ECONOMIA
Obra pública: el Gobierno prorrogó la adhesión al plan para cancelar deudas con bonos
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Gobierno nacional prorrogó hasta el 23 de julio de 2026, inclusive, el plazo para que los contratistas de obra pública soliciten su adhesión al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones, el mecanismo diseñado para cancelar deudas mediante la entrega de títulos públicos, anunciado a comienzos de mes.
La decisión se formalizó mediante la Resolución 2/2026, firmada por el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Augusto Hermann, y no modificó el cupo máximo previsto ni las restantes condiciones establecidas para el programa.
La medida alcanzó a contratistas de las Secretarías de Obras Públicas y de Transporte, ambas en el ámbito del Ministerio de Economía. El régimen les permite cancelar deudas devengadas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, además de obligaciones correspondientes a contratos extinguidos desde 2024, mediante la entrega de tres títulos públicos en pesos.
El programa prevé un cupo máximo de $221.119.509.519 y contempla la utilización de instrumentos financieros correspondientes a LECAP y BONCAP. La prórroga únicamente extendió el plazo para presentar la solicitud de adhesión y no modificó el monto máximo disponible ni las características del esquema.
El plazo original para adherir era de diez días hábiles contados desde el 3 de julio, por lo que el vencimiento se ubicaba en torno al 16 de julio. Con la nueva resolución, las empresas cuentan con tiempo hasta el 23 de julio para completar ese trámite a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
En los fundamentos de la resolución, el Gobierno explicó que distintos contratistas manifestaron la necesidad de contar con más tiempo para completar la presentación de las solicitudes. La resolución también sostuvo que “a fin de garantizar la mayor concurrencia posible de contratistas y el adecuado cumplimiento de los objetivos” del régimen, resultó conveniente extender el plazo. Una vez presentada esa solicitud, el procedimiento contempla un plazo adicional de diez días hábiles para incorporar la documentación respaldatoria de las acreencias.
(Istock)
Entre esa documentación figura el detalle de los créditos que cada contratista mantiene con el Estado y el cálculo correspondiente a los intereses por mora. Esa información forma parte de la documentación que debe acompañar cada presentación para avanzar en el proceso previsto por el régimen.
La adhesión también implica una condición para las empresas que decidan ingresar al programa. El esquema establece la renuncia a todos los reclamos administrativos y judiciales en curso contra el Estado Nacional vinculados con el contrato correspondiente. Además, antes de la firma de cada acta acuerdo individual, debe intervenir la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Desde el sector de la construcción explicaron que las empresas debían presentar una primera manifestación de interés dentro de un período breve, por lo que la extensión del cronograma respondió a una necesidad planteada por los propios contratistas.
De todas maneras, advirtieron que el funcionamiento práctico del esquema presenta limitaciones para una parte de las empresas. De acuerdo con esa explicación, el régimen funciona para las facturas emitidas, es decir, para los certificados de obra que completaron el proceso administrativo y derivaron en la emisión de la correspondiente factura. Sin embargo, remarcaron que existen numerosos casos en los que ese circuito todavía no concluyó.
Según indicaron, muchas obras quedaron pendientes de redeterminaciones de precios o de la aprobación de conceptos que ya estaban discutidos entre las partes. Mientras esos trámites administrativos no reciban aprobación, no generan la emisión de una factura y, por esa razón, esas acreencias no ingresarían en el régimen previsto por el Gobierno.
Esa situación, afirmaron las fuentes consultadas, deja afuera a una parte de las empresas constructoras que mantienen créditos con el Estado. “Le soluciona el problema a algunas empresas, pero no a todas”, resumieron desde el sector al describir el alcance efectivo del mecanismo.
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En medio de un coro de economistas que en los últimos días sugirieron la necesidad de subir el tipo de cambio para darle impulso a la actividad y ayudar a los sectores más complicados, Ricardo Arriazu salió a desmarcarse: “Vamos a un superávit comercial de USD 28.000 millones este año. Si el Banco Central no estuviera interviniendo el dólar se desplomaría. Además, en un país como Argentina cualquier salto del tipo de cambio va a precios, no hay ninguna necesidad de eso”.
El economista habló en el evento de la Cámara de Agentes de Bolsa y dejó en claro cuál es su convicción: “Hace años defendía la flotación, pero después entendí que en Argentina el dólar es la unidad de cuenta. Si se mueve, el resto de los precios también lo hacen”.
