El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al alza de los indicadores de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2026 y puso el énfasis en que ambos niveles se mantienen por debajo de los registrados en igual período de 2024.

El funcionario nacional se expresó luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas y la indigencia, al 7,5 por ciento.

“Si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 puntos porcentuales y 1,2 puntos porcentuales en relación al semestre previo, ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024”, escribió Caputo en su cuenta de X. Según precisó, la pobreza pasó de 52,9% a 32,3% frente a aquel período, mientras que la indigencia descendió de 18,1% a 7,5 por ciento.

Subió la pobreza

El Indec informó que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población de los principales aglomerados urbanos durante el primer semestre de 2026. La indigencia, en tanto, se ubicó en 7,5 por ciento. Proyectados sobre el total de habitantes del país, esos porcentajes representan a 15,56 millones de personas en situación de pobreza y a 3,61 millones que no lograron cubrir la canasta básica alimentaria.

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Frente al segundo semestre de 2025, la pobreza avanzó 4,1 puntos porcentuales, desde el 28,2%, y sumó unos 2,05 millones de personas. La incidencia también quedó por encima del 31,6% que se había registrado en el primer semestre del año pasado. El indicador alcanzó al 24,4% de los hogares.

La indigencia aumentó 1,2 puntos porcentuales respecto del 6,3% registrado en los últimos seis meses de 2025. El alza equivalió a 595.300 personas más en esa condición y llevó la incidencia al 5,6% de los hogares. En la comparación interanual, el índice subió 0,6 puntos porcentuales.

Los niños y adolescentes de hasta 14 años fueron el grupo etario con mayor incidencia: el 44,5% vivía en hogares pobres. Entre quienes tenían de 15 a 29 años, la proporción fue de 36,9%; para la franja de 30 a 64 años, de 28,8%; y entre las personas de 65 años o más, de 14,8 por ciento.

El Noreste concentró el mayor nivel regional de pobreza, con una incidencia de 41,5%, seguido por Cuyo, con 36,7 por ciento. En Gran Buenos Aires, el indicador llegó a 32,1%, aunque la diferencia entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos bonaerenses fue de 23 puntos: 13,9% y 36,9%, respectivamente. El Noreste también encabezó el índice de indigencia, con 10,5%, seguido por Gran Buenos Aires, con 8,4 por ciento.

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En la región Pampeana, la pobreza fue de 30,3%; en el Noroeste, de 31,5%; y en la Patagonia, de 28,4%, el menor porcentaje entre las regiones. Concordia fue el aglomerado con mayor proporción de personas bajo la línea de pobreza, con 56,2%. Detrás se ubicaron Gran Resistencia, con 48,6%, y Posadas, con 42,2%. Para la indigencia, la región Pampeana registró 7,2%; Cuyo, 5%; el Noroeste, 4,3%; y la Patagonia, 4,2 por ciento.

El Indec también señaló que los ingresos familiares por persona crecieron 11,5% en promedio durante el período, por debajo de la variación de las canastas básicas. La canasta básica alimentaria (CBA) aumentó 21,4%, mientras que la canasta básica total (CBT) se incrementó 19,6 por ciento.

Esa brecha deterioró el poder de compra de los hogares y explica el avance de la pobreza y la indigencia respecto del semestre previo. En los hogares pobres, el ingreso familiar total promedio llegó a $922.755, frente a una CBT de 1.440.395 pesos. La distancia entre ambos valores ubicó la brecha de pobreza en 35,9 por ciento.

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El Senado aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por lo que el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados. La principal modificación alcanza el procedimiento para la designación y remoción de las autoridades de la autoridad monetaria.

El senador de La Libertad Avanza, Agustín Monteverde, informó que hubo un acuerdo entre los bloques para revisar el esquema previsto para las autoridades de la entidad. El presidente y los directores del Banco Central tendrán mandatos de seis años y requerirán acuerdo del Senado por mayoría absoluta.

