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El PJ definió su congreso para el 19 de mayo y confirmó fechas para las elecciones en Jujuy y Salta

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El consejo nacional del PJ se reunió este jueves por la mañana en la sede de Matheu 130 para actualizar a sus integrantes del camino a seguir con las delegaciones del partido en otras provincias y definir el calendario de actividades de los próximos meses. El encuentro comenzó pasadas las 11 de la mañana y se extendió hasta las 14.

En la reunión, que se realizó en el primer piso de la histórica sede, se definió realizar el congreso partidario, que preside el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el martes 19 de mayo. A diferencia de los últimos años, que se realizó en el microestadio de Ferro, en esta oportunidad el encuentro será en la sede partidaria, ubicada a pocas cuadras del Congreso Nacional. También habrá congresales conectados a través de una videconferencia. Será un formado mixto, entre la presencialidad y la virtualidad.

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En esa reunión se tratará de reconfirmar lo que se definió este jueves respecto a PJ de Salta y Jujuy, ambos intervenidos. Las autoridades nacionales decidieron que los dos tengan elecciones el domingo 25 de octubre, y que de esa forma se terminen de regularizar sus situaciones.

El PJ de Salta tiene como interventor a Pablo Kosiner, hombre cercano a Juan Manuel Urtubey y de larga trayectoria en el peronismo salteño. Hasta hace un par de semanas la intervención estaba a cargo de Sergio Berni y María Luz “Luchy” Alonso, que reportaban directo a Cristina Kirchner. Con el cambio de autoridad se buscó acercar posturas con el peronismo local y evitar la reticencia que generan las intervenciones desde la Ciudad de Buenos Aires.

En el encuentro se definió que las elecciones en Salta y Jujuy sean el 25 de octubre

En el caso de Jujuy, la intervención está a cargo de Ricardo Villada, un ex funcionario del gobierno de Salta que conduce Gustavo Sáenz, enfrentado al kirchnerismo desde años y crítico de la gestión de CFK al frente del PJ Nacional. Villada es un dirigente muy cercano al mandatario salteño, que exige elecciones libres en los PJ de Salta y Jujuy.

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Esta mañana, en la antesala de la Comisión de Acuerdos del Senado y en la previa de la reunión del consejo partidario, la senadora Carolina Moisés, que hace tiempo empuja un acuerdo o una elección en el PJ jujeño, le planteó a Mayans la necesidad de, más allá de las intervenciones, lograr un acuerdo político para encontrar una salida a la conflictividad que hay en el peronismo de la provincia.

Algunas semanas atrás Moisés celebró la intervención judicial que puso a Villada al mando de la intervención y corrió a Gustavo “Tano” Menéndez y Aníbal Fernández, que habían sido designados como interventores durante el gobierno del Frente de Todos, al considerar que esa medida implicaba un revés judicial para los “interventores puestos por La Cámpora”.

Según explican en el sector del peronismo que encabeza Moisés, la decisión de que la elección sea el 25 de octubre “no tiene ninguna validez” porque los interventores del PJ ya no cumplen funciones ni tienen la potestad de manejar el calendario electoral del partido. Ambos interventores apelaron la medida de la justicia federal jujeña respecto a la designación de Villada y están esperando la resolución de la Cámara Nacional Electoral.

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En el PJ Nacional advirtieron que la fecha debe ser refrendada por el congreso partidario dentro de veinte días. Ese margen de tiempo abre espacio para negociaciones con otros sectores del peronismo que no son parte del esquema del partido.

En el encuentro se habló de la exposición que Manuel Adorni hizo en la mañana de ayer en el Congreso

La intención de las autoridades es reafirmar el rumbo en el congreso partidario y encaminarse hacia el final de las intervenciones. Una que ya concluyó fue la de Misiones. Un puñado de días atrás se realizaron las elecciones partidarias y el ganador fue Christian Humada, vinculado al peronismo misionero histórico. El acto eleccionario estuvo marcado por la baja participación y los cuestionamientos de los opositores. De todas formas, es un tema cerrado y eso es lo que importa en el PJ.

