El Gobierno busca blindar al Banco Central por ley, sumar reservas y anticipar deuda para reducir la incertidumbre más allá de 2027

14/07/2026 – 13:30hs

El Gobierno quiere que su programa económico deje de depender de quién gane la próxima elección. Después de presentar cómo piensa cubrir los vencimientos en dólares hasta 2027, ahora busca reducir el riesgo de que un cambio político vuelva a presionar sobre el dólar, la inflación y el financiamiento.

La estrategia combina tres frentes. Una reforma para limitar por ley el funcionamiento del Banco Central, una mayor acumulación de reservas y la posibilidad de anticipar parte de los pagos previstos para 2028. El objetivo es transmitir que la estabilidad no depende únicamente de la continuidad del actual equipo económico.

Qué cambia para el dólar con la reforma del Banco Central

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central apunta a establecer como única misión del organismo la preservación del valor de la moneda. También busca prohibir de manera definitiva el financiamiento directo o indirecto al Tesoro.

El proyecto incluye mayor autonomía para las autoridades de la entidad, restricciones para distribuir utilidades contables y la eliminación de las Letras Intransferibles utilizadas para obtener reservas a cambio de títulos públicos.

La intención oficial es impedir que un futuro gobierno vuelva a financiar gasto mediante emisión monetaria. Pero para que ese cambio sea permanente, Milei deberá conseguir que la reforma avance en el Congreso, donde todavía no están asegurados los apoyos necesarios.

Cuántos dólares necesita comprar el BCRA hasta fin de año

Una nueva ley, por sí sola, no garantiza estabilidad cambiaria. El Banco Central también necesita dólares que respalden el programa y permitan afrontar pagos sin generar presión sobre el mercado.

La entidad ya compró más de u$s11.700 millones durante 2026 y alcanzó el objetivo mínimo de acumulación previsto para el año. Sin embargo, para llegar a la meta máxima de u$s17.000 millones debería sumar otros u$s5.300 millones hasta diciembre, un promedio cercano a u$s900 millones mensuales.

El agro y la energía serán decisivos para sostener ese ritmo. La producción de Vaca Muerta alcanzó niveles récord y las exportaciones energéticas pueden aportar una parte importante de las divisas. El campo, mientras tanto, todavía conserva un volumen significativo de granos por liquidar.

La expectativa de una inflación de junio inferior al 2% ayuda a reforzar la credibilidad del programa, pero no elimina la necesidad de acumular reservas. Sin dólares suficientes, cualquier episodio político o externo puede volver a tensionar el tipo de cambio.

Por qué el mercado ya mira los vencimientos de deuda de 2028

La preocupación del mercado comenzó a desplazarse más allá del próximo año electoral. Guillermo Mondino, uno de los economistas argentinos más escuchados por los inversores internacionales, propone que el Gobierno empiece a anticipar parte de los vencimientos de 2028.

Su estrategia consiste en separar los pagos correspondientes a ese año dentro de los bonos que amortizan en distintos períodos y recomprarlos de manera selectiva. La idea es aprovechar los precios actuales para reducir desde ahora el monto que deberá afrontar la próxima administración.

Anticipar esos pagos podría disminuir el riesgo de una futura reestructuración, bajar el riesgo país y evitar que la incertidumbre electoral vuelva a trasladarse al dólar. También reduciría la dependencia de quién gane las elecciones y de las decisiones que tome el gobierno siguiente.

El desafío del Gobierno ya no es solo cubrir los próximos vencimientos. Debe demostrar que la reforma del Banco Central, la acumulación de reservas y una estrategia anticipada de deuda pueden convertirse en una señal creíble de continuidad.

Si esa combinación funciona, la estabilidad podría dejar de depender del calendario político. Si falla alguno de esos pilares, las dudas sobre el dólar y el financiamiento volverán a aparecer antes de que termine el actual mandato.

