El presidente Javier Milei ratificó ayer a Manuel Adorni como jefe de Gabinete después que trascendiera que su continuidad en la gestión estaba en duda. El exvocero presidencial atraviesa su peor momento político después del revuelo que generó la presencia de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno en Nueva York para participar del evento “Argentina Week”.

En paralelo, el ministro coordinador enfrentó un vendaval por la confirmación de que realizó con su esposa y sus hijos un vuelo a Punta del Este en avión privado. Según comprobó la Justicia, el tramo de ida del taxi aéreo figura como costeado por Imhouse SA, del periodista Marcelo Grandio, amigo del ministro coordinador. Actualmente Grandio vive en Uruguay, pero tiene un programa ( Giros en línea recta) en la Televisión Pública (que depende del jefe de Gabinete). Tiene además un ciclo en un canal de streaming de la misma emisora, en la que Adorni fue entrevistado en varias ocasiones.

En las últimas horas, reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Marcela Pagano, una exintegrante de La Libertad Avanza (LLA).

Adorni, un funcionario muy cercano a Karina Milei, se negó a dar explicaciones sobra la casa que compró su esposa en Exaltación de la Cruz cuando él ya era funcionario público. Adujo que prefería no responder preguntas sobre el origen de los fondos o si la propiedad había sido declarada ante la Oficina Anticorrupción (OA) porque el tema está bajo investigación.

En concreto, Adorni enfrenta varias causas judiciales y pedidos de informes en el Congreso. Por un lado, los diputados Esteban Paulón (socialista), Pablo Juliano (UCR opositora) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) hicieron una denuncia contra Adorni para que la Justicia investigue el viaje que hizo el jefe de Gabinete en un chárter privado en el feriado de Carnaval junto a su mujer, sus hijos y su amigo Grandio.

El expediente recayó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito (de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar) o en un caso de dádivas.

Lijo y Pollicita ya verificaron que el viaje de ida fue costeado por Imhouse SA, de Grandio, amigo del ministro coordinador. El misterio gira en torno a quién pagó el tramo de vuelta.

Es que fuentes judiciales confirmaron a que ese viaje forma parte de un paquete de 10 viajes que abonó otra persona: Agustín Issin Hansen, quien tiene domicilio en Uruguay. La Justicia prepara un exhorto diplomático para pedir información al vecino país.

En simultáneo, Pagano denunció que Adorni no había incluido la casa de Exaltación de la Cruz en la declaración jurada que debe entregar cada año en la OA.

La denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito recayó en el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini.

La exlibertaria también radicó una presentación judicial contra el jefe de Gabinete en la que reclamó que se investigaran los contratos de la consultora de Angeletti, +BE, que se dedica al “coaching ontológico” y que fue creada en 2024 poco después de que Adorni juró como vocero presidencial. Entre los clientes está confirmado que tuvo a la naviera National Shipping.

Anteriormente, Pagano había denunciado a Adorni por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, a raíz del viaje de su esposa a Nueva York. Esa presentación está en manos del juez Daniel Rafecas.

Entre tanto, el abogado Gregorio Dalbón, que supo representar a Cristina Kirchner y la AFA, denunció a Adorni por haber subido a su esposa al avión presidencial durante el viaje de Estado de Milei por el Argentina Week. Según Dalbón, ese hecho “podría configurar la comisión del delito de malversación de caudales públicos y/o utilización indebida de bienes del Estado por parte de un funcionario público nacional”. Ese expediente recayó en el juzgado que subroga Lijo.

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, justificó Adorni, quien también enmarcó las acusaciones en una maniobra para desprestigiar el encuentro empresario en Nueva York.

En ese marco, Adorni también enfrenta pedidos de informes y de interpelación en el Congreso que fueron impulsado por integrantes de la oposición.

Las presentaciones fueron realizadas por Paulón y el bloque de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez.

“El funcionario deberá dar cuenta de las presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, señala la solicitud impulsada por el kirchnerismo.

Desde la bancada opositora reclamaron que se informen el “traslado, alojamiento y gastos de su cónyuge en la ciudad de Nueva York”. A su vez, pidió datos del viaje de Adorni a Uruguay “en una aeronave privada […] debiendo acreditar fehacientemente la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de la persona humana o jurídica que sufragó dicho desplazamiento”.

La reforma de la ley de glaciares desembarca hoy en Diputados envuelta en polémica. Las audiencias públicas, para las que se anotaron más de 100.000 inscriptos, arrancarán bajo un esquema acotado: el oficialismo dispuso que solo los primeros anotados por provincia podrán exponer ante los legisladores.

