POLITICA
El laboratorio de Milei y el test final que está pendiente

La Argentina tiene un problema central, y es complicado, hasta ahora sin solución: es el problema de la falta de un consenso macroeconómico transversal a la política, no importa quién esté en el poder. Es decir, es el riesgo permanente de que los logros necesarios, aunque no suficientes, de la racionalidad macroeconómica de las gestiones no peronistas se licuen en las alternancias peronistas y sus variantes kirchneristas o filokirchneristas. Este 2026 ya empieza a anticipar ambiciones electorales de la oposición más dura: las deudas que va dejando pendientes la gestión mileísta le abren rendijas al kirchnerismo, de Axel Kicillof a Máximo Kirchner, por donde busca colar su sueño de regreso al poder.
Desde el cuadrante de centro derecha se plantean dos salidas para gambetear ese riesgo. Una, la reelección presidencial de Javier Milei como garantía de continuidad del rumbo económico. La segunda, un consenso transversal interpartidario con eje en la racionalidad macro. El exdiputado de Pro y actual presidente del think tank Cippec, Luciano Laspina, lo llama “consenso preideológico” que incluya “el compromiso de respetar contratos, sostener el equilibrio fiscal y eliminar el financiamiento monetario del déficit”.
Esas dos opciones disparan preguntas. En relación al consenso macro a la Laspina, la pregunta dice así: ¿es posible un “moncloísmo” macroeconómico con una oposición kirchnerista que en su ADN tiene codificado la desestabilización macro? La pregunta se vuelve más pertinente en medio de las investigaciones judiciales por las SIRA y el dólar blue durante la gestión económica de Sergio Massa, presidencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Esa maquinaria de corrupción parece representar una escalada en la clásica corrupción del Estado protagonizada por el kirchnerismo. Se trata de la misma apropiación ilegal de los recursos del Estado pero ya no vía la obra pública. Ahora se da a través de la creación de un nuevo mercado regulado: el mercado del dólar con el cepo y las SIRA generando discrecionalidad, peajes y apropiación ilegal de riqueza para el poder kirchnerista y el empresariado funcional. Las decisiones macroeconómicas kirchneristas como plataforma para la corrupción. ¿Es posible un consenso macro con un kirchnerismo que usa la política macroeconómica y los incentivos cambiarios y de comercio exterior como oportunidad para la corrupción?
En relación a la renovación del mandato de Milei, ¿la única manera de sostener los cimientos macroeconómicos racionales que intenta consolidar el Plan Milei-Luis Caputo es garantizando un triunfo electoral mileísta? ¿La hegemonía electoral sostenida y eterna del mileísmo o de otra variante de la centro derecha económica es una salida realista, o habla de una limitación del plan y sus efectos? El desafío de la sostenibilidad macroeconómica interpela a todos: en el caso del oficialismo libertario, porque expone sus debilidades. Agitar “el riesgo kuka” es un indicio de algún tipo de debilidad del plan económico: para ganar una elección, debería bastar con éxitos incuestionables del plan.
El miedo a la alternancia pone signos de interrogación respecto de la viabilidad y sostenibilidad social del plan económico. Si un triunfo electoral es lo único que garantiza la continuidad de la estabilización macroeconómica, el futuro está complicado: en algún momento, las hegemonías políticas se terminan y llega la hora de la alternancia. Una macroeconomía sostenible debería ser a prueba de derrotas electorales. Es decir, que aún cuando haya alternancia política, el éxito del plan económico del partido saliente genere incentivos para continuarlo.
El problema actual del plan Milei-Caputo pasa por ahí: el riesgo es que los efectos colaterales negativos que hoy pesan sobre el salario real, el empleo, la actividad económica y la industria produzcan un rechazo electoral de la estabilización macro necesaria y frenen su consolidación.
El Gobierno atraviesa meses críticos en la consideración de la opinión pública. El último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que acaba de publicar la Universidad Di Tella, muestra una caída del 12,1 por ciento respecto de marzo, lo que representa cuatro meses de caída ICG del ICG en lo que va de 2026. La caída interanual es del 13,2 por ciento.
