POLITICA
El trasfondo de la vuelta de Manuel Adorni a las conferencias y las denuncias cruzadas que se aproximan
Aunque esta lectura no se repite en todos los sectores del Gobierno, una parte no menor del mismo cree que con la sesión de la Cámara de Diputados presidida por Manuel Adorni se logró quebrar una etapa en la cual el jefe de Gabinete estaba guardado, sin poder hacer declaraciones públicas y, queriendo o no, dejando que la agenda de la conversación pública se circunscribiera a esa situación particular.
El ministro coordinador seguirá con la misma postura que los últimos meses: no hablará sobre su situación judicial salvo en ocasiones puntuales. Es algo que está conversado con su equipo legal, comandado por el abogado penalista Matías Ledesma, a quien no le faltan cartas credenciales en Tribunales, ya que ejerció como defensor del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Pese a todo, Adorni tiene intenciones de recuperar su función de vocero presidencial y, con la decisión de abrir nuevamente la Sala de Periodistas, realizará una conferencia de prensa el próximo lunes a las 11 de la mañana. En su entorno dicen que se va a limitar a responder cuestiones ligadas a la marcha de la gestión. No se descarta que pueda llegar a pasar para el martes, aunque no se alegan motivos por los cuales esto podría producirse.
Se espera que para el próximo encuentro con los periodistas Adorni no cometa los errores de su última conferencia -realizada el 24 de marzo pasado- y pase a una fase de respuestas guinadas a uso y semejanza de su estrategia judicial.
Pero el jefe de Gabinete tiene particulares intenciones de que realizar una ofensiva en términos discursivos con ciertos actores de la oposición. Aunque no lo sugieran ni lo admitan, buscan que se genere otro tipo de discusión en la agenda mediática y que se quite el eje del avance de las investigaciones en Tribunales.
“Pretendemos la misma carnicería mediática que hicieron durante estas semanas pero ahora contra Marcela Pagano por un tema que es 100 veces más grave”, confiesan ante Infobae en la Casa Rosada. La mención refiere a una denuncia penal presentada este miércoles en los tribunales federales contra la diputada nacional del bloque de Coherencia por “omisión maliciosa de datos en la declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, y enriquecimiento ilícito de funcionario público”. La destinataria de la acusación no es casual: fue quien reveló la compra de la casa de la familia Adorni en el country Indio Cuá.
Ese mismo día, la diputada nacional adoptó una estrategia que descolocó a parte del aparato oficialista. Mientras Adorni estaba exponiendo el informe de gestión del Gobierno en el Congreso, Pagano se presentó en los Tribunales de Comodoro Py para ampliar su denuncia contra el jefe de Gabinete, entregándole al juez Ariel Lijo una carpeta que supuestamente prueba la existencia de una empresa offshore “IM Group S.A.S.” radicada en Uruguay a nombre del periodista Marcelo Grandío.
“No tengo ninguna sociedad en el exterior, no tengo ninguna sociedad con Grandío, pero no tengo ninguna sociedad con ningún otro tampoco. Eso es falso absolutamente”, respondió Adorni esta mañana en referencia a la denuncia presentada por Pagano.
La legisladora de Coherencia iba a ser una de las expositoras frente al jefe de Gabinete. En el sistema libertario estaban preparados para esa alocución. Incluso hay colaboradores que esbozaron que había una respuesta preparada para ella cuando fuera el momento de las respuestas. Aquello no se pudo concretar.
Sí hubo un giro de los acontecimientos más tarde. A cuatro horas de haber iniciado la sesión, uno de los funcionarios que más ayudó a practicar a Manuel Adorni confesó que la sesión transcurría con mayor calma de la esperada. “Salvo algunas intervenciones de la Izquierda, creo que viene todo bastante tranquilo”, marcaba, aunque sabiendo que con las intervenciones de Unión por la Patria podría darse alguna excepcionalidad.
Fue ahí cuando el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade interpeló al jefe de Gabinete con una pregunta que recorrió el recinto: “¿Por qué los argentinos tenemos que pagarle la custodia a su esposa para que use un auto oficial para ir a la manicura y a un bar de moda en Palermo?”. Tailhade informó sobre el modelo de uno de los autos oficiales, el esquema de trabajo de los seis policías federales que lo custodian y aparentes traslados de la familia Adorni.
