Por amplio consenso, y tras un acuerdo de casi todo el arco político, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para reforzar los controles sobre los medicamentos de alto riesgo.

La iniciativa surgió como respuesta a la tragedia del fentanilo contaminado, que provocó la muerte de al menos 90 personas, y busca evitar que una partida adulterada continúe en circulación sin que las autoridades puedan identificar rápidamente su origen y destino.

La propuesta obtuvo 241 votos a favor, el rechazo de Marcela Pagano (Coherencia) y cinco abstenciones del Frente de Izquierda (FIT) y Mónica Frade (Coalición Cívica).

Ahora será girada al Senado para su sanción definitiva.

El proyecto establece un sistema obligatorio de trazabilidad que permitirá reconstruir el recorrido de cada medicamento, desde la fabricación hasta su aplicación a un paciente. Para ello, amplía el sistema existente e incorpora nuevas obligaciones para los establecimientos de salud y mecanismos de intercambio de información.

Así, ante la detección de una ampolla contaminada, las autoridades podrán identificar qué otras unidades del mismo lote fueron distribuidas, a qué centros de salud llegaron y a qué pacientes fueron administradas.

Además, establece que cualquier irregularidad deberá notificarse de inmediato y que, cuando existan elementos suficientes, la ANMAT tendrá un máximo de seis horas para activar una alerta sanitaria e inmovilizar preventivamente los lotes sospechosos en todo el país.

La investigación por el fentanilo adulterado, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, puso bajo la lupa las demoras y omisiones de los organismos encargados de fiscalizar a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. El magistrado procesó a la extitular de la Anmat Nélida Agustina Bisio y a la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos Gabriela Mantecón Fumadó, como presuntas partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Salud, Manuel Quintar (LLA), reconoció que la tragedia dejó al descubierto una falla general del sistema sanitario. “Fallaron los controles de producción, fiscalización y alerta de la Nación y de todas las provincias”, sostuvo. Y destacó el acuerdo alcanzado para avanzar con una respuesta legislativa: “Buscamos reconstruir el recorrido de cada medicamento para que el Estado sepa cómo se produjo, dónde se almacenó, cómo se distribuyó y a qué paciente se aplicó”.

Desde Unión por la Patria, Pablo Yedlin anticipó su acompañamiento, aunque advirtió que la propuesta resulta insuficiente para prevenir nuevas tragedias. “Nos quedamos cortos. Esto sirve para encontrar lotes contaminados, pero no para evitar que existan”, cuestionó. En ese sentido, reclamó fortalecer la capacidad de fiscalización de la Anmat y aseguró que el organismo cuenta con apenas ocho inspectores para controlar laboratorios. “Necesitamos una estructura autárquica e independiente. Tratemos los proyectos de fondo para dar una respuesta verdadera”, insistió.

En contraste, Silvana Giudici (LLA) celebró el consenso alcanzado después de seis meses de trabajo parlamentario, en el que participaron legisladores de distintos bloques y familiares de las víctimas. “Es la primera vez que logramos trabajar ante una tragedia como esta con la madurez suficiente para dar respuestas contundentes y concretas”, destacó. También reconoció el papel de Mónica Fein y Victoria Tolosa Paz en las reuniones con los familiares.

La diputada peronista Tolosa Paz también celebró la medida: “El Estado falló en su obligación de cuidar la vida; hoy damos un paso para que la falta de controles y de herramientas no vuelva a provocar muertes evitables”.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifestó su repudio al fallo de la semana pasada que absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, acusado de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas por, entre otras acciones, bloquear la empresa Rey Distribución SRL, ubicada en San Pedro. La entidad consideró “escandaloso” el criterio jurídico del juez que firmó el fallo, Alejandro Gabriel López.

En un comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó “su rechazo al escandaloso criterio jurídico adoptado por el juez Alejandro Gabriel López, del Tribunal en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, en la sentencia del 14 de octubre de 2026 que absolvió al dirigente del sindicato de camioneros Maximiliano Cabaleyro y a otros seis acusados”.

“El referido magistrado reconoció la existencia del bloqueo por reclamos sindicales que, mediante personas y un colectivo del sindicato, impidió durante cuatro días el ingreso y egreso de los camiones de la empresa. Sin embargo, encuadró arbitrariamente ese bloqueo en el ejercicio legítimo del derecho de huelga y, sobre esa base, descartó su carácter antijurídico”, reprochó la entidad, que preside Fernanda Miérez.

Al rechazar el criterio del juez que absolvió a Cabaleyro, el Colegio recordó que es “ilegal” el “bloqueo extorsivo a una empresa o comercio, aun cuando pudiera haber un reclamo laboral o sindical legítimo”. La entidad subrayó: “Parece insólito tener que recordar que el derecho a manifestarse no es absoluto, por lo que su ejercicio debe desarrollarse dentro del marco legal y respetar los derechos de terceros, en particular el derecho de propiedad, la libertad de comercio y la libre circulación/tránsito”.

“Un precedente como el expuesto debilita el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, condiciones necesarias para la generación de empleo y el desarrollo del país. Por ello, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera indispensable que ese absurdo criterio sea corregido en las instancias judiciales de revisión”, se subrayó en el comunicado del Colegio.

Cabaleyro fue absuelto el miércoles pasado. El fallo se basó en que ejerció el derecho de huelga y que no se acreditó que haya recibido pagos de parte de los empresarios en maniobras de extorsión. Llegó al proceso en prisión domiciliaria y quedó inmediatamente en libertad.

El fallo del juez López derivó en amplios repudios, que incluyeron un pedido de jury que presentó Manuel Passaglia, exintendente de San Nicolás y actual diputado bonaerense. Además, se expresaron contra la decisión judicial numerosas entidades.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) fue una de las instituciones que repudiaron el fallo del juez López. “Ante las decisiones judiciales que se tomaron en la semana, la Sociedad Rural Argentina expresa su preocupación frente a fallos que pueden debilitar el respeto por la ley y los derechos fundamentales. La libre circulación, la libertad de trabajo y el ejercicio de toda actividad lícita son pilares de una sociedad democrática y de una economía que busca desarrollarse. Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de una actividad productiva”, sostuvo la entidad agropecuaria.

La Unión Industrial Argentina (UIA) consideró el fallo “un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”.

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) consideró que avalar estas prácticas “representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país”.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “más honda consternación” por la absolución de Cabaleyro. “La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito”, se indicó en un comunicado de la entidad.