Por primera vez en más de una década y en el marco del acuerdo comercial, Estados Unidos excluyó a la Argentina de la Priority Watch List (Lista de Vigilancia Prioritaria), la categoría más crítica de su informe anual sobre propiedad intelectual, y fue trasladada a la Watch List (Lista de Vigilancia). El país figuraba en la “lista negra” desde hace más de 10 años y acumulaba observaciones durante tres décadas por distorsiones en el comercio provocadas por la falta de respeto a los derechos de autor y patentes.

La decisión se conoció tras la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) entre ambas naciones en febrero de 2026, por el cual el gobierno argentino asumió compromisos para elevar los estándares de protección y aplicación de la propiedad intelectual. El documento oficial de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. destaca que el ARTI “beneficiará a los innovadores y creadores estadounidenses al mejorar la protección de la propiedad intelectual (PI) y priorizar la aplicación contra el robo de PI”. Entre los compromisos, el país se obligó a avanzar en tratados internacionales clave.

Bajo la perspectiva de la Oficina, la Argentina derogó limitaciones “excesivamente amplias” sobre la materia patentable, las cuales incluían directrices de examen de patentes que rechazaban automáticamente solicitudes para categorías de invenciones farmacéuticas que “son elegibles para patente en otras jurisdicciones y exigían que los procesos para la fabricación de compuestos activos divulgados en una especificación fueran reproducibles y aplicables a escala industrial”.

El informe detalla una serie de medidas adoptadas por el país para salir de la lista prioritaria. Entre ellas, elabora “informes sobre la viabilidad de un régimen de protección de datos y sobre las causas de retrasos en el proceso de concesión de patentes”. Además, fortalece la aplicación penal mediante “sanciones disuasorias, incluyendo multas mayores y penas de prisión para la falsificación cometida por redes criminales organizadas”. El acuerdo prevé también dotar de autoridad de oficio a las agencias fronterizas, establecer un organismo de coordinación para la aplicación de propiedad intelectual y modificar la legislación local para apoyar acciones civiles efectivas, incluso habilitando medidas cautelares contra la piratería de derechos de autor.

En el terreno operativo, el compromiso argentino incluye “aumentar los operativos e incautaciones en mercados y centros de distribución notorios”, así como el desarrollo de una estrategia nacional de aplicación para combatir la piratería y la falsificación. El país se comprometió a “recopilar y publicar estadísticas trimestrales sobre la aplicación de PI, aplicar la responsabilidad de los propietarios de inmuebles cuyos inquilinos vendan productos falsificados o pirateados y promover la cooperación entre los proveedores de servicios de Internet (ISP), titulares de derechos y otras partes interesadas”. Según el texto, se busca también “investigar y perseguir penalmente a los operadores de sitios web radicados en la Argentina dedicados a la piratería comercial de derechos de autor”.

El acuerdo suscripto con Estados Unidos contiene cláusulas nuevas en materia de comercio agroalimentario. La Argentina preservará el acceso al mercado estadounidense para productores de quesos y carnes que emplean nombres comunes, con el fin de que “el acceso al mercado no se restrinja únicamente por el uso de ciertos términos de quesos y carnes”. El país asumió además “compromisos para establecer estándares sólidos de transparencia y equidad en la protección de las indicaciones geográficas (IG) y asegurar que productos estadounidenses puedan seguir usando términos que han sido protegidos injustamente como IG”.

Un cambio central se dio en marzo de 2026, cuando el país derogó “limitaciones excesivamente amplias sobre la materia patentable para patentes farmacéuticas”, entre ellas directrices que “rechazaban automáticamente solicitudes de patente para categorías de invenciones farmacéuticas que sí son patentables en otras jurisdicciones”.

En efecto, el Gobierno eliminó a mediados del mes pasado una resolución dictada en 2012 que imponía restricciones al otorgamiento de patentes para medicamentos. Desde ahora, la facultad de decidir sobre la concesión de estas patentes recaerá exclusivamente en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que evaluará cada solicitud de manera individual, sin los límites previos que regían hasta la fecha.

Mediante una resolución conjunta, el ministro de Salud, Mario Lugones, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del INPI, Carlos María Gallo, anularon la normativa de 2012 que establecía las “Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas”, un compendio de requisitos técnicos para la aprobación de este tipo de patentes. La nueva disposición, publicada en el Boletín Oficial, establece que el INPI “determinará en cada caso la procedencia de la patentabilidad de las invenciones”.

