POLITICA
En silencio, Chiqui Tapia prorrogó el contrato de la AFA con la empresa de Faroni hasta 2030 y amplió sus facultades

El 15 de octubre del año pasado, justo antes del comienzo del escándalo, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, extendió la relación contractual con la empresa de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, hasta 2030 para que siga administrando los fondos de la entidad en el exterior. Lo hizo más de un año antes de la finalización del primer contrato, que vencía en diciembre de este año. ¿Por qué? La Justicia sostuvo que el nuevo acuerdo amplió las facultades de la firma TourProdEnter, con sede en Miami, que pasó de actuar como “agente comercial y de cobro”, a administrar los pagos de la AFA.
En diciembre, luego de un allanamiento en la sede de la calle Viamonte, ordenado por el juez federal Luis Armella, reveló el primer contrato entre la entidad que preside Tapia y la empresa de Faroni, fechado el 9 de diciembre de 2021. Ese acuerdo le otorgaba a TourProdEnter una comisión del 30% de todos los ingresos y sumaba otro 10% por cuestiones de logística. A partir de ese momento, la empresa embolsó cerca de US$300 millones provenientes de tres grandes fuentes: sponsors de la selección argentina, derechos de transmisión televisiva e ingresos por los partidos amistosos.
El documento lo firmaron Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la AFA, respectivamente, apenas un día después de que la esposa de Faroni presentó una “oferta” de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
Sin un motivo aparente, en octubre del año pasado, catorce meses antes de su finalización, Tapia extendió el vínculo con la empresa por otro cinco años. Ahora llega hasta el 31 de diciembre de 2030. El nuevo acuerdo argumenta que la prórroga se justificaba “en la buena performance” de la empresa de Faroni y en las “necesidades de continuidad disponible en distintas jurisdicciones”.
A diferencia de 2021, la extensión no se informó de manera oficial. No aparece en el temario de la reunión del comité ejecutivo del 16 de octubre, donde se votó el último balance ni en la asamblea ordinaria que tuvo lugar el 28 de ese mes.
En diciembre pasado, cuando se conoció el primer contrato por el allanamiento judicial, la AFA salió a responder “informaciones periodísticas de carácter tendencioso y carentes de sustento”. Llamativamente, no dijo ni una sola palabra de la prórroga. Solo habló de un contrato “vigente”.
El contrato de 2025 mantuvo la estructura del primero, incluyendo los porcentajes de las comisiones, pero sumó nuevas facultades. “Este nuevo acuerdo del 15/10/2025 es aún más ambicioso, ya que amplió el rol de TourProdEnter LLC, asignado en el 2021 como “agente comercial y de cobro”, hacia una función de administración operativa de pagos”, destacó el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff en un dictamen de más de 100 carillas que repasa toda la maniobra desde 2021 hasta que estalló el escándalo.
“El Agente (por la empresa) ejercerá sus funciones en todo el mundo, excepto en la República Argentina, donde no tendrá facultades de actuación, sin perjuicio de las facultades de cobro (con la consecuente retribución del Agente) por pagos que empresas con asiento o sucursal en Argentina y/o sus afiliadas realicen en el exterior”, se puede leer en la cláusula tercera.
El nuevo acuerdo, hasta ahora desconocido, también fue secuestrado por la Justicia en la sede de la AFA de la calle Viamonte. A diferencia del primero, en este caso no aparece la firma de Pablo Toviggino, sino la de Cristian Malaspina, secretario general de AFA y uno de los procesados en la causa por evasión que lleva adelante el juez Diego Amarante.
En los apartados 6.5 y 6.6 del contrato se estableció que, cuando TourProdEnter actuara como agente de cobro, “podría efectuar pagos a AFA en dólares estadounidenses, mediante transferencia bancaria a cualquier cuenta indicada por AFA, o mediante la entrega de valores cotizados, incluidos bonos de deuda soberana argentina, en mercados de capitales argentinos o extranjeros”. Además, se previó que la AFA remitiera mensualmente a TourProdEnter “órdenes de pago a terceros y/o el detalle de gastos que le hubiera solicitado realizar por su cuenta y orden”.