El ministro Luis Caputo volcó alrededor de u$s4.500 millones en el mercado financiero. La operación corresponde a un nuevo pago por vencimientos de capital e intereses a los tenedores de títulos de deuda soberana en dólares. El monto aporta liquidez a la plaza bursátil y, en un mercado tan chico como el nuestro, se siente el efecto. En tanto, muchos en el mercado se preguntan si las condiciones actuales sugieren reinvertir los pagos en el mismo segmento en dólares o rotar hacia otras alternativas de inversión que proyecten mejores retornos a corto, mediano o largo plazo.

El vencimiento fue el jueves pasado, 9 de julio y buena parte del monto ya está aplicado en las cuentas de inversión. Las primeras transferencias impactaron el viernes, correspondientes a los bonos Globales, y desde este lunes, tras los feriados nacionales, empezaron a ingresars los de los Bonares. Algunos agentes, menos ágiles, acreditarán el pago durante los próximos días.

La reinversión de una parte del vencimiento en los mismos instrumentos está asegurada, teniendo en cuenta las tendencias de bonos por parte del sector público, lo que provocaría una mejora en los precios de la renta fija en dólares, dependiendo de la magnitud. Los inversores privados, en tanto, se dividirán entre los que optarán por alocar los montos sobre el mismo segmento y los que buscarán otras alternativas, teniendo en cuenta que los precios de estos títulos se encuentran relativamente altos luego del rally tras la mejora en la calificación de la deuda argentina.

Qué harán los bonistas con los dólares del vencimiento

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, asegura que desde el arranque del año muchos bonistas privados han estado renovando posiciones en la deuda argentina en dólares, por lo que espera que se mantenga la estrategia y buena parte de los u$s4.500 millones termine reinvertido en el mismo segmento. Probablemente, estima, los perfiles más conservadores se inclinarán por bonos de menor duration, como el AL30 y el AL29. En cambio, aquellos con mayor tolerancia al riesgo podrían buscar valor en la parte larga de la curva de vencimientos, en títulos como el AL41 o el GD46.

Thiago Marino, analista de estrategias de inversión de IOL, no descarta que una porción importante de los inversores se incline por diversificar el monto recibido en otros activos en moneda dura, en lugar de reinvertirlo de manera integral en el segmento de deuda soberana en dólares. A esto último le asigna menor probabilidad porque, como se mencionó anteriormente, tras los últimos avances, los precios de los bonos en dólares no exhiben un margen alcista muy amplio a corto ni a mediano plazo.

Lisandro Meroi, analista de research de TSA Bursátil, también se muestra escéptico respecto a un alto grado de reinversión en el mismo segmento, teniendo en cuenta que el margen adicional de compresión de rendimientos parece cada vez más acotado. Estima que los perfiles más conservadores apuntarán al AO27 y bonos corporativos de primera línea, mientras los que tengan una expectativa positiva sobre la economía local e internacional mantendrían parte del posicionamiento en títulos largos para buscar captar un potencial upside tras eventuales mejoras en la calificación crediticia.

Alternativas de inversión para cada perfil de riesgo

El equipo de research de PPI afirma que los perfiles conservadores tendrán como prioridad conservar el capital, por lo que una alternativa sería canalizar la renta hacia fondos comunes de inversión en dólares: está pensado para aquellos que buscan mantenerse invertidos en moneda dura, pero con diversificación y liquidez. Para perfiles arriesgados, con buena expectativa sobre la deuda argentina y horizonte de mediano y largo plazo, ve valor en el GD41, que rinde 8,3% y tendría el mayor potencial alcista en su segmento en caso de compresiones adicionales del riesgo país.

Para perfiles moderados, considera que una rotación balanceada hacia bonos provinciales en dólares de alta calidad crediticia representa un punto intermedio «interesante». Esta alternativa, sostiene, permite tomar ganancias y reducir la exposición soberana sin resignar un potencial upside ante un eventual escenario de normalización y convergencia, al tiempo que ofrece mayor protección frente a un evento de estrés.

