POLITICA
Difirieron la implementación del Código Procesal Penal Federal en Córdoba por razones operativas

El Gobierno nacional difirió la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal para la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
De acuerdo con lo dispuesto mediante la disposición 274/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, la implementación se postergó hasta las 00:00 horas del 8 de marzo de 2027.
La decisión responde a la necesidad de consolidar las condiciones materiales, operativas y tecnológicas que permitan asegurar una transición ordenada y sostenible en una de las jurisdicciones federales de mayor complejidad institucional del país.
La postergación se comunicará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y al Ministerio de Seguridad Nacional, conforme lo establece la resolución. El cronograma de implementación, definido por el Ministerio de Justicia, prevé una puesta en marcha gradual del Código en los distintos distritos federales del país, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 27.150 y sus modificatorias.
Desde la reanudación del proceso de reforma procesal penal federal, el Ministerio de Justicia impulsó la vigencia del sistema acusatorio en varias jurisdicciones, priorizando la consolidación paulatina y la articulación interinstitucional.
Hasta el momento, el nuevo modelo se instaló en nueve distritos federales —incluyendo provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego— y en regiones de la provincia de Buenos Aires, tales como Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.
Y aún resta implementar el sistema acusatorio en nueve jurisdicciones federales, entre ellas Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y Misiones, además de zonas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de Córdoba, la extensión territorial, la densidad poblacional, la dispersión geográfica de las sedes judiciales y el volumen de litigiosidad penal federal han sido señalados como factores determinantes para requerir un análisis específico de las condiciones necesarias para la transición.
La magnitud y complejidad estructural de la Justicia Federal en Córdoba obliga a contemplar una evaluación detallada de los recursos humanos, la infraestructura disponible, la tecnología y la operatividad de los organismos involucrados. El distrito concentra investigaciones vinculadas a delitos complejos, como narcotráfico, criminalidad económica y contrabando, lo que demanda un despliegue técnico y profesional adicional para garantizar la eficacia del sistema acusatorio.
En el proceso de adecuación, se realizaron aportes específicos al Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, con el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento y garantizar estándares homogéneos en la operatividad del sistema. Entre las acciones desarrolladas, la cartera de Justicia proporcionó herramientas tecnológicas orientadas a fortalecer el análisis forense digital, mediante la entrega de sistemas UFED y equipamiento especializado que optimizan el tratamiento de evidencia digital y la preservación de la cadena de custodia.
Además, se inició el relevamiento de las estructuras edilicias del Poder Judicial para avanzar en la adecuación y equipamiento de las salas de audiencias requeridas por el modelo acusatorio, incluyendo sistemas audiovisuales, conectividad y registración digital. Paralelamente, se impulsaron instancias de formación y capacitación para magistrados, funcionarios y equipos técnicos, a través de talleres, actividades académicas e intercambios institucionales con distritos donde el sistema ya está vigente.
La decisión de diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en Córdoba surge tras evaluaciones técnicas y diagnósticos institucionales que coinciden en la necesidad de profundizar la adecuación edilicia, fortalecer la disponibilidad de espacios y asegurar la operatividad de las salas de audiencias bajo el nuevo modelo.
El proceso fue acompañado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba —que solicitó formalmente el aplazamiento mediante la Acordada N° 34/2026— y por la Procuración General de la Nación, que presentó un informe de diagnóstico en abril de 2026 destacando diversas necesidades operativas, tecnológicas y de infraestructura.
El relevamiento realizado por las instituciones intervinientes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, ratifica la importancia de garantizar condiciones materiales y operativas óptimas para la implementación. Se estima que la entrada en vigencia del Código solo será efectiva cuando las salas de audiencias se encuentren plenamente operativas y se hayan completado las acciones de capacitación, incluyendo simulacros y talleres de estandarización dirigidos a todos los operadores judiciales.
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POLITICA
La Justicia apartó a los querellantes en la causa Libra: cuál es el impacto que tiene en la investigación

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que investiga la causa Libra apartó a cinco querellantes del caso y dio lugar a un pedido elevado por la defensa del lobista Mauricio Novelli, uno de los investigados por la presunta estafa con la criptomoneda. La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Federal.
Se trata del caso que busca determinar si existió un delito en torno al token promocionado por el presidente Javier Milei en su cuenta de X en febrero de 2025.
El magistrado concluyó que las personas investigadas no lograron demostrar haber sufrido un “perjuicio directo” como consecuencia de los hechos investigados ni demostraron la titularidad de los tokens. También consideró insuficiente la documentación presentada para probar la propiedad de las billeteras virtuales utilizadas y el origen de los fondos con los que adquirieron la criptomoneda.
Así, el juez hizo lugar a una “excepción de falta de acción” que presentó la defensa de Novelli y apartó a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes intervenían en la causa a través de dos querellas distintas.
“La legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”, afirmó el juez Martínez de Giorgi.
Y agregó: “Aún cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley”.
Para el juez Martínez di Giorgio, el fallido lanzamiento del criptoactivo ocurrió “en el marco de operaciones vinculadas a una ‘memecoin’, es decir, a un ‘activo digital’ inserto en un ámbito caracterizado por una regulación limitada, una elevada volatilidad y una valoración que depende esencialmente de las condiciones del mercado y de la percepción que los propios participantes le asignan”.
El caso Libra continuará bajo la órbita de la fiscalía federal de Eduardo Taiano. Sin embargo, si la decisión queda firme, los cinco inversores dejarán de actuar como querellantes, perderán acceso al expediente y ya no podrán solicitar medidas de prueba.
La causa
El caso se originó tras la promoción del token por parte del presidente Javier Milei en febrero de 2025, lo que provocó una suba abrupta de su cotización seguida de un fuerte desplome, con pérdidas millonarias para inversores y ganancias concentradas en un grupo reducido de billeteras.
La investigación busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y el lanzamiento de Libra.
En la causa están imputados Hayden Mark Davis (representante de “Kelsier Ventures”), Julian Peh (de “Kip Protocol”), Mauricio Gaspar Novelli,Manuel Terrones Godoy (socios de “Tech Forum Argentina”), Bartosz Lipinski (de “Cube Exchange”) y Sergio Daniel Morales (ex asesor de la CNV y socio de Terrones Godoy en “City Entertainment SRL”).
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Caso $LIBRA: el juez Martínez de Giorgi sacó de la causa a las querellas por un pedido del lobista Mauricio Novelli

