WASHINGTON.- En su informe anual 2025, publicado la semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Relatoría Especial, advirtió sobre la persistencia de un “deterioro en las condiciones para el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión” en la Argentina, y apuntó a los reiterados “discursos estigmatizantes” por parte de autoridades contra periodistas y medios de comunicación.

En ese marco, Edgar Stuardo Ralón Orellana, presidente de la CIDH y relator para la Argentina, señaló en una entrevista con que este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, analiza y monitorea el cierre indefinido de la sala de prensa de la Casa Rosada a raíz de la denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, aunque evitó responder si le pidieron algún tipo de informe del caso a la administración de Javier Milei.

Aunque el caso es de este año, en su informe la Relatoría Especial había observado en 2025, en materia de acceso a la información, “retrocesos significativos, como limitaciones al trabajo de periodistas acreditados en la casa de gobierno”.

“Diría que en la Argentina se puede opinar, pero hay denuncias de que los estándares sobre que no haya estigmatización y que no hayan reproches que favorezcan el espacio cívico están pasando por un momento complejo“, explicó Ralón Orellana.

-En el informe presentado la semana pasada sobre 2025, la Relatoría Especial observó la persistencia de un deterioro en las condiciones para el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión en la Argentina, ¿cuáles son los principales problemas que detectaron?

-Sí, de hecho, parte de lo que conversamos con la Relatoría de Libertad de Expresión en el Pleno es que en la región, en términos generales, hubieron diferentes momentos de manifestaciones y protesta social. Uno de los enormes desafíos que se ven es cómo los Estados reaccionan en sus protocolos de seguridad cuando se dan estas manifestaciones o protestas. Hubo ocasiones de denuncias sobre un uso desproporcionado de la fuerza. También por parte de los Estados han indicado que en ocasiones las protestas y manifestaciones se tornan violentas. Entonces, lo que hacemos nosotros es recordar los estándares interamericanos y, primero, recordar que la protesta es un elemento esencial de funcionamiento democrático. Se debe privilegiar esa protesta pacífica y que incluso si hay hechos de violencia, tratar de separar los hechos violentos de la protesta legítima y siempre actuar con proporcionalidad si es que en algún momento hay que hacer uso de la fuerza. Ese es uno de los grandes desafíos. Y lo otro es el tipo de discursos que se dan para favorecer el espacio cívico, que fomenten el debate de ideas, que eviten estigmatizaciones, descalificaciones o señalamientos en uno u otro sentido, sino que en todo caso, como toda institucionalidad democrática de un Estado, debe privilegiar el pluralismo de ideas y de opiniones y no ser reprimido, sancionado, estigmatizado.

-En ese contexto, en su informe la CIDH registró en la Argentina, en forma sistemática, discursos estigmatizantes por parte de altas autoridades contra periodistas y medios, lo que -afirman- dio lugar a dinámicas de acoso digital, amenazas y presiones. ¿Qué evaluación hacen en particular sobre la escalada de los ataques de Javier Milei a periodistas y medios?

-En el informe anual la Comisión, no solo en Argentina, sino en todos los países, no da una opinión de un gobierno o un gobernante, sino que describe situaciones de derechos humanos. Y sobre esta parte, lo que se hace es siempre indicar que es muy importante conservar el tono, el mensaje de unidad, el favorecer el espacio cívico, porque son estándares interamericanos de libertad de expresión. Cuando este tipo de situaciones no está ocurriendo, pues lo que hace, como ocurre en un apartado del capítulo de la Argentina, es recordar los estándares interamericanos. ¿Por qué? Porque son obligaciones firmadas por los Estados, porque están vigentes, porque no importa quién hoy esté al frente o no del gobierno, debería siempre favorecerse. Y entonces, lo que la Comisión hace es, más que entrar en un choque o confrontación con un gobierno, recordar los estándares. Y sí se hace ese recordatorio en la Argentina y en un par de Estados más en el informe anual.

-Entonces, ¿la Argentina está cumpliendo esos estándares?

-Pues yo le diría que en la Argentina se puede opinar, pero hay denuncias de que los estándares sobre que no haya estigmatización y que no hayan reproches que favorezcan el espacio cívico están pasando por un momento complejo, que el informe anual da cuenta. Es decir, no puedo decir que no existe posibilidad de manifestar o libertad de expresión, pero están pasando por un desafío que el capítulo de Argentina lo menciona.

-En materia de acceso a información, han marcado retrocesos importantes, como limitaciones al trabajo de periodistas acreditados en la casa de gobierno. Imagino que están al tanto de que se cerró en forma indefinida la sala de prensa de la Casa Rosada a raíz de una denuncia penal contra dos periodistas del canal TN por presunto espionaje ilegal. ¿Cómo evalúan esa decisión?

