POLITICA
La confesión de Adorni lo expuso a ser acusado de omisión maliciosa, un delito con pena de inhabilitación perpetua
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció ayer que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos US$500.000; según él, provenientes de una inversión previa a llegar al Gobierno. Aspira a que eso lo ayude en su causa por enriquecimiento ilícito, donde debe explicar el salto en su nivel de vida, pero quedó al límite de la confesión de otro delito: el de omisión maliciosa.
El artículo 268 (3) del Código Penal castiga a quien, por su cargo, “estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo” y a quien «maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas».
La pena de la “omisión maliciosa” es de 15 días a dos años de prisión y de inhabilitación perpetua. Es un delito más leve que el de enriquecimiento ilícito, que Adorni aspira a eludir con esta admisión.
En la investigación que está en marcha en los tribunales de Comodoro Py ya estaba claro que los ingresos declarados por él no bastaban para explicar los más de 406.681 dólares en gastos -sin contar los corrientes- que se le detectaron desde que es funcionario. A eso se suman los 335.000 dólares en nuevas deudas. Tal como informó , a los investigadores los números no les cierran (sobre todo, los gastos) y el fiscal Gerardo Pollicita se preparaba para avanzar contra Adorni con un requerimiento para que justifique sus bienes.
Ahora, es posible que ese requerimiento se demore, pero los investigadores dicen que seguirán hurgando; que la versión de Adorni deberá ser chequeada. Por el momento, no es más que una explicación que bien podría haber sido diseñada a medida para que cuadre con las exactas necesidades del jefe de Gabinete para sostener que no se enriqueció porque el dinero que quedó a la vista que gastó lo tenía desde antes.
El argumento de Adorni para explicar el origen del dinero que tenía escondido es que lo ganó invirtiendo en criptomonedas. Habrá que investigar ahora la trazabilidad de esa inversión, ¿está a su nombre? ¿se puede determinar si efectivamente era suya? Un funcionario que trabaja en la causa advirtió a que de no ser trazable, el problema será del funcionario porque en este tipo penal se invierte la carga de la prueba. Es Adorni quien debe probar que así se explica su crecimiento patrimonial.
Pero el peor escenario para el jefe de Gabinete tampoco sería el enriquecimiento ilícito, sino que se investigaran posibles delitos detrás ese supuesto enriquecimiento, como un lavado de dinero. Por el momento, la causa de Pollicita y Lijo no parece orientada en ese sentido.
La omisión maliciosa
La defensa de Adorni, como suelen hacer los acusados de este delito, dirá seguramente que su omisión no fue “maliciosa”. Cuando la ley habla de “maliciosamente”, está requiriendo un dolo calificado; una intencionalidad detrás de la decisión de no declarar lo que debió haber declarado. Es lo que en dogmática penal se conoce como un “elemento normativo de recorte”, que reduce el universo de conductas perseguidas.
La explicación que dio Adorni sobre por qué escondió medio millón de dólares al Estado fue que lo hizo para escaparse con su dinero “de la vieja política”. No informó por qué decidió transparentar esos dólares recién ahora, dos años y seis meses después de la asunción de Milei (desplazada del poder la “vieja política”) y justo cuando la Justicia le detectó gastos e inversiones que no se condicen con los ingresos y el patrimonio que Adorni tenía declarados.
Lo que quedó claro fue que se trató de una decisión, que ahora considera “un error”. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, dijo. “No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”, sostuvo ayer.
También admitió que habían declarado a nombre exclusivo de su mujer, Bettina Angeletti, la casa del country Indio Cuá, cuando en rigor también es de él. Informarla así le evitó tener que incluir ese bien en el anexo público de su declaración jurada. De ser solo de ella, correspondía que la consignara en un anexo reservado, pero esto tampoco lo hizo originalmente. Solo la agregó una vez que, avanzada la causa penal, la Justicia pidió abrir ese anexo.
La cita con el GAFI
La semana próxima, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez que tiene a su cargo la causa contra Adorni, Ariel Lijo, participarán, como representantes de la Argentina, del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que revisa las políticas de la Argentina para combatir el lavado de dinero.
Si bien el país no está en medio de un proceso de evaluación en el GAFI, todo indica que los funcionarios argentinos deberán dar respuestas sobre la ley de inocencia fiscal, que incluye el régimen simplificado de impuesto a las ganancias al que adhirió Adorni. El GAFI genera cada vez más controles para evitar el flujo de capitales ilícitos y esta ley va en sentido contrario.
reconoció ayer,participarán,Paz Rodríguez Niell,Conforme a
POLITICA
Le concedieron el arresto domiciliario a Facundo Leal, extitular de ARSAT, en la causa por tenencia de estupefacientes
El juez federal Sebastián Ramos le concedió el arresto domiciliario a Facundo Leal, extitular de ARSAT, quien se encontraba con prisión preventiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en el marco de la investigación conocida como la “banda de los mendocinos”.