El encuentro de hoy fue conducido por José Mayans, vicepresidente primero y virtual presidente del partido, ya que Cristina Kirchner mantiene la conducción política sobre la institución, pero no puede firmar ningún acta ni documento vinculado a la actividad partidaria.

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La ex mandataria se reunirá esta tarde con el formoseño, que se ha convertido en sus ojos dentro del partido. Durante el encuentro hubo menciones a la necesidad de seguir manteniendo activo el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner, aunque no se definió ninguna movida en especial.

Una gran cantidad de consejeros se conectó vía zoom durante el mediodía, y otros tantos estuvieron en el edificio partidario. Hasta allí llegaron Mayans, Lucía Corpacci, Mariel Fernández, Agustín Rossi, Felipe Solá, Fernanda Raverta, Leonardo Nardini, Leonardo Grosso, Abel Furlán y Gustavo “Tano” Menéndez, entre otros.

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La Justicia autorizó a Roberto Baratta a viajar a Buzios para pasar Año Nuevo: está condenado por corrupción

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Dos tribunales autorizaron a Roberto Baratta a pasar año nuevo en Buzios, Brasil, en un viaje familiar. Los permisos se otorgaron mientras se define si se confirma su procesamiento en otra causa por supuesto enriquecimiento ilícito y en pleno desarrollo del juicio por la causa Cuadernos.

Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación Federal que comandó Julio De Vido. Ambos son juzgados en la causa Cuadernos.

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Además está acusado en otra investigación ya enviada a juicio ante el Tribunal Oral Federal 3 por presuntos manejos irregulares en dicho ministerio. El mes pasado sumó un procesamiento por supuesto enriquecimiento ilícito.

Baratta está condenado en la causa GNL por la importación irregular de buques de gas licuado.

La autorización de los jueces

Por mayoría, el Tribunal Oral Federal 3, con los votos de los jueces Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni, lo autorizó este martes a salir del país desde el 28 de diciembre al 6 de enero de 2027.

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El TOF tuvo en cuenta el compromiso asumido por Baratta de presentarse ante la Justicia dentro del tercer día hábil siguiente a su regreso y el dictamen favorable de la fiscalía. También se valoró la ausencia de elementos objetivos o indicadores que permitan presumir una eventual fuga.

Los magistrados también tuvieron en cuenta la autorización del Tribunal Oral Federal 7, donde es juzgado desde noviembre del año pasado por el caso Cuadernos junto a Cristina Kirchner y otros acusados.

Baratta estuvo este martes en Comodoro Py para asistir a una audiencia en la Sala I de la Cámara Federal porteña que revisa su procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito. El juez federal Julián Ercolini lo procesó con un embargo de $1.500 millones por considerar probado un incremento patrimonial “apreciable” que no se correspondió con ingresos legítimos comprobables.

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El núcleo de la causa apunta a unaumento patrimonial que, según la investigación, no se justificaría con los ingresos de Baratta. Entre los bienes en cuestión figuran departamentos y cocheras en la ciudad de Buenos Aires, vehículos, un lote y una vivienda en el Country Mapuche, en Pilar.

El predio fue adquirido el 19 de septiembre de 2012 por US$70.000 en efectivo. La construcción, tasada en alrededor de $3.700.000, se pagó también en efectivo entre diciembre de 2012 y enero de 2015 y quedó a nombre de la madre del exfuncionario.

Ercolini mencionó que “en conjunto, el matrimonio declaró aportes por $604.546,11″ y que “ese reconocimiento resulta relevante, pero no explica la totalidad de la inversión”.

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Roberto Baratta, Justicia

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Un fiscal anticorrupción denunció a la secretaria de Energía: la acusó de favorecer a una empresa sancionada por operar en Malvinas

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Una fiscalía especializada en corrupción denunció a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y a su antecesor en el cargo, Eduardo Rodríguez Chirillo, por haber permitido que operara en el país una empresa que estaba inhabilitada por haber desarrollado actividades hidrocarburíferas en zonas próximas a las Islas Malvinas sin autorización del gobierno argentino.

