POLITICA
La confesión de Adorni lo expuso a ser acusado de omisión maliciosa, un delito con pena de inhabilitación perpetua
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció ayer que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos US$500.000; según él, provenientes de una inversión previa a llegar al Gobierno. Aspira a que eso lo ayude en su causa por enriquecimiento ilícito, donde debe explicar el salto en su nivel de vida, pero quedó al límite de la confesión de otro delito: el de omisión maliciosa.
El artículo 268 (3) del Código Penal castiga a quien, por su cargo, “estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo” y a quien «maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas».
La pena de la “omisión maliciosa” es de 15 días a dos años de prisión y de inhabilitación perpetua. Es un delito más leve que el de enriquecimiento ilícito, que Adorni aspira a eludir con esta admisión.
En la investigación que está en marcha en los tribunales de Comodoro Py ya estaba claro que los ingresos declarados por él no bastaban para explicar los más de 406.681 dólares en gastos -sin contar los corrientes- que se le detectaron desde que es funcionario. A eso se suman los 335.000 dólares en nuevas deudas. Tal como informó , a los investigadores los números no les cierran (sobre todo, los gastos) y el fiscal Gerardo Pollicita se preparaba para avanzar contra Adorni con un requerimiento para que justifique sus bienes.
Ahora, es posible que ese requerimiento se demore, pero los investigadores dicen que seguirán hurgando; que la versión de Adorni deberá ser chequeada. Por el momento, no es más que una explicación que bien podría haber sido diseñada a medida para que cuadre con las exactas necesidades del jefe de Gabinete para sostener que no se enriqueció porque el dinero que quedó a la vista que gastó lo tenía desde antes.
El argumento de Adorni para explicar el origen del dinero que tenía escondido es que lo ganó invirtiendo en criptomonedas. Habrá que investigar ahora la trazabilidad de esa inversión, ¿está a su nombre? ¿se puede determinar si efectivamente era suya? Un funcionario que trabaja en la causa advirtió a que de no ser trazable, el problema será del funcionario porque en este tipo penal se invierte la carga de la prueba. Es Adorni quien debe probar que así se explica su crecimiento patrimonial.
Pero el peor escenario para el jefe de Gabinete tampoco sería el enriquecimiento ilícito, sino que se investigaran posibles delitos detrás ese supuesto enriquecimiento, como un lavado de dinero. Por el momento, la causa de Pollicita y Lijo no parece orientada en ese sentido.
La omisión maliciosa
La defensa de Adorni, como suelen hacer los acusados de este delito, dirá seguramente que su omisión no fue “maliciosa”. Cuando la ley habla de “maliciosamente”, está requiriendo un dolo calificado; una intencionalidad detrás de la decisión de no declarar lo que debió haber declarado. Es lo que en dogmática penal se conoce como un “elemento normativo de recorte”, que reduce el universo de conductas perseguidas.
La explicación que dio Adorni sobre por qué escondió medio millón de dólares al Estado fue que lo hizo para escaparse con su dinero “de la vieja política”. No informó por qué decidió transparentar esos dólares recién ahora, dos años y seis meses después de la asunción de Milei (desplazada del poder la “vieja política”) y justo cuando la Justicia le detectó gastos e inversiones que no se condicen con los ingresos y el patrimonio que Adorni tenía declarados.
Lo que quedó claro fue que se trató de una decisión, que ahora considera “un error”. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, dijo. “No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”, sostuvo ayer.
También admitió que habían declarado a nombre exclusivo de su mujer, Bettina Angeletti, la casa del country Indio Cuá, cuando en rigor también es de él. Informarla así le evitó tener que incluir ese bien en el anexo público de su declaración jurada. De ser solo de ella, correspondía que la consignara en un anexo reservado, pero esto tampoco lo hizo originalmente. Solo la agregó una vez que, avanzada la causa penal, la Justicia pidió abrir ese anexo.
La cita con el GAFI
La semana próxima, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez que tiene a su cargo la causa contra Adorni, Ariel Lijo, participarán, como representantes de la Argentina, del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que revisa las políticas de la Argentina para combatir el lavado de dinero.
Si bien el país no está en medio de un proceso de evaluación en el GAFI, todo indica que los funcionarios argentinos deberán dar respuestas sobre la ley de inocencia fiscal, que incluye el régimen simplificado de impuesto a las ganancias al que adhirió Adorni. El GAFI genera cada vez más controles para evitar el flujo de capitales ilícitos y esta ley va en sentido contrario.