-Sí. Digamos que, para separar, el informe anual que presentamos marca el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Esto que usted menciona es de este año. Sí, estamos al tanto porque nos llega información. Nosotros hacemos una labor de monitoreo en toda la región y eso incluye a la Argentina. Hay un estándar de rendición de cuentas, de transparencia de acceso a la información. Y son obligaciones que los Estados deben cumplir. No hay un formato específico de una obligación internacional, sino que lo que debe prevalecer es que si alguien quiere una información que no es de seguridad nacional ni totalmente confidencial, debe poderse acceder. De estos hechos tomamos nota y normalmente lo que hacemos es pedir mediante una nota oficial información al Estado. En este caso, todavía no tenemos esta información. Así que, más que adelantar criterio, le digo que la Comisión está enterada, monitorea y toma un curso de acción. Y cuando se dan situaciones de este tipo, lo que se hace es contrastar la información de la denuncia con la información oficial.

-¿Ustedes ya hicieron eso?

–Nosotros internamente ya hemos analizado el tema y estaremos tomando una decisión. Recuerde que las decisiones son en el Pleno y si no se ha comunicado algo oficial al Estado argentino, mal haría yo con comentar algo acá en esta entrevista.

-¿Y le pidieron algún tipo de informe al gobierno argentino sobre esta situación en particular?

-No le puedo responder la pregunta, pero le puedo decir que el Pleno sí está en conocimiento de las denuncias que llegaron.

-O sea que analizan la situación.

-Así es.

-El Gobierno creó este año la Oficina de Respuesta Oficial para desmentir “falsedades” en medios de comunicación. ¿Qué opina sobre este mecanismo?

-Básicamente lo que debe existir en una sociedad informada donde se respetan los derechos humanos es que toda la información que se dé esté basada en datos verificables y que ninguna acción se pueda convertir en una especie de censura. Eso es lo que se monitorea, que no haya un mecanismo de censura directa o indirecta y que cualquier información, sea de carácter oficial o de carácter periodístico de investigación, esté fundamentada en datos para, precisamente, que no exista una desinformación o censura o represión por informar correctamente.

-Teniendo en cuenta esta descripción sobre la libertad de expresión en la Argentina, ¿en qué lugar ubica al país en comparación con el resto de la región?

–Toda la región está enfrentando desafíos muy grandes. Para ponerlo de una manera objetiva, el informe anual pone como países no democráticos a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Todos los demás pueden tener fallas o desafíos, pero están en una democracia. O sea, están en una sociedad donde hay un espacio cívico donde se puede opinar diferente. No quiere decir que no hayan denuncias o acciones sobre las cuales la Comisión tenga que implementar sus instrumentos, pero diría que todos los países -que incluyen a la Argentina- que están en el capítulo 4A no tienen un cierre total del espacio cívico ni de la circulación de ideas como sí lo tienen Cuba, Nicaragua y Venezuela.

-¿Les preocupa particularmente el uso de procesos judiciales por injurias y calumnias contra periodistas en la Argentina?

-Sí, digamos que cualquier proceso legal que se inicie contra un periodista debe de levantar una bandera de preocupación, sobre todo para saber exactamente si estamos ante una especie de censura, de represalia, o si estamos ante un proceso legítimo. La Comisión es un órgano que no es un tribunal de apelación, no puede interferir en los procesos nacionales. Somos subsidiarios y complementarios, pero nuestra competencia sí es cuando viene una denuncia de ese tipo, analizarla para ver si se está en una situación sistemática de querer reprender ciertas voces. Y es ahí donde la labor de monitoreo, los pronunciamientos o las comunicaciones bilaterales hacen que funcione el sistema interamericano para poder incidir en que el Estado respete los derechos humanos. Lo que hacemos es un análisis desde la óptica de las obligaciones internacionales, y sí llaman la atención, sí preocupan en cualquiera que sea el Estado, incluyendo la Argentina.

-Por último, en otro tramo del informe señalan que tomaron nota de la investigación contra la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, por presuntos sobornos en compra de medicamentos. Y este miércoles el jefe de gabinete, Manuel Adorni, se presentó en el Congreso en el marco de un contexto político marcado por una investigación sobre su patrimonio. ¿Cómo evalúan las denuncias sobre presuntos casos de corrupción en la Argentina?

-No puedo hablar de corrupción como tal porque se están iniciando los procesos, pero yo le diría que siempre es sano que existan los procedimientos para la transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios. Y si hay procesos que se están ventilando, pues quiere decir que el andamiaje legal y procesal de la Argentina está funcionando y habrá que ver el desenlace, si son procesos que llegarán a algún final, que tienen un fundamento, que se respeten las garantías. Lo que le puedo decir es que sí, nos llegará la información, la monitorearemos, pero mal haríamos con adelantar algún criterio que prejuzgue sobre algo que las autoridades competentes en la Argentina están en conocimiento e iniciando su procedimiento.

La oposición autoconvocó la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para exponer la situación que atraviesa el periodismo en la Argentina y, en particular, el vínculo de creciente tensión entre el Gobierno y la prensa.

La reunión se realizó un día después de un nuevo episodio: durante la sesión informativa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei llamó “chorros y corruptos” a periodistas acreditados en el Congreso tras una pregunta sobre la situación patrimonial de su funcionario.

