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El laboratorio de Milei y el test final que está pendiente

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La Argentina tiene un problema central, y es complicado, hasta ahora sin solución: es el problema de la falta de un consenso macroeconómico transversal a la política, no importa quién esté en el poder. Es decir, es el riesgo permanente de que los logros necesarios, aunque no suficientes, de la racionalidad macroeconómica de las gestiones no peronistas se licuen en las alternancias peronistas y sus variantes kirchneristas o filokirchneristas. Este 2026 ya empieza a anticipar ambiciones electorales de la oposición más dura: las deudas que va dejando pendientes la gestión mileísta le abren rendijas al kirchnerismo, de Axel Kicillof a Máximo Kirchner, por donde busca colar su sueño de regreso al poder.

Desde el cuadrante de centro derecha se plantean dos salidas para gambetear ese riesgo. Una, la reelección presidencial de Javier Milei como garantía de continuidad del rumbo económico. La segunda, un consenso transversal interpartidario con eje en la racionalidad macro. El exdiputado de Pro y actual presidente del think tank Cippec, Luciano Laspina, lo llama “consenso preideológico” que incluya “el compromiso de respetar contratos, sostener el equilibrio fiscal y eliminar el financiamiento monetario del déficit”.

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Esas dos opciones disparan preguntas. En relación al consenso macro a la Laspina, la pregunta dice así: ¿es posible un “moncloísmo” macroeconómico con una oposición kirchnerista que en su ADN tiene codificado la desestabilización macro? La pregunta se vuelve más pertinente en medio de las investigaciones judiciales por las SIRA y el dólar blue durante la gestión económica de Sergio Massa, presidencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Esa maquinaria de corrupción parece representar una escalada en la clásica corrupción del Estado protagonizada por el kirchnerismo. Se trata de la misma apropiación ilegal de los recursos del Estado pero ya no vía la obra pública. Ahora se da a través de la creación de un nuevo mercado regulado: el mercado del dólar con el cepo y las SIRA generando discrecionalidad, peajes y apropiación ilegal de riqueza para el poder kirchnerista y el empresariado funcional. Las decisiones macroeconómicas kirchneristas como plataforma para la corrupción. ¿Es posible un consenso macro con un kirchnerismo que usa la política macroeconómica y los incentivos cambiarios y de comercio exterior como oportunidad para la corrupción?

En relación a la renovación del mandato de Milei, ¿la única manera de sostener los cimientos macroeconómicos racionales que intenta consolidar el Plan Milei-Luis Caputo es garantizando un triunfo electoral mileísta? ¿La hegemonía electoral sostenida y eterna del mileísmo o de otra variante de la centro derecha económica es una salida realista, o habla de una limitación del plan y sus efectos? El desafío de la sostenibilidad macroeconómica interpela a todos: en el caso del oficialismo libertario, porque expone sus debilidades. Agitar “el riesgo kuka” es un indicio de algún tipo de debilidad del plan económico: para ganar una elección, debería bastar con éxitos incuestionables del plan.

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El miedo a la alternancia pone signos de interrogación respecto de la viabilidad y sostenibilidad social del plan económico. Si un triunfo electoral es lo único que garantiza la continuidad de la estabilización macroeconómica, el futuro está complicado: en algún momento, las hegemonías políticas se terminan y llega la hora de la alternancia. Una macroeconomía sostenible debería ser a prueba de derrotas electorales. Es decir, que aún cuando haya alternancia política, el éxito del plan económico del partido saliente genere incentivos para continuarlo.

El problema actual del plan Milei-Caputo pasa por ahí: el riesgo es que los efectos colaterales negativos que hoy pesan sobre el salario real, el empleo, la actividad económica y la industria produzcan un rechazo electoral de la estabilización macro necesaria y frenen su consolidación.

El Gobierno atraviesa meses críticos en la consideración de la opinión pública. El último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que acaba de publicar la Universidad Di Tella, muestra una caída del 12,1 por ciento respecto de marzo, lo que representa cuatro meses de caída ICG del ICG en lo que va de 2026. La caída interanual es del 13,2 por ciento.

