POLITICA
Oficializaron la salida de Carlos Frugoni y el nombramiento del nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura

El Poder Ejecutivo aceptó oficialmente la renuncia de Carlos Frugoni al cargo de Secretario de Coordinación de Infraestructura, luego de que se conociera que tenía siete propiedades en Miami sin declarar ante la Oficina Anticorrupción y ARCA. Los inmuebles habían sido adquiridos entre 2020 y 2022.
La desvinculación se hizo mediante el decreto 286/2026 de Boletín Oficial, en donde también se publicó la designación del nuevo funcionario que queda a cargo. La decisión de poner al frente del área de Coordinación de Infraestructura, al arquitecto Fernando Herrmann, había sido anticipada este lunes a través de una publicación que el Ministerio de Economía hizo en X.
Hasta ayer, Herrmann se desempeñaba como Secretario de Transporte, luego de haber sido nombrado en enero de este año por el decreto 47/2026. Arquitecto de profesión, asumió la conducción tras la salida de Luis Octavio Pierrini. Pero a partir de la reciente normativa, ese cargo quedó ocupado por el licenciado Mariano Ignacio Plencovich.

Respecto a la salida de Frugoni, este reconoció ante el periodista Nicolás Wiñaski que se había equivocado: “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, reconoció. Según los registros oficiales del condado de Palm Beach, se identificaron al menos cinco propiedades con valores que oscilan entre USD 215.000 y USD 216.000.
Entre ellas figuran el apartamento 626 ubicado en 5187 Oak Hill Lane, Delray Beach; el departamento 309 en 300 Waterway Drive South, Lantana; una unidad en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach; el departamento 203 en 3516 Whitehall Drive, West Palm Beach; y el apartamento 125 en 3605 South Ocean Boulevard, South Palm Beach.
El incremento en el patrimonio de Frugoni incrementó las dudas sobre la transparencia de su desempeño. En 2019, declaró USD 98.000 en efectivo y tres millones de pesos en acciones. Luego de adquirir propiedades en Miami, en 2023 informó tener acciones por más de 40 millones de pesos, inversiones en 16 compañías y depósitos por USD 400.000 en el extranjero.
Las revelaciones motivaron la presentación de denuncias judiciales encabezadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso. Las investigaciones recayeron en el juzgado federal de Daniel Rafecas y están vinculadas a presuntos delitos por ocultar un patrimonio superior a USD 1,5 millones.
Facundo Del Gaiso criticó la situación y, a través de X, afirmó: “Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar 7 propiedades en Miami y olvidarse de declararlas, le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones en 16 empresas por 40 millones de pesos, con el dólar a $200.” Además, destacó que el exfuncionario percibió salarios oficiales al mismo tiempo que transfería fondos personales al exterior.
El caso generó distintas reacciones dentro del gobierno. Un funcionario de alto rango lo consideró “gravísimo” y sostuvo que Frugoni “tiene que explicarlo”, según informó Infobae. Otros consultados por el mismo medio opinaron que el episodio resulta más grave que antecedentes recientes, como el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Una fuente vinculada a la Presidencia remarcó la diferencia: “Nos llama la atención que los medios sean tan diferentes con el que es un escándalo en serio que con lo que fueron con Manuel, que todos saben que es una pelotudez sin corrupción ni omisión”. Otro funcionario comparó la magnitud de los bienes: “Estás comparando siete casas en Miami con dos propiedades en Argentina. Tiene que aclarar el tema”.
Incluso, la Oficina de Integridad Pública porteña (OIP) lo había sancionado en reiteradas oportunidades por incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas. Esta situación derivó en su inhabilitación temporal para postularse a cargos públicos en la administración de la Ciudad de Buenos Aires.