La economía real sigue mostrando datos que cuestionan directamente al plan económico. El porcentaje de pymes que redujo personal en los últimos seis meses subió al 41,9 por ciento, según la encuesta semestral de expectativas pyme del IAE Business School. Respecto de las expectativas, el 31,1 por ciento de las pymes dice que “probablemente” reducirá personal en los próximos seis meses y un 18,5 por ciento asegura tener la decisión tomada. “Un salto relevante respecto de mediciones anteriores”, señala el informe.
La Argentina de Milei es un caso testigo respecto de los dos desafíos que enfrenta la racionalidad macroeconómica cuando intenta desembarcar en la Argentina. El primero se da en relación a las chances electorales de la promesa macro-racional. Milei ya tiene un punto en su haber: demostró que con la promesa de la racionalidad macroeconómica se puede ganar elecciones. En 2023 prometió ajuste, y la gente votó ajuste. El segundo desafío de las experiencias macroeconómicas racionales en la Argentina es el testeo definitivo que todavía está pendiente en el laboratorio Milei: demostrar que la racionalidad macroeconómica se instala como sentido común y logra renovar mandatos.
El gobierno de Macri es el caso testigo de lo contrario: cuatro años de un interregno macro-racional que no alcanzaron para rearmar el juguete de una economía dañada por décadas de una política distributiva sin responsabilidad fiscal.
Desde la llegada del kirchnerismo al poder, los gobiernos no peronistas ni kirchneristas, el de Mauricio Macri y ahora el de Milei, corren contra reloj para revertir las distorsiones económicas que el kirchnerismo consolidó durante veinte años. Macri no pudo reelegir por los efectos colaterales de una racionalización macroeconómica que no se produce sin contramarchas, obstáculos y errores. La promesa de racionalización macro perdió legitimidad con una inflación del 54 por ciento y un aumento de la pobreza. Macri llegó al déficit cero cuando estaba a punto de dejar el Gobierno. No alcanzó: la sociedad hizo su balance y optó por el retorno al kirchnerismo.
El problema es la repetición de patrón político-económico: que las dificultades de la sostenibilidad micro se conviertan en la deuda pendiente de las experiencias de macroeconómica racional. Es decir, que el gobierno de Milei sufra los mismos avatares que el de Macri y la ciudadanía vuelva a condenar un destino económico racional por los desgastes microeconómicos del presente.
Por eso, el desafío de la estabilización también interpela a los votantes y a la racionalidad de su impaciencia histórica: ¿hoy hay incentivos suficientes como para que la ciudadanía renueve el voto en favor de un plan económico que está cambiando los reflejos de la macro argentina, pero todavía tiene pendientes beneficios concretos en el bolsillo de los votantes? ¿La ciudadanía puede pasar de la “paciencia” a secas a la “paciencia estratégica” a la espera de la llegada de resultados de la macro racional, que harán realmente sostenibles los beneficios micro? Cuando se impone la impaciencia, no sale bien: la experiencia del gobierno de los Fernández-Massa volvió a mostrar los problemas de una opción macroeconómica irracional. Milei 2023 y 2025 es el resultado del miedo al “riesgo kuka”, el fantasma electoral que agita el Gobierno.
El desideratum de la racionalidad macro también hace mella en la oposición. Desde las filas del kirchnerismo y aledaños empiezan a preguntarse cómo escapar al “riesgo kuka”. En ese caso se refiere a la necesidad de evitar que los votantes perciban un riesgo de desestabilización económica en la alternancia en el poder: el miedo a que vuelva la inflación de la mano del kirchnerismo que se dispara en buena parte de los argentinos, y en los mercados, cada vez que hay chances de que gane el kirchnerismo.