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La economía real sigue mostrando datos que cuestionan directamente al plan económico. El porcentaje de pymes que redujo personal en los últimos seis meses subió al 41,9 por ciento, según la encuesta semestral de expectativas pyme del IAE Business School. Respecto de las expectativas, el 31,1 por ciento de las pymes dice que “probablemente” reducirá personal en los próximos seis meses y un 18,5 por ciento asegura tener la decisión tomada. “Un salto relevante respecto de mediciones anteriores”, señala el informe.

La Argentina de Milei es un caso testigo respecto de los dos desafíos que enfrenta la racionalidad macroeconómica cuando intenta desembarcar en la Argentina. El primero se da en relación a las chances electorales de la promesa macro-racional. Milei ya tiene un punto en su haber: demostró que con la promesa de la racionalidad macroeconómica se puede ganar elecciones. En 2023 prometió ajuste, y la gente votó ajuste. El segundo desafío de las experiencias macroeconómicas racionales en la Argentina es el testeo definitivo que todavía está pendiente en el laboratorio Milei: demostrar que la racionalidad macroeconómica se instala como sentido común y logra renovar mandatos.

El gobierno de Macri es el caso testigo de lo contrario: cuatro años de un interregno macro-racional que no alcanzaron para rearmar el juguete de una economía dañada por décadas de una política distributiva sin responsabilidad fiscal.

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Desde la llegada del kirchnerismo al poder, los gobiernos no peronistas ni kirchneristas, el de Mauricio Macri y ahora el de Milei, corren contra reloj para revertir las distorsiones económicas que el kirchnerismo consolidó durante veinte años. Macri no pudo reelegir por los efectos colaterales de una racionalización macroeconómica que no se produce sin contramarchas, obstáculos y errores. La promesa de racionalización macro perdió legitimidad con una inflación del 54 por ciento y un aumento de la pobreza. Macri llegó al déficit cero cuando estaba a punto de dejar el Gobierno. No alcanzó: la sociedad hizo su balance y optó por el retorno al kirchnerismo.

El problema es la repetición de patrón político-económico: que las dificultades de la sostenibilidad micro se conviertan en la deuda pendiente de las experiencias de macroeconómica racional. Es decir, que el gobierno de Milei sufra los mismos avatares que el de Macri y la ciudadanía vuelva a condenar un destino económico racional por los desgastes microeconómicos del presente.

Por eso, el desafío de la estabilización también interpela a los votantes y a la racionalidad de su impaciencia histórica: ¿hoy hay incentivos suficientes como para que la ciudadanía renueve el voto en favor de un plan económico que está cambiando los reflejos de la macro argentina, pero todavía tiene pendientes beneficios concretos en el bolsillo de los votantes? ¿La ciudadanía puede pasar de la “paciencia” a secas a la “paciencia estratégica” a la espera de la llegada de resultados de la macro racional, que harán realmente sostenibles los beneficios micro? Cuando se impone la impaciencia, no sale bien: la experiencia del gobierno de los Fernández-Massa volvió a mostrar los problemas de una opción macroeconómica irracional. Milei 2023 y 2025 es el resultado del miedo al “riesgo kuka”, el fantasma electoral que agita el Gobierno.

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El desideratum de la racionalidad macro también hace mella en la oposición. Desde las filas del kirchnerismo y aledaños empiezan a preguntarse cómo escapar al “riesgo kuka”. En ese caso se refiere a la necesidad de evitar que los votantes perciban un riesgo de desestabilización económica en la alternancia en el poder: el miedo a que vuelva la inflación de la mano del kirchnerismo que se dispara en buena parte de los argentinos, y en los mercados, cada vez que hay chances de que gane el kirchnerismo.

Es un dato político que está empezando a tallar en algunos círculos del kirchnerismo. El politólogo José Natanson, director de Le Monde Diplomatique, lo formuló en relación a una candidatura de Axel Kicillof: si quiere enamorar al electorado de la zona núcleo, tiene que hablarle con el lenguaje de la estabilidad macro. Ante el “lunes negro” que se espera con un triunfo kirchnerista, la promesa electoral de Kicillof debería responder con aplomo macro. La idea es un “giro pragmático” que desactive una de las municiones centrales del cuadrante de centro derecha: el miedo al regreso de los desequilibrios kirchneristas como antídoto electoral.