En ese sentido, el bróker de bolsa destaca dos títulos de deuda provincial que exhiben ratios «robustos» de cobertura de pagos dentro del universo subsoberano, lo que respalda la solidez de los compromisos:

• CO35: Bono en dólares de Córdoba que opera con TIR de 8,2%
• SFD34: Bono en dólares de Santa Fe que opera con TIR de 7,4%

En tanto, Marino ve potencial en dos instrumentos dentro del segmento de renta fija soberana en dólares, dependiendo del objetivo y tolerancia al riesgo en cada inversor:

• Bonar 2027 (AO27): Para inversores que buscan capturar valor dentro de la curva soberana, es una alternativa «interesante» en el tramo corto y medio de la curva de vencimientos, con pagos de interés mensual a una TNA del 6%
• Global 2035 (GD35): Para los que buscan maximizar el potencial de apreciación de capital, apostando a la continuidad del proceso de consolidación macroeconómica, considera que este título se posiciona como el más eficiente del tramo largo de la curva de vencimientos, ideal para capturar una compresión adicional del riesgo país

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo régimen especial de facilidades de pago destinado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro. La medida quedó establecida mediante la Resolución General 5875/2026 y busca permitir la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026, además de multas e intereses.

El régimen alcanza exclusivamente a determinados contribuyentes y establece condiciones específicas para acceder, como la obligación de realizar un pago a cuenta, una cantidad máxima de cuotas según el tipo de deuda y un plazo determinado para adherirse. También define qué obligaciones pueden incluirse, cuáles quedan excluidas y en qué casos el plan caduca automáticamente.

De acuerdo con el análisis elaborado por el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la iniciativa responde a la necesidad de ofrecer una herramienta para que muchas MiPyMEs regularicen deudas fiscales acumuladas como consecuencia de las dificultades económicas de los últimos años y eviten procesos de ejecución fiscal y embargos. Sin embargo, advirtió que algunas condiciones del esquema pueden limitar el acceso para determinados contribuyentes, entre ellas el pago a cuenta exigido, la cantidad de cuotas disponibles y la tasa de financiación.

La resolución definió tres grupos de beneficiarios.

• En primer lugar, podrán incorporarse las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas —Tramos 1 y 2— que cuenten con Certificado MiPyME vigente al momento del acogimiento y tengan la caracterización correspondiente en el Sistema Registral de ARCA.
• También podrán acceder los pequeños contribuyentes, es decir, personas humanas y sucesiones indivisas caracterizadas en el Sistema Registral con el código 547 – Pequeño Contribuyente, conforme a la Resolución General 5321.
• El tercer grupo comprende a las entidades sin fines de lucro registradas ante ARCA bajo alguna de las formas jurídicas previstas por la norma. Entre ellas, figuran asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios, cooperadoras, iglesias y otras entidades civiles.

La resolución también enumeró quiénes no podrán adherir. Entre los excluidos aparecen personas condenadas por determinados delitos tributarios, aduaneros o vinculados con incumplimientos fiscales, personas jurídicas cuyos directivos registren ese tipo de condenas, responsables solidarios respecto de las obligaciones comprendidas y garantes de obligaciones impositivas y aduaneras contempladas por el régimen de garantía. La exclusión rige cuando existe sentencia firme y la condena permanece vigente.

El plan comprende un universo amplio de obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026.

Entre ellas, figuran las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, junto con sus accesorios; las retenciones y percepciones impositivas, también con sus accesorios; y las obligaciones aduaneras correspondientes a tributos sobre importaciones o exportaciones, además de los intereses previstos en el Código Aduanero. La resolución también incorporó las multas aplicadas hasta esa fecha.

No obstante, el régimen aclaró que la regularización no implica una reducción de intereses resarcitorios o punitorios ni la liberación de sanciones. Según explicó Domínguez, el beneficio consiste exclusivamente en la posibilidad de financiar la deuda mediante cuotas y no supone una quita del monto adeudado.

La resolución también estableció una lista de conceptos que no podrán incorporarse al régimen.