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POLITICA
El ministro de Seguridad bonaerense cruzó a Jorge Macri: “Debería dedicarse a gobernar”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, cruzó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a través de una publicación en X luego de que el funcionario de Pro tildara de “desgobierno” a la gestión de Axel Kicillof.
“Macri: usted desconoce absolutamente el territorio más importante del país, porque cuando le tocó gestionar un municipio, siempre tuvo la cabeza puesta del otro lado de la General Paz”, tuiteó Alonso.
En su posteo, Alonso citó un video de Macri durante una entrevista en la señal TN donde el funcionario porteño asegura que las falencias en territorio bonaerense aluden “a la inseguridad” y a que “no coordinan con los intendentes. ”Yo conozco a muchos de ellos y ninguno recibe apoyo por parte de la provincia de Buenos Aires”, dijo el exintendente de Vicente López.
“La Provincia es 1515 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires y alberga a casi el 40% de los argentinos. Es además, la que más aporta a la coparticipación que financia a las provincias hermanas y a la Ciudad que hoy le toca gestionar», cuestionó Alonso en su extensa publicación.
En pos de desmentir al jefe de Gobierno, Alonso resaltó que “sería bueno que identifique [en alusión a Macri] qué intendentes sostienen sus dichos, porque este Ministerio dialoga con los 135 jefes comunales permanentemente”.
“Y con mucho esfuerzo, logramos constituir un Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad de los municipios, incluso con la enorme cantidad de fondos que el Estado Nacional le niega al pueblo de la Provincia”, precisó el ministro de Seguridad bonaerense.
Por último, y como un tiro por elevación a las recientes declaraciones de Macri sobre sus aspiraciones en 2027, Alonso remató: “Es comprensible que esté preocupado por los guarismos de las encuestas y el malestar en la Capital, pero para revertir eso debería dedicarse a gobernar y no a intentar anclarse en títulos tendenciosos”.
A principios de abril, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y le reclamó la transferencia de $27.000 millones en compensación por la asistencia a personas en situación de calle en la Ciudad y con domicilio en la provincia de Buenos Aires.
Al igual que Alonso, en aquella ocasión, Macri utilizó su cuenta en X y escribió: “Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA”.
Según el mandamás porteño, en los primeros días de abril, el Gobierno de la Ciudad se dirigió al Ministerio de Economía bonaerense e hizo alusión a una “deuda histórica” en materia de asistencia social. Por otro lado, la Ciudad cuenta con 61 Centros de Inclusión Social (CIS) que “funcionan las 24 horas del día durante los 365 días del año y brindan atención integral”.
“De la población total asistida en estos CIS, al menos 2327 personas son residentes de la Provincia. La prestación integral de la asistencia referida implica un costo mensual por persona de $1.163.135, lo que representa para esta jurisdicción un costo total de $27.066.151.450″, detallaron. De esta forma, consideraron que este monto se solventa con “recursos de la Ciudad provenientes del esfuerzo de los porteños”, lo que a su vez “genera un ahorro para la provincia de Buenos Aires”.
cruzó al jefe de Gobierno porteño,situación de calle en la Ciudad y con domicilio en la provincia de Buenos Aires,Jorge Macri,Conforme a,Jorge Macri,,»Cuando estuvimos juntos, la gente nos premió». Jorge Macri habló sobre la posibilidad de una alianza electoral con LLA en 2027,,Edición especial. Señal de largada para la Feria del Libro, la favorita de los lectores,,Presión a Pro. El karinismo vuelve a empujar la eliminación de las PASO en la Capital y complica a Macri
POLITICA
Río Negro: un gremio docente se opone a las auditorías médicas y pretende eliminar descuentos por ausentismo

