POLITICA
Chaco: la policía impidió un corte de ruta y secuestró armas blancas, hachas y gomeras a los manifestantes

“No vamos a ceder ante extorsiones ni amenazas”, sostuvo el gobernador Leandro Zdero, luego del operativo que impidió el piquete en el noreste provincial.
“No más cortes. Garantizamos libre circulación”, agregó el mandatario en su cuenta de X. El posteo incluyó un video en el que se compilan imágenes del procedimiento.
El operativo se realizó en la intersección de las rutas provinciales 3 y 4. Participaron uniformados de Infantería y la Montada. El cruce se ubica a 15 kilómetros del centro de Pampa del Indio. La localidad, de unos 20 mil habitantes, tiene una fuerte presencia de pueblos originarios.
El intendente de la ciudad es el justicialista Gustavo Karasiuk. Va por su cuarto mandato al frente del Municipio.
El accionar de los uniformados evitó que se interrumpiera el tránsito en la zona. El sitio es un lugar donde se realizaban piquetes de modo habitual. La mayoría tuvo a las comunidades originarias como protagonistas.
El despliegue de las fuerzas de seguridad se concretó durante las primeras horas del miércoles 29. En las banquinas del cruce de las rutas se había agolpado un gran número de personas. Muchos tenían elementos contundentes en su poder y llevaban el rostro cubierto.
La presencia policial, las requisas y la acción disuasoria impidieron que se interrumpiera el tránsito.
En la intersección se realizó una protesta de la comunidad Qom hace unas semanas. La movilización se concretó el 19 de abril, día del aborigen americano. Los planteos esgrimidos giraban en torno a reclamos históricos que no habrían sido escuchados por las autoridades.

Qué se secuestró durante el operativo
El Gobierno de la Provincia del Chaco, a través del Ministerio de Seguridad y la Policía provincial, informó que durante el miércoles llevó adelante “un operativo en la localidad de Pampa del Indio para garantizar el orden público y la libre circulación”. El accionar de la fuerza se justificó “ante intentos de bloqueo en rutas provinciales”.
El parte oficial dio cuenta de que “desde las primeras horas de la jornada, grupos de personas intentaron interrumpir el tránsito en la intersección de las rutas 3 y 4. Frente a esta situación, las fuerzas del orden actuaron bajo la premisa de flagrancia”, indicó la cartera de Seguridad chaqueña. Así se evitó “en reiteradas oportunidades el avance de manifestantes que evidenciaban conductas violentas”, consignó.
“Como resultado de las intervenciones, se procedió al secuestro de diversos elementos peligrosos”, indicó el parte. El detalle listó “armas blancas, hachas, palos, gomeras, cadenas y piñones de motocicletas utilizados como proyectiles”. El accionar policial priorizó “en todo momento la preservación del orden y la seguridad de la comunidad”, agregó el comunicado del Gobierno.
El Ejecutivo provincial remarcó que el interés general “prevalece por sobre los reclamos particulares”. En ese sentido, se ratificó que el Estado “continúa brindando asistencia a los sectores más vulnerables, pero mantiene una postura firme ante este tipo de situaciones”.
Además, se destacó que la gestión provincial sostiene el diálogo con quienes “respetan la normativa vigente”.

Asimismo, advirtió que se aplicará “todo el peso de la ley” a los que “intenten vulnerar derechos de terceros mediante hechos de violencia”. Por último, las autoridades chaqueñas ratificaron “el compromiso del Gobierno con la paz social y el cumplimiento de la ley”.
Aún antes de ser electo gobernador, Zdero había cuestionado la práctica de los piquetes. “Afectan al docente, al trabajador, al comerciante, al hombre de campo y al que debe transitar, como un derecho tal cual lo establece la Constitución”, dijo siendo legislador provincial.
Incluso llegó a presentar un proyecto de ley, que no prosperó, para cancelar los cortes. La iniciativa impedía “obstaculizar, bloquear y/o afectar el uso público o el libre tránsito”. Apuntaba a resguardar ”caminos, calles, avenidas, rutas, autopistas, accesos a ciudades o a cualquier vía pública de circulación”.
Si una organización motorizaba una actividad de este tipo, perdía toda subvención oficial. “Un puñado de personas con palos y quemando gomas no deben impedir el paso a otro chaqueño. El artículo 14 de la Constitución Nacional pone de manifiesto que la libre circulación es un derecho y no un privilegio”, sostuvo en su momento.
Chaco,corte de ruta,policía,manifestación,secuestro,armas,gomeras,protesta,seguridad,piquete
POLITICA
“El peor daño que tiene la economía lo genera Adorni”, dijo el sindicalista petrolero Jorge Avila