El conflicto tuvo un punto de inflexión la semana pasada, cuando el Gobierno decidió cerrar indefinidamente la sala de periodistas de la Casa Rosada. Desde entonces, la prensa tiene restringido el acceso a la sede oficial. La explicación informal fue que un periodista había filmado sin autorización, pero la medida terminó afectando a todos los acreditados.

La reunión de esta mañana -que no figuró en la agenda oficial- fue impulsada por los vicepresidentes de la comisión, Nicolás Trotta (Unión por la Patria) y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), luego de que el presidente del cuerpo, el libertario Guillermo Montenegro, se negara a habilitarla formalmente. No participaron diputados de La Libertad Avanza ni de sus aliados de Pro y la UCR.

Aunque la reunión fue transmitida por el canal de YouTube de la Cámara de Diputados, el enlace se publicó en modo “oculto”, por lo que no era visible ni accesible de forma pública, salvo para quienes contaban con el link directo.

En la apertura, Trotta puso el foco en esas ausencias. Señaló que habían sido invitados el secretario de Comunicaciones, Javier Lanari, y el responsable de la “Oficina de Respuesta Oficial”, Juan Pablo Carreira, pero que ambos “confirmaron que no iban a asistir”. También cuestionó el “silencio” de bloques que antes hacían de la libertad de expresión “una bandera” y advirtió: “No es un problema sectorial, es un problema de la democracia”.

La reunión reunió a periodistas, organizaciones, sindicatos, abogados y directivos de medios. El diagnóstico fue coincidente: denunciaron agresiones verbales desde el poder, un clima de hostilidad que busca deslegitimar al periodismo, restricciones crecientes al acceso a la información -como el cierre y filtrado de la sala de prensa- y presiones económicas o judiciales sobre medios. También advirtieron sobre una “censura indirecta” basada en el amedrentamiento y el descrédito público.

En representación del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Paula Moreno advirtió que la entidad impulsa una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la situación en el país y que ya acercaron el diagnóstico al organismo, hoy encabezado por Edgar Stuardo Ralón. “Esperamos que se pueda concretar”, señaló.

Al presentar el monitoreo 2025, informó que las agresiones contra la prensa alcanzaron niveles récord: las acciones judiciales crecieron 150%, los ataques a bienes casi se duplicaron, el discurso estigmatizante aumentó 71,6%, las restricciones al acceso a la información, 33%, y los ataques a la integridad, 29%. Moreno sostuvo que gran parte de estas agresiones provienen del presidente Milei y advirtió sobre la “asimetría” entre el poder político y los periodistas: “No hay manera de responder en igualdad de condiciones”. En ese marco, remarcó que el problema impacta en la ciudadanía: “Su derecho de información es nuestro derecho de información”.

El abogado de Perfil, Agustín Bosch, denunció un hostigamiento sistemático contra su director Jorge Fontevecchia y el grupo Perfil, que -según planteó- combina agravios públicos, presión económica y acciones judiciales. En ese marco, encuadró las descalificaciones del Presidente en la lógica del “assassination of character”, una estrategia de desacreditar al mensajero para debilitar su mensaje, y advirtió que su efecto trasciende a un medio en particular.

Por su parte, el periodista Jonathan Heguier (El Destape) buscó desmentir la idea de que los trabajadores de prensa tienen ingresos elevados. Señaló que el 70,5% cobra por debajo de la línea de pobreza en su empleo principal, que el 43% se mantiene en esa situación aun sumando todos sus trabajos y que solo el 4,8% logra vivir con un solo ingreso. “Con un solo empleo, a menos del 5% le alcanza para vivir”, resumió.

La periodista Silvia Naishtat (Clarín) advirtió sobre la gravedad del escenario y consideró que el diagnóstico es “contundente”. Señaló que la escalada de tensión “termina mal” y llamó al Congreso a intervenir al advertir que la situación “no es compatible con un régimen democrático”.

En representación del Sipreba, Agustín Lecchi advirtió sobre la situación laboral del sector y pidió preservar el estatuto del periodista, cuya vigencia vence a fin de año.

De la reunión participaron referentes opositores como Mónica Frade y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Lourdes Arrieta (Provincias Unidas); Esteban Paulón (Socialismo) y, por Unión por la Patria, además de Trotta, Germán Martínez, Agustín Rossi, Hugo Yasky, Roxana Monzón, Kelly Olmos, Juan Marino, Sabrina Selva, José Glinsky, Horacio Pietragalla, Juan Carlos Molina y Ernesto “Pipi” Nader Ali. También estuvo Romina del Plá, de la izquierda.

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, reclamó que la Comisión de Libertad de Expresión funcione formalmente: “Una cosa es la buena predisposición entre nosotros y otra es que el debate ocurra donde corresponde”. Recordó que un antecedente similar terminó sin continuidad y advirtió: “Hay demasiados temas como para no discutirlos en el ámbito que corresponde”.

En ese contexto, la diputada Sabrina Selva adelantó que presentará un proyecto para garantizar por ley las salas de prensa en los tres poderes del Estado. El socialista Esteban Paulón propuso, en tanto, modificar el reglamento para evitar bloqueos como el actual: “Que un presidente de comisión no pueda clausurar el debate”.