El ministro de Economía Luis Caputo dará a conocer este miércoles una nueva versión del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca incentivar el ingreso al sistema financiero de los dólares no declarados y ampliar el alcance del régimen simplificado de Ganancias.

Tras la presentación oficial, el Gobierno prevé enviar el proyecto al Congreso el jueves con las modificaciones incorporadas.

El anuncio fue anticipado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su conferencia de prensa habitual. «Frente a preocupaciones de los profesionales del área, incluimos algunas modificaciones al Régimen de Inocencia Fiscal que van más allá en el sendero del espíritu de la ley. El miércoles se expondrán en profundidad estas modificaciones y se dará lugar a las preguntas específicas que surjan sobre las mismas«, afirmó.

El nuevo proyecto del Gobierno para captar dólares del colchón

La iniciativa apunta a que más argentinos ingresen sus ahorros en dólares al circuito financiero sin tener que justificar el origen de esos fondos ni exponerse a sanciones fiscales.

La Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada por el Congreso el 27 de diciembre de 2025 y comenzó a regir a principios de febrero. Sin embargo, el nivel de adhesión estuvo por debajo de las expectativas oficiales y surgieron cuestionamientos técnicos por parte de especialistas en materia tributaria, lo que llevó al equipo económico a revisar el esquema.

Durante mayo, Caputo mantuvo una primera reunión con contadores para analizar posibles cambios. En ese momento, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había registrado 80.000 adhesiones al régimen simplificado de Ganancias.

La semana pasada se realizó un nuevo encuentro con tributaristas y, según los últimos datos difundidos por ARCA, las adhesiones ascendieron a 330.000, aunque solo 170.000 contribuyentes presentaron la declaración jurada correspondiente.

Los principales cambios del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

Entre las principales modificaciones que incorporará la iniciativa figura la eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos para adherirse al régimen.

De acuerdo con el proyecto, dejarán de exigirse:

• Un ingreso máximo anual de $1.000 millones.
• Un patrimonio máximo de $10.000 millones.
• Como condición, los contribuyentes deberán mantener la condición de residentes fiscales en la Argentina durante todo el período fiscal.
• Además, los grandes contribuyentes nacionales podrán incorporarse al régimen, aunque no accederán a la presunción de exactitud ni a otros beneficios previstos para el resto de los adherentes.

Cambios en el denominado «tapón fiscal»

Otro de los puntos que modifica el proyecto está relacionado con el mecanismo conocido como «tapón fiscal», que limita la posibilidad de que ARCA revise ejercicios anteriores.

La normativa vigente habilita al organismo a fiscalizar períodos pasados cuando detecta una discrepancia significativa, definida hasta ahora como una diferencia superior al 15% entre el impuesto declarado y el que correspondía pagar, o cuando la diferencia supera los $100 millones.

La nueva redacción aclara que no se considerará que existe una discrepancia significativa cuando la diferencia no exceda un monto equivalente al 5% del mínimo previsto por el Régimen Penal Tributario, actualmente fijado en $100 millones.

También analizan cambios en el régimen de multas

Durante la última reunión con especialistas, los tributaristas acercaron al equipo económico una propuesta para flexibilizar el régimen de sanciones por incumplimientos impositivos.

Hasta el momento, el Gobierno no confirmó si esa iniciativa será incorporada al proyecto que Caputo presentará oficialmente este miércoles. No obstante, el planteo quedó bajo análisis dentro de la reforma que el Ministerio de Economía enviará al Congreso.

Quiénes quedan en zona de riesgo de ser fiscalizados por ARCA

En este nuevo escenario, quienes quedan en zona de riesgo de ser fiscalizados por ARCA, son:

• Personas que se radicaron en el exterior durante el año fiscal y perdieron residencia fiscal argentina antes del 31 de diciembre.
• Contribuyentes con actividad en países con tratados de doble residencia cuya aplicación sea discutida.
• Quienes hayan cumplido los días de ausencia que configuran pérdida de residencia fiscal según el art. 120 de la LIG.

Cabe aclarar que el art. 9° del anteproyecto exceptúa expresamente el período fiscal 2025 de esta exigencia. Quienes adhirieron al régimen para 2025 bajo la Ley 27.799 —que no tenía este requisito— no pueden ser excluidos retroactivamente por él.