Se trata de la compañía Harbour Energy, continuadora de Premier Oil, firma a la que se le prohibió por 15 años (hasta 2028) desarrollar actividades en la Argentina. Según la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que presentó la denuncia, Harbour Energy y Premier Oil son “la misma persona” y la Secretaría de Energía contaba con documentación que lo acreditaba. No obstante, a Harbour Energy se le permitió hacer “negocios de una magnitud extraordinaria” en el sector hidrocarburífero; controlar “indirectamente participaciones en licencias de explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta y en la Cuenca Marina Austral” y beneficiarse con contratos con empresas públicas, afirmó la PIA.

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La denuncia fue presentada el 29 de septiembre pasado por Sergio Rodríguez, titular de esta fiscalía especializada, que sostuvo que “en el estado actual de la investigación no se cuenta con elementos que permitan afirmar la existencia de pagos, promesas o beneficios indebidos” recibidos por los funcionarios a cambio de la habilitación para la empresa. Pero dijo que “sin embargo, el carácter reiterado de las irregularidades detectadas, su aptitud para remover impedimentos legales concretos y la extraordinaria significación económica de los negocios posibilitados justifican que la investigación penal procure determinar si existió algún tipo de contraprestación o acuerdo indebido entre funcionarios públicos y representantes de las empresas beneficiadas”.

El fiscal Sergio Rodríguezfiscales.gob.ar

La denuncia advierte: “No resulta lógico suponer que los funcionarios de la Secretaría de Energía hayan incumplido su deber de aplicar la ley 26.659 de manera flagrante y reiterada para favorecer a una empresa extranjera sin recibir nada a cambio”.

Los otros dos delitos de funcionarios en los que podrían encuadrarse los hechos denunciados son, según la PIA, el de incumplimiento de los deberes y el de negociaciones incompatibles con el cargo.

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La lista de los denunciados incluye también a Horacio Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos de la Nación, (el 26 de diciembre de 2024 otorgó el certificado de reinscripción de Harbour Energy Argentina Limited S.E.E. en el Registro de Empresas Petroleras) y a un apoderado de Harbour Argentina que según la PIA omitió información para habilitar la inscripción.

La PIA abrió esta investigación a raíz de una denuncia de la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández. También expuso esta situación el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que a principios de septiembre les pidió explicaciones públicamente a los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno, y advirtió que la continuadora de Premier Oil había sido beneficiada con el RIGI.

Días antes, el 3 de septiembre, por cadena nacional y rodeado por todo su gabinete, Milei anunció un plan para endurecer las sanciones y penas contra la empresas vinculadas a operaciones no autorizadas en la zona de las Malvinas. Advirtió: “Vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”.

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La denuncia de la PIA fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y, por sorteo, el juez de la causa es Ariel Lijo. Fuentes judiciales informaron a que a pedido del fiscal del caso, Carlos Stornelli, Lijo ordenó una serie de medidas de prueba para hacerse de documentos sobre Harbour Energy y sus actividades.

consultó a la Secretaría de Energía, que al momento de la publicación de esta nota no había respondido. También, a Harbour Energy, que no hizo declaraciones. Fuentes del sector que defienden la actuación de esta compañía dijeron que no es una mera continuación de Premier bajo otro nombre, que tenía una trayectoria propia anterior y que se constituyó una nueva empresa con nuevos accionistas y nuevo control y dirección. Alegaron también que Harbour se retiró definitivamente del proyecto de Malvinas tras la intimación de las autoridades argentinas en 2021 y que tiempo después decidió convertir al país en un pilar esencial de sus negocios.

El caso, paso a paso

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En 2013, Premier Oil fue inhabilitada para desarrollar actividades en la Argentina hasta el 9 de octubre de 2028 por la resolución de la Secretaría de Energía 481/13. Esa sanción tiene un alcance amplio: impide que la compañía realice cualquier tipo de actividad en el país directamente o a través de otras sociedades controladas o de las que reciba beneficios económicos.

María Tettamanti, secretaria de Energía

La denuncia advierte que Premier Oil tiene una empresa “continuadora”: Harbour Energy, que en los últimos años participó de grandes negocios con el Estado en la Argentina. “Premier Oil plc y Harbour Energy plc son la misma persona”, afirmó la PIA.

