28 acusados, un emperador sorpresivamente ausente, una nación dolorido y en vilo, muchísimos harakiris, un hombre que enloquece en medio del proceso, 18 condenados a larga penas de prisión y siete llevados a la horca.

La historia no suele recordarlo, ni siquiera tiene un nombre propio en el inconsciente colectivo. 80 años atrás comenzó en Tokio el juicio contra los jerarcas japoneses responsables de la Segunda Guerra Mundial. Se lo llamó el Nuremberg Japonés. Pese a que no es tan célebre ni referido como su antecesor alemán, este juicio muestra matices más interesantes y ofrece mayores contradicciones y ambigüedades.

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El tribunal a cargo llevó un nombre pomposo, marcial: Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente.

A partir de septiembre de 1945, el General MacArthur y otros jefes norteamericanos en Japón se pusieron en marcha para cumplir lo que había decidido los líderes de las potencias vencedoras en sus encuentros en Teherán, Yalta y Postdam: juzgar a los jerarcas de las naciones derrotadas.

En Nuremberg se sentarían los líderes máximos, casi indiscutibles. En Tokio la lista inicial era muy extensa y poco representativa. MacArthur pretendía que cada uno de los estamentos importantes de los que participaron en la guerra estuvieran representados en el banquillo de los acusados. Los soviéticos tenían cuestiones personales. No iban a permitir que se dejara en libertad a aquellos que habían sido en extremo hostiles o crueles con ellos. Deseaban vengarse. Sus socios, para evitar disputas en el bando ganador, le dieron el gusto.

Primeros ministros, cancilleres, ministros, jefes de las distintas armas y hasta un civil acusado de ideólogo. Los elegidos, los señalados, fueron 28. Muchos de los que integraban las listas posibles no llegaron al juicio: varios de los prominentes líderes militares prefirieron el harakiri al deshonor de la derrota.

Era evidente que en esa lista, profusa y repleta de hombres célebres en su tiempo y que habían detentado un poder enorme, faltaba alguien: el emperador Hirohito.

No fue un olvido casual sino deliberado. También quedó fuera de los juzgados todo miembro de la familia imperial japonesa. Hirohito era considerado una divinidad. El mensaje radial en el que informó a su pueblo la capitulación fue la segunda vez en que los japoneses escucharon su voz. La mayoría de los historiadores coinciden que el emperador conocía las grandes decisiones de sus primeros ministros y de sus generales y que prestó su anuencia a las más importantes.

Pero nadie quiso bajarlo del trono al estrado. MacArthur buscó alejarlo de los juicios desde el principio. Con ese movimiento, intentaba darle legitimidad a la ocupación norteamericana y preservar al menos esa institución y tradición japonesa. MacArthur utilizó al emperador y a la institución imperial para conseguir más poder, para poder manejar a ese Japón de posguerra. Los abogados defensores recibieron instrucciones para que los acusados desligaran a Hirohito de las decisiones. Ni siquiera dejaron que fuera citado como testigo.

El modelo obvio del juicio fue Nuremberg. No sólo en la parte operativa y logística. También en sus motivaciones y fundamentos. Más allá de tener como fin castigar a los líderes que llevaron a Japón a la guerra, un objetivo primordial era contarle a Japón (y a los japoneses) y al mundo lo que había sucedido, dar a conocer el panorama general y los hechos (desde el punto de vista de los Aliados) que habían quedado tapados en el fragor de la contienda bélica.

Uno de los fiscales dijo: “El Juicio fue una de las fases más importantes de la ocupación. Recibió gran cobertura en la prensa japonesa y reveló a millones de personas por primera vez muchos sucesos que desconocían y entender otros que les habían sido retaceados”.

Las primeras disputas fueron alrededor de la nacionalidad de los jueces. Los juristas locales exigían que los juzgadores fueran japoneses. Estados Unidos se opuso de manera terminante.

El proceso quedó a cargo de un tribunal internacional. El presidente era Jim Webb, un jurista australiano. Los otros integrantes provenían de diversas nacionalidades, de potencias vencedoras y de países que habían sufrido la agresión nipona. Los jueces provenían de Estados Unidos, Inglaterra, Unión Soviética, China, India, Filipinas, Canadá, Nueva Zelanda, Francia y Países Bajos. La fiscalía estuvo a cargo de un norteamericano. Los abogados defensores provenían de Japón y de Estados Unidos.