En el nuevo contrato también se permite la cesión a una sociedad afiliada o vinculada a la empresa en cualquier jurisdicción, algo que no estaba previsto en el original.
Otro dato llamativo. Para este segundo contrato, la empresa de Faroni fijó domicilio en el Aventura ParkSquare, un complejo que combina departamentos de lujo, oficinas y comercios a pocos minutos del Aventura Mall. visitó ese lugar en febrero y comprobó que en la suite 804 ahora funciona la sede de una empresa de hamburguesas denominada “Skinny Louie”. El único rastro de Faroni y su mujer era un cartel, al final de un pasillo, con el nombre de la empresa RentalTourenter, utilizada por la pareja para comprar esas oficinas en 2022, según reveló el diario Clarín.
“El traslado de domicilio y la firma de una extensión temporal automática del contrato el 24/10/2025 -un año antes que venciera el contrato original previsto para el 31/12/2026-, denotan un posible apuro por blindar y perpetuar legalmente la estructura de posibles desvíos de fondos“, sostuvo Guerberoff en un dictamen firmado este jueves y al que tuvo acceso .
Las omisiones en los estados contables
Ese fiscal intervino a raíz de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni que apunta específicamente a los estados contables de la AFA. En poco tiempo, Guerberoff analizó los balances desde 2022 hasta 2025 y concluyó que omitieron el vínculo de la empresa con la empresa de Faroni “con el posible propósito de impedir el conocimiento del verdadero origen, circulación, destino y disponibilidad de fondos que debieron integrar el patrimonio de la AFA”.
La única mención a TourProdEnter aparece en el balance presentado ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en junio de 2024. En ese caso la firma de Faroni aparece como deudora de la AFA por la suma de $13.295.951.416,18, unos US$ 14,5 millones al tipo de cambio oficial de ese momento. ”Esa registración tardía, parcial y acotada contrasta con la magnitud de los movimientos bancarios atribuidos a la sociedad extranjera y con las facultades contractuales que le habían sido conferidas desde diciembre de 2021″, destacó el fiscal.
Guerberoff y su equipo trabajaron sobre los balances de 2022, 2023, y 2024 presentados ante la IGJ. En el caso de 2025, tuvieron que remitirse a los datos aportados por los bancos y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) porque la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires no entregó la documentación a tiempo. Esa entidad recibió el último balance tras la maniobra de la AFA de mudar sus oficinas a Pilar.
En ese balance, según los datos de la Fiscalía, la AFA declaró ingresos totales por $275.645 millones. Y volvió a omitir a la empresa TourProdEnter, que seguía administrando los fondos de la AFA desde al menos cinco bancos de Estados Unidos. Aunque los datos son preeliminares, porque no hay una auditoría completa, Guerberoff planteó que la maniobra con los balances se debe investigar junto con la defraudación que se investiga en otro expediente, en el fuero penal ordinario. Esa causa está a cargo de la fiscal Silvia Russi y tiene todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos.
Los jerarcas de la AFA pretenden hace tiempo que todas las causas se concentren en el juzgado federal de Campana. La maniobra tuvo varios contratiempos. Ahora depende de una decisión de la Cámara en lo Penal Económico, que podría definir en pleno desarrollo del Mundial. Todo indica que ese paquete de causas, en torno a la mansión de Pilar, podría regresar a los tribunales de la avenida Inmigrantes. En ese caso, recalarían en el juzgado de María Verónica Straccia, con buenos antecedentes técnicos. En paralelo, Tapia y Toviggino están atentos a los movimientos de la Justicia de Estados Unidos. reveló hace una semana que tres fiscales, dos en Washington DC y otro en el estado de Florida, investigan los movimientos bancarios de Faroni y su mujer.
Esos documentos revelan la magnitud de la defraudación, con impacto directo en los clubes argentinos. reveló que al menos diez empresas fantasmas, todas registradas en las mismas direcciones de Miami, absorbieron casi US$57 millones de los fondos administrados por Faroni y Gillette. Cuatro de esas sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) fueron creadas por cuatro personas oriundas de Bariloche. Nunca fueron citadas a declarar. Solo hay un informe sobre su patrimonio encargado por el juez Armella a la División Investigaciones Especiales de la Policía Federal.
