aún faltan varios meses por delante y un sinfín de acontecimientos políticos que pueden dar vuelta el tablero electoral.
gobernadores,Argentina,provincias
POLITICA
Presupuesto 2027: el Gobierno busca los votos de sus aliados, que reclaman más fondos para Discapacidad y universidades
El Gobierno inició esta semana las negociaciones con los bloques aliados de la Cámara de Diputados para avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027: el encuentro fue encabezado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y contó con la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Los legisladores dialoguistas reclamaron precisiones sobre las partidas para universidades y discapacidad, además de definiciones sobre el cronograma de tratamiento del proyecto.
De la reunión también participaron la secretaria parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, y el senador oficialista Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.
Entre los diputados aliados estuvieron los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri; Karina Maureira, de La Neuquinidad; José Luis Garrido, de Santa Cruz; Eduardo Falcone, del MID; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Gladys Medina, del bloque Independencia, y Javier Sánchez Wrba, del PRO.
El objetivo del oficialismo es conseguir dictamen el 28 de octubre y llevar el Presupuesto al recinto durante noviembre, para que el Senado pueda tratarlo antes de la finalización del período de sesiones ordinarias, el 30 de ese mes.
Sin embargo, el cronograma todavía es tentativo y dependerá de los acuerdos que La Libertad Avanza consiga con los sectores dialoguistas.
El Gobierno busca aprobar el Presupuesto 2027 en noviembre: el cronograma que negocia con los aliados
Durante el encuentro, los diputados solicitaron precisiones sobre las fechas del debate y los funcionarios que concurrirán al Congreso para explicar los principales puntos del proyecto.
“Queremos conocer el cronograma de tratamiento legislativo y qué funcionarios vendrán a defender el proyecto del Gobierno”, señaló uno de los legisladores que participó de la reunión.
En principio, La Libertad Avanza iniciará el debate el martes 13 de octubre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch.
Para esa jornada se prevén las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase. También se proyectó una segunda reunión para el miércoles 14 de octubre.
El calendario que planteó el oficialismo contempla nuevos encuentros los días 20, 27 y 28 de octubre. La intención es firmar los dictámenes en la última fecha y llevar el proyecto al recinto durante noviembre.
De concretarse ese esquema, el Senado tendría tiempo para avanzar con un tratamiento acelerado en comisión y una posterior votación antes del cierre de las sesiones ordinarias.
No obstante, las fechas están sujetas a modificaciones y todavía no existe un cronograma definitivo.
La reunión también incluyó planteos sobre otros temas que generan diferencias entre el oficialismo y sus aliados.
Como el diputado Eduardo Falcone, del MID, que solicitó definiciones sobre la situación de la Ley de Tierras, derogada por el DNU 70/2023. El legislador insistió en la necesidad de que el Gobierno presente una propuesta y no descartó que el tema se incorpore al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya fue aprobado por el Senado.
El oficialismo rápidamente convocó al plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General para el próximo miércoles para tratar el proyecto de Propiedad Privada que incluirá un capítulo referido a la extranjerización de tierras rurales.
“Algunos de ellos están más preocupados que nosotros en que no se caiga el DNU 70/23”, señaló una diputada libertaria sobre la posición de algunos bloques dialoguistas.
Según pudo saber TN, Karina Maureira, diputada de La Neuquinidad y representante del espacio político del gobernador Rolando Figueroa, también reclamó explicaciones sobre temas pendientes, entre ellos el endeudamiento familiar y discapacidad.
Ambas cuestiones forman parte de los asuntos que la oposición busca discutir en una sesión especial solicitada para el jueves 15 de octubre.
Los aliados reclaman más fondos para universidades y discapacidad en el Presupuesto 2027
Uno de los principales planteos de los bloques dialoguistas estuvo relacionado con los recursos destinados a las universidades públicas y al sector de discapacidad.
Los reclamos son impulsados, entre otros, por legisladores vinculados con los gobernadores de Misiones y Salta, nucleados en Argentina Federal.
En ese contexto, el diputado nacional misionero Alberto Arrúa presentó un proyecto de resolución para exigir que el Ejecutivo incorpore al Presupuesto 2027 los recursos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La iniciativa busca garantizar las partidas para el funcionamiento de las universidades nacionales, la actualización de sus presupuestos, la recomposición salarial de docentes y no docentes y el financiamiento de becas estudiantiles.
“El financiamiento de nuestras universidades públicas debe ser una prioridad en la planificación presupuestaria del Estado nacional. No alcanza con reconocer la importancia de la educación superior: es indispensable garantizar los recursos que permitan sostener su funcionamiento, acompañar a sus trabajadores y asegurar el acceso de nuestros jóvenes a la educación universitaria”, sostuvo Arrúa.
Pedido de la UCR
La Mesa de conducción del Comité Nacional del radicalismo, liderado por Leonel Chiarella, en conjunto con legisladores nacionales y el bloque de Rectores Reformistas se pronunciaron a favor del proyecto de Presupuesto Universitario presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la defensa de la autonomía, luego de una reunión que mantuvieron.
La UCR exhortó a los diputados y senadores a defender el financiamiento necesario para el funcionamiento de las Universidades Nacionales en el debate por el presupuesto 2027.
En la discusión por el presupuesto para el año próximo, las instituciones de educación superior volvieron a encender las alertas producto de la insuficiencia de recursos que pretende asignar el Poder Ejecutivo.