Los cargos se dividieron en cuatro grandes grupos de delitos: los delitos contra la paz y crímenes de guerra, los delitos contra la humanidad, genocidio (la extinción de un grupo étnico) y complot en guerra (atentar contra la paz interior de un país soberano).

El sitio en el que se llevó a cabo había sido una academia militar y en los últimos tiempos de la guerra, la sede del Estado Mayor Conjunto. Más allá de su valor simbólico fue elegido porque se trataba de una anomalía en esa Tokio desolada, llena de escombros y tierra. Fue uno de los pocos grandes edificios que quedó en pie y mantuvo su lujo original. La sala era imponente, gigantesca. Albergaba a más de cien abogados defensores, los jueces, los colaboradores, los intérpretes, mecanógrafos, asistentes y a los 28 acusados.

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La lista la encabezaba Hideki Tojo, el primer ministro de prominentes bigotes que lideró al país durante casi toda la guerra. Cuando el 11 de septiembre de 1945 los soldados norteamericanos ingresaron a su casa para apresarlo, Tojo se pegó un tiro en el corazón. Pero el disparo falló. Destrozó su estómago y lastimó otros órganos, casi se desangra; a pesar de eso los doctores lograron salvarle la vida. “Lamento mucho que me tome tanto tiempo morir. La guerra fue justificada. Espero el justo juicio de la historia. Quería suicidarme, pero eso, a veces, falla”, dijo. Estados Unidos centró sobre Tojo, entre otras acusaciones, la de ser el responsable último del ataque a Pearl Harbor.

Luego hubo primeros ministros, los que estaban a cargo de las ocupaciones en China y en Filipinas, los embajadores ante los otros países del Eje y los jefes de las fuerzas armadas.

Shumei Okawa, el único de los acusados que no había sido militar ni funcionario, llamado el Goebbels japonés, parecía un Modigliani. Alargado, anteojos redondos, la mirada perturbada, una sonrisa inquietante y ondulada. Negaba la legitimidad del tribunal, sostenía, muchas veces a los gritos, que todo se trataba de una farsa. Estaba acusado de ser uno de los ideólogos que condujo a Japón a la guerra. Filósofo y escritor de una enorme erudición era un nacionalista que sostenía que el choque entre las civilizaciones era inevitable, y que Japón, junto a otros países asiáticos, debía enfrentarse y derrotar a Estados Unidos y Occidente. Durante su vida pública estuvo cerca del poder y participó en varios golpes de estado.

En las primeras audiencias su conducta empezó a llamar la atención. Había algo más que indignación en sus frecuentes gritos de Esto es una comedia y similares. En algunas ocasiones asistió en pijama, en otras descalzo. Tal vez, el límite del tribunal se quebró el día que Okawa se puso de pie y utilizó la cabeza pelada del ex primer ministro Hideki Tojo mientras gritaba en un perfecto alemán: “Vamos Indio, vamos”. El psicólogo oficial certificó que no se encontraba en sus cabales y los jueces lo declararon inimputable y lo enviaron a un hospital psiquiátrico. A los pocos meses, Okawa estaba en su casa. En los años posteriores encaró una impecable (según dicen) traducción del Corán al japonés, una de las pocas existentes. Son muchos los que creen que Shumei Okawa simuló su locura para librarse de la condena.

Entre los 419 testigos, las miles de pruebas, los alegatos y la escritura de una sentencia de casi 1800 páginas, el proceso se extendió por dos años y medio cuando inicialmente habían calculado una duración de seis meses nada más. La lectura de la sentencia llevó casi una semana y cada sesión se transmitió por radio. Pese a lo farragoso del texto jurídico concentró la atención de los japoneses. Los ciudadanos nipones recibieron las sentencias con pesar y fatalismo, como un nuevo e innecesario recordatorio de que la guerra había sido perdida. “En lugar de ayudar a los japoneses a comprender y a aceptar su pasado, el juicio los dejó con una actitud de cinismo y resentimiento. De todas maneras, se debe tener en cuenta que condenar al juicio no es negar la culpa japonesa”, escribió Ian Buruma en su notable libro El Precio de la Culpa.