Pese a los avances reconocidos, el reporte de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. advierte que el país “sigue presentando desafíos históricos a las industrias intensivas en PI, incluidas las estadounidenses”. Persisten dificultades en la aplicación de derechos de propiedad intelectual tanto en mercados físicos como en línea. El informe identifica otra vez a “La Salada y Barrio Once en Buenos Aires” como mercados notorios, mientras que las plataformas digitales asociadas con esos centros continúan distribuyendo productos falsificados y pirateados. En 2025, una orden judicial habilitó 60 operativos simultáneos en La Salada y zonas cercanas, con múltiples detenciones, pero la policía local “generalmente no actúa de oficio y los procesos pueden estancarse en excesivas formalidades”.

Sobre la piratería digital, el documento resalta que “una operación conjunta de la Unidad de Ciberdelitos de la Fiscalía Provincial de Buenos Aires y la Policía Federal desmanteló un prominente servicio ilegal de IPTV llamado Magis TV Pro, con cuatro arrestos y una condena”. No obstante, la piratería en línea sigue creciendo y “la aplicación de PI en línea en la Argentina consiste principalmente en que los titulares de derechos intentan convencer a los ISP argentinos para que eliminen contenidos infractores u obtener medidas cautelares en procesos civiles, ambos procedimientos lentos y con eficacia limitada”.

Entre las recomendaciones, Estados Unidos alienta a la Argentina a “aplicar la responsabilidad de los propietarios de inmuebles y fortalecer la aplicación contra la venta de bienes infractores” en mercados como La Salada y Barrio Once, así como a modificar la ley de marcas para aumentar las sanciones penales por falsificación cometida por redes criminales.

En relación a las patentes, el reporte advierte sobre “limitaciones para la patentabilidad de innovaciones biotecnológicas basadas en materia viva y sustancias naturales que difieren del estándar de muchos otros países” y sobre la falta de protección para datos de prueba en sectores agrícola y farmacéutico. El INPI informó una reducción en el atraso de solicitudes de patentes, aunque aún persisten demoras promedio de seis a siete años.

En materia de indicaciones geográficas, Washington insta a Buenos Aires a “garantizar transparencia y debido proceso en su protección y asegurar que la concesión de IG no prive a las partes interesadas del uso de nombres comunes”, especialmente en el contexto del acuerdo comercial Unión Europea-MERCOSUR.

Estados Unidos estableció que monitoreará la implementación de los compromisos asumidos por la Argentina y continuará el diálogo a través del Foro de Innovación y Creatividad bilateral creado bajo el acuerdo TIFA.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires alertaron sobre una nueva modalidad de estafa financiera conocida como “estafa triangular”, que utiliza a personas inocentes como intermediarias para mover dinero obtenido de forma fraudulenta. Las autoridades explicaron que este tipo de engaño transforma a la víctima en parte involuntaria de una maniobra de lavado de activos y puede tener consecuencias penales para quienes, sin saberlo, colaboran con el delito.

El mecanismo comienza cuando la víctima recibe en su cuenta bancaria una transferencia inesperada, muchas veces por un monto elevado, que puede alcanzar los $500.000 o más. Poco después, un tercero se comunica para solicitar la devolución de ese dinero, alegando que se trató de un error y proporcionando un nuevo CBU para realizar la transferencia.

A través de un video difundido en la cuenta oficial de Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, se brindó una detallada explicación de cómo operan los estafadores que buscan

“¿Te cayó una transferencia de quinientas lucas y te piden que la devuelvas? No es un error, es una estafa triangular. El delincuente engaña a otra persona y usa tu cuenta. La plata te llega a vos, pero no es tuya», comenzó diciendo un integrante de la fuerza policial provincial.

Y continuó: “Después te apura para que lo mandes a otro CBU. Si lo hacés, te usa para lavar dinero. No la devuelvas por tu cuenta. Contactá a tu banco y pedí la reversión oficial. Si la plata pasa por vos, quedás en el medio”.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires remarcó que el engaño no termina con la simple devolución del dinero. La maniobra consiste en que el delincuente, luego de obtener fondos de una víctima principal mediante fraude, los traslada a la cuenta de una segunda persona (el intermediario), quien desconoce la verdadera procedencia del dinero.