Natanson lo explicita claramente: “Una operación interesante sería que el peronismo o un candidato progresista y popular en el peronismo diga Horacio Rodríguez Larreta va a ser mi ministro de Economía”, según sintetiza Natanson. Emmanuel Álvarez y Carlos Melconian fueron otras de las posibilidades mencionadas.

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La cuestión central es si la búsqueda de una corrección de la identidad kirchnerista o kicillofista es puramente táctica, para volver al poder, o estratégica, como resultado de un aprendizaje ideológico-económico. Ese giro macro-racional parece imposible en la identidad política de Kicillof. ¿Hay un milagro capaz de llevar al kirchnerismo y sus variantes a abrazar la santa trinidad de la emisión cero con equilibrio fiscal e inflación a la baja, el desendeudamiento responsable y la apertura económica?

La región muestra dos ejemplos de alternancias ideológicas capaces de sostener los logros de la estabilización económica. Uruguay y su plan de estabilización de 1990. El economista uruguayo Ernesto Talvi, incorporado al equipo económico de Caputo, lo ha explicado con detalle: una transmisión transversal de esa concepción entre signos políticos distintos en base al reconocimiento de la mejora económica.

El otro ejemplo es el de Chile y la transición de la dictadura de Pinochet a los gobiernos de la Concertación: sólo porque el plan de estabilización de la segunda generación de Chicago Boys fue exitoso en la baja de la inflación, la democracia chilena de centro izquierda continuó con el mismo esquema.

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La lección es interesante para el Gobierno, y hay figura del equipo económico que llegan a esa conclusión: sólo cuando el costo de desandar un modelo macroeconómico es alto, el modelo se vuelve exitoso. Y es alto cuando la mayor parte de los actores económicos, desde los votantes hasta el empresariado, perciben más beneficios que problemas pendientes. El plan Milei-Caputo está condenado a tener un éxito reconocido no sólo en lo macro sino también en el bolsillo de la gente. Caso contrario, se convertirá en una nueva excusa para que un gobierno de signo opuesto haga lo que no le conviene a la Argentina.




Luciana Vázquez,Conforme a

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Discapacidad: los cambios que reclaman Pro y la UCR, el punto que no quiere ceder Milei y el proyecto de la oposición

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Una semana después de haber enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto que avanzaba sobre el corazón de la ley de discapacidad, el Gobierno empezó a desandar parte de ese camino. Los libertarios negocian con sus principales aliados un nuevo proyecto que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el texto del Poder Ejecutivo proponía eliminar. A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones.

Es la salida intermedia con la que el oficialismo intenta cerrar una crisis que volvió a abrir roces hacia adentro del gabinete y a enfrentar al Gobierno con sus socios parlamentarios.

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Martín Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quieren aprovechar el costo político que dejó la presentación del presupuesto 2027 para convencer al equipo económico de que el plan original es difícil de sostener. Pretenden conseguir margen para negociar con Pro y la UCR.

Diego Santilli al llegar a la última reunión de Gabinete en Casa RosadaNicolás Suárez

La discusión corre ahora por dos carriles, aunque conectados entre sí. Mientras la libertaria Laura Rodríguez Machado intercambia borradores y condiciones con los aliados en Diputados, Menem y Santilli llevan la negociación hacia adentro del Gobierno. Economía ya fijó los límites presupuestarios; Salud y Legal y Técnica también intervienen en la letra chica.

El cronograma que se votó durante la última sesión en Diputados marca el ritmo del debate. El miércoles a las 12 habrá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Discapacidad. El oficialismo necesita llegar a esa reunión con un texto capaz de reunir a los bloques dialoguistas antes de que la oposición consiga imponer el suyo, que extiende la emergencia en discapacidad por otro año.