Antes de iniciar el proceso, los jueces se pusieron de acuerdo en respetar las mayorías y que a pesar de las diferencias, cada decisión saliera a la luz como si hubiera sido unánime para no mostrar resquicio, para no afectar la legitimidad de un juicio que recibía múltiples cuestionamientos. Los jueces de diferentes orígenes deliberaron arduamente. Hubo en la sentencia votos en disidencia pese a que había un compromiso previo de acompañar a las mayorías. El magistrado filipino sostuvo que el tribunal carecía de validez. El holandés, por su parte, se quejó amargamente de la ausencia de Hirohito. Otro dejó constancia de que el proceso ignoraba el bombardeo a Tokio y las dos bombas atómicas, hechos que configuraban delitos similares a los tratados allí. La sentencia recibió críticas de juristas japoneses y extranjeros por considerar que se trató de “justicia de vencedores”. Otros creen que la sentencia fue ecuánime y que los acusados no vieron conculcado su derecho de defensa aunque en estos casos nunca pueda dejarse de lado el aspecto político de la cuestión.

Pese a que el modelo fue Nuremberg, las acusaciones no fueron similares. William Webb, el australiano presidente del tribunal, reconoció que los que estaban en el banquillo no eran sólo unos nazis con rasgos orientales: “Los crímenes de los reos alemanes eran mucho más abominables, variados y amplios que los de los acusados japoneses”. Esto no significa que los japoneses no hayan cometido actos atroces y abominables desde antes de la guerra como la Matanza de Nanking, el programa de experimentos científicos con humanos (Unidad 731), uso de armas químicas, matanza de civiles y el trato cruel con los enemigos, prisioneros y habitantes de las tierras ocupadas y arrasadas. Los del Juicio de Tokio fueron condenados por delitos contra la paz y no contra la humanidad como los alemanes. Sin embargo, al contrario que en Nuremberg, los 25 que llegaron a la sentencia (dos murieron en el medio y Okawa fue declarado inimputable) recibieron condenas severas. 7 a muerte, 16 a cadena perpetua, 1 prisión por 20 años y otro sólo por 7 años.

Los 7 condenados a muerte fueron ejecutados en la prisión de Sugamo. Algunos de ellos pidieron ser fusilados. Creían que esa era una forma más noble de morir. Las autoridades aliadas no lo permitieron. Los ahorcaron de madrugada.

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Los restos de varios de ellos -de los detenidos y de los ejecutados-, tiempo después de su muerte, fueron enterrados en el Santuario de Yasukuni, el cementerio oficial de los grandes guerreros de Japón.

Los otros 18 condenados estuvieron en prisión hasta que a los pocos años comenzaron a recibir conmutaciones de la pena e indultos.

Hirohito no se expidió sobre los juicios. Continuó siendo emperador hasta el día de su muerte en 1989.

Japón sorprendió al mundo con su recuperación económica y social. Se integró al mundo deslumbrando con sus avances tecnológicos y manteniendo tradiciones.Habiendo aprendido del pasado pero sin quedar atado a él, con los ojos puestos en el futuro.

El edificio en el que tuvieron lugar las audiencias fue demolido. La cárcel de Sugamo tampoco sigue en pie. Contrariando los augurios y recomendaciones de manosantas y videntes por su pasado trágico, a mediados de la década del setenta, en ese terreno, se construyó un moderno rascacielos. Lo bautizaron Sunshine 60.

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En el marco del Día del Trabajador, el presidente Javier Milei eligió las redes sociales como canal principal para su mensaje y difundió un video animado en el que resume los ejes centrales de su gestión.

La pieza muestra a un personaje con su rostro construyendo la silueta del país con bloques celestes y blancos, en una estética inspirada en juegos de construcción. Sobre cada uno de esos bloques aparecen consignas que sintetizan la agenda oficial: “Más Libertad”, “Baja Inflación”, “Menos Ministerios”, “Reforma Laboral”, “Apertura Económica” y “Fin de los piquetes”.

El video concluye con dos frases que funcionan como cierre conceptual: “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez” y “Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”. Acompañando la publicación, el mandatario escribió un breve mensaje: “Feliz Día del Trabajador. MAGA! VLLC!”.

FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR.
MAGA!
VLLC! pic.twitter.com/qQ4VllqtuE

— Javier Milei (@JMilei) May 1, 2026

La sigla “MAGA” remite a “Make Argentina Great Again”, una adaptación del eslogan utilizado por el ex presidente estadounidense Donald Trump, mientras que “VLLC” sintetiza su ya conocida consigna “Viva la libertad, carajo”.

La difusión del contenido se dio en un contexto de fuerte tensión con el sindicalismo. En la previa del 1° de mayo, la Confederación General del Trabajo encabezó una movilización a Plaza de Mayo en rechazo a las políticas económicas del Gobierno y advirtió sobre el impacto social del ajuste.

Desde la Casa Rosada, sin embargo, evitaron darle centralidad a la protesta. Milei no participó de actividades oficiales en Buenos Aires y viajó a Mar del Plata para visitar el portaaviones USS Nimitz, en una actividad organizada junto a autoridades de Estados Unidos.

Javier Milei visitó el portaaviones nuclear USS Nimitz que se encuentra en el Mar Argentino

En paralelo, el Gobierno obtuvo en los últimos días un avance judicial en relación con la reforma laboral, uno de los puntos mencionados en el video. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa impulsada por la CGT se tramite en ese fuero, lo que representó un revés para los gremios.

En ese escenario, el mensaje del Presidente buscó reforzar su narrativa de gestión y sostener sus principales banderas, en una fecha atravesada por la confrontación política y sindical.

La entrada Javier Milei en versión lego: el video que difundió el Presidente por el Día del Trabajador se publicó primero en Nexofin.

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A pocos días de comenzado el año, la cúpula del Gobierno dejó trascender a que tenían una meta informal en materia de política fiscal y de gestión: reducir un 10% de la dotación estatal durante el primer trimestre. Esto no se concretó en los hechos y tiempo después el objetivo se reconvirtió con un nuevo horizonte, fines de 2026.

Se trata de un objetivo ambicioso. En particular, porque hubo un recorte sustencial de la dotación en los primeros dos años de la administración Milei. La profundización de la misma ya genera ciertos reparos entre algunos ministros, que reconocen que el margen para seguir acotando el personal es fino si es que no se quieren desnaturalizar las tareas de áreas u organismos clave.

El Informe de Gestión N° 145 que presentó la Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados esta semana da cifras oficiales y magnifica lo hecho hasta entonces. En el universo de las empresas públicas, la reducción total entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 fue de 18.278 empleados, con una caída desde 91.166 a 72.888 puestos. En el conjunto de ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional (APN), la merma alcanzó los 37.972 agentes sobre un total de 205.550, lo que equivale a una contracción del 18,5% en el período.

El sector del Ejecutivo que tiene la responsabilidad de la planificación de la política de empleo estatal es el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y que reconoció en una de las respuestas que no hay prevista una meta cuantitativa de despidos para 2026.

“Las reducciones de personal no responden a una meta cuantitativa fija, sino que se producen de manera gradual, a medida que se avanza en el análisis detallado de cada área u organismo. Dicho análisis evalúa la existencia de superposiciones de funciones entre dependencias y si dichas funciones relevadas corresponden efectivamente a cometidos propios del Estado Nacional con sustento normativo de rango legal”, respondió la cartera en uno de los casos.

El proceso de evaluación sobre la dotación estatal llevó a la salida de casi 56.250 trabajadores entre empresas públicas y organismos del Estado. De querer desplazar al 10% de la dotación, deberían desplazar a cerca de 17.000 agentes solo en la APN y 7.000 en las empresas públicas.

La respuesta oficial, incluida en el informe parlamentario presentado esta semana, establece con precisión el criterio rector: cuando el análisis concluye que las funciones de un área se superponen con las de otra dependencia, o que no constituyen responsabilidades propias del Estado nacional con respaldo legal, se dispone la discontinuación de esa área y la desvinculación del personal afectado.

Cuando, en cambio, se trata de funciones indispensables previstas en una norma legal, se determina la dotación mínima necesaria para prestarlas de manera eficiente, con base en el volumen de trabajo y los procesos asociados. La política, según el texto oficial, es de adecuación funcional y racionalización organizacional, no de ajuste por cupo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ordenó a los ministerios reducir un 2% los gastos corrientes y un 20% los gastos de capital (inversión/obra pública) para sostener el “déficit cero”. Tal y como informó oportunamente Infobae, hay ministros que no ocultan incomodidad por la medida, ya que el margen para cumplir con el objetivo informal de 10% es reducido.

