POLITICA
Difirieron la implementación del Código Procesal Penal Federal en Córdoba por razones operativas
El Gobierno nacional difirió la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal para la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
De acuerdo con lo dispuesto mediante la disposición 274/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, la implementación se postergó hasta las 00:00 horas del 8 de marzo de 2027.
La decisión responde a la necesidad de consolidar las condiciones materiales, operativas y tecnológicas que permitan asegurar una transición ordenada y sostenible en una de las jurisdicciones federales de mayor complejidad institucional del país.
La postergación se comunicará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y al Ministerio de Seguridad Nacional, conforme lo establece la resolución. El cronograma de implementación, definido por el Ministerio de Justicia, prevé una puesta en marcha gradual del Código en los distintos distritos federales del país, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 27.150 y sus modificatorias.
Desde la reanudación del proceso de reforma procesal penal federal, el Ministerio de Justicia impulsó la vigencia del sistema acusatorio en varias jurisdicciones, priorizando la consolidación paulatina y la articulación interinstitucional.
Hasta el momento, el nuevo modelo se instaló en nueve distritos federales —incluyendo provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego— y en regiones de la provincia de Buenos Aires, tales como Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.
Y aún resta implementar el sistema acusatorio en nueve jurisdicciones federales, entre ellas Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y Misiones, además de zonas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de Córdoba, la extensión territorial, la densidad poblacional, la dispersión geográfica de las sedes judiciales y el volumen de litigiosidad penal federal han sido señalados como factores determinantes para requerir un análisis específico de las condiciones necesarias para la transición.
La magnitud y complejidad estructural de la Justicia Federal en Córdoba obliga a contemplar una evaluación detallada de los recursos humanos, la infraestructura disponible, la tecnología y la operatividad de los organismos involucrados. El distrito concentra investigaciones vinculadas a delitos complejos, como narcotráfico, criminalidad económica y contrabando, lo que demanda un despliegue técnico y profesional adicional para garantizar la eficacia del sistema acusatorio.
En el proceso de adecuación, se realizaron aportes específicos al Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, con el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento y garantizar estándares homogéneos en la operatividad del sistema. Entre las acciones desarrolladas, la cartera de Justicia proporcionó herramientas tecnológicas orientadas a fortalecer el análisis forense digital, mediante la entrega de sistemas UFED y equipamiento especializado que optimizan el tratamiento de evidencia digital y la preservación de la cadena de custodia.
Además, se inició el relevamiento de las estructuras edilicias del Poder Judicial para avanzar en la adecuación y equipamiento de las salas de audiencias requeridas por el modelo acusatorio, incluyendo sistemas audiovisuales, conectividad y registración digital. Paralelamente, se impulsaron instancias de formación y capacitación para magistrados, funcionarios y equipos técnicos, a través de talleres, actividades académicas e intercambios institucionales con distritos donde el sistema ya está vigente.
La decisión de diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en Córdoba surge tras evaluaciones técnicas y diagnósticos institucionales que coinciden en la necesidad de profundizar la adecuación edilicia, fortalecer la disponibilidad de espacios y asegurar la operatividad de las salas de audiencias bajo el nuevo modelo.
El proceso fue acompañado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba —que solicitó formalmente el aplazamiento mediante la Acordada N° 34/2026— y por la Procuración General de la Nación, que presentó un informe de diagnóstico en abril de 2026 destacando diversas necesidades operativas, tecnológicas y de infraestructura.
El relevamiento realizado por las instituciones intervinientes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, ratifica la importancia de garantizar condiciones materiales y operativas óptimas para la implementación. Se estima que la entrada en vigencia del Código solo será efectiva cuando las salas de audiencias se encuentren plenamente operativas y se hayan completado las acciones de capacitación, incluyendo simulacros y talleres de estandarización dirigidos a todos los operadores judiciales.
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El Gobierno restituyó este jueves en Plaza de Mayo las piedras en homenaje a las víctimas del Covid-19 que habían sido removidas el pasado sábado ante la posibilidad de festejos por una consagración de la selección argentina en el Mundial 2026.
