Una quincena de diputados del oficialismo presentó esta mañana una denuncia penal contra su par y excolega de bloque Marcela Pagano (Coherencia) por “omisión maliciosa de datos en la declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, y enriquecimiento ilícito de funcionario público”.

La demanda incluye a la pareja de Pagano, el abogado Franco Bindi, como “instigador y cómplice necesario” de esos delitos.

La presentación, impulsada por los diputados Lilia Lemoine, Celeste Ponce, Santiago Santurio, entre otros, fue radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal, considerado competente para investigar delitos cometidos por funcionarios nacionales en ejercicio de sus funciones.

“El núcleo indestructible de la presente denuncia reside en tres hechos objetivos que surgen de las propias declaraciones juradas de la diputada Pagano: la desaparición sin trazabilidad del ‘depto. 2011′ a lo largo de tres instrumentos sucesivos; la omisión total y reiterada de los bienes de su conviviente el Sr. Franco Agustín Bindi pese a la obligación legal expresa; y la declaración ficticia de una tenencia en divisas inmutable a lo largo de dos años de intensa actividad patrimonial, consignada además con una fecha de origen manifiestamente imposible –advierten los denunciantes-. Ninguno de estos hechos requiere prueba adicional para ser constatado: emergen de la lectura comparada de documentos públicos emitidos por la propia Oficina Anticorrupción”.

En las últimas semanas, el Gobierno había adelantado que lanzaría un ataque sobre los diputados opositores como parte de su defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de su crecimiento patrimonial y viajes al exterior, y para escudarlo durante el informe de gestión que presenta hoy en el Congreso. Para ello, el oficialismo había activado una investigación sobre las declaraciones juradas de los legisladores rivales.

Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza y denunciante de Adorni (fue quien presentó la denuncia penal por la adquisición de la casa en el country Golf Club Indio Cua, de Exaltación de la Cruz), asomaba como objetivo claro de esa misión del oficialismo.

Sin embargo, Pagano no estaba en la Cámara baja cuando Adorni inició su informe de gestión. Según indicaron a cerca de la diputada, se trasladó a los tribunales federales de Comodoro Py “para aportar más elementos sobre el enriquecimiento ilícito” que se le atribuye al jefe de Gabinete.

La “funcionaria electa por el pueblo habría utilizado los recursos y las facultades que le confiere su mandato parlamentario para enriquecerse a expensas del erario público, valiéndose de su conviviente y padre de su hija —el Sr. Franco Agustín Bindi— como instrumento central del mecanismo», denunciaron los libertarios, advirtiendo que habría intentado ocultar ese crecimiento patrimonial presentando “declaraciones juradas patrimoniales sistemáticamente incompletas, omitiendo bienes propios al momento de asumir el cargo y los bienes de su grupo familiar conviviente”.

Es más, los libertarios sostienen que Bindi está vinculado con funcionarios de Venezuela, Rusia y Bolivia, por lo que interpretan que existe “la posibilidad de que el enriquecimiento ilícito denunciado tenga, al menos en parte, financiamiento de origen extranjero”.

La presentación guarda algunas singularidades. Por ejemplo, denuncia que Pagano no consignó precisiones en sus declaraciones juradas que, a las luz de las últimas revelaciones, tampoco Adorni habría cumplimentado. “Su ausencia total en los tres instrumentos públicos presentados configura prima facie la omisión maliciosa de datos prevista en el art. 268(3) CP”, señalan los diputados libertarios.

La situación se repite ante los bienes de Bindi. “La omisión sistemática de los bienes del conviviente en tres instrumentos sucesivos configura la conducta tipificada en el art. 268(3) CP y la infracción al deber impuesto por el art. 6 inc. c) de la Ley N° 25.188″, enfatizan los denunciantes.

Sobre ese punto había puesto la lupa Pagano al denunciar la compra de la casa en Exaltación de la Cruz a nombre de la mujer de Adorni. De hecho, el anexo reservado donde el jefe de Gabinete debe consignar el patrimonio de Bettina Angeletti fue incorporado con demoras ante la Oficina Anticorrupción, luego de que se revelara la compra de la casa del country.