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Los libertarios Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Alberto Benegas Lynch durante un plenario de comisiones en Diputados
Soledad Aznarez

Los libertarios pretenden conservar una definición política: terminar con la lógica de las sucesivas emergencias y reemplazarla por una ley permanente, con recursos previstos cada año en el Presupuesto. “Solicitar nuevas prórrogas de emergencia representa una continuidad del modelo excepcional”, argumentan en La Libertad Avanza (LLA).

Los aliados comparten ese objetivo, pero pusieron condiciones. Pro y la UCR reclaman que se mantenga el nomenclador, que las prestaciones continúen actualizándose y que el Gobierno cumpla con la compensación a los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.

“Todo el fin de semana fueron y vinieron mensajes en este sentido”, contó a un referente libertario. El cronograma de pago, anticipó, será incorporado al texto.

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Germán Martínez discute con Giudici durante la última reunión por discapacidad, cuando se conoció el Presupuesto 2027Soledad Aznarez

El giro respecto del planteo original es significativo. Tanto el proyecto sobre discapacidad que el Poder Ejecutivo envió al Senado en abril como el proyecto de presupuesto 2027 proponen eliminar los aranceles únicos y universales del nomenclador y desligar de la inflación las prestaciones financiadas por el Estado, como PAMI e Incluir Salud.

Donde el Gobierno no quiere ceder es en las pensiones. El planteo inicial establecía una incompatibilidad absoluta entre el beneficio y un empleo formal, una posición que se flexibilizó durante las conversaciones. Los libertarios ya no hablan de una prohibición total, pero sí pretenden establecer criterios más rigurosos para acceder a una pensión por discapacidad.

Todavía quedan “horas de trabajo”, reconocen de ambos lados de la negociación.

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Javier Milei y Mario Lugones, el ministro de SaludIgnacio Amiconi –

La definición dependerá también de Economía. El lunes, Menem y Santilli llevarán el tema a la reunión de Gabinete y el martes volverá a discutirse en la mesa política. Su argumento será esencialmente político: ceder ahora en algunos puntos para evitar que la discapacidad vuelva a reunir después una mayoría adversa en el recinto.

El objetivo, en otras palabras, es evitar que se repita lo ocurrido en diciembre, cuando el oficialismo perdió un capítulo completo del presupuesto durante la votación en Diputados.

La letra chica se terminará de definir el miércoles. Si prospera, resta resolver cómo se instrumentará el acuerdo: si habrá una ley independiente y se eliminarán del presupuesto los artículos que modifican la normativa vigente. O si toda la negociación terminará incorporada al propio proyecto de gastos e ingresos.

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aprovechar,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a

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“Es una decisión política del señor gobernador”: denuncian adoctrinamiento político en una escuela primaria de Formosa

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Diputadas provinciales de la UCR denunciaron adoctrinamiento político en una escuela primaria de la localidad de Gran Guardia, Formosa, después de que circulara un video en redes sociales en el que una delegada zonal educativa atribuye al gobernador Gildo Insfrán la entrega de guardapolvos, útiles, zapatillas y el servicio de comedor. Las legisladoras también cuestionaron que la funcionaria mencionara de manera inconveniente el tema del suicidio ante alumnos de corta edad.

Las diputadas provinciales Agostina Villaggi, presidenta de la UCR de Formosa, y Carla Zaiser denunciaron que una delegada educativa habló con niños de una escuela primaria de Gran Guardia para vincular la llegada de beneficios escolares con la voluntad política de Insfrán y que además tratara el tema del suicidio de una forma que consideraron impropia. La oposición pidió que intervenga el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia y anunció acciones legales.

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En los videos difundidos por Villaggi en X y por Zaiser en Instagram, se ve a Gladys González, que se presenta ante los alumnos como delegada zonal y les pregunta quién les mandó los guardapolvos. Ante distintas respuestas de los niños, la funcionaria insiste: “El gobierno provincial. ¿Cómo se llama el gobernador?” y los alumnos contestan: “Gildo Insfrán”.

En ese mismo intercambio, según los registros publicados por ambas diputadas, González también menciona zapatillas, útiles, leche y comida escolar. “Eso es una decisión política del señor gobernador”, afirma en la grabación, antes de volver a asociar esos recursos con el mandatario provincial.