La medida se dictó para que el imputado pueda someterse a un tratamiento interdisciplinario por consumo de drogas.
La decisión de Ramos se dio luego del dictamen del fiscal Guillermo Marijuan que opinó que debía concederse el pedido formulado por el defensor Marcelo Rochetti.
Según los reportes médicos adjuntados al expediente, Leal presenta una dependencia de sustancias que hace inconveniente su permanencia en una unidad carcelaria. El Cuerpo Médico Forense recomendó un abordaje interdisciplinario por adicciones y consideró que el arresto domiciliario resulta suficiente para resguardar el proceso penal sin afectar el derecho a la salud.
El Servicio Penitenciario Federal informó, por su parte, que el imputado padece ansiedad e insomnio, recibe medicación psicofarmacológica y no pudo ser incorporado al Centro de Rehabilitación para Drogadependientes por normativas que excluyen a personas medicadas o procesadas por delitos vinculados al narcotráfico.
Leal cumplirá la prisión domiciliaria en su departamento de Palermo, donde fue allanado y se encontraron las sustancias que dieron origen a la causa.
Como condiciones, se le impuso el uso permanente de tobillera electrónica y se designó a su pareja, Julieta Griffa Berro, como garante. La mujer deberá supervisar el cumplimiento de la prohibición de abandonar el domicilio, salvo por razones médicas autorizadas o de urgencia, y garantizar que Leal comparezca ante cualquier citación judicial.
La investigación por tenencia de estupefacientes surgió a partir de los operativos realizados en el marco de la causa ARSAT. En el departamento, además de cocaína, se incautó ketamina, drogas sintéticas y cerca de 650.000 dólares en efectivo.
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Leal presidió Arsat desde 2022,durante la gestión del Frente de Todos, hasta 2025, con un paso de año y medio durante la administración de La Libertad Avanza. Luego, en junio del año pasado, fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), tras la llegada de Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte —hoy ocupada por Mariano Plencovich—. Durante los cinco años que estuvo en la función pública, Leal multiplicó por 13 su patrimonio, un incremento del 1270%.
Los allanamientos a las propiedades del exfuncionario en CABA y en Mendoza se desataron a partir de una denuncia del propio Gobierno por un robo de equipamiento tecnológico ubicado en un depósito de ARSAT.
ARSAT, Justicia, tenencia de drogas
POLITICA
González Charvay: el juez que disputa la causa por la quinta de Pilar y los extraños movimientos para que todo termine en su juzgado
Los más de seis meses que lleva la puja por la competencia del expediente de la quinta de Pilar atribuida a la AFA se fundan en los persistentes intentos de los dueños formales del lugar, presuntos testaferros de las autoridades de la AFA, de radicar el caso en la Justicia de Campana.
Pero el laberinto judicial que recorre el expediente también se explica por la buena recepción que sus planteos tuvieron en el juez al que todo el caso podría regresar: Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana.
Con roce político y una reputación de juez duro contra las drogas, González Charvay puja con la misma insistencia que el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, para hacerse cargo del caso que involucra principalmente al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Ese alineamiento entre el juez y los investigados generó todo tipo de especulaciones alrededor de un expediente que desde su nacimiento no hizo más que crecer y ahora abarca no solo a la fastuosa quinta de Pilar, con haras y una lujosa colección de autos, sino también a los movimientos de TourProdEnter, la empresa vinculada a Javier Faroni que recolecta los ingresos de la AFA por el mundo, cobra por ello un 30% y podría ser la ingeniería financiera que se esconde detrás de la quinta.
González Charvay dejó de estar al frente del caso hace casi un mes, pero lo estuvo durante un buen tramo de esos 6 meses y podría volver a estarlo si así lo decide la Cámara de Casación, luego de la audiencia que dispuso para el 12 de agosto.
Sería una decisión a contramano de lo que dispuso la Cámara en lo Penal Económico, designada por la propia Casación para zanjar la disputa, y también en contra de los dictámenes de todos los fiscales que intervinieron por ahora en la causa.
Pero González Charvay todavía conserva bajo su conducción otro capítulo de la historia AFA. Es un expediente que nació y llegó desde Santiago del Estero, en el que un fiscal de la provincia, Pedro Simón, solicitó la detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino, presidente y tesorero de la AFA.