Luego de su informe de gestión, el jefe de Gabinete hizo trascender que el Gobierno presentará una denuncia contra el diputado de Unión por la Patria por presunto espionaje ilegal, algo que confirmó este viernes por la mañana. El funcionario argumentó que Tailhade “tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, de una procedencia que hay que explicar”, y advirtió que “todos los funcionarios están en peligro de ser espiados”.
Infobae contactó a Tailhade sobre esas declaraciones. Dice que, por el momento, no le interesa formular una denuncia propia. “Estoy recopilando mucho más. No obstante, espero con entusiasmo la denuncia del Gobierno por espionaje, porque en ese caso transformaré esa causa en una investigación sobre la malversación de fondos públicos por parte de todo el gobierno por custodias oficiales ilegales a decenas de funcionarios”, afirmó.
También agregó: “No se de qué espionaje van a hablar sí el Presidente acaba de decir que lo mío fue trabajo periodístico”. Esto último es en referencia a un tuit hecho por Milei que replica las declaraciones de Adorni sobre la denuncia que realizará por presunto espionaje: “Me gustaría saber que opinan las basuras inmundas de FOPEA sobre lo que ha hecho Tailhade a la luz de que muchos ‘periodistas’ se la pasan metiéndose en la vida privada de las personas violando de modo flagrante la Constitución Nacional (A. 19).¿Creen estar por encima de la CN?“.
En paralelo, Adorni volvió a rechazar las acusaciones en su contra por supuestas irregularidades en su patrimonio, sus viajes y propiedades. “No conozco Disney, y esta causa judicial no tiene gollete y no va a prosperar”, sostuvo en una entrevista con El Observador. Sobre las denuncias en general, afirmó: “Es una causa que no tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”.
El funcionario desmintió de manera puntual varias versiones difundidas sobre sus viajes: negó haber ido a Disney, a Río de Janeiro —“hace 15 años no voy a Río”— y cuestionó la información sobre un vuelo a Aruba en primera clase al señalar que “en ese vuelo no había primera clase”. Sobre sus vacaciones familiares, las defendió sin reservas: “Son personales y no me voy a arrepentir de brindarle a mis hijos y mi familia unos días de vacaciones”. También apuntó contra el periodismo: “Han mentido mucho y te diría que todos sabían cómo era mi vida”.
Adorni descartó de plano cualquier posibilidad de renuncia: “No, para nada, jamás voy a ceder ante este tipo de presiones”, y extendió esa postura al resto del Gobierno. Afirmó contar con el respaldo del presidente Javier Milei —“me apoya y me acompañó al Congreso como a cualquiera en el que confía”— y anunció que brindará una conferencia de prensa en Casa Rosada entre el lunes y el martes próximos, tras la decisión de Milei de reabrir la sala de prensa. “No tengo nada que ocultar y la Justicia lo va a demostrar”, concluyó.
POLITICA
Inédita decisión: citarán a veedores de la CGT y de una ONG para fiscalizar las nuevas elecciones en la UOM Zárate-Campana
Ya con Abel Furlán desplazado, el interventor judicial en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Alberto Biglieri, avanza con fuertes decisiones para garantizar la transparencia en la nueva votación a la que convocará antes de fin de año en la Seccional Zárate-Campana.
El abogado, que integra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, tiene previsto citar a veedores de la CGT y de la ONG Transparencia Electoral para que fiscalicen las elecciones en esa filial del gremio metalúrgica, que se hicieron en marzo pasado y fueron anuladas dos meses después por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ante serias irregularidades del oficialismo liderado por Furlán.
El 22 de mayo pasado, además de anular las elecciones de Zárate-Campana, los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González tomaron la misma decisión con la elección nacional de autoridades, llevada a cabo el 18 de marzo y en la que también se proclamó ganador Furlán, y dispuso la intervención del gremio.
Los jueces fundamentaron su decisión en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en el proceso electoral en aquella seccional bonaerense y aseguraron que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
Biglieri es interventor tanto a nivel seccional como nacional, tiene a su cargo la administración del sindicato y de la obra social, y se le otorgó un plazo de 180 días para llamar a nuevas elecciones en la UOM Zárate-Campana en condiciones que aseguren transparencia y respeto a los principios de libertad sindical.