El recorte activó la reacción de organizaciones socioambientales, que convocaron a una protesta con una consigna directa: “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”. La cita será a las 17, frente al Congreso.

Adhirieron a la movilización diferentes espacios de la oposición, como parte del PJ, la Izquierda, la Coalición Cívica y un sector del radicalismo. También, representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, cuya participación fue coordinada por el espacio Patria Grande, del diputado Juan Grabois.

Según pudo saber , la convocatoria está nucleada en la denominada campaña “La Ley de Glaciares No Se Toca”, que reúne a movimientos socioambientales de las provincias y la Ciudad.

El debate por los ajustes en la ley de glaciares se dará en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, a cargo de los libertarios Nicolás Mayoraz (Santa Fe) y José Peluc (San Juan), respectivamente. Las audiencias públicas son el paso previo a que los legisladores debatan el detalle de la reforma en comisiones. El último filtro es el recinto.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado, aprobado por 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención. La iniciativa contó en esa ocasión con el apoyo de ocho radicales, un referente de Pro, los aliados provinciales de Javier Milei y dos referentes del PJ: Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan). Es decir, fracturó a la oposición, algo que podría volver a ocurrir en este nuevo debate. A diferencia de Diputados, en el Senado no se realizaron audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía.

Para administrar los tiempos de discusión, Mayoraz y Peluc definieron dos audiencias públicas: una presencial este miércoles y otra virtual al día siguiente. Ambas con nueve horas de debate, desde las 10 hasta las 19. Habrá casi 200 oradores por jornada, sólo aquellos que “se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción”. Al resto, señalaron en el oficialismo, se les informó que no vayan. Argumentaron que este procedimiento “garantizará la participación de representantes de las 24 jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal”.

Para el resto de los anotados, los libertarios definieron que podrán enviar un escrito o video de no más de cinco minutos a través del canal de Youtube de la Cámara de Diputados. “Las presentaciones en video quedarán registradas para su registro permanente”, aseguraron Peluc y Mayoraz.

Esta dinámica enfureció a la oposición y a las organizaciones socioambientales, que reclamaron ampliar las jornadas de discusión. Pero el oficialismo se negó a modificar su esquema.

Una medida cautelar fue impulsada el jueves en la Justicia por organizaciones ambientalistas para “readecuar el cronograma” de las audiencias para garantizar la participación “oral y efectiva” de todas las personas inscriptas. Subraya que el Congreso “se abstenga de implementar mecanismos incompatibles con los estándares más elementales de participación pública”. Por último, piden designar veedores que supervisen el desarrollo del debate. Recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, a cargo de Enrique Lavié Pico. Podría haber novedades el mismo miércoles o jueves, informaron a .

Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, cargó contra el oficialismo por el manejo de la audiencia pública: “Nos preocupa el manoseo de la democracia. Miles de personas se inscribieron, dejaron sus datos y estaban dispuestas a participar, pero de forma arbitraria los presidentes de comisión y Martín Menem resolvieron elegir a dedo a apenas 300 expositores: menos del 0,3%”.

“Ni siquiera ampliaron el cronograma -advirtió-. Hay mucha gente muy activa que hoy está profundamente decepcionada. Creemos que esto viola el reglamento, el Acuerdo de Escazú y los mecanismos constitucionales de participación, además de la Ley General del Ambiente.”

Viale anticipó una posible judicialización. “Vamos a ir igual, con una silla, a esperar nuestro turno en la puerta”, lanzó. Y cerró con una crítica al diseño del proceso: “Había alternativas razonables, como extender los plazos o llevar audiencias a las provincias. Pero eligieron el camino exprés, como si fuera un trámite”.

Mayoraz salió a responder los cuestionamientos desde su cuenta de X. Sostuvo que “el marco legal es claro y se cumple al pie de la letra”. Según él, no se dispusieron restricciones a la participación. Por el contrario, defendió que se trató de “un mecanismo de máxima apertura”: “Cualquier ciudadano, desde cualquier rincón del país, puede hacer llegar su posición por escrito o en formato audiovisual”. Cerró con una chicana: “¿Dónde está la restricción? No existe. Puro relato”.

El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes.

Otro eje de discusión es el mayor poder que los cambios le otorgarían a las provincias. La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo estipula que será la autoridad jurisdiccional la encargada de la actualización del inventario en materia técnica “sobre la base de estudios técnicos-científicos”. Actualmente es el Ianigla, un instituto científico nacional con sede en Mendoza, el que construye este inventario.