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Las denuncias por propaganda política en la escuela

Villaggi recordó en su cuenta de X que los elementos que mencionó la delegada “los paga el Estado, no un funcionario” y agregó: “A nuestro criterio, es propaganda política ante niños”. En el mismo posteo, la legisladora preguntó: “¿Qué significa ‘trabajar con los docentes’?”, en referencia a la frase de González cuando, ante las respuestas de los alumnos que no acertaban a nombrar al gobernador, dijo: “bueno, esto, colegas, hay que trabajar”.

En el video que publicó en X, Villaggi dijo: “Siempre lo niegan, pero este video es la muestra cabal de que Gildo Insfrán utiliza las escuelas para adoctrinar y hacer propaganda política”. También afirmó que esas prácticas ya fueron denunciadas por su espacio.

Zaiser formuló un planteo similar en Instagram. Allí cuestionó “la barbaridad de recalcar a los chicos constantemente que es gracias a Gildo Insfrán que ellos pueden contar con el comedor escolar y también con los útiles” y remarcó que “todo eso lo pagamos con nuestros impuestos”.

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La oposición cuestionó que una delegada zonal educativa vinculara los guardapolvos, útiles, zapatillas y el comedor escolar con Gildo Insfrán.

El rechazo al tratamiento del suicidio ante alumnos

Otro tramo del video difundido por Zaiser muestra a González aludir al suicidio durante su intervención frente a los estudiantes.

En la filmación se escucha decir a la delegada: “El gobernador quiere la formación integral de todos los alumnos, de todos los estudiantes, que estén bien físicamente, psicológicamente, emocionalmente que estudien mucho, a portarse bien, a festejar su día como corresponde, sin peleas, sin agresiones, sin apodos, sin discriminación y mucho menos pensar en el suicidio, ¿eh? Que se está haciendo una campaña de concientización en contra del suicidio. El Estado está presente, hay especialistas que, si alguno tiene algún problemita mental o está depresivo, la muerte no es la solución. Tenemos que valorar la vida que nos dio Dios”.

Zaiser rechazó ese abordaje y sostuvo en su publicación de Instagram: “No puede dirigirse a los niños de esa manera”. Las legisladoras destacaron la necesidad de que se capacite a los docentes para hablar con los alumnos sobre suicidio.

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Las medidas que anunció la oposición

La misma diputada provincial anunció en Instagram que pedirá la intervención de las autoridades educativas provinciales. La legisladora radical hizo pública la presentación de acciones legales y exigió una intervención inmediata del Ministerio de Cultura y Educación.

La oposición adelantó que buscará una revisión formal del caso en el área educativa y en la vía judicial.

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El proyecto kicillofista para la reelección de intendentes permanece sin avance en una comisión del Senado provincial

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El objetivo político de intendentes bonaerenses y del gobierno provincial de Axel Kicillof de restablecer la posibilidad de la reelección indefinida para jefes comunales y legisladores provinciales y municipales, está paralizado en una comisión del Senado de Buenos Aires.

La iniciativa lleva más de un año de presentada, pero nunca logró avanzar, afectada por la interna peronista y, ahora, por una inmovilidad que impide su paso desde una comisión (la de Legislación General), controlada por el kicillofismo, a otra (Reforma Política y Régimen Electoral), que maneja el massismo.

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El proyecto para rehabilitar las reelecciones sin límites de los intendentes, legisladores provinciales y concejales se presentó el año pasado, con la firma de la senadora Ayelén Durán. Sin avances desde ese momento, está entre los expedientes de la Comisión de Legislación General, que preside Germán Lago, senador alineado con Kicillof y exintendente de Alberti, distrito del noroeste bonaerense. Hace casi dos meses, el 29 de julio, se lo solicitó la titular de la Comisión de Reforma Política, Malena Galmarini, del Frente Renovador. Pero el proyecto no se giró.

