Víctor Mariano Donadio, excuñado de Martín Insaurralde, es investigado en la causa de enriquecimiento junto al exintendente de Lomas de Zamora como su supuesto testaferro, pero, además, está procesado y embargado por 20.000 millones de pesos por la construcción de una ruta que quedó destruida a pocos meses de su inauguración y que fue pagada con sobreprecios de alrededor del 50%.

Donadio está investigado porque su empresa Doio S.A. intervino en la adquisición del terreno donde se alzó la mansión de Fincas de San Vicente, del exjefe comunal, donde vivió con Jesica Cirio.

A pedido del fiscal Sergio Mola, el juez federal Luis Armella dictó su prohibición de salida del país y la justicia investiga si el patrimonio de Insaurralde se financió a través del direccionamiento de la obra pública municipal y si Doio SA facilitó estas maniobras financieras.

De hecho, Mola y Diego Velasco, fiscal de la PROCELAC, mencionaron los nexos entre Insaurralde y empresas proveedoras de la comuna, y las relaciones de esas mismas firmas con departamentos de lujo donde vivió con Jésica Cirio.

Investigan la cesión suscripta por Carolina Álvarez, la primera esposa de Insaurralde, y la empresa Doio en 2006. En 2011 -casi 5 años después- la transfirió a SASAXA LIBERO SA, empresa controlada por Insaurralde a través de personas de su círculo familiar.

La cesión se refiere a la casa de Insaurralde en el country Fincas de San Vicente – Club de Chacras. Allí la empresa Doio fue contratista tanto del gobierno de la provincia de Buenos Aires como del municipio de Lomas de Zamora, y en el trámite de adjudicación de la gran mayoría de ellas se encuentra la rúbrica del propio Insaurralde como intendente.

En el sitio web de la empresa Doio hay menciones a una serie de obras que realizó la firma en Lomas de Zamora mientras Insaurralde se desempeñaba como intendente (Pileta y Vestuarios Villa Albertina -2010-, Estación de Transferencia Banfield – Lomas de Zamora -2011, Honorable Concejo Deliberante -2013-, Hogar de Mujeres Fátima Catán -2013- , Cuartel de Bomberos y Centro Cívico -2013-).

Donadío tenía una relación con el contador Andrés Galera, al que conocía de la Cámara de la Construcción.

El vínculo con José López

Galera, además de ser el controlador de la empresa Revilier SA -que figura como propietaria del departamento en Puerto Madero en el que residieron Insaurralde y Cirio en 2014-, fue condenado por ser testaferro del exsecretario de Obras Públicas, José López, quien fue conocido por haber revoleado bolsos repletos de dinero provenientes de la corrupción en un convento en General Rodríguez.

Donadío fue quien recomendó a Federico Alberto Curcio, un arquitecto de su máxima confianza -luego fue su socio en la empresa Doio- para la construcción de la casa de Insaurralde en Fincas de San Vicente. También acercó al arquitecto Curcio a López, exsecretario de Obras Públicas, para ayudarlo a edificar su vivienda en Dique Luján, donde escondía los nueve millones de dólares en una valija colocada en la parte alta de un placard. Esa casa estaba a nombre de Galera.

Un caso de sobreprecios

A su vez, se comprobó que la empresa de Galera participó en la licitación compitiendo con la empresa Doio en la obra de pavimentación de la ruta 16 que, luego de ser adjudicada a esta última, derivó en una causa por irregularidades en su licitación, adjudicación y ejecución.

La pavimentación de esa ruta, conocida como “Camino de las Latas”, expuso una matriz de corrupción estructural, pues el trayecto se desmoronó a los pocos meses de ser entregado. Además, se verificó que un grupo de funcionarios y empresarios se beneficiaron con sobreprecios millonarios.

Las obras en la Ruta Provincial Nº 16 (el tramo de 12 kilómetros que une la Ruta 58 y la 210, atravesando Presidente Perón, Esteban Echeverría y Almirante Brown) habían sido adjudicadas a Doio S.R.L., liderada por Donadío.

La licitación original (N° 10/2009) preveía un presupuesto de $36.500.000 financiado por el Estado Nacional. Sin embargo, mediante una serie de “redeterminaciones de precios” y adendas justificadas por supuestas obras anexas, el costo se disparó a $57.641.065,23.

Doio S.R.L. no calificaba para ganar. Según los registros, su capacidad para obras de ingeniería era de apenas $13,4 millones, un tercio de lo exigido por el pliego. Aun así, los funcionarios municipales forzaron su aprobación en un segundo llamado a licitación.

Ya con la obra en sus manos, Doio cobró un anticipo financiero del 15% ($5.475.000) que no estaba contemplado originalmente. Se certificaron y cobraron 67.000 metros cúbicos de “movimiento de suelo” que jamás se hicieron. También se cobró por la construcción de dos intersecciones viales cuando solo se hizo una y se utilizó maquinaria y personal muy inferior al declarado.

Para garantizar que nadie objetara esto, Donadío colocó como “Representante Técnico” a Federico Curcio, el arquitecto de López.

La pericia oficial determinó que la obra tuvo sobreprecios del 43% y que los materiales utilizados eran de pésima calidad. La ruta nunca se terminó de manera definitiva. Doio S.R.L. entregó la obra con un acta de “recepción provisoria” el 20 de enero de 2014 y cobró el 99,87% del total del contrato.