El CIN elaboró una propuesta que contempla las necesidades de las universidades en materia salarial, funcionamiento, investigación, ciencia y tecnología, extensión, becas e infraestructura. Esto contempla alrededor de 11 billones de pesos. El proyecto oficial estima un 34% menos de lo requerido para poder funcionar.
Los pedidos por universidades y discapacidad se suman así a las negociaciones parlamentarias que el Gobierno deberá afrontar para reunir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto.
El proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre, establece las previsiones de recaudación, el resultado fiscal esperado, el nivel de gasto público y las partidas destinadas a las distintas áreas de la administración nacional.
POLITICA
El oficialismo impulsa un ambiciosa megasesión en Diputados para bloquear una ofensiva opositora
Se abre una nueva etapa para el oficialismo en la Cámara de Diputados. Con el frente judicial despejado tras la resolución de la Corte Suprema, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) ensaya una ambiciosa estrategia parlamentaria que contempla la convocatoria a una sesión para el 21 de octubre, con una agenda tan amplia como heterogénea, que abarca desde los proyectos de defensa de la soberanía nacional e inviolabilidad de la ppropiedad privada hasta las iniciativas sobre discapacidad y morosidad familiar.
Estos últimos temas forman parte del reclamo impulsado por la oposición, que la administración de Javier Milei busca ahora capitalizar para evitar un nuevo traspié político y recuperar el control de la discusión parlamentaria. Todo ello, con miras a lo que verdaderamente interpela al Gobierno: sellar los acuerdos necesarios para acelerar la suspensión de las PASO y el tratamiento del presupuesto 2027.
Si bien la medida cautelar “interina” de la Corte llevó alivio al Gobierno, tras restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, el oficialismo buscará dar señales de “autonomía” respecto de la decisión judicial.
Así, el próximo miércoles podría presentarse una propuesta basada en los planteos de los bloques dialoguistas para derogar el artículo 154 del DNU 70/23 —hoy suspendido transitoriamente por la Corte- e introducir modificaciones a la ley de lierras.
Claro está, según advierten algunos libertarios, sin alterar los topes establecidos en la normativa, una disputa que el oficialismo ya perdió en el Senado cuando intentó elevar del 15% al 25% el límite de tierras que pueden quedar en manos extranjeras.
Con esta iniciativa, el Gobierno buscaría establecer un “marco jurídico” para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y, sobre todo, separar esa discusión del DNU 70/23, para blindar el megadecreto ante un eventual rechazo legislativo.
Su intención es dictaminar ese mismo miércoles y llevar el proyecto al recinto el 21 de octubre -como fue oficializado anoche-, junto al resto de las iniciativas mencionadas, en un claro desafío a los bloques opositores de Unión por la Patria, una parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y algunos bloques provinciales que no desisten en dar pelea este próximo jueves cuando bajen al recinto para intentar formar quorum, objetivo que cada vez se aleja más.
Aunque muchos legisladores invoquen la urgencia de tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos sobre morosidad y endeudamiento familiar, la convocatoria a una sesión que incluye estos temas sensibles actúa como paliativo para los legisladores indecisos de los bloques del centro que quieren dar el debate, pero sin quedar expuestos al motivo inicial de la sesión: voltear el DNU 70/23.
El oficialismo procura apropiarse de esos votos del centro, varios de Provincias Unidas -los cordobeses y santafesinos- para la convocatoria del 21, que también someterá a discusión otros proyectos como el de vandalismo rural, entre otros.
En las huestes libertarias se muestran optimistas ante un eventual fracaso de la sesión del jueves 15. Sin embargo, coincidirá con otra foto: la marcha universitaria en reclamo de mayor financiamiento, que se concentrará en las inmediaciones del Congreso.
A ese escenario se suman las críticas de la Iglesia en materia de discapacidad, en momentos en que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió que el papa León XIV se encontrará con “una Argentina dividida y en crisis” y con un “alto porcentaje de pobres”.
El de discapacidad, podría transformarse en uno de los frentes políticos más complejos que deba afrontar esta semana el bloque de LLA, sobre todo cuando algunos de los legisladores dialoguistas, como el misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) -a cargo de la mayoría de los aportes al dictamen oficialista- le exige al Poder Ejecutivo mayor claridad sobre la letra chica del proyecto. Quiere que deje explícitas las partidas presupuestarias y si éstas podrán actualizarse de forma trimestral, al igual que una mayor precisión sobre el modo en que se actualizarán las prestaciones, como le exigieron los aliados, de forma mensual y por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con cierta suspicacia, algunos legisladores advierten que la discusión todavía no está saldada con la Casa Rosada y, en particular, con el Ministerio de Economía, sobre todo después de que el proyecto de Presupuesto incluyera modificaciones que daban marcha atrás con artículos clave en materia de discapacidad. Hasta el momento, se desconoce si el Ejecutivo está dispuesto a eliminar ese capítulo.
Mientras tanto, varios legisladores, entre ellos libertarios, dejan trascender la posibilidad de que el oficialismo llame para este mismo martes a una reunión en informativa en comisiones por el presupuesto.
Otro foco de controversia podría surgir este miércoles, cuando las comisiones retomen el tratamiento del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, que la semana pasada despertó numerosos cuestionamientos durante su debate en el plenario.
Resta saber si el bloque libertario estará dispuesto a introducir las “múltiples modificaciones” que reclaman tanto la oposición como sus propios aliados, para conseguir los respaldos necesarios e incorporar también esta iniciativa a la sesión prevista para el 21 de octubre.
la resolución de la Corte Suprema,,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Conforme a
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