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POLITICA
Presupuesto: comenzó el debate y ya se prevé el llamado a sesiones extraordinarias para aprobarlo
La Cámara de Diputados y el bloque de La Libertad Avanza ya planteó un cronograma estableciendo una posible fecha para llevar el debate por la ley de presupuesto 2027 al recinto.
Esa hoja de ruta que estableció Diputados confirma que el Gobierno nacional llamará nuevamente a sesiones extraordinarias, ya que con este esquema el Senado sólo tendría una semana para tratar el proyecto de ley en Comisión y llevarlo al recinto antes del 30 de noviembre que es cuando termina el período ordinario.
Esto no sería posible teniendo en cuenta que el reglamento establece que, como mínimo, la Cámara Alta necesita dos semanas para el tratamiento de una ley ya que señala de manera expresa que tienen que pasar 7 días corridos entre el dictamen y que el proyecto sea tratado en el recinto.
Como sucede desde hace tres años, la oposición reclamó la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, algo que el presidente de la Comisión de Presupuesto, “Bertie” Benegas Lynch, adelantó que solo sería posible “si queda algo en el tintero”, dejando entrever que se mantiene la negativa del ministro de asistir al Congreso de la Nación.
En lo que será el recorrido de la comisión, el bloque de LLA planteó que hoy expondrá el secretario de Presupuesto, Carlos Guberman; y mañana por la mañana el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
El debate se retomará el martes 20 de octubre y se espera la asistencia de “alguien de Educación”. Continuará con otra reunión informativa el 27 de octubre sin anunciar la presencia de ningún funcionario.
Por último, el bloque de LLA adelantó que el miércoles 28 de octubre se buscará dictaminar y que pediría una sesión para el 18 de noviembre.
“Entre el dictamen y la sesión tenemos la visita del Papa León XIV y están las elecciones de los Estados Unidos que muchos diputados hemos sido invitados, por eso la intención es la de ir a una sesión a mediados de noviembre”, explicó el presidente de la Comisión.
Guberman comenzó su exposición haciendo referencia a “lo que nos encontramos y lo que hicimos estos tres años”. En ese esquema arrancó señalando que el gobierno obtuvo “rápidamente” superávit financiero y luego hizo foco en el proceso inflacionario. “Mientras en promedio los habitantes del planeta se volvieron 20% más ricos, nosotros nos volvimos 10% más pobres los últimos 12 años antes de iniciar la gestión”, agregó.
El funcionario señaló que los dos “grandes ejes” de la gestión son “el ordenamiento cambiario y financiero y el otro recuperar la competitividad”, e hizo referencia a la eliminación del cepo, la prohibición de la emisión, etc.
En un tono monocorde, Guberman fue enumerando los logros económicos de la administración de Javier Milei. En ese sentido, se refirió a uno de los puntos más discutidos en el Presupuesto y es la obra pública. “Recibimos 2239 ‘cosas’, se realizó una auditoría y se dieron de baja 1683 contratos o convenios”. Además se transfirieron 457 obras y quedaron 199 bajo gestión directa, de las cuales 55 se han finalizado y el resto está en ejecución este año que forman parte del presupuesto que estamos discutiendo».
Como el Ejecutivo no planea enviar muchos funcionarios a defender el proyecto, Guberman amplió su exposición a sectores que no están bajo su órbita. En este punto, y luego que Benegas Lynch confirmara que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, no asistirá a explicar el programa financiero, Guberman señaló que “creció el porcentaje del Presupuesto asignado a Servicios Sociales. Estamos duplicando la partida presupuestaria para la atención de salud para las personas con discapacidad, con la previsión del financiamiento en el 100% de la partida que se demande. Si se duplica la cantidad de personas que se ven necesitadas, está previsto el gasto de cobertura de salud”. Tanto es así que dijo que “por más que se duplica el gasto en Pensiones No Contributivas, si todos los individuos que tienen CUD deciden pedir la pensión y cumplen los requisitos, está cubierto el 100% de las pensiones”.
Recesión, trabajo y discapacidad
El debate comenzó con la diputada Julia Strada preguntándole a Guberman si entiende que el tercer trimestre va a tener recesión. El funcionario negó con la cabeza que vayan a caer en recesión por lo que la diputada señaló que “es una pena que vengas a mentirnos porque tenes los números que dicen que sí”.