El artículo 3 de la iniciativa original establecía motivos concretos para una eventual destitución, entre ellos una falta grave y evidente en el cumplimiento de las funciones. Esa acusación deberá estar respaldada por hechos determinados y verificables.

El procedimiento previsto exigía que el Poder Ejecutivo dicte un decreto y que ambas cámaras del Congreso lo avalen antes de que se haga efectiva la medida. Para ello, iba a ser necesaria una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes en cada cuerpo.

A la vez, se eliminaba la intervención de la comisión bicameral creada en 2010, durante la disputa entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el entonces titular de la entidad, Martín Redrado.

En tanto, la redacción también quita al Poder Ejecutivo la facultad de apartar de manera unilateral a las autoridades monetarias. Cualquier decisión deberá ajustarse a las causales establecidas y acreditar la falta invocada.

Por último, deja sin efecto la presencia de un delegado del Ministerio de Economía en las reuniones del Directorio del Banco Central. También elimina la obligación de que la entidad se pronuncie antes sobre los efectos de las operaciones de endeudamiento externo en la balanza de pagos. El Gobierno considera que ese paso no influye en las definiciones y constituye una exigencia administrativa.

Como el proyecto ya contaba con media sanción de Diputados, la incorporación de este nuevo mecanismo obligará a que la Cámara baja vuelva a tratar la iniciativa. Allí deberá aceptar las modificaciones del Senado para que la reforma quede sancionada o insistir con la redacción original.

Otras claves de la reforma del BCRA

La reforma propone un mecanismo temporal para ordenar el balance del Banco Central. Mientras el Estado nacional mantenga pendientes las letras intransferibles y los adelantos transitorios otorgados por la autoridad monetaria, una parte de las ganancias anuales deberá destinarse exclusivamente a la cancelación de esas obligaciones.

La iniciativa dispone además que los adelantos transitorios extiendan sus plazos de vencimiento de forma automática hasta su pago total. Para las letras intransferibles, en cambio, conserva los términos definidos al momento de su emisión y las previsiones que establezca cada ley de presupuesto.

El proyecto cambia las condiciones bajo las cuales el Banco Central podrá distribuir resultados al Estado nacional, en su carácter de accionista. Sólo podrán girarse utilidades líquidas y realizadas; quedarán fuera los resultados originados por cambios en la cotización de las divisas o por variaciones en el precio del oro.

Las ganancias vinculadas a esos dos factores deberán incorporarse al capital de la entidad. Los demás resultados que aún no se hayan concretado quedarán inmovilizados en una reserva especial, sin posibilidad de transferencia al Tesoro hasta que se realicen.

El nuevo artículo 38 también fija un requisito patrimonial. Antes de habilitar cualquier giro, la reserva general y las restantes reservas de resultados deberán representar al menos el 50% del capital del Banco. Si se autorizan transferencias, los fondos sólo podrán aplicarse al pago de deuda pública.

Según los fundamentos, la modificación busca impedir que el BCRA envíe recursos al Tesoro bajo la denominación de utilidades cuando provengan únicamente de ajustes contables derivados de la suba del dólar frente al peso. El mensaje identifica esa práctica como una debilidad del régimen vigente y sostiene que fue aplicada por los gobiernos posteriores a la convertibilidad, incluida la administración de Javier Milei.

Preservar el valor de la moneda

La iniciativa también reemplaza la definición de la misión institucional del BCRA. El artículo 1 establece que su función única, primaria y fundamental será preservar el valor de la moneda.

La fórmula deja atrás el criterio introducido en la reforma de 2012, que asignó al organismo la tarea de impulsar, en línea con las políticas del Gobierno nacional, la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Los fundamentos consideran que la acumulación de objetivos dificulta la evaluación de la autoridad monetaria. Plantean que la política monetaria puede orientarse de manera eficaz a la estabilidad de precios, mientras que las demás metas exceden sus herramientas.