Esta procuraduría alegó que Premier Oil “conservó su número de registro, su identificador internacional LEI y su fecha de admisión bursátil”, con el propósito expreso de mantener la inscripción (listing) para cotizar en la Bolsa de Valores de Londres. Lo que hizo Premier Oil fue fusionarse con otra empresa (Chrysaor Holdings Limited) y cambiar su razón social a Harbour Energy plc, “pero este cambio de nombre no tuvo ningún efecto sobre sus obligaciones, l derecho británico que rige su constitución”.

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“La inhabilitación impuesta en 2013 resulta, por lo tanto, plenamente aplicable a la sociedad con su nueva denominación”, sostiene la denuncia.

Esa presentación relata que en 2021, la Secretaría de Energía inició actuaciones administrativas contra Harbour Energy y contra Navitas Petroleum, por infracción a la ley 26.659, de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. “En esos expedientes se incorporaron los antecedentes de la fusión con Chrysaor Holdings Limited y la Secretaría de Energía calificó a Harbour Energy plc como ‘continuadora de Premier Oil plc”, afirmó el fiscal Rodríguez.

El 23 de septiembre de 2021, la entonces titular de la Dirección Nacional de Malvinas, Sandra Rosa Pitta, informó a la Secretaría de Energía que Harbour Energy había anunciado, a través de su sitio institucional, el abandono del desarrollo del proyecto Sea Lion como resultado de una “revisión estratégica de su cartera” de activos. Señaló que distintos medios especializados vincularon esa decisión con las sanciones que la empresa enfrentaba en la Secretaría de Energía. “Luego del anuncio del retiro de Harbour Energy plc de Sea Lion, las actuaciones seguidas en su contra quedaron paralizadas y hasta la fecha no se dictó una resolución definitiva”, dice la denuncia.

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La condición del “Perdón Argentino”

Pero en 2024, tras el cambio de gobierno, Harbour Energy reactivó sus intereses en la Argentina. Adquirió los activos globales de la petrolera alemana Wintershall Dea AG y en el contrato de adquisición, las partes incluyeron una cláusula denominada “Condición del Perdón Argentino”, que supeditaba el cierre de una operación de 11.200 millones de dólares a que Harbour Energy consiguiera inscribir a su subsidiaria Harbour Argentina en el Registro de Empresas Petroleras, según la denuncia de la PIA.

“Esta cláusula demuestra que las empresas tenían pleno conocimiento de los impedimentos legales que pesaban sobre Harbour Energy para realizar actividades en la República Argentina”, enfatizó Rodríguez.

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La inscripción de Harbour Argentina en el Registro de Empresas Petroleras era legalmente imposible, porque la legislación argentina no prevé ningún “perdón” para una empresa sancionada mediante resolución firme por violación de la ley 26.659, adiviritó la PIA. Por lo tanto, la “Condición del Perdón Argentino” sólo podía cumplirse mediante el dictado de “un acto que simule su regularidad omitiendo antecedentes de hecho y derecho esenciales, como finalmente ocurrió”, dice la denuncia.

A pesar de estar legalmente inhabilitada, Harbour Argentina logró inscribirse en el Registro de Empresas Petroleras el 14 de febrero de 2024 y reinscribirse el 26 de diciembre de 2024, sostiene la presentación de Rodríguez, que advierte que los actos administrativos que autorizaron esas inscripciones están viciados de nulidad absoluta porque fueron dictados en violación de la ley aplicable.

El desembarco en Vaca Muerta

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La denuncia relata también que el 3 de septiembre de 2024 Harbour Energy compró Wintershall Dea Argentina S.A. y “pasó a controlar participaciones en los bloques Aguada Pichana Este y San Roque de Vaca Muerta, y en la Cuenca Marina Austral 1 de Tierra del Fuego”; se convirtió además en “beneficiaria final de contratos de provisión de gas con Cammesa y Enarsa”.