Para ayudarlo en su tarea, el interventor designó algunos asesores con pasado en la función pública. El más conocido es Omar Yasín, el primer secretario de Trabajo libertario que provenía del equipo de Jorge Triaca y duró un año en el cargo, o Carlos Galina, jefe de asesores de Biglieri, que en el gobierno de Mauricio Macri tuvo el mismo puesto en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En la obra social de la UOM figura otro ex funcionario: Sandro Taricco, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, adonde había llegado con Graciela Ocaña en la gestión de Cristina Kirchner y luego volvió con Cambiemos, entre 2017 y 2018.
Cerca del interventor afirmaron que su plan de gestión al frente de la UOM contempla cuatro pasos y el primero fue presentar en la Secretaría de Trabajo una lista de los nuevos delegados paritarios que, sugestivamente, son 5 dirigentes distanciados de Furlán: Roberto Bonetti (líder de la estratégica Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución).
Una vez que Trabajo reconozca a los nuevos delegados paritarios metalúrgicos, el segundo paso trazado por Biglieri será justamente la negociación de aumentos salariales con los empresarios para la rama siderúrgica (que no pacta incrementos desde hace 2 años) y la metalúrgica en general. “Tenemos más del 40 por ciento de los trabajadores cobrando un básico por debajo de la línea de pobreza -dijeron a Infobae fuentes sindicales-. No podemos esperar a terminar con la intervención judicial para salir a discutir los salarios”.
“Entre abril de 2025 y mayo de 2026 tenemos una pérdida contra el IPC de 12,9 puntos”, sostuvo otro dirigente metalúrgico, que recordó que el último aumento salarial para el sector se acordó en abril pasado.
En este escenario salarial, cruzado por la interna en el sindicato, se destacó la postura de Bonetti, quien encabezó este lunes un acto en memoria del líder metalúrgico Augusto Timoteo Vandor al cumplirse 57 años de su asesinato, porque volvió a criticar al desplazado jefe de la UOM: tras mencionar que existe “un contexto muy adverso para los metalúrgicos, con salarios por debajo de la línea de pobreza, pérdida del poder adquisitivo, paritarias aún sin resolver y la UOM intervenida”, señaló que » el Gobierno ataca a los trabajadores y a la industria, pero también hay una responsabilidad de Furlán, cuya conducción carece de la capacidad y grandeza de Vandor, quien supo liderar en peores circunstancias y nunca entregó derechos”.
Las tratativas salariales que pilotearán Bonetti y sus colegas podrían darles un protagonismo interno que será clave cuando finalmente se llame al congreso nacional del sindicato para volver a elegir a su conducción.
En esa instancia, hay otra resolución de Biglieri que incidirá de manera directa en el proceso de designación del nuevo jefe nacional de la UOM en reemplazo de Furlán, que tendrá lugar luego de los comicios en Zárate-Campana. Es que los titulares de las seccionales se eligen por el voto directo de los afiliados, pero la conducción nacional metalúrgica surge de un congreso del que participan delegados que envía cada seccional en forma proporcional a la cantidad de afiliados que tiene.
Eso significa que los metalúrgicos no eligen directamente a quienes los van a representar a nivel nacional en el sindicato sino a los electores que son los que, en definitiva, tomarán esa crucial decisión.
Pero el problema detectado por el interventor es que los padrones de las seccionales están inflados y no reflejan en muchos casos la pérdida de afiliados por la crisis del sector metalúrgico, lo que distorsiona la representación verdadera de los electores al congreso de la UOM.
Las cifras oficiales de los padrones en varios casos terminaron favoreciendo a los oficialismos leales a Furlán: el ejemplo más notorio, resaltaron cerca de Biglieri, es el de la Seccional San Martín, una de las más importantes y manejada por el furlanista Osvaldo Lobato, que aportó 19 delegados al congreso de la UOM, pero según sus afiliados reales debería haber llevado sólo 6.