En su dictamen, el fiscal Guerberoff analizó la creación de esas empresas fantasma y las transferencias millonarias desde las cuentas de TourProdEnter, que siguen operando. Se destacan Marmasch LLC, con 62 operaciones por casi 15 millones de dólares; Soagu Services, con 54 operaciones; y Velp con 23 transferencias por un total de US$ 3.991.000. También aparecen Delker y Servica INC, dos firmas “gemelas”, creadas el mismo día y en la misma dirección.
“La concentración de los fondos en un reducido grupo de destinatarios, la reiteración de operaciones durante un período prolongado y la multiplicidad de denominaciones detectadas permiten sostener que la ausencia, en los balances de la AFA, de los movimientos de dinero que traficaron por cuentas de TourProdEnter LLC, tuvo el fin de evitar la trazabilidad del dinero y posibles desvíos que están siendo objeto de investigación en los legajos mencionados en este dictamen”, concluyó el fiscal antes de pedir que todo el material se concentre en una sola causa. Esa decisión ahora quedó en manos del juez Gustavo Meirovich. Otra señal de alerta en las oficinas de Viamonte (y de Pilar).
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POLITICA
En Colombia, los dinosaurios siguen en pie. Crónica de una ciudad que, a dos meses del terremoto, todavía se derrumba

CALI, Colombia.- Los dinosaurios están en una repisa exhibidora. Son 29. Veintitrés de ellos siguen ubicados en sus compartimentos correspondientes, todos parados sobre sus minúsculas patitas de plástico. Un tiranosaurio con la boca abierta, uno de cuello largo, otro con placas en el lomo, de esos que se compran en cualquier juguetería y que un chico ordena con una seriedad que los adultos no le dedicamos a casi nada. Ninguno se cayó.
Es la imagen del dormitorio de un niño. Una postal que pudimos observar porque su habitación, de un segundo piso, ya no tiene pared. El terremoto se la llevó y la dejó abierta a la calle, como una casa de muñecas, en un edificio partido que Cali va a tener que demoler. Los juguetes están intactos.
El lunes 10 de agosto, a las 7.34, la tierra empezó a moverse en San José del Palmar, en el Chocó, a unos 100 kilómetros de profundidad. Fue un sismo de magnitud 7,4, el más fuerte que registró Colombia en lo que va del siglo. Golpeó de lleno al occidente del país: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia. El epicentro estuvo del otro lado de la cordillera, pero la ciudad con más muertos fue Cali, con 154. Llegamos a ella casi un mes después, el 7 de septiembre, acompañando a Enrique Piñeyro, fundador de la ONG Solidaire, a entregar donaciones de la Cruz Roja.
Como había sucedido en La Guaira, Venezuela, algunas semanas atrás, edificios enteros se desplomaron en segundos con familias adentro. Las calles se llenaron de escombros, de sirenas, de gente buscando a los suyos con las manos. Uno imagina que a esa altura una ciudad ya está en otra etapa, juntando los pedazos, reparando. Pero no. Cali todavía está rompiéndose.
Lo primero que desconcierta en Cali es la arbitrariedad. No hay una zona arrasada y otra a salvo, una línea clara que separe a los que perdieron de los que no. Hay un edificio de pie, con sus ventanas enteras y la ropa tendida en el balcón, y al lado otro que ya no existe. Mismo barrio, misma cuadra, mismo sacudón de las 7.34. Una zona intacta, con gente comprando en el almacén y, en la siguiente, un edificio inclinado, sostenido por quién sabe qué, rodeado de cintas.
Uno se vino abajo con familias adentro y el otro amaneció como cualquier lunes. Recorrer Los Cámbulos o Pampalinda es caminar por una lotería que nadie eligió jugar. Es el mismo sinsentido del estante de los dinosaurios, pero en escala de ciudad: lo que quedó en pie y lo que no parece repartido al azar.
Y el azar se agranda cuando se mira el mapa entero. El epicentro estuvo en el Chocó, del otro lado de la cordillera. Cali, más lejos, fue la ciudad con más muertos del país. En Armenia, con un impacto sísmico parecido, no murió nadie. La tierra se movió para todos más o menos igual. La pregunta es por qué no cayó igual para todos. Y ahí la injusticia deja de parecer azar.
