Los depósitos en dólares superaron los u$s40.000 millones, mientras los hogares destinan 30% de sus ingresos al pago de deudas.

17/07/2026 – 13:20hs

Los bancos tienen más dólares que nunca, pero las familias muestran cada vez menos margen para asumir nuevas obligaciones. Los depósitos privados en moneda estadounidense superaron por primera vez los u$s40.000 millones, mientras los hogares ya destinan alrededor del 30% de sus ingresos al pago de deudas.

El contraste resume uno de los desafíos de la economía. El sistema financiero ganó capacidad para prestar dólares a empresas exportadoras, pero el crédito destinado al consumo encuentra un límite en el peso de las cuotas y en una morosidad que alcanzó su nivel más alto en veinte años.

Por qué las familias destinan 30% de sus ingresos a pagar deudas

Según EcoGo, al sumar préstamos bancarios, financieras, fintech y otros proveedores de crédito, uno de cada tres pesos que ingresa a los hogares se utiliza para cubrir cuotas.

La inflación más baja también modificó el peso de esas obligaciones. En los años de fuertes aumentos de precios, las cuotas se licuaban rápidamente. Ahora, con tasas reales positivas, ocupan una proporción mayor del presupuesto.

La mora consolidada de las familias ronda el 15% y es todavía más elevada en el crédito no bancario. Este cuadro restringe la posibilidad de tomar nuevos préstamos y ayuda a explicar por qué el crédito todavía no logra convertirse en un motor sostenido del consumo.

Qué cambia con el récord de depósitos en dólares

Los depósitos privados en dólares alcanzaron los u$s40.437 millones, el nivel más alto en más de 25 años. Parte del incremento respondió a la acreditación de pagos de capital e intereses de bonos soberanos, aunque también continúa una recuperación iniciada a fines de 2023.

El dato fortalece la liquidez de los bancos. Esos recursos pueden utilizarse para financiar en dólares a empresas exportadoras o vinculadas al comercio exterior, que son las habilitadas para tomar préstamos en esa moneda.

Sin embargo, el efecto definitivo todavía no está asegurado. Una parte de los fondos puede salir de las cuentas para nuevas inversiones, consumos o cancelación de obligaciones. Las próximas semanas mostrarán cuánto permanece efectivamente dentro del sistema.

¿Cambian las condiciones de las compras en Shein, Temu y Amazon?

Desde el 17 de julio rige un nuevo régimen para envíos postales y compras realizadas mediante courier. La norma unifica las condiciones entre el Correo Argentino y las empresas privadas.

Los envíos de hasta u$s400 continúan exentos de derechos de importación, con un máximo de cinco operaciones por persona durante el año. La medida no implica que todas las compras queden libres de cualquier impuesto, sino que equipara el beneficio entre los distintos canales de ingreso.

La economía muestra así dos realidades. Los bancos reciben más dólares y pueden ampliar el financiamiento productivo, pero las familias llegan con buena parte de sus ingresos comprometida. El desafío será que el crecimiento del crédito no termine aumentando todavía más el peso de las deudas.

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 23 de julio de 2026, inclusive, el plazo para que los contratistas de obra pública soliciten su adhesión al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones, el mecanismo diseñado para cancelar deudas mediante la entrega de títulos públicos, anunciado a comienzos de mes.

La decisión se formalizó mediante la Resolución 2/2026, firmada por el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Augusto Hermann, y no modificó el cupo máximo previsto ni las restantes condiciones establecidas para el programa.

La medida alcanzó a contratistas de las Secretarías de Obras Públicas y de Transporte, ambas en el ámbito del Ministerio de Economía. El régimen les permite cancelar deudas devengadas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, además de obligaciones correspondientes a contratos extinguidos desde 2024, mediante la entrega de tres títulos públicos en pesos.

El programa prevé un cupo máximo de $221.119.509.519 y contempla la utilización de instrumentos financieros correspondientes a LECAP y BONCAP. La prórroga únicamente extendió el plazo para presentar la solicitud de adhesión y no modificó el monto máximo disponible ni las características del esquema.

El plazo original para adherir era de diez días hábiles contados desde el 3 de julio, por lo que el vencimiento se ubicaba en torno al 16 de julio. Con la nueva resolución, las empresas cuentan con tiempo hasta el 23 de julio para completar ese trámite a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

En los fundamentos de la resolución, el Gobierno explicó que distintos contratistas manifestaron la necesidad de contar con más tiempo para completar la presentación de las solicitudes. La resolución también sostuvo que “a fin de garantizar la mayor concurrencia posible de contratistas y el adecuado cumplimiento de los objetivos” del régimen, resultó conveniente extender el plazo. Una vez presentada esa solicitud, el procedimiento contempla un plazo adicional de diez días hábiles para incorporar la documentación respaldatoria de las acreencias.

Entre esa documentación figura el detalle de los créditos que cada contratista mantiene con el Estado y el cálculo correspondiente a los intereses por mora. Esa información forma parte de la documentación que debe acompañar cada presentación para avanzar en el proceso previsto por el régimen.