En el centro de su acusación se colocan movimientos millonarios que la entidad deportiva había girado hacia un entramado de sociedades vinculadas a Toviggino. El juez Sebastián Argibay rechazó el pedido y resolvió que el caso se traslade a Campana.
Por estas horas, la Cámara Federal de San Martín debe resolver si el juez González Charvay retiene el caso, regresa a Santiago o parte rumbo al fuero Penal Económico. Cuando intervino en el tramo principal, a través del juez Alberto Lugones, la Cámara se inclinó por el argumento territorial de González Charvay.
La puerta que permitió el ingreso de Charvay en la trama se entreabrió cuando el caso pasó de Comodoro Py a Penal Económico por orden del juez de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia.
En ese primer traslado, el camarista sostuvo que el nuevo magistrado del caso —en ese entonces, Marcelo Aguinsky— debía contemplar la posibilidad de que el expediente pasara a Campana, una opción que hasta ese momento no estaba sobre la mesa.
Pantano y Conte, los dueños formales de la quinta, aprovecharon esa ventana para solicitarle al juez González Charvay que le reclamara el caso a Aguinsky.
El juez se hizo eco del planteo de los investigados, presentó un pedido de inhibitoria y se inició el recorrido que se extenderá hasta la resolución de la Casación en agosto.
Quienes pretenden bajarle el volumen a las idas y vueltas del expediente advierten que existen “argumentos técnicos” para sostener que el caso debe quedar en Campana, reconocidos incluso por quienes piensan de otro modo.
El argumento de Charvay
La postura del juez González Charvay se apoya en dos patas: la garantía del juez natural en función del territorio para fundar la radicación —porque la casaquinta está ubicada en su jurisdicción— y la necesidad de evitar un doble juzgamiento para atraer las causas periféricas.
En la Justicia de Campana señalan que es un movimiento común en el fuero, que el magistrado lo realiza casi a diario en casos de narcotráfico -materia en la que ganó buena reputación-, y que solo ganó visibilidad en este caso, por su exposición.
Sin embargo, el complejidad del expediente da sustento a otras interpretaciones. La Cámara en lo Penal Económico argumentó que la investigación no podía definirse solamente por la ubicación de la quinta porque el objeto se insertaba en una trama más vasta, que incluida posibles maniobras de lavado y desvíos de fondos.
En su fallo, la Cámara dedicó renglones al supuesto ritmo apaciguado del expediente. “Hasta el momento no se ha avanzado en orden a la situación procesal de imputado alguno, ni se han dispuesto actos procesales que determinen una situación de avance trascendente del proceso”, marcaron los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio.
Desde aquel fallo, el caso tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, en manos de la jueza Verónica Straccia, que lo subroga hasta fin de año.
Una de las principales medidas en curso la heredó del propio González Charvay. Es un peritaje contable que está en manos de expertos de la Corte Suprema y, por su contenido, el resultado será determinante para el recorrido del caso.
El juez pidió identificar si las ganancias de la AFA obtuvo desde 2019 ingresaron efectivamente en sus arcas o si en el camino existieron desvíos como los que reveló .
También solicitó un análisis sobre el porcentaje que cobró TourProdEnter como agente comercial para saber si se encuentra dentro de los parámetros de mercado.
El estudio alcanza también transferencias recibidas por Real Central, la firma de Pantano y Conte, y la lujosa colección de vehículos que la Justicia encontró en la quinta. Son medio centenar de vehículos, entre ellos una Ferrari, varios BMW, Audi y otros modelos de alta gama.
“No van seis años, van seis meses de investigación”, atempera un funcionario judicial que siguió de cerca el proceso y conoce los tiempos de la Justicia.
El juez
González Charvay suele reservarse el control de las investigaciones que tramitan en su juzgado, especialmente en temas de narcotráfico, terreno en el que cimentó su fama de juez severo.
Uno de los casos más resonantes bajo su cargo fue “Bobinas Blancas”, una investigación suya que en 2021 terminó con condenas para varios integrantes de una organización transnacional que ocultaba cocaína en bobinas de acero especialmente acondicionadas.
Ordenó allanamientos en la terminal portuaria de Zárate, en Garín, en Marcos Paz y en Guernica, algunos con muy buenos resultados.
En el terreno político también tomó decisiones de peso. En noviembre del año pasado, procesó al exministro bonaerense de Transporte Jorge D’Onofrio, muy próximo al jefe del Frente Renovador y excandidato presidencial del peronismo, Sergio Massa. Fue por presunto lavado de activos y le dictó un embargo de $350 millones.