Finalmente, respecto a los Grandes Contribuyentes, la Ley 27.799 vigente los excluye directamente del régimen (inciso c del art. 38). El anteproyecto los admite, pero con una restricción explícita: la adhesión solo tiene efecto para presentar la DJ y efectuar el pago en término. Es decir que no implica presunción de exactitud sobre Ganancias ni IVA, efecto liberatorio del pago en sentido amplio ni ninguno de los demás beneficios del régimen (eximición de multas, protección frente a presunciones del art. 18, etc.).

¿Para qué sirve entonces adherirse? «La utilidad práctica es mínima: permite usar la interfaz de presentación simplificada de ARCA y dejar constancia de la adhesión para efectos respecto al régimen de prevención del lavado de activos (antecedente favorable ante sujetos obligados). Nada más», detalla Felice.

Discrepancia significativa: el cambio técnico más importante

El punto de mayor impacto práctico se encuentra en la nueva definición de discrepancia significativa, ya que de ella depende la posibilidad de que ARCA impugne la declaración jurada simplificada y se pierda la presunción de exactitud.

El inciso i) del art. 40 vigente configura discrepancia significativa cuando la impugnación genera un incremento del impuesto determinado no inferior al 15% respecto del declarado. No existe ningún piso mínimo: en teoría, una diferencia del 20% sobre una base imponible muy pequeña puede activar la impugnación.

El proyecto mantiene la tres causales principales. La primera se configura cuando la impugnación de ARCA genera un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos por un porcentaje no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

La segunda se produce cuando el ajuste supera la suma prevista en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario, actualmente fijada en $100.000.000 para la evasión simple por cada tributo y por cada ejercicio anual.

La tercera causal se vincula con la utilización de facturas o documentos apócrifos, o con el cómputo improcedente de ingresos directos, incluidas retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos.

Sin embargo, el anteproyecto agrega un filtro adicional: aun cuando la diferencia porcentual supere el 15%, no se configura discrepancia significativa si el monto absoluto de esa diferencia no supera el 5% del umbral del art. 1° del Régimen Penal Tributario.

Es decir, aun cuando el ajuste supere el 15%, no habrá discrepancia significativa si la diferencia no supera un umbral mínimo equivalente al 5% del monto del artículo 1° del Régimen Penal Tributario. Con el umbral penal vigente de $100.000.000, ese piso mínimo equivale actualmente a $5.000.000.

Este cambio busca evitar que ajustes menores, diferencias de criterio o errores de baja significación económica terminen destruyendo la presunción de exactitud sobre períodos no prescriptos.

El mercado de cambios negoció con un muy alto monto operado de USD 704,4 millones, oferta que contribuyó a una baja de 3,50 pesos o 0,2% del dólar mayorista, a 1.477,50 pesos.

Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, recordó que fue la “primera baja del dólar mayorista luego de cuatro ruedas consecutivas con subas”, que “acumula en los dos primeros días de esta semana una baja de 50 centavos, lejos de la caída de 16,50 pesos de los dos primeros días de la semana anterior”.

El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.832,54, con lo cual el tipo de cambio oficial quedó a 355,04 pesos o 24 por ciento.

El dólar mayorista cede ahora 4,50 pesos o 0,3% en julio, mientras que en 2026 mantiene una suba de solo $22,50 o 1,5%, frente a una inflación próxima a 18% en lo que va del año.

“Atentos al canje del dollar-linked que vence a fin de mes, dado que permitiría evitar presiones, el dólar mayorista sigue relativamente estable en torno a los $1.480 con una operatoria más expandida y un BCRA comprando reservas, aunque regulando el ritmo al ritmo de la demanda. Que el clima financiero continúe tan calmo juega a favor de la desaceleración de la inflación, tal como quedó reflejado recientemente no sólo en el IPC sino también de manera incluso más pronunciada -a partir también de otros factores- a nivel mayorista», analizó el economista Gustavo Ber.

El Tesoro convocó para este martes a una licitación extraordinaria para renovar bonos vinculados al dólar que vencen este mes.