Es un dato político que está empezando a tallar en algunos círculos del kirchnerismo. El politólogo José Natanson, director de Le Monde Diplomatique, lo formuló en relación a una candidatura de Axel Kicillof: si quiere enamorar al electorado de la zona núcleo, tiene que hablarle con el lenguaje de la estabilidad macro. Ante el “lunes negro” que se espera con un triunfo kirchnerista, la promesa electoral de Kicillof debería responder con aplomo macro. La idea es un “giro pragmático” que desactive una de las municiones centrales del cuadrante de centro derecha: el miedo al regreso de los desequilibrios kirchneristas como antídoto electoral.
Natanson lo explicita claramente: “Una operación interesante sería que el peronismo o un candidato progresista y popular en el peronismo diga Horacio Rodríguez Larreta va a ser mi ministro de Economía”, según sintetiza Natanson. Emmanuel Álvarez y Carlos Melconian fueron otras de las posibilidades mencionadas.
La cuestión central es si la búsqueda de una corrección de la identidad kirchnerista o kicillofista es puramente táctica, para volver al poder, o estratégica, como resultado de un aprendizaje ideológico-económico. Ese giro macro-racional parece imposible en la identidad política de Kicillof. ¿Hay un milagro capaz de llevar al kirchnerismo y sus variantes a abrazar la santa trinidad de la emisión cero con equilibrio fiscal e inflación a la baja, el desendeudamiento responsable y la apertura económica?
La región muestra dos ejemplos de alternancias ideológicas capaces de sostener los logros de la estabilización económica. Uruguay y su plan de estabilización de 1990. El economista uruguayo Ernesto Talvi, incorporado al equipo económico de Caputo, lo ha explicado con detalle: una transmisión transversal de esa concepción entre signos políticos distintos en base al reconocimiento de la mejora económica.
El otro ejemplo es el de Chile y la transición de la dictadura de Pinochet a los gobiernos de la Concertación: sólo porque el plan de estabilización de la segunda generación de Chicago Boys fue exitoso en la baja de la inflación, la democracia chilena de centro izquierda continuó con el mismo esquema.
La lección es interesante para el Gobierno, y hay figura del equipo económico que llegan a esa conclusión: sólo cuando el costo de desandar un modelo macroeconómico es alto, el modelo se vuelve exitoso. Y es alto cuando la mayor parte de los actores económicos, desde los votantes hasta el empresariado, perciben más beneficios que problemas pendientes. El plan Milei-Caputo está condenado a tener un éxito reconocido no sólo en lo macro sino también en el bolsillo de la gente. Caso contrario, se convertirá en una nueva excusa para que un gobierno de signo opuesto haga lo que no le conviene a la Argentina.
Luciana Vázquez,Conforme a
POLITICA
El ministro de Seguridad bonaerense cruzó a Jorge Macri: “Debería dedicarse a gobernar”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, cruzó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a través de una publicación en X luego de que el funcionario de Pro tildara de “desgobierno” a la gestión de Axel Kicillof.
“Macri: usted desconoce absolutamente el territorio más importante del país, porque cuando le tocó gestionar un municipio, siempre tuvo la cabeza puesta del otro lado de la General Paz”, tuiteó Alonso.
En su posteo, Alonso citó un video de Macri durante una entrevista en la señal TN donde el funcionario porteño asegura que las falencias en territorio bonaerense aluden “a la inseguridad” y a que “no coordinan con los intendentes. ”Yo conozco a muchos de ellos y ninguno recibe apoyo por parte de la provincia de Buenos Aires”, dijo el exintendente de Vicente López.
“La Provincia es 1515 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires y alberga a casi el 40% de los argentinos. Es además, la que más aporta a la coparticipación que financia a las provincias hermanas y a la Ciudad que hoy le toca gestionar», cuestionó Alonso en su extensa publicación.
En pos de desmentir al jefe de Gobierno, Alonso resaltó que “sería bueno que identifique [en alusión a Macri] qué intendentes sostienen sus dichos, porque este Ministerio dialoga con los 135 jefes comunales permanentemente”.