Presidencia informó que las rocas habían sido resguardadas para su cuidado y que en las últimas horas se concretó la restitución por parte del Ejército y en conjunto con personal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
“Tal como se había anunciado al momento de su retiro, la medida tuvo como única finalidad preservar las piedras y evitar que sufrieran daños durante las celebraciones masivas. Finalizado el evento, las piedras fueron reinstaladas en el mismo lugar donde se encontraban originalmente”, indicó Presidencia en un comunicado.
El sábado último, a un día de la final de la Copa del Mundo que la selección argentina disputó ante España en Nueva York, el Gobierno había removido las rocas al considerar que la Plaza de Mayo iba a convertirse en “un punto de encuentro de los hinchas”.
De todos modos aclaró que se había contactado a los familiares de las víctimas para informarles de la situación.
“Atento a las sugerencias de las fuerzas de seguridad, la única finalidad de esta medida es preservar las piedras y evitar que puedan sufrir daños durante las celebraciones. Una vez finalizado el evento, se devolverán al mismo lugar donde se encuentran actualmente”, había aclarado el Poder Ejecutivo.
Las piedras se encuentran al pie del monumento a Manuel Belgrano en Plaza de Mayo desde 2021, luego de que el entonces presidente Alberto Fernández anunciara que iban a colocarse allí para recordar a las personas que fallecieron durante la pandemia a causa del Covid-19.
La medida se tomó el 21 de agosto de aquel año, solo cinco días después de la primera edición de la llamada “Marcha de las Piedras”, una protesta en la que familiares y allegados de las víctimas depositaron rocas con las inscripción de los fallecidos.
Aquella movilización se dio en medio de un clima de profundo dolor, ante los más de 100.000 muertos que en aquel entonces se registraban en el país, y tuvo lugar en Plaza de Mayo y frente a la Quinta de Olivos, entre otros puntos.
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POLITICA
Patricia Bullrich se reunió con Sturzenegger para definir los cambios a la Ley de Propiedad Privada: «Tiene el aporte de todos, creemos que va a salir»
La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, protagonizaron este jueves una reunión a puertas cerradas en la cámara alta para ultimar los detalles de la Ley de Propiedad Privada.
El objetivo central del encuentro, celebrado entre las 16 y las 17.40, fue que el proyecto avance de una vez en la sesión prevista para el 6 de agosto tras los numerosos traspiés que sufrió por la resistencia de los bloques aliados. Uno de los puntos que más ruido generó fue el capítulo que modificaba la Ley de Tierras rurales, que propone eliminar restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Sin embargo, según pudo saber este medio, finalmente el Gobierno definió no realizar cambios y avanzar con el dictamen que había acordado previamente en comisiones con sus aliados. “Entendieron la dinámica parlamentaria, que hay un momento donde no se puede tocar más una ley”, planteó una fuente al tanto de la reunión a TN. “No hay cambios reales. Sí de redacción, una coma más, una letra menos, pero nada más que eso”, coincidió otra figura del oficialismo.
A su vez, antes de retirarse de la cámara alta, Bullrich se mostró optimista y confió en que el oficialismo logrará avanzar con el proyecto. “Nosotros estamos tranquilos. Hemos hecho una buena ley, con aporte de todos. Han participado gobernadores, senadores de todas las provincias que están cerca y aportan a una mirada constructiva. Creemos que va a salir”, planteó.
Además, la senadora porteña enfatizó que el proyecto mantiene la premisa de que un Estado extranjero “no pueda de ninguna manera comprar un milímetro de tierra argentina” y enfatizó que “la soberanía está absolutamente resguardada”.
Sin embargo, descartó que el texto final incorpore alguna limitación a la compra de tierras por parte de extranjeros, ya que según la Constitución tienen los mismos derechos y responsabilidades que un nacional. “Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene, tampoco en la cantidad de hectáreas”, subrayó.
Una semana atrás, la falta de consenso había obligado a la exministra de Seguridad a pedir un cuarto intermedio en la sesión donde se iba a discutir el proyecto y abrir una nueva instancia de negociación.