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro endureció las negociaciones con el gobierno provincial que encabeza Alberto Weretilneck y anunció nuevas medidas de fuerza. El sindicato reclama la suspensión de descuentos por ausentismo, rechaza las auditorías médicas para justificar faltas y exige un piso salarial de $2 millones para los docentes.
Todo comenzó luego de que, en 2024, el gobierno provincial implementó un nuevo mecanismo de fiscalización que obliga a los docentes a fundamentar sus pedidos de licencias médicas y a completar formularios para justificar sus solicitudes ante el área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Desde su puesta en vigencia, disminuyó un 40% la cantidad de pedidos de licencias médicas. Pese a ello, la conducción de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro expresó su rechazo y sumó la objeción a la lista de reclamos que motivan las nuevas protestas.
En este contexto, el gremio resolvió intensificar las medidas y anunció un paro de 48 horas para mayo, con la posibilidad de repetir la medida otros dos días en caso de no obtener respuestas a sus demandas.
El Congreso Extraordinario de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, reunido en Fernández Oro, definió continuar el diálogo con el Ejecutivo provincial, pero ratificó la realización de las protestas. En las medidas de fuerza más recientes, el gobierno no dio el brazo a torcer y aplicó fuertes descuentos a los docentes que se acoplaron a los paros.
La secretaria general del sindicato, Laura Ortiz López, admitió que el objetivo del paro es doblegar al gobierno para que los convoque a una audiencia conciliatoria.
Ortiz López remarcó que el sindicato insistirá en la actualización salarial atada al índice de inflación y en la continuidad del aumento por IPC, rechazando la incorporación de sumas no remunerativas. Además, el congreso gremial definió varios reclamos que amplían el conflicto: exigió la reapertura de las mesas de trabajo acordadas en marzo, cuestionó la implementación del presentismo —al que calificó como “ilegal”.— y denunció incumplimientos en el pago de exámenes preocupacionales.

El gremio también reiteró el pedido de un salario mínimo docente de $2 millones y la incorporación progresiva de sumas al básico en busca de una recomposición que impacte en los haberes remunerativos. Otro de los puntos centrales es la continuidad de la actualización por inflación. Tras las dudas expresadas por el gobernador Weretilneck, el sindicato pidió sostener el esquema y agregar un índice patagónico para contemplar las diferencias regionales.
Entre otras exigencias, el gremio reclama la derogación de las auditorías médicas, la actualización de la movilidad y la eliminación de topes en distintos ítems salariales. Anticipó, además, que avanzará con la judicialización de los descuentos que considera “indiscriminados”, buscando su devolución.
Ortiz López explicó que la fecha límite de los reclamos obedece a la urgencia del sector y que no aceptarán que las negociaciones se dilaten más allá de abril. Por último, el sindicato convocó a otros sindicatos estatales a un encuentro este viernes en General Roca con el propósito de coordinar acciones conjuntas.
POLITICA
El Gobierno intimó a los rectores de las universidades por las consecuencias de los paros gremiales

El Ministerio de Capital Humano intimó este martes a los rectores de las universidades nacionales a que informen qué medidas tomarán para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios, a quienes definió como “víctimas de los paros impulsados por los gremios”. Así lo exigió mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales.
Desde la cartera comandada por Sandra Pettovello indicaron que “se observa con extrema preocupación la suspensión total» de la actividad académica que, según el texto, se registra en universidades de todo el país, en el marco del reclamo por más fondos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, votada y sostenida el año pasado, que llevaron a cabo diferentes casas de estudio en las últimas semanas.
Capital Humano consignó que le pidió a los rectores de las universidades una serie de ítems a informar: un “plan de contingencia”, una “garantía de acceso” que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdidas.
Haciendo foco en la falta de contraprestación por parte de las casas de estudio que llevan a cabo medidas de fuerza, desde el Gobierno señalaron que “el sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”. Por lo tanto, sostuvieron que la situación reviste “especial gravedad”.
Algunas horas después, llegó la respuesta por parte del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti. “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación», escribió con tonó irónico.
Según Yacobitti, las complicaciones que atraviesan las universidades se deben a que el Gobierno nacional incumple la Ley de Financiamiento Universitario. Además, señaló que el oficialismo carece de un “plan educativo claro y consistente” y “desfinancia y desarticula el sistema”.
“La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente”, agregó.
En ese sentido, recordó que el próximo 12 de mayo se realizará la cuarta marcha federal universitaria. La movilización tiene como objetivo reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. “Vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina”, aseguró Yacobitti.
Luego llegó la respuesta por parte de la administración de Javier Milei. El encargado fue Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Pettovello.
“Para la burocracia política de las universidades públicas, lo único importante es derrocar al gobierno. Lo intentaron todo y lo seguirán intentando”, denunció. Y agregó: “Nunca vamos a dejar de defender a los alumnos de la casta política que se apropió de las universidades que pagamos todos”.
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