Por ahora, el “Plan B” de Patricia Bullrich parece centrarse en diferenciarse del Gobierno. A toda costa. No solo por sus declaraciones en sentido opuesto a la Casa Rosada, sino también por los últimos desmarques legislativos. La foto que se sacó junto a 15 diputados desató la furia del Ejecutivo y llevó al límite la interna con Martín Menem por el control de una parte de los legisladores libertarios. De los que todavía se definen como “bullrichistas”: una tropa de incómodos y leales.

Mientras tanto, en la Cámara baja no faltan quienes fogonean la disputa con el ladero de Karina Milei y ya tildan a Bullrich de “traicionera”. Cerca de la exministra, en cambio, buscan mostrarse inmutables y juran y perjuran que “ella no va a romper nada”. Con especial énfasis en el “por ahora”.

La aclaración llega después de que la Casa Rosada dejara trascender que la senadora había “cruzado un límite”, una expresión que también replican los sectores más karinistas del bloque libertario. Sin ocultar su preocupación, esas mismas fuentes se animan a marcar un “hasta acá”, pese a que vaticinan que los desplantes de la ex-PRO “van a terminar mal”.

Es que la imagen de Bullrich acompañada por los legisladores y algunos dirigentes de su entorno en sus oficinas de la calle Bulnes cayó pésimo en el Gobierno. Fue interpretada como una exhibición de su poder de daño en el último tramo del período ordinario legislativo, cuando el Senado mantiene trabada la discusión por las PASO. Aunque este último punto no parece ser un reproche, dado que dentro del oficialismo reconocen abiertamente que las negociaciones con los gobernadores por la cuestión electoral están en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Consultada por sobre los cuestionamientos que surgieron de un sector del Gobierno tras el mitin con 15 diputados libertarios, respondió tajante: “Yo no crucé ningún límite, me junté con mi gente”. Acto seguido, trató de bajarle el tono a la discusión al asegurar que nadie se había comunicado con ella y que, hasta el momento, se trata solo de “supuestos”.

Pero la foto, de todos modos, no pasó inadvertida. De mínima es una demostración de peso político. Cuestión en la que coinciden de un lado y del otro.

No es menor que sean 15 diputados. Un número suficiente para trabar cualquier iniciativa o, al menos, complicarle los planes al Ejecutivo. Una muestra del poder de fuego que Bullrich pretende conservar sobre quienes alguna vez fueron exclusivamente de su partida. Legisladores que, en su gran mayoría, ingresaron a la Cámara con el sello de Pro, y luego impulsados por la exministra se sumaron a las filas de LLA.

Además, crecen las suspicacias sobre el respaldo político que podría reunir la senadora ante un eventual escenario electoral, en momentos en que empiezan a circular versiones sobre conversaciones con un grupo de gobernadores y cierto interés de sectores del círculo rojo. Todo ello mientras las encuestas muestran a Milei y Bullrich prácticamente empatados, con diferencias de apenas uno o dos puntos a favor de uno u otro, según la medición. La legisladora, no obstante, registra una imagen negativa menor que la del jefe de Estado.

De acuerdo con la última encuesta de Proyección Consultores, que lidera el sociólogo Manuel Zunino, la empatía aparece como uno de los principales flancos débiles del mandatario. Un terreno sobre el que Bullrich ensaya sus propios desmarques, con especial atención a los problemas de la micro y a cuestiones sensibles como la discapacidad y la libertad de expresión.

En cualquier caso, una imagen vale más que mil palabras. Y fue precisamente la foto de su tropa la que marcó un punto de inflexión en su relación con la Casa Rosada.

Detrás de esa disputa opera otra interna. Dentro de las huestes bullrichistas conviven, al menos, dos sectores: quienes se mueven con mayor holgura y aquellos que miden cada paso frente a Karina Milei y rinden cuentas a Martín Menem. Hay un grupo que se juega la renovación de sus mandatos a fines del año próximo y el escenario de lealtades está lejos de definirse.

Entre los diputados que se acercaron a las oficinas de la exministra figuran Damián Arabia, Silvana Giudici, Sabrina Ajmechet, Patricia Vásquez, María Luisa González Estevarena, Belén Avico, Alejandro Bongiovanni, Verónica Razzini, Carlos Almena, Mariano Campero, Martín Matzkin y Lorena Petrovich. También fueron de la partida el senador bonaerense Diego Valenzuela, el legislador porteño Juan Pablo Arenaza y el exdiputado Gerardo Milman.

