POLITICA
Milei se enrosca con “la cadena del desánimo” mientras crece un reclamo interno de los ex PRO
Hubo un sondeo de los últimos días que, en la intimidad del Gobierno, mostró a Javier Milei especialmente iracundo: el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que todos los meses elabora la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador -reconocido termómetro de expectativas y percepción económica social- se ubicó en 39,64 puntos en abril y tocó un piso que no se registraba desde hacía 20 meses. El sondeo, lejos de generar una autocrítica, convenció todavía más a Milei de que son los medios, y no las condiciones materiales de las familias, los que generan un clima de malestar. Los libertarios comenzaron a hablar de “la cadena del desánimo”, un término que acuñó el viejo 678.
“¡Corruptos son ustedes!”, les gritó el Presidente a los periodistas al defender a Manuel Adorni cuando entraba ayer al Congreso para respaldar la exposición de su jefe de Gabinete. “¡Chorros!”, insistió cuando salía del Palacio.
Con la puesta en escena que hizo en la Cámara baja, el Presidente ratificó una vez más a su ministro coordinador. Hizo protagonista de ese blindaje a todo su equipo, que dio el presente en Diputados. Varios actores del oficialismo creen que el Gobierno pagó un precio demasiado alto por Adorni, pero jamás se animaron a insinuarlo frente a los hermanos presidenciales.
La intención del Gobierno es que con la presentación del jefe de Gabinete ayer en el Congreso se dé por terminado el affaire Adorni, que ya lleva más de 45 días. O que, al menos, el caso pase a ser costo hundido. El fiscal Gerardo Pollicita ordenó una pericia contable sobre la evolución patrimonial del ministro coordinador para determinar el origen de los gastos en efectivo que hizo estando en la función pública y que ascienden a unos 130.000 dólares. En la Casa Rosada saben que el peritaje demandará varias semanas y creen que ayudará a que el asunto se apague.
Mientras tanto, el equipo del área judicial que responde a Karina Milei sigue estudiando, paso a paso, cómo moldear al Poder Judicial a través de las vacantes. Hoy, una comisión del Consejo de la Magistratura avanzará con las ternas de candidatos para cubrir dos lugares en la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py. Es para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que llegaron a la Cámara trasladados vía decreto por Mauricio Macri.
Según pudo saber Infobae, Santiago Viola y Gonzalo Roca, los dos consejeros de La Libertad Avanza (LLA), apoyarán el dictamen que incluye a las candidaturas de Pablo Yadarola (juez en lo penal económico), Cecilia Incardona (fiscal federal de Lomas de Zamora) y del propio Bertuzzi. Yadarola es cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Incardona tiene bajo investigación a las operaciones de Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, en una de las causas que complica a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Milei nunca le soltó la mano a Adorni. Pero, por algún motivo, decidió no asumir más riesgos con nuevos escándalos: el viernes pasado, en diálogo con Luis Caputo, el Presidente pidió apartar a Carlos Frugoni, el Secretario de Coordinación de Infraestructura que omitió declarar siete propiedades en Palm Beach ante la Oficina Anticorrupción y ante ARCA. Frugoni, un newman boy histórico del macrismo, era de confianza del ministro de Economía y sus ojos sobre las áreas de Transporte y obras públicas.
Durante el fin de semana pasado se acordó una salida y el secretario de Estado presentó su renuncia. Todos los que estaban debajo de él ascendieron una posición: a Frugoni lo reemplazó el titular de Transporte, Fernando Herrmann, que a su vez fue sustituido por Mariano Plencovich, que hasta entonces era su virtual jefe de gabinete.
La idea fue cortar de cuajo un posible nuevo frente judicial mientras Frugoni conserva cierta influencia a “control remoto” sobre el área de Infraestructura. Hacia afuera la salida del funcionario del Ministerio de Economía provocó una contradicción con el caso Adorni, pero eso no importó en el Gobierno. “Fue distinto. Frugoni reconoció que se equivocó y que no declaró los inmuebles. Creyó que alcanzaba con rectificarse en los papeles, pero eso no iba a ser así”, justificó un colaborador oficial.
La política y la economía
Después de la salida de Frugoni, el dispositivo oficial se encargó de mostrar en público gestos de afecto entre Toto Caputo y los hermanos Milei para ahuyentar cualquier versión sobre chisporroteos con el ministro. El propio titular de Hacienda se ocupó de neutralizar los runrunes en las redes sociales.
Los desacuerdos en la mesa política del Gobierno, más que por la salida de un funcionario o cualquier desavenencia coyuntural, pasan por la visión estratégica del camino al 2027.