Las empresas que encabezan la motosierra

Datos públicos publicada en el Anexo de la Pregunta N° 153 del Informe de Gestión, el Correo Oficial de la República Argentina encabeza la lista de empresas con mayor reducción en términos absolutos: perdió 4.891 empleados, con una caída desde 16.879 hasta 11.988. Le sigue la Operadora Ferroviaria S.E. (Trenes Argentinos Operaciones), que pasó de 23.875 a 20.138 agentes, con 3.737 puestos menos. Aerolíneas Argentinas registró una baja de 1.838 puestos, de 11.617 a 9.779, mientras que Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) redujo su planta en 1.667 empleados, de 7.680 a 6.013.

Un caso particular es el de Desarrollo del Capital Humano Ferroviario (DECAHF), que eliminó la totalidad de su planta: los 1.425 empleados que registraba en diciembre de 2023 no tienen continuidad en febrero de 2026. En términos proporcionales, la Agencia de Publicidad del Estado redujo su dotación un 78,5%, de 790 a solo 170 agentes. Otras empresas con bajas relevantes fueron Casa de la Moneda (-682), Corredores Viales (-640) y la Agencia de Publicidad del Estado (-620).

No todas las empresas mostraron caídas. Ferrocarriles Argentinos S.E. (FASE) sumó 419 empleados en el período (aunque por el reordenamiento que hubo de las empresas públicas ferroviarias), Radio y Televisión Argentina (Canal 7) incorporó 147, e Intercargo registró una leve suba.

Los organismos con mayores caídas porcentuales

Entre los organismos de la APN, el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) registró la mayor contracción proporcional: un 58,5%, con 377 puestos menos, de 644 a 267 agentes. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) cayó un 49,1%, de 275 a 140 agentes, y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) perdió el 48% de su dotación, de 508 a 264 empleados.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) disminuyó un 44,9%, con 335 puestos menos. El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) registró una baja del 43,1%, y el Fondo Nacional de las Artes (FNA) perdió el 41,3% de su personal. Los dos ministerios con mayor peso absoluto en esta franja fueron el Capital Humano, con una caída del 40,8% (-5.483 empleados), y el de Economía, con un 40,5% menos (-5.313 agentes).

El ENACOM perdió el 39,7% de su plantilla, otro dato que ilustra la profundidad del proceso en organismos regulatorios y de control.

En el otro extremo, el Ministerio de Seguridad sumó 442 agentes, un incremento del 45% respecto de su dotación inicial. El Ministerio de Justicia incorporó 129 empleados, la Procuración del Tesoro 48, y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) casi triplicó su planta, de 33 a 97 agentes.

Organismos bajo revisión sin decisiones cerradas

El informe incluye respuestas de varias carteras que grafican el estado actual del proceso.

En el caso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el organismo pasó de 5.391 agentes en diciembre de 2023 a 4.497 en marzo de 2026, con 894 desvinculaciones en el período. El informe precisa que esas bajas se enmarcan en el Decreto 1149/24 y sus modificatorias, que establecen restricciones al ingreso de personal en el sector público, y que no existe un plan específico y autónomo de reducción para el organismo.

Dos respuestas del informe merecen atención por su especificidad. El Ministerio de Defensa salió al cruce de versiones sobre posibles desvinculaciones masivas en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La cartera negó que se vaya a desvincular a 500 trabajadores experimentados, aunque por estas semanas se efectivizó el despido de 240 trabajadores sin un plan de transición para comprar maquinarias que puedan suplir el trabajo de los desplazados.

La Cancillería, por su parte, explicó que en 2025 no convocó a un nuevo proceso de ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) porque un análisis interno concluyó que la dotación vigente y las necesidades de servicio no lo hacían imprescindible. El organismo continuó con las actividades de capacitación y perfeccionamiento de los diplomáticos ya incorporados.

En el sistema ferroviario, la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSA) pasó de 23.833 empleados en diciembre de 2023 a 19.913 al 7 de abril de 2026, una reducción de 3.920 puestos. El Ministerio de Economía aclaró que no tiene previsto modificar la modalidad de contratación de los servicios de limpieza y control de pasajes.