Según pudo reconstruir , se trató de una reunión política, como las que Bullrich suele encabezar cada un par de meses con legisladores y dirigentes de su entorno, aunque esta vez la agenda legislativa también se coló en la conversación. Fue allí donde surgieron los primeros reproches de al menos dos diputadas contra el manejo del bloque por parte de Silvana Giudici, una de las espadas legislativas de Menem e integrante de la mesa parlamentaria junto con Gabriel Bornoroni, Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.

Uno de los contrapuntos surgió cuando Ajmechet cuestionó el capítulo sobre injerencia extranjera de la “Ley Malvinas”. Pese a los cambios introducidos por Giudici, en su negociación con los aliados, las objeciones en torno a la libertad de prensa persisten. O al menos eso es lo que dejan trascender los propios oficialistas.

Pero el asunto dejó al descubierto un malestar más profundo: la falta de comunicación sobre los dictámenes y las negociaciones legislativas, concentradas principalmente en manos de Giudici y Rodríguez Machado, esta última involucrada en el proyecto de ley de discapacidad. Del ida y vuelta también habría formado parte Vázquez.

“Se quejan y después no van a las reuniones de bloque”, retruca un diputado, en línea con lo planteado por Giudici durante el encuentro. Pese a los cruces, la reunión estuvo atravesada por los intentos de diferenciación de Bullrich.

Incluso los bandos más conciliadores admiten tensiones con el Gobierno, aunque, a diferencia de los “halcones”, no creen que se esté hablando de “conflictos terminales” y valoran sus desmarques, sobre todo porque consideran que el Ejecutivo tomó nota de algunas de sus propuestas, como la suspensión de embargos a pymes hasta mayo de 2027 o las vinculadas con discapacidad.

En este grupo se mueven, por ejemplo, Ajmechet, fiel a Bullrich pero con cercanía no solo a Menem sino de llegada directa a Milei y Bongiovanni, que también responde a la senadora, pero moderado y sin intenciones de involucrarse en la guerra con Menem.

La cuestión electoral y el futuro de las PASO también sobrevolaron el encuentro, aunque sin abordarse directamente. Desde el entorno de Bullrich descartan, por ahora, una ruptura o una eventual interna con Milei si el Congreso no logra suspender las primarias antes de fin de año. Eso no impidió que al menos un diputado expresara su deseo de verla competir.

En ese clima se gestó la foto que terminó por desbordar la interna. Muchos atribuyen su difusión a Damián Arabia, ladero de Bullrich y de buen vínculo con Menem, lo que podría explicar que luego relativizara su peso político.

La jugada irritó a un par que se sintieron utilizados, pero entre las cuerdas. Fue el caso de Giudici. “Es de Martín”, resumen bullrichistas y cercanos al riojano, pese a que la legisladora se jacta de tener vuelo propio. Lo cierto es que hoy es una de las figuras oficialista a cargo del poroteo y la letra chica parlamentaria y de buenas migas con los Milei, en especial Karina.

En los despachos del riñón karinista también buscan hacer valer su poder de fuego. Aseguran que, llegado el caso, al menos diez de los quince diputados no estarían dispuestos a votar contra el oficialismo. En ese sector ya descartan una recomposición con Bullrich y relativizan su influencia sobre los legisladores, al advertir que seguirla en una eventual ruptura equivaldría a una “muerte política”. Aun así, la Casa Rosada ya prepara un nuevo “cara a cara” tras la partida del Papa, en el que los más suspicaces creen ninguno le dará al al otro el gusto de romper. Por ahora.

La Corte Suprema le devolvió el viernes a la Inspección General de Justicia (IGJ) el control sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, los veedores que debían revisar los balances de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia van a tardar en llegar a la calle Viamonte. Si el expediente sigue los pasos habituales, la veeduría podría quedar para 2027.

El motivo es procesal. Los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon arbitraria la sentencia del 18 de junio de la Sala D de la Cámara Civil, que había cancelado la inscripción de la AFA en la IGJ.

Ese fallo de la Cámara Civil Sala D también había anulado la resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, que ordenaba una veeduría de 180 días hábiles sobre la entidad. Pero la Corte no resolvió el fondo del asunto. Revocó el fallo y devolvió el caso para que se dicte otro.

Por eso el expediente tiene que bajar ahora a la Cámara Civil. Allí deberá dictarse una nueva sentencia que siga lo que dijo la Corte: que la IGJ conserva sus facultades de fiscalización mientras no se cancele la inscripción de la AFA en su jurisdicción de origen, y que hasta entonces la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense no tiene facultades sobre la entidad.

Esa nueva sentencia no puede firmarla la misma Sala D.