Hay fuertes diferencias de criterio entre los ex Pro y los “karinistas”, que pretenden seguir “pintando de violeta” al país.
Toto Caputo -como Diego Santilli o Patricia Bullrich- no quieren reeditar, desde ahora, la crisis política que vivió LLA en los meses previos a los comicios de medio término del año pasado. Quieren evitar que en el Congreso los aliados escatimen apoyos y comiencen a asestar reveses de forma prematura.
En particular, el ministro de Economía considera que las variables macroeconómicas están ordenadas y que si los mercados se preguntan por la sostenibilidad del modelo en el largo plazo es por la falta de previsibilidad política. Serviría, para explicar ese razonamiento, una reformulación de la famosa frase de James Carville, el mítico asesor de Bill Clinton en los 90. Algo así como: “No es la economía, estupido (es la política)”.
Sobre Caputo no solo pesa el antecedente de los comicios de 2025. “Se convenció de esto con la experiencia de la Argentina Week, cuando vio a los gobernadores alinearse con el Gobierno para atraer inversiones”, dijo un colaborador oficial a Infobae. Y agregó: “Toto viene diciendo que se le ralentizan las curvas, el repunte económico, si la política no acompaña a la economía”.
Aquella experiencia florida de la Argentina Week perdió brillo cuando estalló el caso Adorni. Por eso, hay un ala del Gobierno que machaca con la necesidad de terminar con los errores no forzados. Eso incluye, también, finiquitar con el internismo del Gobierno, entre las facciones de Karina Milei y Santiago Caputo, que, sin embargo, no deja de retroalimentarse semana a semana con episodios asombrosos.
En el Palacio Libertad, Javier Milei también hizo gestos visibles. A los dos Caputo y a su hermana los abrazó apretado, mientras que a Lule Menem apenas le dio la mano. Probablemente porque tiene escaso vínculo con el funcionario, brazo político de Karina.
En las reuniones de equipo, los Menem suelen patear para septiembre las definiciones en términos de alianzas políticas de cara a 2027. En simultáneo dan pasos para dar la pelea con candidatos violetas puros en todo el país y para disputar todas las gobernaciones posibles.
Con este escenario, ¿Karina Milei le va a dejar a Patricia Bullrich la candidatura a jefa de gobierno porteño y a Diego Santilli la postulación a la gobernación bonaerense? ¿Va entregarle esos casilleros a dos no nacidos en el mileísmo? En los últimos días comenzó a sonar la versión de que, al final del camino, Sebastian Pareja, el armador del karinismo en la provincia, terminará siendo el elegido por la hermana presidencial.
Mal que le pese a un sector del Gobierno, los fantasmas sobre la falta de previsibilidad política ya empezaron a merodear: desde el Pro hasta los gobernadores aliados, todos los aliados avisaron que no van a apoyar la reforma política y la eliminación de las PASO que el Poder Ejecutivo envió al Congreso.
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POLITICA
"Inaceptable": Mauricio Macri apuntó contra la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires
En medio de la polémica por el fallo que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, el ex presidente Mauricio Macri apuntó contra la jueza Marta Pascual y remarcó que no respetó la competencia del Poder Legislativo.
A través de un escrito que publicó en su cuenta de X, el ex mandatario sostuvo: “Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires”.
El líder del PRO cuestionó de forma explícita el razonamiento con el que Pascual fundamentó su resolución. Citó un pasaje de la propia sentencia en el que la magistrada reconoció que su decisión partía de presunciones: “El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá”. El ex presidente señaló que esos elementos nunca fueron presentados en el expediente.
A eso sumó un argumento de orden constitucional. “Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas”, escribió. Para el ex mandatario, los tribunales solo pueden ejercer el control de constitucionalidad en el marco de causas concretas, no de forma abstracta o anticipada.
El resultado de la medida cautelar, según describió Macri, es que una norma del Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y vigente en todo el territorio argentino, quedó sin efecto en la jurisdicción más poblada del país y con mayores índices de violencia. “Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado”, concluyó.
El fallo al que apunta el ex presidente fue dictado el 7 de septiembre de 2026 por Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 —que fijó en los 14 años la edad de responsabilidad penal— en toda la provincia de Buenos Aires. La decisión se adoptó en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
En ese marco, el fiscal Hernán Cerutti, de la Delegación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dependiente de la Fiscalía General Departamental, apeló la resolución este miércoles y solicitó que la cautelar quede sin efecto mientras interviene la Cámara de Apelación y Garantías. Para el Ministerio Público, la decisión de Pascual genera un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, porque extiende los efectos de una decisión judicial a todo el territorio bonaerense sin identificar un acto concreto, ilegal o arbitrario que hubiera restringido la libertad de algún adolescente.