La adhesión también implica una condición para las empresas que decidan ingresar al programa. El esquema establece la renuncia a todos los reclamos administrativos y judiciales en curso contra el Estado Nacional vinculados con el contrato correspondiente. Además, antes de la firma de cada acta acuerdo individual, debe intervenir la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Desde el sector de la construcción explicaron que las empresas debían presentar una primera manifestación de interés dentro de un período breve, por lo que la extensión del cronograma respondió a una necesidad planteada por los propios contratistas.

De todas maneras, advirtieron que el funcionamiento práctico del esquema presenta limitaciones para una parte de las empresas. De acuerdo con esa explicación, el régimen funciona para las facturas emitidas, es decir, para los certificados de obra que completaron el proceso administrativo y derivaron en la emisión de la correspondiente factura. Sin embargo, remarcaron que existen numerosos casos en los que ese circuito todavía no concluyó.

Según indicaron, muchas obras quedaron pendientes de redeterminaciones de precios o de la aprobación de conceptos que ya estaban discutidos entre las partes. Mientras esos trámites administrativos no reciban aprobación, no generan la emisión de una factura y, por esa razón, esas acreencias no ingresarían en el régimen previsto por el Gobierno.

Esa situación, afirmaron las fuentes consultadas, deja afuera a una parte de las empresas constructoras que mantienen créditos con el Estado. “Le soluciona el problema a algunas empresas, pero no a todas”, resumieron desde el sector al describir el alcance efectivo del mecanismo.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció el primer seguro multirriesgo para productores de maíz de hasta 200 hectáreas, con un fondo inicial de USD 1.000.000, en el marco del primer día de la Exposición Rural de Palermo.

La iniciativa, desarrollado junto con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), tendrá USD 700.000 aportados por el Gobierno de Entre Ríos y el resto se cubrirá con aportes privados. El programa apunta a pequeños agricultores afectados por sequías e inundaciones y prevé una asistencia económica ante emergencias.

En su primera etapa, la cobertura alcanzará un máximo de 100.000 hectáreas y será gratuita durante el primer año de implementación. El seguro estará dirigido prioritariamente a productores de maíz con explotaciones de hasta 200 hectáreas.

El sistema prevé compensaciones de USD 50 por hectárea cuando las pérdidas de rendimiento superen el 50% y de hasta USD 150 por hectárea cuando el daño exceda el 80% de la producción estimada.

“Estamos anunciando el primer seguro multirriesgo para el sector agropecuario, el sector más competitivo del país y de nuestra provincia, que estaba esperando este anuncio. Entendíamos que había una necesidad que había que cubrir y este es el primer paso para un sector trascendental en nuestra economía”, sostuvo Frigerio, que estuvo acompañado en el acto por el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli.

La activación de la cobertura será automática, con parámetros objetivos de geolocalización y la declaración formal de emergencia agropecuaria por parte de la provincia. Según se explicó en la presentación, el esquema busca evitar demoras para que la asistencia llegue con rapidez y los productores puedan sostener su actividad y planificar la siguiente campaña.

Durante el anuncio, Frigerio sostuvo que el pedido unánime al Gobierno nacional, de parte del sector agropecuario, “que eliminen las malditas retenciones”, afirmó. Y agregó que confía en que el Poder Ejecutivo continúe avanzando en ese camino.

“Se fue avanzando estos 30 meses en la reducción de algunos sectores importantes y tengo el compromiso del Presidente de que esta es la principal prioridad en la política de reducción de impuestos de la Argentina, como tiene que ser. Es un impuesto distorsivo que se cobra solo en la Argentina y que tenemos que ir eliminando o reduciendo cada vez más rápido», sostuvo.

También señaló que la elección del maíz como primer cultivo asegurado se vincula con la capacidad provincial de transformar proteína vegetal en animal, y remarcó que este producto es central para las cadenas lechera, avícola, porcina y bovina de la provincia.

“Tenemos un sector agropecuario probablemente el más competitivo del mundo, que está pasando un buen momento, no con los márgenes de rentabilidad que a todos nos gustaría, pero con un crecimiento muy importante e invirtiendo mucho. El campo es la locomotora de la recuperación de la Argentina desde toda la vida y lo va a seguir siendo”, señaló Frigerio.

El ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo, afirmó que la cadena de maíz es clave para Entre Ríos y advirtió que “cuando viene una seca o algún problema con la producción, se resiente toda la cadena de valor”.

Por su parte, Bruno Campanero, gerente técnico de Iapser, relacionó la herramienta con la seguridad alimentaria regional. “En nuestra provincia se produce la mitad de los pollos que se consumen en el país. Esto es pensar cómo desde el campo llega a la mesa de la mitad de los argentinos la carne aviar. Es estratégico acompañar desde la compañía de seguros esta iniciativa”, consideró.

Campanero señaló la importancia de acompañar desde el sector asegurador para fortalecer la llegada de alimentos a la mesa de los argentinos. El plan piloto contempla la posibilidad de extender la cobertura a otros cultivos.