“La propuesta oficial busca canjear una letra cambiaria por dos opciones de igual cobertura. Los inversores podrán elegir títulos con vencimientos a agosto de este año o a diciembre de 2028. El ministro Luis Caputo intenta aliviar la carga financiera previa a la subasta de la próxima semana”, afirmó Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.

“Los antecedentes del mercado señalan una fuerte preferencia por alternativas de corto plazo. En la última operación similar, la mayoría de los tenedores eligió instrumentos con vencimiento a un mes. La decisión medirá el nivel de confianza en la gestión de la deuda gubernamental. Los tenedores de activos evaluarán el atractivo de mantener cobertura ante posibles fluctuaciones del dólar. La respuesta de los fondos determinará el margen de maniobra oficial para las próximas colocaciones”, añadió Ignacio Morales.

El dólar al público permaneció a 1.500 pesos para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.545 para la venta, en su tercer ascenso seguido, para alcanzar el precio más alto desde el 22 de octubre.

La divisa en esta plaza informal es tomada por las agencias de cambio a sus clientes a $1.525, esto es 75 pesos o 5,2% más que los $1.450 que pagan los bancos, brecha que justifica liquidar billetes atesorados en el comercio informal.

En cuanto al ingreso de divisas a la economía, el INDEC informó que en junio último la balanza comercial registró un superávit de USD 2.194 millones, para acumular un saldo positivo de USD 13.923 millones en la primera mitad del año. El superávit energético alcanzó USD 611 millones, equivalente al 28% del superávit comercial total. Las exportaciones crecieron 24,5% interanual y cayeron 0,9% respecto de mayo. Las importaciones aumentaron 7,3% interanual y 3,4% mensual si estacionalidad.

“Las importaciones parecen haberse estabilizado en un nivel inferior al observado antes de las elecciones, posiblemente reflejando una actividad doméstica más débil. Dentro de las importaciones, las cantidades importadas de bienes de capital cayeron 12,1% interanual, mientras que las de bienes de consumo disminuyeron 2% interanual. La relativa fortaleza de las importaciones de bienes de consumo sigue respaldando la visión de una moneda fuerte, aunque también responde a la reducción de barreras no arancelarias”, evaluaron los expertos de Max Capital.

Los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares, actualizados por el BCRA al 16 de julio, mostraron una caída de las colocaciones en efectivo de USD 45 millones, hasta 40.486 millones de dólares.

El resultado en la final del Mundial no fue el esperado, pero la Casa Rosada no va a cambiar los planes por eso.

Javier Milei proseguirá con el plan diseñado tras la salida de Manuel Adorni del Gobierno.

En aquel momento hubo un relanzamiento del oficialismo, con modificaciones claves en la cúpula del poder, y que incluyó la decisión de enviar al Congreso proyectos de leyes que Milei considera prioritarias para lo que viene: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una nueva versión de blanqueo fiscal, para atraer a los dólares que los argentinos tienen guardados «bajo el colchón».

A 15 meses de las presidenciales, donde el Presidente irá por su reelección, el Gobierno enfrenta un desafío completamente distinto al que tenía cuando llegó al poder: la discusión ya no pasa solamente por seguir bajando la inflación o sostener el equilibrio fiscal.

La nueva etapa del plan económico apunta a algo bastante más complejo: conseguir que la estabilidad cambiaria y de los precios empiece a transformarse en crédito, consumo, inversión y crecimiento.

En otras palabras, que la mejora de las variables financieras llegue finalmente a la economía real.

La discusión se da en medio del golpe sobre los ingresos de las familias y la caída del consumo masivo. Según el Indec, los salarios registrados tuvieron un alza de 1,8% frente a una inflación de 2,1% en mayo.

La era post Mundial: bienvenida campaña

Hasta ahora, la gestión de La Libertad Avanza logró ordenar buena parte de los desequilibrios heredados.

El equilibrio de las cuentas públicas es un hecho, la emisión monetaria también se ordenó, la inflación volvió a desacelerarse en los últimos meses y el Banco Central recuperó capacidad para acumular reservas.

Pero ese proceso tuvo un costo que se hizo sentir y perdura hoy mismo, a dos años y medio del inicio del mandato presidencial.