“Asumo por cuarta vez en esta institución después de 2012, satisfecho porque hemos hecho un trabajo enorme, y ahora vienen cambios y mucha gente nueva que es la que va a quedar en el gremio cuando termine este mandato”. De esta forma, Jorge “Loma” Avila confirmó a Infobae que a partir de 2030 no seguirá al frente del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut. Y lo dijo a pocos minutos de haber asumido su cuarto mandato consecutivo como líder de uno de los principales gremios de la actividad petrolera, desde donde también llegó a la política, ya que es diputado nacional por Provincias Unidas tras su alianza con el gobernador Ignacio Torres.
Para confirmar el perfil de amplios apoyos que fue construyendo, al acto de asunción de Avila concurrieron desde el gobernador chubutense hasta el CEO de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni, pasando por el cotitular de la CGT Cristian Jerónimo y dirigentes como Víctor Santa María y Emilio Monzó, entre otros.
“Los petroleros hoy tenemos un camino y un rumbo que van a continuar los cuatro años que vienen -dijo Avila en el discurso con el que asumió su nuevo mandato-. Vamos a seguir trabajando todos los días para llevar el pan a la casa, para mantener nuestra fuente de trabajo y a los trabajadores y a nuestra institución en alto”.

También habló el flamante tesorero del sindicato, Emiliano Mongilardi, quien también se desempeña como director de YPF: “Es un orgullo asumir esta responsabilidad y acompañar a Ávila en esta nueva etapa de nuestra organización. Vamos a seguir trabajando con compromiso, defendiendo las fuentes laborales y fortaleciendo a la familia petrolera”. Además, ponderó el valor de Chubut en la economía nacional, afirmando que “hace más de 100 años que generamos energía para toda la Argentina”.
Tras el acto, Avila señaló a Infobae que en los próximos cuatro años de gestión en el sindicato se propone lo siguiente: “Reorganizarnos con lo que quedó en la industria petrolera, ver si podemos encontrar el petróleo no convencional. Y la otra meta es meternos de lleno a trabajar para recuperar trabajadores para el sector minero. Son dos cosas en las que vamos a trabajar fuerte para que podamos lograr tener también contención con nuestra gente, para que no sean los trabajadores que vengan de afuera sino sean trabajadores de la propia petrolera YPF los que puedan explorar la minería”.
— ¿Cómo está viendo la economía a nivel nacional?
— Mal. Creo que el peor daño que tiene la economía lo genera (Manuel) Adorni, un hombre de adentro del propio gabinete. Esta semana (en Diputados) estuvimos dos horas discutiendo para decidir si se hacía la reunión para ver si se va o se queda, está toda la agenda dominada por eso. La verdad que no dan los números para sacarlo, pero tampoco se lo puede sostener ante algo que es muy evidente para toda la gente. No se puede explicar por qué si tenía todo limpio no muestra nada todavía.

— Como opositor, ¿ya está trabajando en algún armado político para ganar las elecciones en 2027?
— Sí, vamos a trabajar en eso. De hecho, estamos creando un partido sindical propio para poder intervenir en la política y ver para qué lado lo inclinamos cuando vengan las candidaturas de nuevos candidatos. Cuando termine este mes vamos a tener el nombre y saldremos a la calle, a los barrios y en todos los lugares que haga falta para mostrar que somos una nueva fuerza con una idea distinta a lo que piensa todo el mundo hoy de la política.
— ¿Será una opción dentro del peronismo?
— A nosotros nos expulsaron del peronismo, pero las ideas siempre las conservamos. Nosotros siempre fuimos peronistas y nunca fuimos kirchneristas, que es distinto.

— Desde su nuevo partido, ¿mantendrá su acuerdo político y electoral con el gobernador Torres?
— Por lo menos de mi parte, tengo un compromiso de tratar de cumplirlo, de mantenerlo lo máximo que se pueda. Pero vienen elecciones y pueden aparecer nuevos ganadores. Hoy, mi obligación es defender los puestos de laburo de Comodoro Rivadavia y mi obligación va a ser trabajar con aquel que apoye la minería. Necesitamos crear nuevas fuentes de laburo, necesitamos que ingrese plata a Chubut. Sin plata no se va a poder gobernar y eso también lo tenemos bien claro a la hora de apoyar o jugar.
— ¿Cómo está la actividad petrolera en particular?
— Los puestos de trabajo cayeron un montón. Nosotros perdimos cerca de 6 mil trabajadores. Eso se siente mucho en la recaudación del sindicato, pero también en la obra social y en varios sectores. Somos el único sindicato que en Comodoro Rivadavia paga el 100% de los medicamentos a sus jubilados. Entonces, la caída de los puestos de trabajo golpea fuerte a la estructura sindical. Necesitamos devolverle mano de obra a la actividad, por lo menos a esos trabajadores que perdimos. La única forma de hacerlo sería buscando nuevos recursos, nuevos minerales que nos devuelvan lo que fue el petróleo.
POLITICA
Anulan el fallo que consideró inocentes a los interventores kirchneristas del Incaa