Entre ellos aparecen las retenciones y percepciones previsionales, salvo los aportes personales correspondientes a trabajadores en relación de dependencia; los anticipos y pagos a cuenta; el IVA correspondiente a determinados servicios digitales y prestaciones efectuadas desde el exterior; los aportes y contribuciones destinados a obras sociales, con excepción de los correspondientes a monotributistas; las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes; las cuotas destinadas a las ART y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio; además de otros conceptos detallados en la resolución.

También quedaron fuera determinadas obligaciones vinculadas con el Régimen Simplificado sobre Ingresos Brutos, tributos específicos, algunas multas aduaneras e intereses asociados a conceptos excluidos.

Uno de los aspectos centrales del régimen corresponde a las condiciones de financiación.

Para las Micro y Pequeñas Empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro, el esquema prevé hasta 18 cuotas para obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social y hasta 9 cuotas para retenciones y percepciones impositivas.

En ambos casos deberán realizar un pago a cuenta del 5% sobre la deuda consolidada y la tasa de financiación será del 2,75% mensual, equivalente a la tasa de interés resarcitorio vigente establecida por la Resolución 3/24 del Ministerio de Economía.

En el caso de las Medianas Empresas Tramos 1 y 2, el régimen contempla hasta 15 cuotas para obligaciones generales y hasta 7 cuotas para retenciones y percepciones, con un anticipo del 10% y la misma tasa mensual del 2,75%.

La resolución además fijó un monto mínimo de $50.000 tanto para el pago a cuenta como para cada cuota. Los pagos serán mensuales, iguales y consecutivos, mientras que el pago inicial se calculará sobre el total de la deuda consolidada.

Domínguez señaló que el pago a cuenta, la cantidad de cuotas y la tasa de financiación pueden dificultar la adhesión de algunos contribuyentes. También sostuvo que la eliminación del anticipo habría facilitado el ingreso al régimen para quienes enfrentan mayores restricciones financieras.

El acogimiento deberá realizarse exclusivamente mediante el servicio web “Mis Facilidades”, dentro de la opción “Régimen Especial de Facilidades de Pago – Obligaciones vencidas al 30/06/2026”. La resolución fijó como fecha límite para adherirse el 30 de octubre de 2026.

La deuda se consolidará cuando el contribuyente efectúe el pago a cuenta. En ese momento el sistema presentará automáticamente el plan y comunicará esa presentación mediante el Domicilio Fiscal Electrónico. Además, la norma indicó que no existirá un límite respecto de la cantidad de planes que un mismo contribuyente podrá presentar.

Cuándo caduca el beneficio

La resolución también precisó las situaciones en las que el plan perderá vigencia.

La caducidad operará automáticamente cuando el contribuyente deje de pagar dos cuotas, consecutivas o alternadas, y transcurran 60 días corridos desde el vencimiento de la segunda de ellas. También caducará cuando no se pague la última cuota y pasen 60 días corridos desde su vencimiento.

Una vez declarada la caducidad, ARCA quedará habilitada para iniciar acciones judiciales destinadas al cobro de la totalidad de la deuda pendiente. En esos casos, el organismo notificará la situación mediante el Domicilio Fiscal Electrónico y el contribuyente deberá cancelar el saldo pendiente mediante transferencia electrónica, con los intereses correspondientes. Si el plan incluyó deuda aduanera, el Sistema Informático MALVINA actuará conforme a lo previsto por el Código Aduanero.

Otro de los aspectos destacados por el análisis de Domínguez corresponde a una consecuencia jurídica prevista por la resolución.

La adhesión al régimen implica la renuncia a la acción y al derecho de repetición contemplados en la Ley 11.683 y en el Código Aduanero respecto de los períodos y montos incluidos en el plan. En la práctica, eso significa que el contribuyente no podrá reclamar posteriormente la devolución de los importes incorporados al régimen.

El especialista también indicó que conviene analizar caso por caso las obligaciones que resultará conveniente incorporar, verificar la vigencia del Certificado MiPyME cuando corresponda y evaluar la capacidad de cumplir con el pago de las cuotas para evitar la caducidad del plan. Además, recordó que las deudas que no se incorporen al régimen continuarán expuestas al inicio de acciones de cobro por parte de ARCA.