Uno de los ejes centrales de la apelación es el uso del instituto del hábeas corpus. El artículo 405 del Código Procesal Penal bonaerense establece que esa herramienta procede cuando existe una acción u omisión que, de forma actual o inminente y en forma ilegal o arbitraria, provoca una restricción o amenaza a la libertad personal. Según el recurso presentado por Cerutti, ninguna de esas circunstancias fue acreditada: no se identificó a ningún adolescente detenido como consecuencia directa de la aplicación de la norma, ni una decisión policial, administrativa o judicial concreta que hubiera restringido ilegalmente su libertad.
La Fiscalía también cuestionó la base empírica del fallo. Pascual había advertido que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal podía aumentar considerablemente la cantidad de jóvenes alcanzados por ese régimen, y que la provincia debía contar previamente con la infraestructura y los recursos profesionales necesarios para garantizar sus derechos. El Ministerio Público objetó que esa conclusión fue formulada sin datos concretos y enumeró una serie de interrogantes que la sentencia no respondió: cuántos adolescentes serán efectivamente incorporados, cuántos podrán ser privados de su libertad, cuál será la capacidad disponible en los establecimientos y qué medidas de adecuación podría adoptar el gobierno bonaerense. “La conclusión adoptada por la resolución transforma una posibilidad en una certeza”, afirmó en el escrito de apelación.
Marta Pascual tiene más de 35 años de vínculo con áreas de niñez y adolescencia. Abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, con posgrados en Derecho Público y Magistratura, ocupó cargos en organismos provinciales dedicados a esas políticas durante la gestión de Hilda “Chiche” González de Duhalde, llegó a ser ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires y luego pasó al Poder Judicial bonaerense. También trabajó como consultora de UNICEF y presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia.
En una entrevista radial reciente, la magistrada aclaró su postura: “No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma. Hay una sensación de que con esta ley le damos más seguridad a la gente, pero no vamos a crear más seguridad. Tenemos que tener los mecanismos para poder implementar la ley”.
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POLITICA
Confirman que los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner están disponibles y piden decomisarlos por Vialidad
Luego de demoras y reclamos reiterados, la Justicia finalmente recibió un informe del Banco Galicia que confirma la disponibilidad de más de 5 millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner.
Es dinero que fue congelado hace más de 10 años, durante la instrucción de la causa Hotesur-Los Sauces, pero que ahora se reclama en el marco de Vialidad, la causa por la que Cristina Kirchner cumple una pena de seis años de prisión y en la que se desarrolla, por capítulos, un decomiso millonario que busca recuperar más de $680.000 millones.
Un primer listado de bienes transita la etapa final del decomiso y espera resoluciones de la Corte Suprema. Pero ese grupo podría no alcanzar para cubrir el monto total y, por estas horas, el Tribunal Oral Federal 2, encargado de llevar adelante la ejecución, tiene bajo análisis un segundo listado elaborado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Los más de US$5 millones de Florencia Kirchner forman parte de este segundo bloque, que incluye también 13 inmuebles de la familia Kirchner y otros 128 pertenecientes a sociedades vinculadas al empresario Lázaro Báez.
La demora del Banco Galicia en responder a la solicitud de la Justicia sobre el estado de ese dinero había generado inquietud en los tribunales, pero su disponibilidad fue finalmente confirmada este lunes por la entidad.
El primer grupo de bienes en la mira para ser decomisados abarca un total de 111 inmuebles: 84 están vinculados a Báez, 19 son de Máximo y Florencia Kirchner y uno pertenece a la expresidenta.
Su situación es distinta porque el TOF 2 ya ordenó su decomiso y la Cámara Federal de Casación confirmó esa decisión. Sin embargo, las defensas acudieron en queja ante la Corte Suprema, que todavía tiene planteos pendientes sobre la ejecución de algunos de esos bienes.
El máximo tribunal ya dejó firme, en cambio, el monto total que debe recuperarse, de $684.990 millones, aunque no se descarta que deba ser actualizado nuevamente por el efecto de la inflación y el paso del tiempo.
Además, la Corte debe definir si alguno de los inmuebles de ese primer grupo será destinado al funcionamiento del Poder Judicial.
Esto es así porque, al tiempo que se ponía en marcha el decomiso, la Corte dictó una acordada que estableció que los inmuebles decomisados deben ser puestos primero a disposición del propio tribunal para que determine si alguno puede ser destinado al Poder Judicial. Si no existe interés, se consulta al Consejo de la Magistratura y recién después el tribunal puede avanzar con la ejecución.