La denuncia de los libertarios incluye una acusación adicional contra Pagano: menciona a cuatro personas contratadas como personal de apoyo por la diputada en la Cámara baja, las relaciona con empresas de Bindi y presuntos agentes de inteligencia, y afirma que “una vez percibidos sus honorarios con fondos del erario público, estas personas habrían reintegrado total o parcialmente dichos montos” a Bindi y Pagano.

En una sesión atravesada por el intento de la oposición de exponer a Manuel Adorni por su situación judicial y patrimonial, los principales aliados del Gobierno en el Congreso optaron por otro camino: evitaron cualquier referencia a los temas más sensibles y concentraron sus intervenciones en reclamos de gestión vinculados a sus provincias.

Ninguno de los bloques que habitualmente le garantizan votos al oficialismo -Pro, la UCR, el Movimiento Integración y Desarrollo y los espacios provinciales- preguntó por el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, los gastos en viajes o las causas que lo involucran. Tampoco hubo menciones a otros expedientes incómodos para el Gobierno, como el caso $LIBRA o la investigación en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El silencio más llamativo fue el de Pro: directamente no tomó la palabra. La UCR, en tanto, tuvo una única intervención. El correntino Diógenes González evitó cualquier cuestionamiento político y se limitó a señalar la falta de obras en el norte del país. En términos generales, planteó que “no se mencionaron obras” para su región, y pidió atender corredores productivos y turísticos.

El mismo esquema se repitió en el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). El bonaerense Eduardo Falcone centró su intervención en la paralización de obras viales, en particular en la ruta 5, sin avanzar sobre el frente judicial del funcionario. Oscar Zago, el frontman del espacio, evitó aparecer en escena.

El interbloque “Fuerza del Cambio”, integrado por los espacios anteriores, contó con 20 minutos para preguntar. Lo completaron Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y José Garrido (Santa Cruz), quienes también evitaron la confrontación directa.

Banfi, por ejemplo, apuntó a problemas en la asignación de subsidios en Bahía Blanca. Señaló errores en el cruce de datos y pidió una revisión administrativa: dijo que hay beneficiarios “rechazados sin explicación” e incluso casos en los que el sistema los dio por fallecidos. También reclamó saber qué pasó con un remanente de fondos del programa.

Desde espacios aliados con mayor autonomía, el tono fue algo más crítico, aunque sin correrse del eje de gestión.

La santafesina Gisela Scaglia, jefa del bloque Provincias Unidas y cercana al gobernador Maximiliano Pullaro, cuestionó el estado de las rutas nacionales y la falta de definiciones sobre retenciones. Advirtió que algunos corredores concentran alta siniestralidad y pidió un plan concreto: planteó que “se necesita saber cuál es la estrategia” y reclamó previsibilidad para el sector agropecuario.

Su bloque contó con la ausencia del radical Martín Lousteau.

El comportamiento fue similar en los bloques provinciales. Los diputados de Innovación Federal -alineados con el poder político de los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta)- evitaron cualquier referencia a Adorni y enfocaron sus intervenciones en demandas locales.

El misionero Alberto Arrúa cuestionó el alcance de un plan de control fronterizo y advirtió que cubre una porción mínima del territorio. Además, pidió definiciones para el sector yerbatero: en síntesis, reclamó un plan para asistir a “más de 12.500 familias” afectadas por la desregulación.

En la misma línea, Yamila Ruiz exigió precisiones sobre obras comprometidas por la Nación. Reclamó fechas concretas de inicio y finalización, y volvió a poner sobre la mesa un reclamo histórico: una zona aduanera especial para compensar las asimetrías con Brasil y Paraguay.

Referentes del centro político como Miguel Pichetto y Nicolás Massot no participaron del debate. Pichetto, de hecho, justificó su decisión en redes sociales y cuestionó el clima de la sesión, al que calificó como “un acto inédito” con el oficialismo movilizado en bloque. “Convertir a la Cámara de Diputados en un espacio de barrabravas es un escalón más abajo en la decadencia de las instituciones argentinas”, dijo. Y concluyó: “Más allá del resultado judicial, la figura del jefe de gabinete ha perdido toda relevancia y autoridad institucional”.