El mismo día que llegamos, otro edificio más se había venido abajo. Esta vez, por decisión de la alcaldía. Después de un terremoto hay meses, si no años, de destrucción antes de la reconstrucción. Cuando llegamos, los cálculos de los especialistas en conjunto con el estado arrojaban por lo menos 765 construcciones que tenían que ser demolidas por completo.
Cada edificio que se demuele arrastra la misma pregunta: ¿por qué este sí y el de al lado no? Colombia tiene código sismorresistente desde 1984. Parte de lo que se cayó es anterior a esa norma, o se levantó a toda velocidad entre los 80 y los 2000, sin planificación, en parte durante los años del cártel de Cali. Pero también se cayeron edificios relativamente nuevos. Los ingenieros que recorren la zona hablan de normas antisísmicas que no se cumplieron y de materiales, cemento y hierro que no eran los que tenían que ser. A lo que creció sin planificación se suma la informalidad: una de cada tres viviendas construidas en el país entre 2005 y 2018 no tuvo licencia, ni control técnico. Debajo, además, el suelo de esta zona es más blando, algo que una microzonificación sísmica pendiente debería haber advertido.
Un terremoto es impredecible. No se puede evitar que suceda, pero sí que mate tanto. Por eso la Alcaldía abrió un peritaje para determinar si hubo corrupción, atajos en la obra o falta de inspección. Las curadurías aprobaban los planos. Nadie parece haber verificado que se construyera lo que decía el papel. Los nombres de los muertos ya están grabados en una placa. Los de los responsables, todavía no. Y cuando terminen las demoliciones y las topadoras se lleven el último escombro, va a quedar la tentación de llamarlo desastre natural. La falla fue natural. Lo demás, no.
En el Hospital Departamental, se derrumbó una parte del edificio donde estaban los bebés. “Tuvieron que sacar a todos los niños y atenderlos afuera, en carpas”, me contó un caleño que nos acompañó. “Hubo muertos porque no los pudieron sacar”. En un hotel donde se hospedaban unos músicos, todo quedó ahí: las camas, las valijas, una estadía que no terminó. Todo quedó detenido en el tiempo.
Lo más extrañamente perturbador es la intimidad expuesta. En los edificios partidos, las casas de familia se ven por dentro, como si alguien hubiera arrancado la tapa de una caja: un dormitorio con la cama sin hacer, un baño con el cepillo de dientes en el vaso, un placard abierto, una foto todavía colgada en una pared que ya no da a ningún lado. Una casa es, antes que nada, el lugar donde uno puede cerrar la puerta. Es lo que nadie más ve: cómo dormimos, qué dejamos tirado, qué guardamos.
Sin esas imágenes, la magnitud del desastre se queda en cifras que nadie siente. Pero cada plano de un dormitorio expuesto es también la intimidad de alguien que no eligió exhibirla y que probablemente nunca sepa que la estamos mirando. No es una curiosidad del recorrido para documentar. Es la prueba más concreta de lo que se rompió.
Al momento de este recorrido, 45.139 familias habían sido desplazadas. Muchas de ellas siguen viviendo en refugios, o buscan cualquier departamento con una ayuda estatal de 875.000 pesos colombianos para alquilar. Hay tanta gente sin casa que no alcanzan las viviendas, y muchas terminan en hoteles con convenio, llenos de familias en lugar de turistas.
La mayoría de los caleños con los que hablé destaca que la respuesta del Estado fue rápida y eficiente, un contraste fuerte con la vecina Venezuela. Hoy, a casi dos meses, Colombia suma 335 muertos, más de 4500 heridos, más de 750 edificios colapsados y más de 36.000 viviendas destruidas en 16 departamentos. Casi medio millón de personas afectadas. Cali tiene 154 muertos, más de 1600 heridos y al menos 24 edificios caídos por completo. Unas 20.000 familias caleñas siguen fuera de sus casas. El alcalde calcula tres años de recuperación.