Como consecuencia, el directorio dejaría de tener atribuciones para orientar el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas o las economías regionales. El proyecto sostiene que esas funciones corresponden a una banca de fomento y no a un banco central.

Nuevas reglas para operaciones financieras y reservas

Otro capítulo incorpora cambios en la operatoria cotidiana de la entidad. El BCRA podrá negociar títulos públicos, monedas y otros instrumentos financieros para cumplir objetivos monetarios, cambiarios, financieros o crediticios. Esas operaciones deberán realizarse a valores de mercado o, cuando ello no sea posible, mediante parámetros técnicos equivalentes.

El texto también establece la inembargabilidad de los activos que componen las reservas internacionales. A su vez, especifica cuáles podrán utilizarse para su inversión, entre ellos el oro y otros activos financieros líquidos. Hasta ahora, esa protección estaba contemplada en la Ley de Convertibilidad de 1991.

La reforma habilita además el uso de reservas como garantía en operaciones propias de un banco central y exceptúa determinados contratos financieros internacionales de una limitación legal vigente.

Por último, la iniciativa concentra en el BCRA la regulación de los sistemas de pago y de las cámaras liquidadoras y compensadoras. También elimina una norma vinculada con la intervención cambiaria y otras disposiciones que permanecían vigentes desde el régimen de convertibilidad de los años 90.

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La tendencia negativa de Wall Street, donde se extendieron las ventas de bonos de la deuda de Estados Unidos y el petróleo concretó una nueva rueda alcista, impactaron otra vez sobre la valuación de los activos argentinos, junto con desalentadores datos macroeconómicos domésticos.

Mientras que los ADR argentinos retrocedieron a precios mínimos en cinco meses, un dólar más demandado marcó un récord y el riesgo país se aproximó a los 600 puntos básicos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1%, a 2.939.964 puntos, un mínimo desde el 21 de agosto, después de cuatro descensos consecutivos. Medido en dólares “contado con liquidación”, el panel de acciones líderes se acercó a los 1.800 puntos, el escalón más bajo desde el 16 de marzo.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se impusieron las bajas, encabezadas por Bioceres (-5,3%) y Telecom Argentina (-4,1%).

También bajaron de precio las compañías del sector petrolero como YPF (-0,7%, a USD 53,53) y Vista Energy (-2,8%), a pesar del el ascenso de 4,3% en el crudo Brent del Mar del Norte, negociado a USD 107,50 el barril para entregar en noviembre.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- revirtieron la suba de 0,4% en promedio hasta el mediodía, para pasar a una baja de 0,5% al cierre, mientras que el índice de riesgo país JP Morgan subió once unidades para la Argentina, en los 578 puntos básicos, máximo desde el 28 de abril, tras haber tocado los 557 puntos antes del mediodía.

“Los bonos soberanos argentinos profundizaron su desempeño inferior al del resto del mercado, con la presión nuevamente concentrada en el tramo largo de la curva”, indicó el equipo de Research de Adcap Grupo Financiero.

“El punto clave es que esto ya no responde únicamente a la dinámica de los bonos del Tesoro de Estados Unidos: incluso en ruedas en las que los Treasuries y la deuda de mercados emergentes operan prácticamente sin cambios, los bonos argentinos continúan perdiendo valor. A los rendimientos actuales, vemos poco margen para que el Tesoro regrese al mercado con nuevas emisiones de Bonares en la próxima licitación, lo que refuerza las restricciones de financiamiento en moneda dura”, añadieron desde Adcap.

Martín Mazza, director de MM Investment, explicó que “hay una diferencia importante entre que suban los bonos y que cambie estructuralmente el riesgo argentino. Para que la compresión sea sostenible, el mercado necesita ver acumulación de reservas, capacidad de refinanciamiento y menor incertidumbre sobre los dólares necesarios para pagar la deuda”.