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó hoy a dos grupos de querellas en la causa que investiga los hechos en torno al lanzamiento de $LIBRA, la moneda digital que promovió el presidente Javier Milei en redes, se derrumbó y acabó sospechada de estafa.
Las querellas, que reunieron a presuntos damnificados, tuvieron un rol fundamental impulsando la investigación en paralelo con el fiscal del caso, Eduardo Taiano, que es el representante de la acusación pública. Ahora, ya no podrán promover nuevas medidas de prueba, insistir con citaciones a indagatoria, apelar decisiones o incidir de otro modo directo en el rumbo de la causa.
El juez dictó su fallo en respuesta a un planteo de una de las personas investigadas, el lobista Mauricio Novelli, quien pidió correrlos con el argumento de que no habían sido víctimas de una estafa.
Martínez de Giorgi hizo lugar al planteo de Novelli y sostuvo que no estaba del todo acreditado que los cinco querellantes sean los titulares de las billeteras que apostaron por $LIBRA y perdieron.
“La legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”, afirmó el juez en su fallo.
“Aún cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley”, dijo el juez.
Respecto a la titularidad de las billeteras, sostuvo: “La información que hasta el momento han aportado y las características técnicas de los medios empleados no permiten tener por acreditada la titularidad de las billeteras virtuales que utilizaran para la compra de la criptomoneda en cuestión y el origen de los fondos utilizados para ello”.
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Tierra del Fuego: la pulseada libertaria que espera veredicto de Casa Rosada para disputar la gobernación

Mientras que la cuenta regresiva para los comicios provinciales en Tierra del Fuego está en proceso, La Libertad Avanza aspira a disputar el sillón de la gobernación a un oficialismo fragmentado aunque antes deberá dirimir entre las dos espadas que aguardan la bendición de Balcarce 50 para lucir el traje de candidato libertario.
Tras aventajar al oficialismo fueguino con una diferencia cercana a los diez puntos en las elecciones de octubre pasado, los libertarios se ilusionan con suceder a Gustavo Melella en la conducción provincial.
El senador Agustín Coto y el diputado Santiago Pauli pujan por esa postulación. La disputa sucede con designaciones propias en distintos espacios de conducción, que son celebrados como victorias en esa carrera preelectoral.

Coto elige no hablar de candidaturas aunque está dispuesto a ser el candidato libertario si los armadores nacionales se inclinen por él. “Es el candidato natural” sostienen los violetas de la tierra austral. Pauli no oculta su pretensión de suceder a Melella y anticipa codazos para tratar de quedarse con la representación libertaria.
Respaldos preelectorales
El senador es hoy la figura con mayor densidad institucional del armado libertario fueguino. En apenas cuatro años pasó de convencional constituyente en Ushuaia a legislador provincial y luego a senador nacional, y ocupa un lugar estratégico como secretario parlamentario del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta y segundo en la mesa de conducción que encabeza Patricia Bullrich. Ese rol técnico-político lo posicionó como el articulador del espacio a nivel provincial y lo puso en el radar directo de la Casa Rosada.

Para pelear por el espacio, Pauli lanzó Fundación Patria Libre con la que plantó bandera para ir por la gobernación. Días atrás presentó, como muestra de músculo político, la designación de Alberto Belmar como director regional del PAMI. El funcionario, familiar directo de Pauli, se desempañaba como jefe de la agencia PAMi en Río Grande. “Fue un corrimiento de cargos, influenciado por su parentesco, más que una demostración de poder político” dijeron sus detractores.
Coto sostiene buen vínculo con Javier y Karina Milei e incluso con Patricia Bullrich, además de sumar adhesiones internas dentro de la conformación libertaria nacional, mientras que Pauli siente el espaldarazo de Eduardo y Martín Menem.

Las señales de disputa están en juego aunque ambos saben que la decisión llegará de Casa Rosada, por eso el objetivo de ganar terreno antes de que llegue esa bendición.
La actualidad del oficialismo fueguino
Mientras los libertarios avanzan en un camino estrecho, del otro lado del tablero el oficialismo de Melella trata de apuntalar la gestión sorteando obstáculos financieros agudos.
Conduce la provincia desde 2019 y fue reelecto para seguir en el cargo hasta 2027 bajo el sello FORJA, en alianza con el peronismo y el kirchnerismo, y tampoco escapa a las disputas internas. La principal grieta corre entre el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, más cercano a La Cámpora, y el de Río Grande, Martín Pérez, con su espacio propio Provincia Grande.

Esa disputa, que ya había costado caro en la conformación de listas legislativas, es la que el peronismo deberá resolver antes de encarar la disputa por la gobernación en 2027.
Un dato adicional presiona el calendario: Melella impulsó a fines de 2023 una reforma constitucional que, de concretarse mediante una convención de constituyentes, podría allanarle el camino para presentarse a un nuevo mandato. Si eso no ocurre, el oficialismo fueguino deberá resolver una sucesión sin candidato claro, en momentos en que la fragmentación interna del peronismo le da oxígeno al avance libertario en la provincia.
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