La Cámara Federal de Casación Penal anuló las absoluciones de dos exdirectores del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y de dos productores audiovisuales y mandó a dictar un nuevo fallo tras el juicio en el que fueron juzgados por defraudación.
En el proceso se investiga el manejo del Fondo de Fomento Cinematográfico en el período 2002-2013.
Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hicieron lugar al recurso de casación del fiscal y ordenaron dictar un nuevo fallo.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 había absuelto a los exdirectores del Incaa Liliana Mazure y Jorge Alvarez y a Fernando Rubén Sokolowicz y Pablo Luis Rovito, acusados del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.
El juicio estuvo a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel. Comenzó el 3 de junio de 2025 y culminó el 14 de octubre de ese año. Habían sido procesados hace 18 años por el juez Claudio Bonadio.
Ahora, la Casación revocó las absoluciones y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.
La causa se inició a raíz de una denuncia anónima en el año 2007. A lo largo del proceso estuvieron imputados distintos funcionarios públicos y productores audiovisuales y, finalmente, la fiscalía elevó a juicio a los tres presidentes que se sucedieron al frente del Incaa durante el período 2002-2013 (el primero, Jorge Coscia, falleció antes del comienzo del debate) y a tres productores audiovisuales.
Dos de ellos habían intervenido en una producción audiovisual alcanzada por la imputación (Fernando Rubén Sokolowicz y Pablo Luis Rovito) y el restante, Alejandro Juan Tossenberger, en otra. Este último fue absuelto por falta de acusación fiscal al cierre del debate.
La maniobra investigada se relaciona con irregularidades en la suscripción y ejecución de convenios celebrados entre las autoridades del INCAA y distintos productores audiovisuales, en virtud de los cuales se habrían liberado indebidamente fondos del Fondo de Fomento Cinematográfico para la producción de proyectos audiovisuales.
La acusación señaló que los funcionarios que administraban los fondos no dispusieron de las medidas necesarias para comprobar la efectiva progresión de la obra cinematográfica. También se habían advertido presuntas falencias en las rendiciones de gastos que presentaron las productoras.
La fiscalía sostuvo que muchas de las producciones cinematográficas en cuestión nunca se hicieron, lo que, según la acusación, generó un perjuicio económico al Estado.
El monto total del perjuicio económico causado al INCAA en los múltiples expedientes administrativos relevados en el caso, según el alegato final del fiscal, superaría los $16.000.000.
En las películas cuestionadas vinculadas a los dos productores respecto de quienes el fiscal mantuvo la acusación, el monto involucrado es de $1.600.000, a diciembre de 2013.
En su caso, el fiscal que instruyó el caso, Gerardo Pollicita, entendió que Sokolowicz y Rovito acordaron el proyecto “La Historia de América Latina”, una serie de 63 episodios (50 capítulos más un resumen de otros 13).
Aunque los productores “percibieron la totalidad del aporte del INCAA”, que ascendió a $16.000.000, pago que se realizó durante las presidencias de Coscia y Álvarez, “solo se entregaron 18 de los 63 capítulos convenidos”, había sostenido la acusación.
La Sala IV consideró arbitrario el análisis de los hechos y el derecho efectuado por el tribunal oral y, por eso, anuló la conclusión absolutoria a la que arribó.
Sostuvo la Casación que el tribunal oral partió de una premisa equivocada para la determinación del alcance de los deberes a los cuales los presidentes del Incaa imputados en la causa debían adecuar el manejo del Fondo de Fomento Cinematográfico; y señalaron que ese error fue el que impactó en el examen de los hechos del caso.
El fallo de Casación destacó que la ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica Nacional, que sirvió de marco a los convenios, no podía ser considerada absoluta aun cuando la aplicación de fondos se tratara de una facultad discrecional que no había sido reglamentada.
Desde esa óptica, señalaron los camaristas que el correcto abordaje del caso implicaba el examen de la razonabilidad de la actuación de los funcionarios imputados, tomando en cuenta tanto la citada ley del cine como la de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
El juez Hornos mencionó que, a partir de la reforma constitucional de 1994 y de la aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Estado argentino se comprometió a maximizar sus esfuerzos por enaltecer deberes y obligaciones en el ejercicio de la función pública, promoviendo la probidad y la transparencia.
Y se comprometió a adoptar las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción.
El juez Borinsky puso de resalto que los funcionarios públicos, en quienes el Estado deposita el cumplimiento y la ejecución de sus funciones en virtud del rol especial que desempeñan, son quienes mayores deberes y responsabilidades tienen hacia la sociedad y, precisamente por esa circunstancia, se reclama y espera que cumplan sus funciones con responsabilidad, ética y transparencia.
Puntualizó que el delito de defraudación agravada, en juego en el caso, puede asumir cualquiera de las modalidades de los fraudes previstos en el Código Penal, pero con la particularidad de que el sujeto pasivo de la conducta es el Estado, lo que constituye precisamente la razón de la agravante.
Por otra parte, el tribunal revisor observó que el perjuicio patrimonial también fue descartado arbitrariamente en la sentencia absolutoria.
Advirtió que no se realizó un examen integral y razonado de los peritajes contables incorporados al debate, ya que se trata de prueba técnica especialmente destinada a esclarecer la existencia o no de uno de los requisitos para la configuración del delito imputado por el Ministerio Público Fiscal.
En particular, con relación al expediente que involucra la imputación del delito a dos productores, precisaron que el tribunal oral no había explicado con fundamentos suficientes cómo los incumplimientos contractuales de su parte, que fueron admitidos por el propio sentenciante, resultaban compatibles con la afirmación de que no hubo perjuicio patrimonial.
absoluciones,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La OMS confirmó la salida de la Argentina y el Gobierno celebró la oficialización