“Y con mucho esfuerzo, logramos constituir un Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad de los municipios, incluso con la enorme cantidad de fondos que el Estado Nacional le niega al pueblo de la Provincia”, precisó el ministro de Seguridad bonaerense.
Por último, y como un tiro por elevación a las recientes declaraciones de Macri sobre sus aspiraciones en 2027, Alonso remató: “Es comprensible que esté preocupado por los guarismos de las encuestas y el malestar en la Capital, pero para revertir eso debería dedicarse a gobernar y no a intentar anclarse en títulos tendenciosos”.
A principios de abril, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y le reclamó la transferencia de $27.000 millones en compensación por la asistencia a personas en situación de calle en la Ciudad y con domicilio en la provincia de Buenos Aires.
Al igual que Alonso, en aquella ocasión, Macri utilizó su cuenta en X y escribió: “Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA”.
Según el mandamás porteño, en los primeros días de abril, el Gobierno de la Ciudad se dirigió al Ministerio de Economía bonaerense e hizo alusión a una “deuda histórica” en materia de asistencia social. Por otro lado, la Ciudad cuenta con 61 Centros de Inclusión Social (CIS) que “funcionan las 24 horas del día durante los 365 días del año y brindan atención integral”.
“De la población total asistida en estos CIS, al menos 2327 personas son residentes de la Provincia. La prestación integral de la asistencia referida implica un costo mensual por persona de $1.163.135, lo que representa para esta jurisdicción un costo total de $27.066.151.450″, detallaron. De esta forma, consideraron que este monto se solventa con “recursos de la Ciudad provenientes del esfuerzo de los porteños”, lo que a su vez “genera un ahorro para la provincia de Buenos Aires”.
cruzó al jefe de Gobierno porteño,situación de calle en la Ciudad y con domicilio en la provincia de Buenos Aires,Jorge Macri,Conforme a,Jorge Macri,,»Cuando estuvimos juntos, la gente nos premió». Jorge Macri habló sobre la posibilidad de una alianza electoral con LLA en 2027,,Edición especial. Señal de largada para la Feria del Libro, la favorita de los lectores,,Presión a Pro. El karinismo vuelve a empujar la eliminación de las PASO en la Capital y complica a Macri
POLITICA
Río Negro: un gremio docente se opone a las auditorías médicas y pretende eliminar descuentos por ausentismo

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro endureció las negociaciones con el gobierno provincial que encabeza Alberto Weretilneck y anunció nuevas medidas de fuerza. El sindicato reclama la suspensión de descuentos por ausentismo, rechaza las auditorías médicas para justificar faltas y exige un piso salarial de $2 millones para los docentes.
Todo comenzó luego de que, en 2024, el gobierno provincial implementó un nuevo mecanismo de fiscalización que obliga a los docentes a fundamentar sus pedidos de licencias médicas y a completar formularios para justificar sus solicitudes ante el área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Desde su puesta en vigencia, disminuyó un 40% la cantidad de pedidos de licencias médicas. Pese a ello, la conducción de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro expresó su rechazo y sumó la objeción a la lista de reclamos que motivan las nuevas protestas.
En este contexto, el gremio resolvió intensificar las medidas y anunció un paro de 48 horas para mayo, con la posibilidad de repetir la medida otros dos días en caso de no obtener respuestas a sus demandas.
El Congreso Extraordinario de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, reunido en Fernández Oro, definió continuar el diálogo con el Ejecutivo provincial, pero ratificó la realización de las protestas. En las medidas de fuerza más recientes, el gobierno no dio el brazo a torcer y aplicó fuertes descuentos a los docentes que se acoplaron a los paros.
La secretaria general del sindicato, Laura Ortiz López, admitió que el objetivo del paro es doblegar al gobierno para que los convoque a una audiencia conciliatoria.