Una curiosidad: Lobato es secretario Gremial de la CGT en representación de la UOM, a propuesta de Furlán durante el congreso cegetista de noviembre pasado. ¿Cómo hará la CGT para mantener la imparcialidad enviando veedores a la votación metalúrgica de Zárate-Campana, donde se jugará el futuro de Furlán, si tiene como virtual número 3 a un dirigente fiel a éste?
El tercer paso de la intervención será, en palabras del entorno de Biglieri, será ver cómo se va conformando este “nuevo mundo del trabajo” a partir de la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y el cuarto, la adecuación de los convenios colectivos de trabajo, objetivo que, según advirtieron fuentes oficiales a Infobae, el Gobierno no habilitará mientras se mantenga la intervención judicial en la UOM.
Algunos metalúrgicos lo celebran porque de esa forma los convenios que rigen la actividad deberán ser rediscutidos por dirigentes legitimados por los votos, pero para otros es una mala noticia: “Hay que renegociar lo antes posible, no podemos tener un convenio del año 75″, enfatizó un experimentado sindicalista del sector.
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POLITICA
El Gobierno avanza con cambios en la Aduana y pone a Diego Santilli al frente de la negociación por la reforma electoral
El Gobierno avanza con cambios en la Aduana, recalcula la estrategia electoral de Javier Milei y prepara los próximos movimientos de Diego Santilli en el Congreso y con los gobernadores. En la Casa Rosada buscan combinar gestión, negociación política y una etapa de mayor moderación pública del Presidente después de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.
En el Ejecutivo aseguran que trabajan en modificaciones tecnológicas para la Aduana a raíz de quejas por demoras, falta de trazabilidad y problemas para seguir el recorrido de mercadería. “Necesitamos hardware. No hay formas de seguimiento claras”, expresan en Nación. La frase apunta a una discusión interna sobre la capacidad del Estado para controlar cargas, contenedores, circuitos logísticos y procesos de liberación con información más precisa.
Las quejas llegaron desde empresas, operadores y usuarios que denuncian demoras en la salida de contenedores y trámites aduaneros poco previsibles. En Balcarce 50 admiten que el tema se volvió una cuenta pendiente para el área económica, en especial por el impacto que tiene sobre importaciones, exportaciones, costos logísticos y competitividad.
El Gobierno ya empezó a mostrar algunos cambios administrativos. Federico Sturzenegger destacó la resolución de ARCA que permite reemplazar garantías por declaraciones juradas para operadores con comportamiento regular, una medida que, según el ministro de Desregulación, reduce costos, trámites y márgenes de discrecionalidad. En el oficialismo lo presentan como parte de una agenda más amplia para simplificar el comercio exterior.
La reforma del Código Aduanero está en esa misma dirección, pero con un alcance mayor. En el Ejecutivo trabajan sobre cambios vinculados a digitalización de procesos, reducción de discrecionalidad, trazabilidad, procedimientos sancionatorios y plazos administrativos. La idea es combinar simplificación normativa con tecnología aplicada al control.
La discusión aduanera se da en paralelo al reordenamiento político que abrió la salida de Adorni y el ascenso de Santilli. En la Casa Rosada adelantan que esperan meses de mayor moderación discursiva de Milei mientras el Gobierno busca recomponer vínculos con gobernadores y conseguir votos para las reformas.
El nuevo jefe de Gabinete tiene como tarea central acercar posiciones con mandatarios provinciales y bloques aliados. En Balcarce 50 creen que la reforma electoral será el punto más sensible de esa negociación. “Si no sacamos las PASO, Milei no reelige”, insisten en Nación. La frase resume la obsesión de la mesa política: evitar una primaria nacional que pueda ordenar a la oposición y generar una foto desfavorable antes de la elección general.
Leé también: El Gobierno se enfoca en la estrategia parlamentaria y diseña un plan para reflotar tres proyectos clave
Por eso, el Gobierno habilitó negociaciones por un esquema de bi-listas o listas compartidas con algunos gobernadores. La alternativa permitiría que mandatarios provinciales o aliados conserven identidad propia en categorías legislativas, pero vinculados a la candidatura presidencial de Milei. En la Casa Rosada lo presentan como una herramienta para destrabar votos a cambio de eliminar o suspender las PASO.