Luego la diputada señaló que la proyección de inflación “establece un piso de 1,4% acumulativo por mes. Esto significa que no habrá inflación 0% como promete Milei”.
Además, señaló que el Gobierno proyecta un incremento de 60% para el 2027 en el Impuesto a los Combustibles Líquidos. La pregunta de la oposición es si esto va a impactar en el precio de los combustibles.
Respecto de este punto, la diputada Tolosa Paz hizo referencia a que en el texto que presentó el oficialismo “derivan el 50% -del impuesto a los combustibles- a la timba financiera y nos devuelven 160 km de autopista y 10 km de rutas”.
Guberman respondió que prevén un alza del empleo formal y del salario real para compensar la caída en la recaudación. “El empleo formal va a seguir creciendo, no hay destrucción de empleo formal” aseveró el funcionario.
El funcionario respondió respecto del impuesto vial que “en la Dirección Nacional de Vialidad están contemplados 28.445 kilómetros para mantenimiento y construcción de rutas nuevas por más de 1.000 kilómetros”, en respuesta a Tolosa Paz.
Respecto de Discapacidad, Tolosa Paz preguntó si se mantiene el articulado del proyecto original que desmantelaba el sistema o si se tomaba el dictamen del oficialismo que dejaba afuera estos artículos y armaba un proyecto nuevo.
Aunque en una primera instancia el funcionario de Economía evitó responder, frente a la insistencia Guberman respondió de una manera llamativa.
En la previa a la movilización del jueves, el funcionario dejó en claro que no van a retirar el articulado original y que la Casa Rosada mantiene su posición. “Siempre es el proyecto de ley del Ejecutivo, El Congreso puede opinar algo diferente. Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa -mantener los artículos que eliminan el nomenclador único y propone la incompatibilidad laboral-, los bloques del Congreso tienen una posición distinta”.
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POLITICA
Hotesur-Los Sauces: habrá una audiencia clave para reunificar los juicios contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo
La Cámara Federal de Casación Penal realizará este jueves una audiencia clave para decidir la reunificación de los juicios contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por los casos Los Sauces y Hotesur, en los que ambos están acusados de integrar una asociación ilícita y de lavado de dinero.
El tribunal podría así disponer que ambos juicios, juntos, comiencen como estaba previsto el 23 de octubre próximo.
En paralelo, Cristina Kirchner confía en que este mes se conozca un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que pregone la anulación de su condena por la causa Vialidad, que la mantiene detenida y con prohibición de postularse para ocupar cargos públicos.
Es una estrategia que tiene pocas chances de prosperar, pues la justicia argentina ya dictó una sentencia que está firme y que no está dispuesta a revisar más allá de una opinión favorable a la expresidenta de un organismo internacional.
El debate por la reunificación de los casos Los Sauces y Hotesur se da en medio de una pulseada entre el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, a cargo del proceso, y el fiscal a cargo de la acusación en el juicio, Diego Velasco, que se opuso a la división en dos del juicio.
Los jueces del Tribunal Oral José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machacho Pelloni resolvieron el 18 de septiembre pasado desdoblar el caso Los Sauces del caso Hotesur y hacer dos juicios orales sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo, además del resto de los 15 acusados.
Los jueces habían decidido de manera unánime que el 23 de octubre comience el juicio oral por Los Sauces y que Hotesur se inicie el 19 de marzo de 2027.
Pero el fiscal Velasco se opuso porque entiende que partir en dos los juicios de Los Sauces y Hotesur pone en peligro la posibilidad de sostener una acusación y llegar a una condena.
Teme la fiscalía que la medida sea una estrategia para que terminen todos absueltos. Además, hay razones jurídicas para sostener la reunificación, como por ejemplo que se trata de la misma maniobra.
Los jueces de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar habían convocado a una audiencia el 15 de octubre para instar a que comience el proceso oral, pero ahora revisarán también la decisión de partir los juicios.
Esto es porque el fiscal ante la Casación, Mario Villar, los notificó de esta decisión que a su juicio pone en riesgo la acusación.