La prioridad absoluta fue estabilizar. No expandir la actividad. Se suponía que eso iba a quedar para una segunda instancia. Que hasta ahora no se evidenció.

Por eso, buena parte del esfuerzo oficial estuvo orientado a retirar pesos de circulación para evitar que la recuperación de la liquidez terminara alimentando una nueva ola inflacionaria.

El resultado fue una economía mucho más ordenada desde el punto de vista macroeconómico, aunque todavía con un mercado interno que sigue estancado. E incluso con caídas que aún no encontraron el piso, como ocurre con varios nichos industriales.

Ahora la apuesta empieza a cambiar.

El desafío del Gobierno, ya de cara al año electoral, consiste en permitir que una mayor disponibilidad de dinero vuelva a transformarse en préstamos para empresas y familias, sin poner en riesgo la estabilidad.

Cuál es el plan de Milei para reactivar la economía sin emitir

No se trata de volver a emitir pesos para financiar gasto público. Distintos economistas, como Carlos Melconian, sugieren que el Gobierno debería aprovechar la compra de divisas que realiza el Banco Central para generar una expansión monetaria compatible con una inflación en descenso.

En esa lógica, la acumulación de reservas deja de ser un objetivo exclusivamente financiero.

Pasa a convertirse en una herramienta para alimentar el crédito.

Si una parte de los pesos que nacen cuando el Banco Central compra dólares permanece circulando dentro del sistema financiero, aumentan las posibilidades de que crezcan los préstamos hipotecarios, prendarios, personales y para capital de trabajo.

Por ahora, Economía se muestra renuente a ese mecanismo: en la última licitación de deuda en pesos volvió a absorber pesos para que no quede liquidez dando vuelta en la economía.

Por ahora, la estrategia oficial pareciera correrse hacia más adelante. La lógica va más por el lado de que se afiance la dinámica de la desinflación.

Si eso fuera así, entonces los ingresos disponibles de los asalariados podrían destinarse a un mayor consumo.

En simultáneo, la baja de la inflación abriría las puertas a un descenso de las tasas de interés de los créditos, aun en un escenario de elevada morosidad. Con una inflación cada vez más baja, el crédito vuelve a ser una herramienta atractiva tanto para quienes necesitan financiar inversiones como para las familias que buscan adelantar consumos.

Y cuanto mayor sea el volumen de préstamos, mayor será también el impulso sobre la demanda interna.

La entrada de capitales, la otra vía

En paralelo, el Gobierno apuesta a que continúe mejorando el acceso al financiamiento externo.

La reducción del riesgo país, sumada a las mejoras recientes en la calificación crediticia de la Argentina, abre la posibilidad de refinanciar vencimientos de deuda en condiciones más favorables y disminuir la presión sobre las reservas internacionales.

Ese cambio resulta especialmente importante pensando en los fuertes compromisos financieros que deberá afrontar el país en 2027. Si el Tesoro consigue acceder a un refinanciamiento más barato, el Banco Central podrá preservar reservas.

Al mismo tiempo, empezarían a aparecer señales positivas del lado de la inversión privada.

Los grandes proyectos vinculados con energía, minería y litio prometen un ingreso creciente de dólares durante los próximos años, reforzando la capacidad exportadora del país.

Entrada de dólares: doble efecto

El ingreso de divisas genuinas serviría para sostener la estabilidad cambiaria.

Además, abriría espacio para una expansión de la actividad sin que aparezca inmediatamente la tradicional restricción externa que históricamente frenó los ciclos de crecimiento argentinos.

Sin embargo, el escenario dista de estar completamente despejado.

La consolidación del proceso dependerá de que continúe la disciplina fiscal, siga descendiendo el riesgo país y avance la reducción de impuestos que todavía afectan la competitividad de numerosos sectores.

También será determinante que el sistema financiero gane profundidad y que el crédito continúe creciendo sin deteriorar la calidad de las carteras.

En definitiva, el Gobierno parece haber dejado atrás la etapa más urgente de su programa económico.

La primera fase consistió en apagar el incendio macroeconómico.

La segunda exige algo bastante más difícil: demostrar que la estabilidad puede convertirse en crecimiento sostenido.