Los dinosaurios seguían ahí, en fila, mirando una ciudad que antes no podían ver. Alguien los había acomodado con paciencia, uno al lado del otro, bien parados, cada uno en su lugar. Esa dedicación, la de un chico que cuida lo suyo como si de eso dependiera todo, es la que faltó a las paredes que los rodeaban.
LA NACION,Política,El lunes 10 de agosto, a las 7.34,La Guaira, Venezuela,Camila Dolabjian,A Fondo,Conforme a
POLITICA
Ricardo Lorenzetti habló tras el fallo por la Ley de Tierras: “La Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales”

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti analizó durante la tarde de este viernes el fallo del máximo tribunal que suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras y repuso los límites sobre la venta a extranjeros. En ese sentido, resaltó que “la Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”.
En una entrevista con A24, el magistrado justificó la medida basándose en “tres aspectos”: “Uno, los hechos concretos. El otro es la cuestión ambiental, los recursos naturales. Y el tercero es algo que para mí es muy importante, que es el debilitamiento de la participación social en el Estado democrático, en el Estado de derecho”.
“Nadie puede sorprenderse porque yo firme una medida cautelar en materia ambiental. Tampoco pueden sorprenderse de que la Corte lo haga”, esgrimió Lorenzetti.
El máximo tribunal del país entendió que el planteo de la demanda versa sobre “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”, por lo que resultó necesario dictar “una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables”.
La decisión se tomó con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci y suspendió los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023. Dicho artículo disponía la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

El máximo tribunal del país entendió que el planteo de la demanda versa sobre “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”, por lo que resultó necesario dictar “una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables”.
En ese sentido, la Corte resaltó que “el particular trámite impreso a esta causa por parte de los tribunales intervinientes ha dejado sin respuesta las peticiones formuladas en la demanda” y “la naturaleza de los derechos invocados (entre los que se encuentran el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno y el derecho a la protección del medio ambiente)”.
El fallo de la Corte remarcó que el primer deber de los jueces es “ser celosos custodios de la Constitución Nacional y de las leyes”, y señaló que la confianza en el Poder Judicial requiere la aplicación razonable de las normas “a las circunstancias particulares de cada caso”. Por lo tanto, agregó, la decisión en el expediente “Árbol de Pie” respondió “específicamente a los planteos de los actores”, vinculados con la protección del ambiente.
“Nosotros hace muchísimos años que tenemos una línea coherente en materia de protección ambiental. En este caso, el doctor Rosatti y yo interpretamos que la ley ambiental, en el artículo 32, permite que los jueces tomen medidas aun cuando no hay una petición de parte. Es decir, nosotros hemos considerado que como este proceso no había sido tratado, se afectó el derecho de una organización, que en este caso es una organización ambiental. Entonces, hay una relación con la protección de los recursos naturales y por eso nosotros hemos interpretado, en base a este artículo 32 de la ley ambiental, que era procedente una cautelar frenando este artículo que ustedes mencionan del decreto de necesidad y urgencia, porque como no lo trataron en primera instancia, toda esta asociación quedó desprotegida durante todo ese tiempo”, argumentó su voto Lorenzetti.
La decisión se tomó con el voto de dos conjueces, ya que los tres miembros del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaron la unanimidad necesaria para avanzar, por lo que el tribunal los convocó para desempatar.

En esta ocasión, Rosenkrantz no adhirió al criterio de sus colegas. Sin embargo, Lorenzetti consideró que la posición de su colega “también es legítima”.
Rosenkrantz firmó en disidencia. Entendió que, si bien la legitimación de la asociación actora difería de la de CECIM, la Corte carecía de competencia para dictar una medida cautelar o interina. Por lo tanto, sostuvo que debía remitirse la causa a la justicia federal de Bariloche sin dictar ninguna medida a fin de que allí se diese trámite a la causa, por lo que en los hechos implicaría dejar vigente la derogación de la ley de tierras.
“La posición del doctor Rosenkrantz también es legítima, porque él tiene una opinión más restrictiva. Es decir, esto no significa nada. Al contrario, es bueno que haya distintas opiniones en la Corte. No es que signifique un conflicto, me parece bien. Son dos opiniones diferentes, pero siempre hay una mayoría y una minoría. Yo creo que ahí se termina el asunto”, cerró el tema.