Pero, sobre todo, consideró innecesario promover un salto cambiario. “Vamos a un tipo de cambio real más bajo en Argentina. El ingreso de dólares aumentará muy fuerte en los próximos años y eso llevará a un dólar inferior al actual en términos reales”, remarcó.
Arriazu es uno de los economistas más escuchados por el presidente, Javier Milei, pero también tiene fuerte llegada a los inversores. Sus declaraciones van en dirección opuesta a varios colegas que en los últimos días se manifestaron a favor de un tipo de cambio más alto.
Uno de ellos fue Roberto Frenkel, quien consideró lo mejor que puede hacer el Gobierno es dejar que el tipo de cambio pegue un salto aunque sea a costa de una mayor inflación y consideró que se trata de un “mal trago”. De esta forma, uno de los impulsores del Plan Austral en 1985 consideró que una devaluación ayudaría a darle impulso al sector productivo.
Lucas Llach, ex vicepresidente del Central, también se manifestó a favor de elevar el tipo de cambio y consideró razonable el nivel de $1.800 que hace un par semanas mencionó el vocero presidencial, Adrián Ravier. “La construcción se vería muy beneficiada, porque bajaría el costo de la cuota mensual en pesos, que se vuelve cada mes más cara en dólares. Esto hace que los inversores no quieran participar en nuevos emprendimientos”, aseguró en Ahora Play.
También se sumó a un pedido similar Miguel Ángel Broda. El economista indicó que aunque la economía funcionaría mejor con un dólar más alto, “la obsesión por bajar la inflación impide dicho ajuste cambiario”. Además, opinó que no tiene sentido que el tipo de cambio barato provoque el cierre de empresas.
Las estimaciones de Arriazu, que espera un superávit comercial no muy lejos de los USD 30.000 millones, son por lejos las más optimistas del mercado. El consenso espera alrededor de 21.000 millones de dólares. Pero la gran cosecha de este año y sobre todo los altos precios de la energía lo hicieron revisar sensiblemente al alza estas estimaciones.
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En ese escenario tan favorable, el Banco Central tendría además bastante espacio para seguir comprando dólares. Hasta ahora lleva poco más de USD 13.000 millones y en el escenario optimista podía llegar a USD 17.000 millones, según se planteó en el inicio de la fase 4 del plan monetario.
La estabilidad cambiaria a la que apuesta el Gobierno tiene como objetivo principal seguir impulsando a la baja a el índice de inflación. Por lo pronto, las consultoras y bancos que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2% para julio y de 1,8% para agosto. Además, pronosticaron un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 29,8% para 2026 y un dólar a $1.652 para fin de este año.
En cuanto a la dinámica inflacionaria, el grupo de los analistas más precisos, denominado Top 10, estimó 1,9 por ciento para el séptimo mes del año.
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ECONOMIA
Jornada financiera: el dólar mayorista rozó los $1.500, cayeron las acciones y el riesgo país se acercó a los 450 puntos
La toma de ganancias en Wall Street, donde los índices alcanzaron niveles máximos en las últimas sesiones, dio marco a un resultado negativo para los activos bursátiles argentinos, con un salto del riesgo país a máximos desde junio.
En el plano cambiario, la intervención indirecta del Tesoro y el BCRA a través de la venta de contratos de dólar futuro y también de títulos dollar linked en el mercado secundario, limitaron el avance del dólar mayorista, que tocó la resistencia de los $1.500 y finalizó en un récord nominal. Incluso la semana pasada fue el Tesoro el que intervino con ventas puntuales en el mercado spot con la intención de fijar un hito para el movimiento del dólar.
En el mercado de cambios se operó un importante volumen de USD 692,4 millones en el segmento de contado. El dólar mayorista avanzó tres pesos o 0,2%, a un nuevo récord nominal de cierre de 1.499,50 pesos.
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“Con la suba de hoy, la cuarta consecutiva en la semana, el dólar mayorista alcanza nuevos máximos y quedó a un paso de superar los 1.500 pesos por unidad. Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 14,50 pesos, muy por encima de la baja de 12 pesos registrada en la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.
Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, afirmó que “en el último tramo de la jornada logró quebrar el equilibrio y avanzar levemente hasta un máximo de $1.500, nivel que volvió a actuar como resistencia y contuvo la suba, para finalmente cerrar en $1.499,50. Todo indica que esta zona se ha convertido en una fuerte resistencia, dificultando por el momento una consolidación por encima de ese nivel”.
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El Banco Central compró USD 41 millones en el mercado de cambios, el 5,9% de la oferta, para acumular en las cuatro primeras ruedas de agosto un saldo a favor de USD 95 millones por la intervención.
Las reservas internacionales brutas de la entidad cayeron USD 1.224 millones, a USD 48.835 millones, debido principalmente a un pago efectuado al Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de USD 850 millones, además de un descenso marginal en la cotización de activos, según detallaron fuentes del BCRA a Infobae.
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El dólar al público permaneció invariable, a $1.520 para la venta en el Banco Nación, igualmente un récord nominal. El BCRA indicó que en as entidades financieras el dólar minorista promedió $1.518,24 para la venta y $1.467,44 para la compra.
La cotización blue del dólar restó diez pesos o 0,6% y terminó pactada a $1.530 para la venta, después de seis ruedas operativas seguidas con baja. Para la compra, las agencias informales toman al billete verde a 1.510 pesos.
Todos los contratos de dólar futuro concluyeron con alzas en un rango de 0,2% a 0,4%, con un monto operado equivalente a USD 1.441,2 millones, según datos de A3 Mercados. La posición más operada -concentró más de la mitad del volumen- fue la del cierre de agosto, que ganó 5,5 pesos (+0,4%), a 1.517 pesos.
Cayeron las acciones y subió el riesgo país
Las acciones y los bonos de Argentina terminaron negociados con amplias pérdidas, afectados por la volatilidad externa, junto con un tenso ambiente político doméstico, que tuvieron una repercusión directa en las expectativas del mercado.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 1,8%, en los 3.100.731 puntos. Los indicadores de Wall Street descontaron alzas iniciales y cerraron con baja de 0,9% para el Dow Jones de Industriales, y de 0,1% para el panel tecnológico Nasdaq.
Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- descontaron un fuerte 1,5% en promedio, con caídas de hasta 4%, como el caso del Global 2030 (GD30), mientras que el riesgo país de JP Morgan subió 19 unidades para la Argentina, en los 446 puntos básicos, su nivel más alto desde el 10 de junio.
Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hubo mayoría de pérdidas. Destacaron Mercado Libre (-5,4% tras presentar balance trimestral), Tenaris (-6,8%) y Globant (-2,9%).
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“Tras el rally de inicio de mes que llevó a los principales índices a máximos históricos, las bolsas globales entraron en una fase de consolidación. Los inversores operaron con cautela ante la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU -la tasa a 10 años escaló a 4,67%- y la expectativa por el informe oficial de empleo (Nonfarm Payrolls-NFP o nóminas no agrícolas) que se difundirá este viernes. En el plano corporativo, las empresas de almacenamiento de datos como Sandisk (-4,7%) y Western Digital (-12,2%) sufrieron tomas de ganancias tras sus balances”, precisó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.
En el ámbito local, Vlassich atribuyó “un sesgo negativo” a “la cautela internacional”, a la que “se sumó la incertidumbre por la menor liquidez de pesos en el mercado monetario, lo que empujó a la deuda soberana a la baja y llevó al riesgo país a superar la barrera de los 440 puntos básicos”.
Los precios del petróleo subieron nuevamente ya que los inversores se mantenían cautelosos ante el resultado de las conversaciones Irán-Omán y la incertidumbre de si restablecerán el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, mientras que las noticias sobre ataques a petroleros sauditas en el Mar Rojo y el Golfo de Adén reavivaban las tensiones.
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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en octubre avanzaron 5%, a USD 83,43 el barril. Los futuros del WTI (West Texas Intermediate) estadounidense ganaron 3,9%, a USD 78,12 para septiembre. YPF subió 2,5%, a USD 49,90 la acción en Wall Street, y Vista Energy avanzó 3,5 por ciento.
“El comportamiento de la sesión confirma que los operadores prefirieron aligerar posiciones de riesgo antes del dato crucial de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos”, explicó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants. “La combinación de una resiliencia macroeconómica con la escalada en los precios de los energéticos vuelve a reavivar incertidumbre condicionando el margen de maniobra de los bancos centrales”, agregó.
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