Pendiente
El decomiso es lo último que resta ejecutar de la condena por Vialidad, dictada por el tribunal en 2022 y confirmada por la Corte a mediados del año pasado.
El mecanismo se puso en marcha después de que ninguno de los condenados aportara voluntariamente el dinero para cubrir el monto de la condena, fijado originalmente en $84.835 millones.
Una vez actualizado a $684.990 millones, el TOF 2 los intimó a depositarlo en un plazo de diez días hábiles. Ninguno realizó el pago, por lo que el tribunal avanzó sobre los bienes que fueron, según la Justicia, producto del delito, incluso sobre aquellos que fueron transferidos a terceros, como es el caso de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner.
Los más de cinco millones de dólares de Florencia Kirchner que permanecen inmovilizados en el banco fueron embargados por el juez Julian Ercolini, en 2016.
Se componen de 4.664.000 de dólares encontradas en una caja de seguridad, y dinero que había en dos cajas de ahorro: 1.032.144 dólares y 53.280 pesos.
El juicio por Hotesur-Los Sauces, que es por presunto lavado y tiene a la expresidenta y a su hijo Máximo entre los principales acusados, tuvo su primera audiencia preparatoria la semana pasada y la fecha de inicio está próxima a definirse.
Florencia Kirchner no será juzgada en ese expediente porque fue sobreseída, pero la Justicia decidió mantener embargado el dinero al considerar que todavía estaba bajo sospecha el origen de esos fondos.
Por eso, el Tribunal Oral Federal 5 podría plantear reparos a que desde Vialidad se disponga de ese dinero, puesto que los dólares permanecen cautelados en Hotesur-Los Sauces y podrían resultar de interés para ese proceso.
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POLITICA
Mauricio Macri criticó a la jueza que frenó la baja de la edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires: “Es realmente muy preocupante”
El expresidente Mauricio Macri cuestionó este miércoles a la jueza bonaerense que resolvió frenar la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
A través de un posteo en X, Macri calificó de “inaceptable” que una medida cautelar dictada por un juzgado provincial haya impedido la vigencia de una ley nacional y remarcó: “Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas”. “Simplemente, no puede hacer eso. Los tribunales solo ejercen el control de constitucionalidad en el marco de causas”, agregó.
En ese sentido, el expresidente apuntó directamente contra los fundamentos de la magistrada y sostuvo que “la jueza reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones”, en referencia a un pasaje del fallo donde la funcionaria argumentó que “el Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir”. Según el expresidente, “esos elementos que dice tener no fueron presentados”.
Para Macri, el resultado de esa resolución generó una “controvertida situación”: una norma sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional, y vigente en todo el país, “quedó sin efecto en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del territorio argentino, por decisión de un juzgado de primera instancia”.
Finalmente, sentenció: “Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado. La Argentina que soñamos solo se construye con jueces que respeten la Constitución”.
El fallo que generó la polémica en la provincia de Buenos Aires
La resolución cuestionada por Macri fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de los adolescentes privados de su libertad. La suspensión llegó apenas dos días después de la entrada en vigencia del régimen penal juvenil.
La jueza Pascual centró su decisión en la falta de infraestructura del Estado bonaerense para absorber el aumento de adolescentes que ingresarían al sistema penal tras la baja de la edad de imputabilidad. La Ley 27.801, sancionada en febrero y reglamentada por el Gobierno nacional, establece la responsabilidad penal desde los 14 años, prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, además de contemplar medidas alternativas y monitoreo electrónico.
Otras reacciones políticas y judiciales
Las críticas de Macri se suman a las de referentes de La Libertad Avanza, que ya adelantaron su rechazo a la medida. El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, calificó el fallo como una resolución “profundamente antidemocrática” y el espacio libertario anunció que impulsará un juicio político contra la magistrada. En la misma línea, el diputado bonaerense Manuel Passaglia presentará un pedido de jury contra Pascual por su decisión.
Leé también: Patricia Bullrich cuestionó a la jueza que frenó la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires: “No le corresponde decidir”
En el plano judicial, la resolución también fue apelada. La Fiscalía de Lomas de Zamora recurrió el fallo y acusó a la jueza de avanzar sobre facultades que le corresponden al Congreso, al tiempo que pidió que la cautelar pierda efecto mientras se resuelve el recurso ante la Cámara de Apelación y Garantías.
La jueza Pascual, por su parte, defendió su decisión y afirmó que, ante la falta de mecanismos para aplicar la norma, esta “no es más beneficiosa para la comunidad”. La medida cautelar suspende la aplicación de la ley por un plazo de 60 días y no implica su anulación definitiva.
Mauricio Macri, Provincia de Buenos Aires
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