Los jueces de la Casación le dieron la razón al fiscal Villar. El juez Alejandro Slokar no emitió opinión propia porque sus colegas ya votaron. Acudió a la fórmula “a tenor del temperamento concordante de los distinguidos colegas, cabe estar a lo dispuesto por el art. 30 bis”, que es la manera ritual de decir que sus colegas ya decidieron, por lo que no hace falta su voto.
Nexos con Báez y López
Hotesur y Los Sauces es un caso de asociación ilícita y lavado de dinero en el que Cristina Kirchner y su hijo Máximo, accionista de esas empresas, están acusados de recibir dinero de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en sus hoteles y por el alquiler de sus propiedades, en compensación por los negocios que tenían en el Estado.
El caso Los Sauces persigue la supuesta maniobra de lavado mediante el alquiler de propiedades de los Kirchner que realizaban las empresas de López y de Báez. Pagaron 25.968.042,30 pesos entre 2009 y 2016, lo que representa el 88% de la facturación de la firma de la entonces familia presidencial.
El caso Hotesur apunta a la contratación de habitaciones de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, de los Kirchner, por las empresas de Báez, que presuntamente no las utilizaban, según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Los Kirchner recibieron más de 28 millones de pesos de ese entonces.
La principal objeción del fiscal Velasco es que, partiendo los juicios en dos, se divide la acusación y es difícil, por ejemplo, probar una asociación ilícita que prevé la reunión de tres o más personas para cometer delitos indeterminados.
Si se dividen los juicios, las maniobras se separan y se pierde la visión de conjunto como una sola actividad destinada al blanqueo de fondos protagonizada por la misma organización, sostuvo el fiscal, aunque en cada caso la actividad no sea protagonizada por todos sus integrantes.
Si esa estructura se prueba fragmentada, en dos juicios distintos y con prueba recortada en cada uno, “se pone en riesgo la posibilidad misma de sostener la asociación ilícita como delito”, señaló Velasco.
En este caso no es nuevo que desaparezcan las acusaciones. Cuando integraban este tribunal, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con la disidencia de Adriana Palliotti, sobreseyeron a Cristina y Máximo Kirchner sin juzgarlos, el 26 de noviembre de 2021.
Los acusados en estos dos juicios son, además de Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de la hermana de Mercado y directivo de la compañía.
También Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso Cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.
El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre SA; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.
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El Gobierno prevé que el vicepresidente de EE.UU. llegue al país la tercera semana de noviembre y avanza con el operativo de seguridad
El Gobierno espera que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegue a la Argentina durante la tercera semana de noviembre y comenzó a coordinar con Washington los preparativos de la visita. La fecha exacta todavía no está cerrada, pero en Nación ubican el viaje después del paso del papa León XIV por el país y ratifican que la iniciativa partió de la administración de Donald Trump.
La organización ya tuvo una primera avanzada estadounidense para trabajar sobre logística, seguridad y agenda. La Casa Rosada considera confirmada la visita y mantiene como principal actividad una reunión de Vance con Javier Milei. El esquema inicial contempla entre dos y tres días en la Argentina.
El cálculo oficial ubica la llegada a partir de mediados de noviembre, con la tercera semana como principal ventana. El viaje será parte de una recorrida regional, aunque Washington todavía no informó públicamente qué otros países integrarán el itinerario ni el orden de las escalas.
La secuencia se definió también en función de la visita de León XIV. El Vaticano mantiene programada la presencia del Papa en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de una gira por Uruguay, la Argentina y Perú. El pontífice será recibido por Milei en la Casa Rosada el 8 de noviembre y partirá hacia Lima el 11.
La gira papal continúa oficialmente en pie pese a que León XIV ingresó este martes al hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención por un nódulo pulmonar. El Vaticano prevé aproximadamente una semana de recuperación y, hasta ahora, no modificó el viaje sudamericano programado entre el 6 y el 17 de noviembre.
Antes de que Vance llegue a Buenos Aires, Christopher Landau, subsecretario de Estado y número dos de Marco Rubio, que tiene previsto viajar el 21 de octubre junto con Juan Pablo Segura, responsable de la política estadounidense para el Hemisferio Occidental. Parte de esas conversaciones servirá para seguir preparando la visita del vicepresidente.
La agenda de Landau y Segura incluirá además seguridad, cooperación contra el crimen organizado y el pedido argentino para incorporarse al Programa de Exención de Visa. Washington y Buenos Aires profundizaron en las últimas semanas el intercambio de información y la asistencia técnica en materia de narcotráfico.
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