“La reinscripción de Wintershall Dea Argentina S.A. en el Registro de Empresas Petroleras fue otorgada el 16 de agosto de 2024, antes de que Harbour Energy plc adquiriera el control indirecto de la sociedad. Sin embargo, una vez perfeccionada la operación, Wintershall informó expresamente a la Secretaría de Energía que Harbour Energy se había convertido en su controlante final”. La PIA sostuvo que pese a contar con esos antecedentes, los funcionarios intervinientes no actuaron y eso ”permitió que Wintershall Dea Argentina S.A. continuara registrada bajo el control de una empresa legalmente inhabilitada”.

“Harbour Energy plc posee -adiverte la denuncia-, a través de SE Argentina Holdings B.V., una participación del 15% en Southern Energy S.A. (SESA), consorcio que lidera uno de los proyectos de exportación de GNL más grandes del país. La Secretaría de Energía otorgó a SESA dos certificados de autorización de libre exportación de GNL por treinta años (Resoluciones SE 165/2025 y 353/2025), sin considerar los efectos de la sanción administrativa que pesaba sobre su accionista Harbour Energy plc”.

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Sin respuesta

La PIA detalla en su denuncia que le “solicitó a la Secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, la remisión del expediente [de inscripción de Habour Argentina] en cuatro oportunidades, mediante los oficios del 3 de marzo de 2026, 30 de marzo de 2026, 25 de abril de 2026, 24 de mayo de 2026 y 4 de julio de 2026″. Y relata: “Pese a los reiterados pedidos y a haber sido expresamente intimada de que en caso de incumplimiento se formularía la correspondiente denuncia penal, la funcionaria no remitió el expediente de inscripción inicial de Harbour Argentina. Por esta razón, aún se desconocen los antecedentes y fundamentos del acto administrativo que autorizó esa inscripción. La falta de entrega de la documentación requerida, pese a los reiterados pedidos, refuerza las dudas sobre su regularidad”.



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Reforma política: el oficialismo pidió un cuarto intermedio por falta de firmas y buscaría dictaminar mañana

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La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunió esta tarde para analizar la demorada reforma política, que incluye lo que de verdad busca la Casa Rosada: suspender las PASO para las elecciones generales de 2027. Tras 96 horas de operaciones desde Balcarce 50 y, como se preveía, el dictamen no fue firmado esta tarde, aunque el oficialismo pidió un cuarto intermedio hasta mañana -a partir del mediodía-, con el fin de revisar todas las modificaciones que ahora se proponen e intentar obtener un despacho que habilite el aterrizaje del tema al recinto de la Cámara alta.

En Asuntos Constitucionales hay seis libertarios, seis dialoguistas, la peronista híbrida Carolina Moisés (Jujuy) y seis del bloque kirchnerista. Un total de 19. Bajo este escenario, La Libertad Avanza necesita cuatro firmas extra a su postura -6-, o sumar diez entre varios dictámenes. Hay aliados que, según el caso, responden o no a gobernadores. En el primer grupo se hallan los radicales Rodolfo Suárez (Mendoza) y Eduardo Vischi (Corrientes), la oscilante justicialista Alejandra Vigo (Córdoba) y la ex filo macrista Beatriz Ávila (Tucumán).

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Sin terminal se anotan el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), Flavio Fama (UCR-Catamarca) y la ahora ex kirchnerista Moisés. Dentro de lo que la Casa Rosada desliza como entendimientos cerrados registra a Suárez, Vischi y a Vigo. Si se cumpliera lo último, faltaría una rúbrica. Una de las personas involucradas en la definición reconoció antes del convite de esta tarde a Infobae: “Ya hoy no será, pero creo que mañana estaría”. Por las dudas, luego de la flamante dilación, la Casa Rosada prefirió presuponer que todo se consumará en cuestión de días. Coincidió un legislador mileísta sobre lo que ocurriría este miércoles con un “paso a paso”.