Años atrás, procesó y elevó a juicio oral al exintendente de Pilar de Pro Nicolás Ducoté por irregularidades en la firma de tres convenios para obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y en un plan de microcréditos para la refacción de viviendas. Desde entonces, la carrera política de Ducoté quedó en pausa.
En la intendencia lo sucedió Federico Achával, que se vio favorecido por el juez cuando este permitió que la municipalidad cobrara sus tasas en la misma boleta que la luz o el gas, en contra de lo que había decidido el gobierno de Javier Milei. La medida impactó también en los municipios de Campana, de Pro, y Escobar, en manos del peronismo.
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Javier Milei fue invitado a participar de una conferencia por el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos
El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos en el mes de octubre para participar en una conferencia que se llevará a cabo en Washington por el Mes de la Herencia Hispana. El mandatario argentino fue invitado por parte de la organización y así sumará su cuarto viaje al país norteamericano.
El evento es organizado por una plataforma que se dedica a la educación financiera en español y que tiene su sede en Puerto Rico. De acuerdo con lo que describió la publicación que anunció la participación del mandatario argentino, se espera que en el evento participen “líderes del sector público y privado, inversionistas, representantes diplomáticos y figuras influyentes comprometidas con el fortalecimiento del liderazgo y la prosperidad de la comunidad hispana”.
“Concebido como un foro de diálogo estratégico de alto nivel, este encuentro impulsará conversaciones que trascienden fronteras, fortalecerá relaciones institucionales y promoverá alianzas entre quienes hoy contribuyen a definir el futuro económico, empresarial y cívico de las Américas”, añadieron en la descripción del evento que tiene fecha para el 14 de octubre, después del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, que se celebra en la Argentina, o “Día de la Hispanidad”, que se celebra en España.
En ese marco, antes del evento en cuestión, se espera que en el mes de septiembre Milei viaje a los Estados Unidos para participar de la Conferencia de las Naciones Unidas. Se dará en medio de la Semana de Alto Nivel que tiene la organización y que se llevará a cabo en Nueva York del 22 al 28 del mencionado mes. Acá se espera la participación de los jefes de Estado de los 193 países que integran la ONU.
Mientras tanto, la agenda internacional de Javier Milei iniciará este fin de semana cuando viaje a San Pablo, Brasil, para apoyar la campaña de Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro y actual senador del Partido Liberal. La comitiva estará integrada por la secretaria general Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.
En la ciudad brasileña, Milei será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas en el Palacio dos Bandeirantes, recibirá la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz y participará de la Convención Nacional del Partido Liberal en el Mercado Livre Arena Pacaembú.
La semana siguiente viajará a Bogotá para la asunción de Abelardo de la Espriella, el dirigente de derecha que venció en el balotaje al oficialista Iván Cepeda, prevista para el 7 de agosto. Antes de Bogotá, realizará una escala en Lima para la asunción de Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú.
Los viajes a Estados Unidos son una constante en la agenda internacional del mandatario desde que asumió. Una de las primeras veces que viajó de forma oficial fue en febrero de 2024, cuando participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington, donde tomó contacto con referentes del conservadurismo estadounidense y comenzó a tejer vínculos con el entorno de Donald Trump. En abril de ese año viajó a Austin y Miami, donde se reunió con Elon Musk, y en mayo concurrió al Instituto Milken en Los Ángeles y luego a San Francisco, donde mantuvo encuentros con Sam Altman, Tim Cook, Sundar Pichai y Mark Zuckerberg, entre otros.
En julio de 2024 participó de la conferencia de inversores de Allen & Company en Sun Valley, Idaho. En septiembre de ese año estuvo en Nueva York para la apertura de la Bolsa de Nueva York y para disertar ante la Asamblea General de la ONU, y en noviembre asistió a la CPAC organizada en Mar-a-Lago, la residencia de Trump, donde se fotografiaron juntos por primera vez como mandatarios.
En 2025, durante el mes de enero estuvo en Washington para la investidura de Trump, en febrero regresó para la CPAC, en abril viajó a Palm Beach, en septiembre participó nuevamente de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y en octubre mantuvo una reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense. Mientras que en noviembre disertó en el America Business Forum en Miami, evento en el que también participaron Trump, Lionel Messi, Rafael Nadal y Jeff Bezos.
En 2026, Milei viajó en marzo a Miami y Nueva York para participar de la cumbre “Shield of the Americas” y del evento Argentina Week 2026, y en mayo concurrió nuevamente al Instituto Milken en Los Ángeles.
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