Al poco tiempo, el asfalto cedió. La ruta se rompió aceleradamente debido a fallas estructurales graves: no se le hizo tratamiento a la base de suelo (que era barroso e inestable), los materiales eran deficientes y no se realizó la segunda capa de compactación asfáltica exigida.

En septiembre de 2015, una inspección de Vialidad Provincial confirmó que la calzada estaba minada de baches y fisuras profundas. Ante el inminente peligro para la seguridad vial, la gestión provincial posterior tuvo que volver a repavimentar la ruta por completo, utilizando un paquete estructural más resistente.

Los procesados en esta causa son Donadío, el exintendente de Presidente Perón Alfonso Aníbal Regueiro, que firmó los decretos clave; aprobó el direccionamiento y habilitó los pagos irregulares; los funcionarios municipales Julio César Oneri (Secretario de Obras Públicas) y Fernando Pablo Ortega (Secretario de Hacienda); la Comisión de Preadjudicación (Miguel Dahbar, Rosa Miño y Rosana Ruiz); el arquitecto Curcio e inspectores y supervisores municipales que hicieron la vista gorda. También fue procesado Gustavo Marcelo Gentili (exdirector del Occovi), que garantizó el flujo de los fondos nacionales.

El letargo judicial

El expediente sufrió un letargo escandaloso. El primer juez de la causa fue Federico Villena, quien estuvo a cargo de la investigación durante ocho años. En abril de 2025, Villena dictó la falta de mérito para los acusados por falta de pruebas, sin considerar los peritajes.

La Cámara Federal de La Plata le dio la razón al fiscal, anuló la resolución por “arbitraria”, denunció el “letargo ostensible” y apartó a Villena del caso.

La causa recayó entonces en el juzgado actualmente a cargo de Luis Armella. El 21 de octubre de 2025, el juez procesó a todos los implicados y les trabó un embargo de 20.000 millones de pesos.

Sin embargo, hoy existe una pelea entre el fiscal Sergio Mola y Armella, pues se apeló el embargo con una medida suspensiva.

El fiscal Mola interpuso recursos exigiendo urgencia, acusando al juzgado de paralizar las cautelares, lo que permite a los acusados ganar tiempo para ocultar o transferir sus bienes y evitar resarcir al Estado.

El desembarco de un proyecto de cobre con una inversión inicial de US$18.000 reabrió un conflicto de disputa de tierras histórico entre La Rioja y San Juan, que se intensificó en los últimos días con la sanción de leyes propias a nivel provincial y fuego cruzado entre los funcionarios Ricardo Quintela y Marcelo Orrego.

El reclamo de tierras por parte de los riojanos es de larga data y surge a partir de un territorio transferido a espacio sanjuanino en 1968 durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. El nuevo impulso a la demanda se lo dio la llegada de una iniciativa para explotar cobre, que se desarrollaría sobre la parte de tierra en disputa.

Esa porción es exigida por Quintela, quien ayer promulgó una ley para ratificar el “rechazo a los límites impuestos por la dictadura militar”. “La soberanía territorial de La Rioja exige una defensa irrestricta y con esta norma iniciaremos acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano”, expresó el mandatario en X.

Se trató de una respuesta a una iniciativa que el viernes sancionó San Juan, la Ley de Desarrollo Local Minero. “Con esta herramienta, vamos a seguir asegurando que la minería genere cada vez más trabajo sanjuanino y más oportunidades para nuestras pymes”, expresó Orrego.

Sin embargo, el conflicto también generó acusaciones entre los funcionarios que responden a cada uno de los mandatarios. Rodolfo Colombo, jefe de asesores del gobierno sanjuanino, calificó de “bravuconada” a la ley de Quintela.

“Llama la atención que este año piensen en minería cuando nunca han planteado un programa minero en La Rioja. Esto es parte de un gobierno que con demagogia le plantea a sus comprovincianos: ‘che, voy a defender lo nuestro’, buscando donde no le corresponde”, expresó.

A su vez, indicó que la ley “no tiene ni asidero ni fundamento jurídico” al considerar que una provincia “no puede cambiar los límites” por una ley. “Si no, mañana yo digo que la Patagonia es de San Juan, o voy por el petróleo de Mendoza extendiendo el límite porque sí”, dijo.

“No es una confrontación con el pueblo de San Juan”, respondió el asesor general del gobierno riojano, Pedro Goycochea, en declaraciones a Rioja Virtual. Según su visión, la intención de la ley actual es señalar que la iniciativa promulgada por Onganía en su segundo año de gobierno no tendría vigencia debido a que, según lo resuelto por la Corte Suprema en 2024, no habría sido ratificada por el Congreso.

Semanas atrás, cuando el proyecto riojano aún estaba en debate, Orrego se había mostrado contundentemente en contra: “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”.

“No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece. Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”, concluyó.

Cabe resaltar que ambos mandatarios pertenecen al Partido Justicialista (PJ). Sin embargo, Quintela todavía se mantiene cercano a Cristina Kirchner -a pesar del intento de enfrentarla en la conducción del espacio, antes de la condena a la expresidenta por la causa Vialidad-, mientras que el sanjuanino es uno de los jefes provinciales peronistas que más diálogo estableció con Javier Milei desde su asunción.