POLITICA
La Cámara de Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa por la contratación de los seguros del Estado

La Cámara Federal de Casación anuló ayer el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa en la que estaba siendo investigado por la contratación de seguros del Estado en beneficio de empresarios amigos suyos.
El fallo es de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, que conformaron una mayoría, con la disidencia del camarista Gustavo Hornos, que votó por dejar firme el procesamiento del expresidente.
De esta manera, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de la defensa de Alberto Ángel Fernández.
Anuló así la resolución que había confirmado su procesamiento en la causa y ordenó que la Cámara Federal dicte un nuevo pronunciamiento.
La razón por la que Borinsky y Carbajo anularon el procesamiento es que el fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, entendió que no había elementos para procesar al expresidente.
Cuando la causa llegó a la Cámara de Casación, el fiscal ante ese tribunal, Raúl Pleé, sostuvo lo contrario y reclamó confirmar el procesamiento, pero Borinsky y Carbajo entendieron que no correspondía porque la causa ya no tenía impulso de la fiscalía. Sin acusación, la imputación no puede prosperar.
La causa investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por organismos del Estado a partir del Decreto 823/2021, que centralizó esas operaciones en Nación Seguros S.A.
Según las constancias del caso, el esquema habría permitido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado y posible perjuicio estatal.
Se trata de un expediente de alto impacto público, en el que Alberto Fernández había sido procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, con un embargo por $14.634.220.283,68 y donde se dispuso la prohibición de salida del país.
Borinsky sostuvo que no existió controversia entre la defensa de Fernández y la fiscalía, ya que ambos habían pedido revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.
Al no existir una controversia entre el fiscal y la defensa, (ya que ambos pedían la falta de mérito), los jueces de la Cámara Federal confirmaron el procesamiento sin una “base acusatoria suficiente”.
Así vulneraron el debido proceso y la garantía de imparcialidad. En términos jurídicos, violaron el principio de que “no hay juez sin acusador”, argumentaron.
Para el magistrado, la confirmación del procesamiento por parte de la Cámara Federal implicó resolver en exceso la pretensión de la acusación y afectó el principio acusatorio y el del debido proceso.
En esa línea, Borinsky remarcó que la intervención posterior del fiscal general ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, no subsanaba el problema.
Según su voto, el dictamen de Pleé no ofreció razones concretas, ajustadas al caso, que justificaran apartarse de la postura fiscal anterior.
Dijo Borinsky que se apoyó en invocaciones generales al principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal y no alcanzó para sostener la inadmisibilidad ni el rechazo del recurso defensista.
Carbajo adhirió a Borinsky y consideró que el fallo de la Cámara Federal que había confirmado el procesamiento había sido dictado “en exceso de la pretensión oportunamente expuesta por la acusación”.
Por eso propuso hacer lugar al recurso de Casación del expresidente, anular su procesamiento y devolver el expediente a la Cámara Federal para que dicte un nuevo fallo.
El voto de Gustavo Hornos fue en disidencia respecto de Fernández. Hornos propuso declarar inadmisible el recurso.
Para él el fallo que confirmaba el procesamiento no es una sentencia definitiva ni equiparable a tal, por lo que no correspondía que interviniera la Cámara Federal de Casación.
Además, entendió que la defensa no había demostrado un agravio actual de imposible o tardía reparación ulterior.
Hornos también argumentó su voto relacionando la falta de acusación fiscal. Dijo que Pleé había propiciado que el recurso era inadmisible y por ende que debía ser rechazado para que el proceso siguiera adelante.
A partir de ahí entendió que quedaba descartada la existencia de una cuestión federal suficiente. Según su criterio, la postura de Pleé sostenía la acusación y bastaba para avanzar con la causa
Para Hornos, el dictamen de Pleé, fundado en la unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal y en la necesidad de investigar delitos de corrupción estatal, permitía descartar la violación del principio acusatorio y justificaba declarar inadmisible el recurso de Fernández, para dejar firme su procesamiento.
El camarista dijo que el procesamiento dictado sin prisión preventiva y confirmado por la Cámara de Apelaciones se encontraba “suficientemente fundado en derecho y en las constancias de la causa”, en relación con los hechos investigados.
Hornos describió la maniobra, habló de un “esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales”.
Y detalló que “habría operado mediante el aprovechamiento de la centralización dispuesta por el Decreto 823/2021, lo que permitió la indebida incorporación de intermediarios y coaseguradoras privadas”.
“Ello habría derivado en el pago de comisiones superiores a las de mercado y en la eventual contratación de servicios innecesarios o sobrefacturados, con el consiguiente perjuicio económico para el Estado”, escribió.
A pesar de este fallo, los recursos de los otros imputados Diego Nicolás Rosendi, Agustín Beraldi y Bri Brokers S.A. fueron declarados inadmisibles, según la mayoría que conformaron Carbajo y Hornos.