De este modo, el estafador busca dificultar el rastreo de los fondos y comprometer a terceros en el circuito delictivo. “Estafa triangular: te llega plata, te piden que la devuelvas a otra persona… pero en realidad te están usando como intermediario para mover dinero de una maniobra fraudulenta. Estate atento, no transfieras sin verificar”, advirtieron desde la cartera de Seguridad.

El riesgo principal para la persona que recibe la transferencia radica en que, al mover el dinero a otra cuenta, queda involucrada en una operación de lavado de activos, aunque no haya participado conscientemente del delito original. Las autoridades explicaron que el simple hecho de actuar como intermediario puede derivar en investigaciones judiciales y sanciones, ya que la trazabilidad bancaria deja constancia del paso de los fondos por su cuenta.

Ante la detección de una transferencia sospechosa, la recomendación de la Policía Bonaerense y del Ministerio de Seguridad es clara: no transferir el dinero a ninguna cuenta proporcionada por terceros ni intentar devolverlo por cuenta propia. En cambio, se debe contactar al banco de inmediato y solicitar la reversión oficial de la operación. De esta forma, la entidad financiera inicia el protocolo correspondiente y preserva a la persona de quedar comprometida judicialmente.

Las autoridades subrayaron la importancia de actuar con cautela. No devolver el dinero sin verificar el origen real de la transferencia y sin intervención bancaria oficial es fundamental para evitar ser parte de una maniobra ilegal. Además, aconsejaron dar aviso a las fuerzas de seguridad y compartir la advertencia para prevenir que otras personas caigan en la misma trampa.

El fenómeno de la estafa triangular evidencia la sofisticación creciente de los delitos financieros y la necesidad de mantener prácticas de seguridad estrictas en la administración de cuentas bancarias. El mensaje de la Policía Bonaerense y del Ministerio de Seguridad apunta no solo a la prevención individual, sino también a la difusión social de la información para reducir el impacto de este tipo de fraudes.

Washington, 30 abr (.).- Un día antes de que venza el plazo de 60 días que obliga al Gobierno de Donald Trump a pedir autorización al Congreso para mantener tropas desplegadas para la guerra contra Irán, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este jueves que dicho permiso es ahora innecesario porque Washington declaró una tregua con Teherán el pasado 21 de abril.

«En este momento nos encontramos en un alto el fuego, lo cual, a nuestro entender, significa que el plazo de 60 días se pausa, o se detiene, durante un alto el fuego», aseguró Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado.

La Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973, la ley que exige que el Ejecutivo tenga que pedir permiso al Congreso para mantener la ofensiva militar más allá de 60 días, no hace ninguna mención específica sobre cómo un alto el fuego alteraría la fecha para solicitar dicha autorización.

Teniendo en cuenta que EE.UU. e Israel comenzaron a bombardear Irán el pasado 28 de febrero, la fecha en la que técnicamente se cumple el plazo de 60 días es mañana, 1 de mayo.

Técnicamente la guerra contra Irán está sujeta a la resolución, ya que el Congreso no ha autorizado aún la operación ni ha declarado oficialmente la guerra contra la República Islámica declarada por el Congreso y el operativo no responde a una emergencia nacional creada por un ataque contra EE.UU., sus territorios o sus fuerzas armadas.

Como ya sucedió en el Comité de los Servicios Armados de la Cámara Baja el miércoles, los legisladores demócratas orientaron sus preguntas durante la comparecencia de Hegseth al impacto económico de la guerra con Irán en los ciudadanos estadounidenses debido al cierre del estrecho de Ormuz que ha provocado un alza en los precios de los carburantes y está impulsando la inflación subyacente.

Los senadores liberales también trataron de subrayar que Washington optó por atacar a la República Islámica sin tener ninguna prueba de que Irán se disponía a desarrollar una bomba nuclear o a atacar EE.UU. con una, a lo que Hegseth respondió que el operativo ha impedido que Teherán pueda tener acceso a un arma atómica.

Y al igual que el miércoles, el secretario de Guerra estadounidense eludió responder directamente a las preguntas que se le hicieron a cuenta de declaraciones anteriores suyas sobre no dar «ningún cuartel», algo que en teoría instruye a las fuerzas armadas a matar a soldados heridos o que quieran rendirse, lo que constituye un crimen de guerra.

El Pentágono estimó el miércoles ante la Cámara de Representantes que la guerra Irán ha costado a EE.UU. unos 25.000 millones de dólares, principalmente por el gasto en municiones.

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