En ese sentido, Lorenzetti insistió en que “la Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”.
El juez, luego, manifestó su sorpresa porque a pesar de la repercusión mediática y en redes sociales del tema, solo se presentaron dos medidas cautelares ante la Justicia. Lo atribuyó a un “debilitamiento de la participación social” e instó a los ciudadanos a recurrir a los métodos oficiales de protesta y disidencia: “Hay que expresarse más en medidas cautelares, en acciones judiciales y en el Congreso, que son las instituciones. Este es un tema muy importante y nos llamó mucho la atención que en este caso prácticamente no hubo acciones”.
POLITICA
La idea de autorizar listas colectoras vuelve a la mesa de negociación entre el Gobierno y las provincias

Enfocado en lograr la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Casa Rosada analiza por estas horas la posibilidad de autorizar listas colectoras en los frentes electorales, con el objetivo de aumentar el apoyo entre los gobernadores.
Así lo confirmaron a diferentes fuentes del oficialismo.
La posibilidad de que el proyecto de reforma política incluya colectoras ya había sido barajada inicialmente en la negociación, pero luego se desestimó.
Ahora, la idea volvió a ser analizada, pero bajo la modalidad de una única colectora por frente.
Una lista colectora es una herramienta que permite que dos o más partidos diferentes presenten sus propias listas para determinados cargos, por ejemplo, para diputados, pero todas llevan “enganchado” o “colgado” al mismo candidato para un cargo ejecutivo superior, como puede ser presidente o gobernador.
“Está la posibilidad”, ratificó una de las fuentes consultadas. “Adhesión, sería la palabra”, agregó otra, en referencia a cómo sería el mecanismo. En la práctica, es similar. La lista “adhiere” al candidato de otra fuerza para un cargo superior.
“La idea es que no haya PASO el año próximo y poder incorporar una sola colectora por frente electoral”, agregó otro miembro de la Casa Rosada.
Se trata, fundamentalmente, de un pedido del sector del radicalismo. “Al peronismo también le sirve porque si no hay PASO podría utilizarla”, explicó otro miembro del oficialismo.
El Gobierno trabaja a contrarreloj para lograr los votos para conseguir la aprobación del proyecto, que esperan poder comenzar a tratar durante octubre.
Por eso, tras su viaje a París, Francia, por la Argentina Week, en el que llevaron a 13 gobernadores de buena sintonía con la Casa Rosada, el Gobierno aceleró los contactos con mandatarios provinciales. Allí también se habló del tema de la posible incorporación de una colectora por frente, aseguraron las fuentes consultadas y por eso su evaluación volvió a escena con más fuerza en los últimos días.
Tras la vuelta del viaje, Karina Milei y Diego Santilli, principal interlocutor con los gobernadores, estuvieron este martes en Salta junto al mandatario de esa provincia, Gustavo Sáenz, y Raúl Jalil, de Catamarca.
Santilli recibió este jueves a Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y este viernes a Juan Pablo Valdés, de Corrientes.
Las negociaciones seguirán en los próximos días y la mira está puesta fundamentalmente en cuándo se reunirá Santilli con el radicalismo, por la cantidad de votos que representan en el Senado y podrían terminar inclinando la votación.
Tanto en el radicalismo y en Pro había reservas para acompañar el proyecto, pero en el Gobierno se muestran cada vez más optimistas.
Por eso en las últimas horas se aceleraron las reuniones.
En el corazón libertario se muestran expectantes de lo que puede suceder durante los próximos días y también en lo que puede pasar el martes próximo, cuando vuelva a reunirse la mesa política, en la que se aborda el manejo del tema, junto a otros objetivos de la agenda legislativa.
Allí, encabezados por Karina Milei, en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, se dan cita todos los martes al mediodía los principales estrategas del Gobierno en las diferentes áreas: Patricia Bullrich, en el Senado, Martín Menem, en Diputados; Fabián Fernández en Comunicación y Medios; Luis “Toto” Caputo, en Economía; Eduardo “Lule” Menem; responsable del armado político libertario; Santiago Caputo y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.
Cecilia Devanna,Conforme a
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