Sin embargo, en la práctica, la anulación del procesamiento del expresidente abre una puerta para estos imputados. Borinsky advirtió que al tener que dictar un nuevo pronunciamiento, la Cámara Federal deberá “examinar el alcance que corresponda asignar a lo aquí resuelto respecto de los adherentes, según las particularidades de cada uno, su situación procesal y el grado de conexidad o identidad de agravios”.
Es decir, aunque la Cámara de Casación no los desvinculó de manera automática, obligó a la Cámara Federal a revisar si esta anulación alcanza a Rosendi, Beraldi, Bri Brokers S.A. y al resto de los acusados en el expediente.
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POLITICA
Interna macrista: en la Ciudad le bajan el precio al desafío de Fernando De Andreis y ya apuntan contra el líder de Pro

El diputado y secretario general de Pro, Fernando de Andreis, mano derecha de Mauricio Macri, manifestó el martes su ambición de competir por la jefatura de gobierno porteña, y no descartó enfrentar a Jorge Macri en 2027. En la gestión de la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, varios leyeron el anuncio como una jugada del expresidente para presionar a su primo, con quien está enfrentado. Ningún funcionario o dirigente cercano al alcalde espera que De Andreis termine postulándose.
En este sector hubo malestar e indignación, pero sobre todo descreimiento. También se escucharon reproches a Mauricio Macri por el desplante.
Dirigentes alineados con Jorge Macri interpretaron que el “lanzamiento” de De Andreis podría ser un movimiento del líder de Pro contra el alcalde, en especial “como parte de las negociaciones previas a las definiciones y cierres”, tanto entre ellos dos como con La Libertad Avanza, el espacio con el que el partido discute un acuerdo electoral para 2027. Otros descartaron esta lectura.
Los que abonan a aquel análisis sospechan que el expresidente habría puesto esta candidatura sobre la mesa para retirarla después y así obtener algo a cambio en la negociación. Incluso la compararon con el caso del exministro de Hacienda Hernán Lacunza, quien se presentó como precandidato presidencial por Pro sin que Mauricio Macri diera aún su aval público.
De Andreis es, junto con Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados de Pro, uno de los interlocutores de esas conversaciones. Tanto en el macrismo como en La Libertad Avanza aseguran que la negociación para la Capital, bastión histórico del partido, la cerrará Mauricio y no Jorge. Mientras tanto, los libertarios porteños siguen cuestionando la gestión local.
Los cortocircuitos entre los primos continúan, y esta suerte de lanzamiento es una muestra de ello. De hecho, el blanqueo de De Andreis escala el conflicto: a través de un hombre de su máxima confianza, el líder de Pro le está plantando públicamente una competencia en el distrito al jefe de gobierno. La mano derecha de Macri sugirió que aún “falta” tiempo para saber si el expresidente lo va a apoyar. Y dijo que podría anotarse en la contienda en 2027 o 2031.
Además, el diputado sostuvo el martes que “lo de la carpa VIP” de la misa del papa León XIV ante el Monumento de los Españoles, a la que el gobierno de la Ciudad invitó a famosos, “estuvo mal”. Responsabilizó al jefe de gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, por el asunto. Este funcionario ingresó a la gestión porteña respaldado por el líder de Pro, pero hoy está alineado con la administración de Jorge Macri.
“Nadie se lo toma en serio”
El jefe de gobierno ya anunció hace tiempo su ambición reeleccionista. En las filas del expresidente dejaban trascender que Mauricio Macri podría apoyar a otro candidato. Pero el martes fue la primera vez que un posible aspirante lo expresó a viva voz.
Un dirigente histórico de Pro trinó ante la noticia. Consultado por , calificó el lanzamiento de “innecesario”, “improvisado” y una “falta de respeto”, y cuestionó al exmandatario. Recordó que el partido siempre tuvo la tradición de respetar a quienes gobiernan, y sugirió que Macri pudo haberle dicho a De Andreis que “camine, a ver si le genera malestar a Jorge”.
No obstante, todos los colaboradores de Jorge Macri consultados por coincidieron en descartar la chance de que De Andreis compita en 2027. “Nadie se lo toma en serio. Y aunque no lo digan, todos saben que no termina en nada”, dijo un referente de Pro. Otra voz fue aún más dura: “Ese proyecto murió antes de nacer. No tiene ninguna posibilidad”.
Allegados a De Andreis dicen que es curioso que referentes vinculados a Jorge Macri salgan a reaccionar ante las declaraciones, si supuestamente dan por hecho que la postulación no avanzará.
Un puñado de dirigentes cercanos a Jorge Macri se limitaron a considerar el anuncio como una “expresión de deseo” y a admitir que “todos tienen derecho a querer competir”. Sin embargo, ratificaron al actual jefe de gobierno como el candidato de Pro en la Capital.
Los argumentos del sector de Jorge Macri contra una candidatura de De Andreis van desde la cercanía del calendario electoral hasta su escaso nivel de conocimiento en las encuestas, pasando por el poco respaldo que tendría entre la dirigencia de Pro.