Malena Galmarini reclama tener el proyecto de reelecciones en la comisión que preside en el Senado bonaerensePrensa FR

En el kicillofismo del Senado hay poca información sobre la suerte de la iniciativa, que beneficiaría a 63 intendentes de distintos partidos políticos con la posibilidad de volver a presentarse como candidatos en sus municipios. Una calificada fuente de ese sector dijo no saber los motivos por los cuales no se giró el expediente todavía a la Comisión de Reforma Política. Lago no respondió las consultas de .

El massismo tiene una postura contraria a las reelecciones indefinidas. El Frente Renovador, junto a la exgobernadora María Eugenia Vidal (Pro), impulsó la restricción de dos mandatos que (con una modificación en 2021, que habilitó un período más) está vigente. Desde las filas del cristinismo, en tanto, una fuente de la Legislatura bonaerense aventuró que podrían votar el proyecto kicillofista.

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La distribución de poder en las bancas del Senado es, al igual que en la Cámara de Diputados, negativa para las aspiraciones del gobernador de hacer avanzar iniciativas como la de la reelección indefinida de los jefes comunales. El proyecto necesitaría 23 votos en la Cámara de Senadores (que tiene 46 escaños), un número al que el mandatario provincial solo puede llegar con apoyos por fuera del peronismo (tiene un bloque de 24, pero tres senadores son massistas, contrarios a la iniciativa).

En la nota de Galmarini dirigida a Lago, a la que accedió , se solicita el pase a la Comisión de Reforma Política de siete proyectos de ley vinculados a cambios en el régimen electoral. Algunos de esos pedidos se hicieron dos veces, ya que hubo una nota previa de Galmarini a Lago para solicitar las iniciativas, el 8 de julio (que no incluía el del expediente de reelecciones, que solo consta en la última solicitud).

“Erróneamente girados”

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“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de presidenta de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral de esta misma Cámara, a fin de reiterarle la nota del 8 de julio del corriente y tenga a bien arbitrar los medios para remitir a la comisión que presido, para su tratamiento en primer término, los siguientes expedientes, cuya materia es propia y específica del régimen electoral y conciernen a la misma conforme el artículo 181 del reglamento interno, por lo cual entiendo han sido erróneamente girados a la comisión a su cargo”, escribió Galmarini en su nota a Lago.

Entre los expedientes que Galmarini pidió que le envíen está el “E 136/25-26″, de autoría de la senadora Durán, que elimina los límites a las reelecciones. Su artículo Nº1 establece: “Modifícase el Artículo 3º del Decreto-Ley N° 6769/1958, que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 3°: El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos. El Concejo se renovará por mitades cada dos (2) años”. Además, la extitular de AySA reclamó otros seis expedientes, vinculados a boleta única, PASO, partidos políticos y cronograma electoral.

El derrotero de la iniciativa por la reelección indefinida de los intendentes está marcado por la interna peronista entre el grupo alineado con Cristina Kirchner y los leales a Kicillof. En paralelo al proyecto de Durán, el cristinismo presentó, el año pasado, una iniciativa que no incluía la reelección de intendentes, pero habilitaba la de legisladores, concejales y consejeros escolares. En las filas de Kicillof se interpretó ese proyecto como un castigo para los intendentes que apoyan al gobernador.

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Ayelén Durán, senadora bonaerense que responde a Kicillof

Luego de un intento fracasado de sesionar un mes antes, el 25 de junio de 2025 el Senado dio media sanción al proyecto kirchnerista de reelección de legisladores, concejales y consejeros escolares. La votación salió empatada 22 a 22 y la definió la presidenta del senado, la vicegobernadora Verónica Magario, con su voto positivo. La iniciativa, luego, no tuvo avances en la Cámara de Diputados provincial, por lo que no se convirtió en ley. Con el avance del año 2025, el peronismo entró en modo electoral y quedó al borde de la ruptura en la definición de las listas para los comicios provinciales.

El proyecto de reelecciones propuesto por Durán no tuvo dictamen de comisiones y no llegó al recinto del Senado. Permanece en la Comisión de Legislación, que preside Lago y el giro a Reforma Política se mantiene como un tema espinoso, aún sin resolución y atravesado por la interna del peronismo.




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