Tal como anticipó Infobae días atrás, el Gobierno oficializó la puesta en marcha del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, una iniciativa que busca fortalecer y modernizar las capacidades de defensa del país mediante un programa integral de reequipamiento, desarrollo de infraestructura estratégica y recuperación de capacidades operativas para las Fuerzas Armadas.

El decreto 314/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, estableció nuevos mecanismos de financiamiento y redistribución de ingresos estatales para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del plan.

En este sentido, dispuso la asignación de fondos provenientes tanto de la venta de inmuebles estatales como de procesos de privatización para fortalecer el equipamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas. En cuanto a los porcentajes que se destinarán, el texto indicó que el 10 % de los ingresos generados por la venta, locación, concesión, transferencia o cualquier otra forma de disposición de inmuebles del Estado será destinado al Ministerio de Defensa. En los casos en que los bienes involucrados estuvieran previamente asignados al área de Defensa, ese porcentaje se elevará al 70 % de los ingresos obtenidos.

Asimismo, establecieron que el 10 % de los recursos provenientes de la privatización de empresas y sociedades estatales (las incluidas en la Ley 27.742) también se destinará a la mencionada cartera. Esta disposición refuerza la capacidad de inversión directa en equipamiento militar y desarrollo de infraestructura, constituyendo una fuente adicional y complementaria al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). Estos recursos no sustituyen ni afectan lo previsto en dicho fondo, sino que constituyen un complemento destinado a atender necesidades de corto plazo y ampliar la capacidad de inversión en la recuperación de capacidades operativas.

En otro pasaje del texto, el Gobierno advirtió que los avances en tecnología militar, como la irrupción de la inteligencia artificial, el uso de armas robotizadas y el auge de los ciberataques, demandan la incorporación de nuevos medios y capacidades. Según el texto, para un país de la extensión y riqueza de recursos naturales del país, resulta esencial contar con un sistema de defensa con verdadera capacidad de disuasión y respuesta.

En el marco de la nueva normativa, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas deberá elevar al organismo conducido por Carlos Presti, en un plazo de noventa días, un informe detallando los requerimientos urgentes en materia de reequipamiento, modernización e infraestructura estratégica. El Ministerio deberá instrumentar los medios necesarios para responder a estas necesidades, utilizando los fondos asignados por el decreto.

La iniciativa fue impulsada por el propio ministro de Defensa, quien desde su llegada al cargo planteó la necesidad de crear mecanismos de financiamiento estables para recuperar equipamiento, infraestructura y despliegue operativo.

La nueva distribución de fondos responde también a la situación presupuestaria que afronta el área. El decreto advierte que la estructura vigente absorbía la mayor parte de los recursos en gastos de personal y funcionamiento, lo que limitaba severamente la inversión en modernización y reequipamiento. Hasta el decreto, todos los recursos obtenidos por la venta o concesiones de activos estatales estaban destinados al Tesoro Nacional.

Ahora, con esta decisión, parte de los fondos se direccionará a recuperar el instrumento militar. Con la reasignación de ingresos provenientes de las privatizaciones y de la administración y venta de inmuebles públicos, el Gobierno busca brindar una fuente adicional y permanente para sostener el funcionamiento y la actualización tecnológica de las Fuerzas Armadas.

Uno de los proyectos más relevantes dentro de esa agenda es la base integrada en Tierra del Fuego, una obra que en el Gobierno consideran de valor geoestratégico central. Su ubicación en el extremo sur le daría a la Argentina mayor capacidad logística y operativa en el Atlántico Sur y reforzaría la proyección nacional sobre la actividad antártica.

El proyecto de Ficha Limpia volvió a instalarse en la agenda parlamentaria durante el informe de gestión que brindó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reactivó tensiones en el Congreso. Desde Provincias Unidas, la diputada Gisela Scaglia pidió avanzar con su tratamiento y anticipó que impulsará un emplazamiento en la próxima sesión.

“En la próxima sesión voy a pedir el emplazamiento para que se trate en Diputados. Las palabras sin votos no son políticas. Son relato”, posteó, en un mensaje dirigido al Gobierno nacional.

Para que esa estrategia prospere, el bloque de la exvicegobernadora de Santa Fe deberá construir acuerdos con otros espacios opositores, en especial con Unión por la Patria (UxP), que lidera Germán Martínez. La bancada peronista ya rechazó la iniciativa en 2025 al considerarla inconstitucional, lo que anticipa un escenario complejo.

La propuesta de Ficha Limpia

El proyecto de Scaglia establece que no podrán ser candidatos quienes hayan sido condenados por fraude en perjuicio de la administración pública; por delitos incorporados al Código Penal o por leyes especiales en cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

También quedan excluidos los condenados por delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, delitos dolosos contra la vida o la integridad física, lavado de activos y delitos contra el orden constitucional y la vida democrática. A esto se suman las personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, mientras mantengan esa condición.

En La Libertad Avanza respaldan la iniciativa. “Es un paso fundamental para combatir la corrupción y la impunidad”, señaló a TN la diputada Mercedes Llano. “Ficha limpia representa el retorno del ideal del gobierno de los virtuosos, de los probos, bajo el cual la corrupción es considerada un vicio, contrario a la virtud. Un paso fundamental para combatir la impunidad y reinstaurar una cultura política de blancos y negros, sin relativismo, en la cual se diferencia con nitidez lo que está bien de lo que está mal”.