Facundo Del Gaiso, legislador porteño del bloque oficialista Vamos por Más y dirigente de la Coalición Cívica, salió al cruce de De Andreis: “Yo quisiera ser el 9 de Boca”, ironizó. Cuestionó el hecho de “tirar candidaturas al aire que nadie toma en serio” mientras en la Ciudad negocian en minoría el Presupuesto 2027 en la Legislatura.
Por su parte, Yamil Santoro, un exlegislador porteño que se sumó a Pro de la mano de Jorge Macri, calificó la iniciativa como “poco seria” y valoró la gestión porteña. “Para presentar una candidatura alternativa hay que representar algo superador y en tiempo y forma para ser constructivo. Lo contrario es algo mezquino que atenta contra el trabajo en equipo y la construcción”, lanzó.
Al igual que pidieron otros dirigentes fuera de micrófono, Santoro reclamó no repetir lo que consideran “errores” del pasado, en referencia a la cruda interna de 2023, que enfrentó a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en las PASO presidenciales.
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POLITICA
El Senado aprobó el tratado de patentes y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El Senado avanzó este jueves con parte de los proyectos incluidos en el temario de la sesión. Después de sancionar por unanimidad la nueva ley de discapacidad, el oficialismo consiguió aprobar la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que busca simplificar los procedimientos para registrar invenciones en distintos países y que forma parte de los compromisos asumidos con Estados Unidos.
La iniciativa de discapacidad obtuvo 71 votos afirmativos y ninguno en contra. La única ausencia fue la de la senadora Anabel Fernández Sagasti, que se encuentra de licencia por maternidad. Tras la votación, Patricia Bullrich destacó el entendimiento alcanzado entre los distintos sectores políticos para avanzar con la norma.
La aprobación del tratado de patentes, en cambio, estuvo acompañada por cuestionamientos de la oposición y un intercambio entre legisladores oficialistas y opositores. El proyecto consiguió el respaldo de la mayoría que acompaña al Gobierno y ahora la Cámara alta continuó con el tratamiento de la iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada.
La Cámara alta aprobó este último proyecto, que incluye la restitución de la Ley de Tierras, derogada por el DNU 70/2023.
La iniciativa fue aprobada por Diputados en octubre con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. Durante su tratamiento, la Cámara baja incorporó dos artículos que modificaron el alcance del proyecto original.
El artículo 38 establece la derogación del artículo 134 del DNU 70/2023, mediante el cual se había eliminado la Ley de Tierras. Por su parte, el artículo 39 dispone restablecer la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011 durante la presidencia de Cristina Kirchner.
“Este tratado garantiza a Estados Unidos la protección de los intereses de la industria farmacéutica”, advirtió el presiente de bloque del PJ en el Senado, José Mayans. “Fue un pedido expreso del embajador de Estados Unidos”, agregó.
POLITICA
El Gobierno avanza con la compra de tres fragatas a Italia

El gobierno de Javier Milei anunció este jueves que avanza en la compra de tres fragatas a Italia para la defensa de la Argentina. Así lo indicaron el Ministerio de Defensa, comandado por Carlos Presti, y su par italiano, Guido Crosetto, en una Carta de Intención.
Se trata de la posible incorporación de hasta tres fragatas FCX20 de Fincantieri, en configuración de combate completa y con apoyo logístico integrado. Todavía resta profundizar los aspectos técnicos y operativos, trabajar sobre alternativas de financiamiento y avanzar hacia una eventual operación bajo un esquema Gobierno a Gobierno, indicaron desde la cartera de Defensa.
Además, el proyecto contempla la cesión de cuatro patrulleros clase Comandanti pertenecientes a la Marina Militar Italiana. Son unidades destinadas a seguridad marítima y defensa costera, patrullaje, participación en operaciones nacionales y combinadas, búsqueda y rescate y asistencia humanitaria. Pueden operar de manera independiente o integradas a un Grupo de Tareas Marítimo.
El Gobierno anunció que se trabaja en la incorporación de capacidad anfibia con buques de desembarco clase Santi, como los San Giorgio y San Giusto. “Estos buques permiten proyectar y desembarcar fuerzas, operar helicópteros y vehículos anfibios, funcionar como plataforma de comando y sostener operaciones de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres. Su capacidad de transporte, cubierta de vuelo, dique inundable e instalaciones médicas los convierte además en plataformas de gran valor logístico y operacional”, agregó el ministerio.
Según el Gobierno, la incorporación de este conjunto de unidades “permitiría recuperar capacidades navales, ampliar la presencia y el control sobre los espacios marítimos, mejorar la interoperabilidad y fortalecer la capacidad de respuesta de la Armada Argentina” y que el objetivo es “reconstruir una capacidad de superficie moderna y sostenible, preparada para proteger los intereses estratégicos del país durante las próximas décadas”.
“Es parte de la decisión de transformar nuestros vínculos estratégicos en capacidades concretas y empezar a construir la Armada que la Argentina necesita para el futuro”, marcó Defensa en el comunicado con el anuncio.
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