En ese contexto, con los reclamos de los legisladores en carpeta, Bullrich y Sturzenegger se propusieron definir un texto final -tras al menos 15 versiones y tres postergaciones- que permita evitar la intrusión de nuevos cambios o demoras en el recinto
De la reunión también participaron la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y los equipos de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, que presiden las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente.
La discusión alrededor de la Ley de Tierras
La Ley de Tierras Rurales vigente establece que ningún inversor extranjero, ya sea persona física o sociedad de capital extranjero, puede poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal. A eso se suma que ninguna nacionalidad puede superar el 30% de ese cupo, y que un mismo titular extranjero no puede acumular más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o su equivalente territorial.
En ese contexto, el proyecto del Gobierno elimina esas restricciones y solo mantiene un límite específico para los Estados extranjeros —y organismos, empresas públicas o fondos fiduciarios que dependan de ellos—, a los que en principio se les prohíbe adquirir tierras. Se puede hacer excepciones en caso de que el Poder Ejecutivo determine que la operación no implica un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional.
Leé también: Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia
Parte de la discusión gira alrededor del rol de las provincias. En el dictamen que finalmente se aprobó en el Senado, el proyecto les dio la facultad a los gobernadores para autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción.
Sin embargo, en la previa todavía había objeciones en cuanto a si se fija algún límite y si esa facultad se delega totalmente a las provincias o si el Estado nacional mantiene el control sobre áreas consideradas estratégicas.
Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, propiedad privada
POLITICA
Senado: Bullrich y Sturzenegger cierran filas para tratar de avanzar con la extranjerización de tierras
La jefa del bloque de La Libertad Avanza del Senado, Patricia Bullrich (Capital), y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se reunieron esta tarde en un Senado en un intento de ordenar el discurso oficialista con la mira puesta en tratar de aprobar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en la primera semana de agosto.
“Nos pusimos de acuerdo, así que vamos el 6 con el dictamen que ya habíamos acordado con todos nuestros aliados”, afirmó Bullrich al término de la reunión en diálogo que mantuvo con la prensa acreditada en los pasillos de un Senado desierto por las vacaciones de invierno.
La reunión tuvo por objeto unificar posiciones en torno al polémico capítulo que habilita la venta de tierras a personas físicas y capitales extranjeros, luego de que las diferencias manifestadas por Sturzenegger sembraron dudas ente los bloques aliados y Bullrich se vio obligada, la semana pasada, a pedir la postergación del debate del proyecto para el 6 de agosto.
Según explicó la senadora libertaria, la base del acuerdo con Sturzenegger es el mismo texto que estuvo a punto de ser discutido el jueves de la semana pasada en la Cámara alta. Aunque fuentes legislativas no descartaron que se le hagan ligeras modificaciones que, destacaron, no cambiarían el espíritu de la última versión conocida.
El cortocircuito oficialista ocurrió el mismo jueves de la sesión y giró en torno a la facultad que tendrían las provincias para poder establecer sus propias reglamentaciones al régimen de venta de tierras, tal cual lo plantea la última versión del artículo 25 del proyecto de ley.
Según pudo saber , el ministro Sturzenegger, que en ese momento se encontraba en el exterior, planteó cuestionamientos a la redacción del artículo, lo que llevó a que varios senadores aliados pusieran en duda su apoyo al texto acordado ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo terminara vetándolo.
“El ministro aceptó las modificaciones. Tenía algunas dudas, pero se las aclaramos. Le explicamos que los cambios tenían que ver con una mirada mucho más federal respecto del uso de la tierra”, comentó Bullrich sobre los términos de la conversación con el ministro de Desregulación.
Sturzenegger llegó al Senado un par de minutos antes de las 16, hora convenida para la reunión, y se retiró una hora y media después. Así como llegó, sin hacer declaraciones a la prensa e ingresando desde la Cámara de Diputados para evitar los móviles periodísticos ubicados en la puerta de la Cámara alta, se retiró.
Gustavo Ybarra,Conforme a
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