Al proyecto de Scaglia se sumaron otras iniciativas de la radical Karina Banfi y de los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, que proponen cambios en la Carta Orgánica de los partidos. En el Senado también hay presentaciones, como la del PRO impulsada por Martín Goerling Lara.

En el MID, otro aliado del oficialismo, marcaron distancia. “La reforma electoral del Gobierno es una ensalada imposible de debatir”, sostuvo Oscar Zago.

El debate en el Senado

La Comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por Agustín Coto, será la encargada de avanzar con la discusión de la reforma electoral, un paquete que incluye no solo Ficha Limpia, sino también la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento partidario y modificaciones en la Boleta Única de Papel.

La oposición dialoguista ya advirtió que no acompañará el esquema completo. La UCR, de la mano de Eduardo Vischi, presentó un proyecto para mantener las PASO, aunque con carácter optativo. El PRO, en tanto, mantiene una postura cauta para no afectar posibles acuerdos futuros con el oficialismo.

En paralelo, los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) anticiparon que sus legisladores no acompañarán la iniciativa libertaria.

El senador Maximiliano Abad sostuvo: “Hay que favorecer la modernización del sistema para garantizar la participación ciudadana y el control judicial. Es razonable exceptuar las PASO cuando existe lista única para evitar movilizaciones y gastos estériles. Sin embargo, reducir este debate al mero ‘ahorro fiscal’ es un error conceptual: la democracia no es un gasto administrativo, es una inversión en libertad”.

La estrategia del oficialismo

Coto deberá coordinar con la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, la estrategia legislativa. La convocatoria a la comisión podría concretarse en las próximas semanas, ya que el Congreso estará abocado al tratamiento de pliegos en la Comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagotto.

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“No tenemos tiempo para sentarnos y discutir el proyecto”, admiten desde el oficialismo.

El debate por la reforma electoral no será exprés. Se prevén varias jornadas informativas en comisión y una negociación compleja para reunir los votos necesarios. Como se trata de cambios en materia electoral, la Constitución exige mayorías absolutas: 129 votos en Diputados y al menos 37 en el Senado.

La Cámara alta proyecta una próxima sesión para el 14 de mayo, en la que podrían tratarse tanto los proyectos ya dictaminados como los pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

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El gobierno de Estados Unidos confirmó que sostendrá el bloqueo económico contra Irán en el marco de la creciente escalada en Medio Oriente, en paralelo a la ofensiva militar que mantiene junto a Israel desde fines de febrero. La decisión fue ratificada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que la estrategia de “máxima presión” seguirá vigente.

El funcionario detalló que el presidente Donald Trump ordenó intensificar las sanciones económicas y avanzar con una política denominada “Furia Económica”, en sintonía con la operación militar lanzada semanas atrás.

“Puedo asegurarles que estamos asfixiando al régimen, que ya no pueden pagarles a sus soldados. Este es un verdadero bloqueo económico”, afirmó Bessent en declaraciones televisivas.

Según explicó, el objetivo es debilitar la estructura financiera del gobierno iraní, al tiempo que se restringe su capacidad operativa tanto en el plano interno como en el frente militar. En ese sentido, el funcionario remarcó que las fuerzas estadounidenses están limitando el tránsito marítimo hacia y desde Irán, especialmente en zonas estratégicas.

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El Comando Central de Estados Unidos informó que ya fueron bloqueados al menos 49 buques vinculados a operaciones iraníes, en un intento por cortar el flujo de recursos hacia la Guardia Revolucionaria.

Además, Bessent advirtió que continuarán rastreando activos financieros en el exterior: “Llevan años robando al pueblo iraní. Tienen dinero en el extranjero, el cual localizamos. Seguiremos rastreándolo y protegeremos estos activos para el pueblo iraní una vez resuelto el conflicto”.

Uno de los puntos más sensibles del enfrentamiento es el control del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Teherán mantiene restricciones al tránsito de embarcaciones no aliadas, lo que generó un fuerte impacto en los mercados energéticos y elevó la preocupación internacional.

En este contexto, la Armada británica reportó un nuevo incidente en la zona: un buque comercial fue atacado por pequeñas embarcaciones mientras navegaba cerca de la costa iraní. Si bien no se registraron víctimas ni daños ambientales, el hecho refuerza el clima de inestabilidad en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

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Desde Europa, distintas voces alertaron sobre la posibilidad de un conflicto prolongado. Funcionarios de la Comisión Europea advirtieron que la escalada podría extenderse durante “meses, e incluso años”, mientras crecen las tensiones diplomáticas entre Washington y sus aliados.

En paralelo, Irán envió una propuesta a Estados Unidos para avanzar hacia el fin de la guerra, que incluye el levantamiento del bloqueo naval y garantías de no agresión. Sin embargo, el propio Trump puso en duda su viabilidad al señalar que el régimen iraní “no ha pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le ha hecho a la humanidad”.

El conflicto, que ya lleva más de dos meses, combina presión militar, sanciones económicas y disputas geopolíticas en múltiples frentes. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos en una región clave para el equilibrio energético global.

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