La apuesta oficial tiene dos tiempos. Primero, una etapa de moderación, acuerdos y negociación parlamentaria. Después, un regreso a una campaña más polarizada. “Una vez que salga la reforma política y se cierren algunos acuerdos con gobernadores, vuelve el Milei radicalizado”, expresan en el oficialismo.
La discusión también atraviesa el tono de campaña. En varios despachos oficiales aseguran que la oferta electoral será “estabilidad y resultados económicos”, con foco en inflación, salarios, crédito, seguridad y reformas sancionadas. Pero en otras oficinas creen que Milei deberá recuperar un discurso más duro contra la oposición para ordenar a su núcleo propio.
“No vamos a hablar de la casta porque esa bandera ya la perdimos, pero sí vamos a apuntar contra el modelo anterior”, agregan en Nación. La definición muestra el intento de recalibrar el mensaje: menos eje en la política como enemigo general y más confrontación con el kirchnerismo, el peronismo y las gestiones anteriores.
Santilli volverá esta semana al Senado para reunirse con el bloque de La Libertad Avanza y aliados. El objetivo será destrabar la Ley de Zonas Frías y avanzar con la reforma electoral, dos de las prioridades que Karina Milei marcó en la última reunión con legisladores oficialistas. En el Gobierno reconocen que todavía faltan votos y que el rol de los gobernadores será determinante.
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El martes, Santilli encabezará junto a Karina Milei su primera reunión de mesa política como jefe de Gabinete. El horario todavía no está definido porque la Selección argentina jugará al mediodía, lo que también llevó al Gobierno a adelantar la conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier.
El nuevo ministro coordinador acompañará además a Milei en el viaje a Tucumán por el Día de la Independencia de la Argentina. En la Casa Rosada quieren que la actividad funcione como una señal política hacia los gobernadores, aunque dan por hecho que varios mandatarios no asistirán porque tendrán celebraciones en sus provincias.
A partir de septiembre, el Gobierno buscará imponer con más fuerza el clima electoral, la polarización y la campaña sobre las reformas aprobadas y las que todavía intentará impulsar. La hoja de ruta combina gestión, cambios administrativos como los de Aduana, negociación con gobernadores y una estrategia de campaña que dependerá, en buena medida, de si Santilli logra destrabar la reforma política.
ADUANA, Javier Milei, Diego Santilli
POLITICA
A 50 años de la masacre del comedor, familiares y organizaciones civiles pidieron que actúe la Justicia
Familiares de las 23 víctimas del atentado al comedor de la Policía Federal Argentina (PFA), perpetrado por Montoneros el 2 de julio de 1976, recordaron este sábado los 50 años del trágico hecho, junto a organizaciones que impulsan el avance de la causa judicial. El acto se realizó frente a la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA, la dependencia donde ocurrió el ataque.
Con el lema “Basta de impunidad, historia completa”, reclamaron que la Justicia condene a los responsables del atentado. Además, exigieron que se elimine de la estación de subte de la línea E el nombre de Rodolfo Walsh, a quien consideran el “ideólogo” del ataque, y se retiren los nombres de los responsables que se mantienen en el Parque de la Memoria, situado en Costanera Norte.
Medio siglo atrás, el 2 de julio a las 13.20, estalló una bomba en el comedor de la Superintendencia de la PFA, ubicado en la planta baja del edificio de Moreno 1417. Fue el atentado más grave ocurrido en el país hasta el ataque a la AMIA. El explosivo había sido colocado apenas 20 minutos antes por un infiltrado de Montoneros, José María “Pepe” Salgado, quien lo dejó oculto bajo un sobretodo en una silla. La explosión causó la muerte de 23 personas, además de decenas de heridos, según datos oficiales.
Victoria Matienzo fue la primera oradora del acto. Su hermano, el agente Ernesto Matienzo, tenía 23 años cuando falleció a causa del atentado. Entre aplausos, Victoria exigió que remuevan el nombre de la estación de subte Rodolfo Walsh de la línea E y que “saquen a los asesinos del Parque de la Memoria porque hay muchísimos”.