El Gobierno celebró este viernes la ratificación formal de la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión impulsada por el presidente Javier Milei y anunciada oficialmente a comienzos de este año.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó a través de sus redes sociales que la Asamblea Mundial de la Salud aprobó “por consenso” el retiro de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud, con efecto a partir del 17 de marzo de 2026.
Según sostuvo el funcionario, la decisión “representa la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad” de Milei y “confirma la efectividad jurídica de la decisión soberana adoptada por la República Argentina”. El mensaje fue compartido por el Presidente.
El mensaje de Quirno remarcó además que el país “posee la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política para proteger la salud de su población” y aseguró que la Argentina continuará dispuesta a cooperar internacionalmente “sobre la base de criterios científicos y técnicos y con pleno respeto por la soberanía de los Estados”.
Leé también: Javier Milei firma hoy el envío al Congreso del Súper RIGI, la ley de lobby y cambios en etiquetado frontal
El funcionario también destacó el trabajo conjunto entre la Cancillería y el Ministerio de Salud durante el proceso de salida del organismo internacional y agradeció a los países que respaldaron la posición argentina.
“Quiero reconocer el trabajo coordinado entre la Cancillería y el Ministerio de Salud y agradecer especialmente a los países que nos apoyaron desde el principio”, expresó.
La decisión de abandonar la OMS había sido anunciada por el Gobierno nacional en medio de fuertes cuestionamientos de Milei al funcionamiento del organismo durante la pandemia de coronavirus y a las recomendaciones sanitarias impulsadas a nivel global.
Desde la Casa Rosada sostienen que la salida apunta a reforzar la soberanía nacional en materia sanitaria y evitar condicionamientos externos en la definición de políticas públicas vinculadas a la salud.
El Gobierno había informado la decisión del Presidente en febrero del año pasado, en línea con la postura que tomó el mandatario estadounidense Donald Trump. “La OMS, junto al gobierno de Alberto Fernández, nos llevaron al encierro más grande de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados”, afirmó en aquel momento el vocero presidencial Manuel Adorni.
“Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”, fue la frase para justificar la decisión. Ese mismo argumento fue retomado en las últimas horas por Quirno.
OMS, Gobierno, Javier Milei
ECONOMIA1 día agoMilei lanza «operativo» urgente para que el salto de inflación mayorista no explote en góndolas
POLITICA2 días agoVIDEO | Un especialista demostró que la cuenta de X que desató la interna libertaria pertenecía a Martín Menem
ECONOMIA23 horas agoEl FMI aprobó la revisión del acuerdo con la Argentina y destraba el desembolso de USD 1.000 millones
