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“El contexto internacional hoy juega mucho más de lo que parece. Con el Treasury largo nuevamente arriba del 5%, todos los activos necesitan ofrecer mayor retorno. Para Argentina eso implica que incluso haciendo las cosas bien localmente, el costo de capital puede permanecer alto por factores completamente externos”, apuntó Mazza.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec cayó un amplio 2,9% mensual desestacionalizado en julio, una baja mayor a lo esperado, con el débil desempeño de la industria y la construcción. Además, el Indec informó que la pobreza se ubicó en 32,3% y la indigencia en 7,5% durante el primer semestre de 2026. El dato implica un aumento de 4,1 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza se ubicó en 28,2 por ciento.

Las acciones estadounidenses recuperaron terreno ante el resurgimiento de las esperanzas de un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz, contrarrestando los temores inflacionarios y el aumento de los rendimientos de los bonos.

Los principales indicadores de las bolsas de Nueva York redujeron las bajas a un 0,3% en el índice Dow Jones de Industriales y cierres prácticamente neutros para el S&P 500 y el panel tecnológico Nasdaq.

La incertidumbre de los operadores continuó ante la venta de títulos de deuda: el rendimiento del bono del Tesoro de los EEUU a diez años avanzó cinco puntos básicos, a 5,16% anual, su nivel más alto desde 2007 después de que un barómetro económico de S&P mostrara un fuerte crecimiento empresarial, lo que aumentó las presiones inflacionarias. El rendimiento del bono a 30 años tocó su nivel más alto desde 2004.

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Las acciones de Wall Street redujeron sus pérdidas después de que Reuters informara que los negociadores estadounidenses e iraníes estaban trabajando en un plan para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el Estrecho de Ormuz.

Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL, expresó que “las bolsas de Nueva York atravesaron una rueda altamente volátil. recortando pérdidas iniciales pero cerrando prácticamente sin cambios en territorio neutral. El mercado se mantiene presionado por un ‘triple viento de frente macroeconómico’: la escalada sostenida en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, el repunte en los precios del petróleo por nuevos ataques en Medio Oriente y el endurecimiento de las expectativas monetarias de la Reserva Federal”.

Mientras tanto, la reunión del presidente norteamericano Donald Trump con el líder chino Xi Jinping siguió como el evento clave a seguir en los mercados. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que Estados Unidos y China acordaron extender su tregua comercial por dos meses más, hasta el 10 de enero, dejando la competencia en inteligencia artificial, la guerra en Irán y los minerales críticos como los principales temas a tratar. Varios directores ejecutivos de importantes empresas tecnológicas estadounidenses se unieron a la comitiva de los líderes.

Nuevo récord para el dólar

Con un monto de operaciones algo reducido respecto a recientes ruedas, por USD 486,2 millones en el segmento de contado, la demanda privada empujó nuevamente al tipo de cambio a valores máximos nominales.

El dólar mayorista sumó 3,50 pesos o 0,2%, a $1,519,50, para avanzar en septiembre once pesos o 0,7%, una tasa que igualmente luce perdedora respecto de la inflación prevista.

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“Ya sobre la última media hora, tras alcanzar los $1.521, apareció una oferta más importante que no solo logró contener la cotización, sino que también permitió una descompresión sobre el cierre”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista subió 5 pesos, cerca de los 6 pesos de aumento final de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.911,44 pesos. El dólar mayorista se ubica a 391,94 pesos o 25,8% del límite de flotación.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista rompió así una serie de seis sesiones operativas en la cuales se mantuvo en los 1.535 pesos.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.538,39 para la venta y $1.486,50 para la compra. El dólar blue permaneció ofrecido a 1.560 pesos.

El BCRA compró USD 8 millones en el segmento spot, el 1,6% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas resignaron USD 88 millones, a USD 48.845 millones, el stock más bajo de septiembre, en una sesión con baja de 0,2% en la cotización del oro, a USD 4.309,10 la onza.

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