Ortiz López remarcó que el sindicato insistirá en la actualización salarial atada al índice de inflación y en la continuidad del aumento por IPC, rechazando la incorporación de sumas no remunerativas. Además, el congreso gremial definió varios reclamos que amplían el conflicto: exigió la reapertura de las mesas de trabajo acordadas en marzo, cuestionó la implementación del presentismo —al que calificó como “ilegal”.— y denunció incumplimientos en el pago de exámenes preocupacionales.

El gremio también reiteró el pedido de un salario mínimo docente de $2 millones y la incorporación progresiva de sumas al básico en busca de una recomposición que impacte en los haberes remunerativos. Otro de los puntos centrales es la continuidad de la actualización por inflación. Tras las dudas expresadas por el gobernador Weretilneck, el sindicato pidió sostener el esquema y agregar un índice patagónico para contemplar las diferencias regionales.
Entre otras exigencias, el gremio reclama la derogación de las auditorías médicas, la actualización de la movilidad y la eliminación de topes en distintos ítems salariales. Anticipó, además, que avanzará con la judicialización de los descuentos que considera “indiscriminados”, buscando su devolución.
Ortiz López explicó que la fecha límite de los reclamos obedece a la urgencia del sector y que no aceptarán que las negociaciones se dilaten más allá de abril. Por último, el sindicato convocó a otros sindicatos estatales a un encuentro este viernes en General Roca con el propósito de coordinar acciones conjuntas.
POLITICA
El Gobierno intimó a los rectores de las universidades por las consecuencias de los paros gremiales

El Ministerio de Capital Humano intimó este martes a los rectores de las universidades nacionales a que informen qué medidas tomarán para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios, a quienes definió como “víctimas de los paros impulsados por los gremios”. Así lo exigió mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales.
Desde la cartera comandada por Sandra Pettovello indicaron que “se observa con extrema preocupación la suspensión total» de la actividad académica que, según el texto, se registra en universidades de todo el país, en el marco del reclamo por más fondos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, votada y sostenida el año pasado, que llevaron a cabo diferentes casas de estudio en las últimas semanas.
Capital Humano consignó que le pidió a los rectores de las universidades una serie de ítems a informar: un “plan de contingencia”, una “garantía de acceso” que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdidas.
Haciendo foco en la falta de contraprestación por parte de las casas de estudio que llevan a cabo medidas de fuerza, desde el Gobierno señalaron que “el sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”. Por lo tanto, sostuvieron que la situación reviste “especial gravedad”.
Algunas horas después, llegó la respuesta por parte del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti. “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación», escribió con tonó irónico.
Según Yacobitti, las complicaciones que atraviesan las universidades se deben a que el Gobierno nacional incumple la Ley de Financiamiento Universitario. Además, señaló que el oficialismo carece de un “plan educativo claro y consistente” y “desfinancia y desarticula el sistema”.
“La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente”, agregó.
En ese sentido, recordó que el próximo 12 de mayo se realizará la cuarta marcha federal universitaria. La movilización tiene como objetivo reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. “Vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina”, aseguró Yacobitti.
Luego llegó la respuesta por parte de la administración de Javier Milei. El encargado fue Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Pettovello.
“Para la burocracia política de las universidades públicas, lo único importante es derrocar al gobierno. Lo intentaron todo y lo seguirán intentando”, denunció. Y agregó: “Nunca vamos a dejar de defender a los alumnos de la casta política que se apropió de las universidades que pagamos todos”.
actividad académica,cuarta marcha federal universitaria,Universidades,Sandra Pettovello,Conforme a,,Secretaría de Infraestructura. El Gobierno oficializó la salida de Frugoni y la llegada de Herrmann,,Cena Fundación Libertad. El inesperado saludo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, con beso y abrazo,,Clave para los casos de corrupción. El Gobierno logró activar la reconfiguración de la Cámara Federal porteña,Universidades,,No hay gratuidad universitaria; la pagan otros,,Cuentas pendientes. Universidades con baja graduación y financiamiento en debate,,Fecha confirmada. Cuándo es la marcha universitaria
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