Asimismo, reclamó que se retiren las placas que, en la entrada del edificio, conmemoran a las víctimas de los años en los que en la dependencia de Moreno 1417 funcionó un centro clandestino de detención. “Por respeto a nuestros seres queridos”, remarcó.
Luego, Emilio Hardoy, miembro de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia –entidad que impulsó y consiguió en 2024 la reapertura de la causa judicial–, sostuvo que el atentado representa “un crimen aberrante que sigue impune después de medio siglo”. “Los argumentos, la voluntad y la decisión que [los tribunales] dicen no encontrar para juzgar a quienes ensangrentaron al país son los mismos que sí los encontraron, y con qué celeridad, para perseguir a quienes nos defendieron contra la subversión”, agregó.
La Sala I de la Cámara Federal dispuso en 2024 que se reabriera la investigación judicial y que el exlíder de Montoneros Mario Firmenich fuera llamado a prestar declaración indagatoria como responsable de la voladura del comedor, al declarar que ese delito es imprescriptible por tratarse de una grave violación de los derechos humanos. No obstante, Firmenich aún no declaró ante los jueces.
Asimismo, Hardoy agradeció la presencia de las legisladoras porteñas Rebecca Fleitas y Lucía Montenegro, ambas del bloque La Libertad Avanza, y del cineasta y escritor alineado con el oficialismo Diego Recalde: “[Su participación] es una muestra de valor, es algo inusual. Debería ser lo normal, pero en estas circunstancias es un acto de heroísmo”. Fleitas presentó en marzo pasado por tercera vez en la Legislatura el proyecto para eliminar el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subte.
También tomó la palabra Julio Renzacci, a quien la bomba le seccionó la arteria femoral. Un civil le hizo un torniquete y lo metió en un taxi rumbo al Hospital Rawson. “De no haber sido por él –al que nunca pude ver para reconocerlo–, en pocos minutos me hubiese desangrado”, relató. Además, marcó que Firmenich aún elude presentarse ante la Justicia: “Tanta soberbia y prepotencia hace 50 años y tanto miedo hoy de una simple declaración en un escritorio”.
En la misma línea, Gabriel Cepeda, hijo de Josefina Melucci de Cepeda, la única civil que falleció en el atentado, sostuvo que “quien no comparece para defender sus actos, pone en evidencia su eterna condición de cobarde”. Y reclamó que “el tiempo de la Justicia no se tome con el mismo reloj con el que se tomó el tiempo de la injusticia en los últimos 50 años”. En el escenario lo acompañaron sus hermanas Alejandra y Carolina.
Al homenaje también se acercaron Liliana Bertuzzi y Lucía Guelfi. En 1976 trabajaban con Melucci como empleadas administrativas en YPF y la recuerdan como una mujer alegre, luchadora y “amiguera”. Aquel mediodía había ido a la Superintendencia a retirar una cédula de identidad –un favor para una vecina– y, de paso, a almorzar allí con una amiga.
En el acto también estuvo Alba Shand. Su hermano Carlos, fallecido en el atentado, tenía 28 años, era cabo, bombero y estudiaba Derecho. Shand, quien toda su vida ejerció como docente, afirmó que debió “callar durante mucho tiempo” y que, muchas veces, no pudo “contar las dos partes de esos años terribles”. En diálogo con , sostuvo que el gobierno libertario fue una especie de “puntapié” para visibilizar esta causa, al “reconocer a las Fuerzas Armadas” y “respetar a la PFA, que estuvo tan ninguneada durante tanto tiempo”.
El homenaje finalizó con la lectura de los nombres de las víctimas del atentado. Andrés Fernández Cendoya, titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita), tuvo a su cargo el cierre de la conmemoración.
un infiltrado de Montoneros,dispuso en 2024 que se reabriera la investigación judicial,la única civil que falleció en el atentado,Policía Federal Argentina,Montoneros,Los 70,Conforme a,Policía Federal Argentina,,Él dice que no lo hizo. Imputaron a otro integrante de un clan narco por el asesinato de un agente de la Policía Federal,,Suma extra. Cuánto cobran los policías en junio de con el aguinaldo,,De policía a boquetero. Lo echaron de la Federal, fue «arrepentido» en una megacausa y armó una banda para robar dos bancos
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