Las próximas horas serán trascendentales para el oficialismo. De conseguir dictamen, la jugada pensada en la Casa Rosada para presionar habrá tenido efecto, ya que la iniciativa quedaría en condiciones de ser aprobada por el pleno el jueves 26. No será el 25, ya que ese día dará un informe de gestión el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el principal negociador de la reforma política. Si se estirara más, Balcarce 50 se encontrará, de nuevo, frente a otra meta promocionada por doquier y sin meta cumplida.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli

Desde el kirchnerismo, el chaqueño Jorge Capitanich fue rápido a observar y criticar algunos ítems del proyecto, como la reformulación de la Boleta Única de Papel (BUP) y la aparición de columnas que se generarían con las colectoras -el Gobierno prefiere llamar “adhesiones”-, o el casillero para votar a la “lista completa”. Dijo que el mileísmo quiere “eliminar opositores e impedir la participación democrática de la oposición”.

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Capitanich tampoco olvidó lo relacionado con los avales para presentarse, financiamiento público, y las adhesiones entre fuerzas locales y nacionales, entre otras cosas. Más concreto fue el peronista Pablo Bensusán (La Pampa), quien -con ironía- admiró el artículo 18, al que calificó de “genial”. Es el que habla de reglas que regirán “exclusivamente para el proceso electoral del año 2027 y prevalecen, durante su vigencia, sobre las de demás normas electorales que se les opongan”. Y “caducarán de pleno derecho finalizado el proceso electoral de 2027″. Y añadió: “El año que viene, borramos todo de un plumazo”.

Ante el silencio de aliados y oficialistas, el jefe del cristinismo, José Mayans (Formosa), quiso equiparar las colectoras -que algunos ven como un retroceso- a la ley de lemas que tanto disfruta su gobernador, Gildo Insfrán. Además, denostó la sección de financiamiento y privado -“prepárense para la corrupción por todas partes”, sostuvo- y, como no podía ser de otra forma, la rediscusión de Ficha Limpia, al mencionar los casos -aún no resueltos- del indefendible ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ex diputado mileísta José Luis Espert.

Una de las palabras esperadas fue la de Vigo: arrancó con acoplarse a una visión de los radicales sobre “PAS y no PASO”, por la idea de que no sean obligatorias, aunque comparte que “se suspendan”, como desea el Gobierno. “Es el menor de los problemas”, resaltó. Seguido a ello, objetó: “No podemos hacer una ley para una situación de emergencia política por un año, se convierte en una ley de emergencia”.

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El senador kirchnerista Jorge Capitanich (Infobae en Vivo)

Por otra parte, Vigo también ubicó a las colectoras como algo que “distorsiona” la representación -en particular, por los dos legisladores por la mayoría y uno por la minoría que se definen en cada provincia para la Cámara alta- y bramó, de manera sorpresiva, para que los diputados no decidan a los parlamentarios argentinos del Mercosur. Sí rescató Ficha Limpia, aunque por separado. No obstante, esto aparece en las disposiciones permanentes del articulado y no en las transitorias, como remarcó. No tuvo razón. Y terminó: “Es una pésima ley”.

La peronista y vice de la comisión, Florencia López -que se perfila como candidata a gobernadora en La Rioja-, subrayó la contradicción entre “manipular, modificar el régimen electoral” cuando “lo único que funciona bien es eso”. En ese sentido, enfatizó: “La prueba es que Javier Milei sea Presidente. No tenía estructura, contaba con un partido débil, sin fiscales y ganó la elección”. “Pongamos la cabeza en la almohada esta noche y pensemos”, reflexionó.

Sobre el final expuso la jefa mileísta, Patricia Bullrich, que respondió a parte de las consultas de Capitanich. Por ejemplo, comparó el sistema de votación anterior -sábana de papel- con la BUP: si en la misma agrupación se seleccionaran las dos categorías de legislador -colectoras-, sería nulo.

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Al contrario, se consideraría válido marcar a presidente -mismo postulante- las dos veces y se contabilizaría como una sola -lo correcto-, ya que se asemejaría a poner dos boletas iguales en el sobre, algo avalado y permitido años atrás. “Si lo quieren aclarar, se puede, pero ya está precisado en el Código Electoral de la Nación”, espetó. Y agregó que, entre los cambios extra que se negocian, podrían revisarse el sorteo de las “adhesiones” y listas. Mismo caso para el color, con el fin de no fomentar potenciales confusiones.

jorge capitanich

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