La deben dictar camaristas distintos de Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, los que firmaron el fallo que la Corte acaba de anular y que ya favorecieron a la AFA con otras decisiones. Ese tribunal ya venía resolviendo a favor de la AFA desde 2024. Solo cuando haya una nueva sentencia firme el Ministerio de Justicia podrá volver a mandar a los veedores.

Hay que sortear o designar el nuevo tribunal, mandarle el expediente, notificar a las partes y esperar el fallo. Además, la AFA podría volver a presentar recursos, y en enero hay feria judicial. Con todo eso, en los tribunales calculan que la veeduría difícilmente empiece antes de 2027.

“El ministro quiere mandarlos ya, pero ahora eso depende de la Justicia”, dijeron a altas fuentes del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.

En la cartera aclaran que no quieren dar ningún paso que la AFA pueda volver a impugnar y que esperarán a que la Cámara Civil se pronuncie de nuevo.

La demora es importante porque los veedores tenían que revisar los balances, contratos y movimientos financieros de la AFA.

Esos mismos libros están bajo la lupa de la justicia penal económica, que investiga a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por supuesto fraude.

Mientras tanto, la Corte dejó claro que la AFA sigue bajo control de la IGJ. Según el fallo, la mudanza de su sede a Pilar no le alcanza para escapar de ese control mientras no se complete formalmente el cambio de domicilio.

Los veedores ya tienen nombre. El 16 de marzo, Mahiques designó al contador Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortiz de Marco para revisar durante 180 días hábiles los libros contables, los registros administrativos, los contratos y los acuerdos comerciales de la AFA.

Además deben revisar el proceso de creación de la Universidad de la AFA. En mayo se presentaron en las sedes de la AFA y de la Superliga para pedir la documentación. Pero en junio la Sala D de la Cámara Civil anuló la resolución que los había designado y tuvieron que suspender la tarea. Sin una nueva sentencia, no pueden volver.

El extitular de la IGJ Daniel Vítolo, que había pedido la veeduría y rechazado la mudanza de la AFA a Pilar dijo que “la Corte puso las cosas en su lugar y ratificó la actuación de la IGJ bajo mi gestión”.

“Ahora depende de las actuales autoridades seguir adelante con la investigación y esclarecer los hechos”, sostuvo. Mahiques lo desplazó del organismo en marzo, poco después de asumir en el Ministerio de Justicia, cuando pidió la renuncia a los responsables de distintas áreas de control. Vítolo vinculó siempre su salida con su pelea con la conducción de la AFA.

Vítolo también cargó contra la maniobra con la que Tapia mudó la sede de la AFA. “Toda la gente en la Argentina advirtió que el traslado del domicilio de la AFA a un baldío deshabitado de la localidad de Pilar, con la complicidad de las autoridades provinciales, era una farsa”, sostuvo.

A su juicio, la Corte removió el principal obstáculo para conocer qué pasó con las cuentas del fútbol, y ese obstáculo lo había puesto la propia Justicia.

La IGJ reclamaba explicaciones por gastos de la AFA por más de US$111 millones entre 2017 y 2025 y por más de US$300 millones en la Superliga.

El fallo de la Corte tiene además un efecto colateral sobre la disputa por quién investiga a la AFA. Si la entidad no completó su cambio de domicilio y para la ley sigue radicada en la ciudad de Buenos Aires, se debilita uno de los argumentos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para reclamar las causas contra la dirigencia del fútbol.

González Charvay, el juez preferido por los acusados, viene disputando los expedientes con sus colegas.

Sostiene que los hechos deben investigarse en su jurisdicción, que incluye Pilar. Allí la AFA fijó su nueva sede y allí está la casaquinta atribuida a Toviggino, una cuestión donde la Corte todavía debe definir quien es competente para investigarla.

Los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña le devolvieron a Campana la causa por esa propiedad. El fiscal Mario Villar recurrió a la Corte para que vuelva a la justicia federal, donde había empezado.

Pero para la Corte la AFA no tiene, por ahora, domicilio en Pilar. “La IGJ conserva aún las facultades de fiscalización que la ley prevé sobre la AFA y, consiguientemente, la DPPJ carece, de momento, de facultades sobre la entidad”, dijeron los jueces de la Corte.

El traslado a Pilar no se completó. Sin sede en territorio bonaerense, el juez de Campana pierde razones para intervenir en las causas que tienen a la AFA como presunta víctima de los desvíos de fondos.

El mismo día, la Corte rechazó unificar las investigaciones y mantuvo dos de ellas en la Justicia porteña. Es otra mala noticia para la estrategia de Tapia y Toviggino de concentrar todo en Campana.