INTERNACIONAL
Arévalo nombra a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General de Guatemala
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este martes el nombramiento de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030. La designación llega tras un proceso de selección que incluyó entrevistas a seis candidatos finalistas, conforme a los procedimientos legales establecidos.
Arévalo destacó que la decisión responde a la convicción de la necesidad de colocar a personas íntegras con el objetivo de impulsar la reconstrucción de la justicia y el fortalecimiento de la democracia guatemalteca.
“Esta decisión la he tomado guiado por la convicción que tengo, como presidente de la República, de la necesidad imperiosa de contar con personas íntegras al frente de nuestras instituciones, personas animadas por un fuerte compromiso con la reconstrucción de la justicia y el fortalecimiento de nuestra democracia”, expresó el líder del Ejecutivo.
García Luna asumirá un nuevo cargo el 17 de mayo, conforme lo dispone la ley. El presidente guatemalteco enfatizó que el Ministerio Público recibe una autoridad que no prestará servicio a intereses políticos o particulares, sino que buscará garantizar una justicia independiente y objetiva al servicio de la República y de los pueblos de Guatemala.
“Llega para servir a una justicia independiente, objetiva, puesta al servicio de la República y de los pueblos que conformamos la nación guatemalteca”, subrayó Arévalo.
El proceso de selección del nuevo jefe del Ministerio Público contempló varias etapas, incluida la conformación de una nómina final de seis candidatos, creada por la Comisión de Postulación, y la realización de entrevistas personales con el jefe de Estado.
Arévalo puntualizó que escuchó atentamente la visión de cada aspirante sobre los desafíos que enfrenta actualmente la justicia guatemalteca y recalcó la importancia de aprender de la historia para dejar atrás el uso de la justicia como herramienta de revanchas.
En su mensaje, el presidente extendió un reconocimiento al nuevo fiscal general, deseándole claridad, firmeza y serenidad en el desempeño de sus funciones. “Que junto al pueblo de Guatemala esa luz ilumine este nuevo tiempo, esta nueva etapa que está comenzando”, concluyó Arévalo.
La llegada de García Luna al frente del Ministerio Público marca el inicio de una etapa con expectativas de fortalecimiento institucional y de independencia en la administración de justicia en Guatemala. El nuevo Jefe Fiscal sustituirá a Consuelo Porras, quien se mantuvo durante 8 años en el cargo de 2018 a 2026.
Según el Gobierno de Guatemala, el nuevo fiscal general cuenta con un doctorado en Derecho, maestría en Derecho Penal y es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario.
En el sector público, Luna ha sido integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial, asesor penal del Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación, magistrado presidente de la Junta de Disciplina Judicial y magistrado vocal en la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz.
También ha ejercido como juez de primera instancia del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Mixco; juez de Paz Penal de 24 horas de la Villa de Mixco; y juez primero de Paz del municipio de Mixco en las ramas penal, civil, laboral y familia. Además, ha tenido funciones en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones y la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.
En el sector privado, se ha desempeñado como catedrático de dedicación completa y medio tiempo en funciones académicas, dirección de investigación y asesoría. Ha sido representante suplente de catedráticos ante el Consejo de Decanos y miembro de comités de convivencia estudiantil en la Universidad Rafael Landívar.
En el ámbito de la docencia, ha sido juez docente y tutor en la Escuela de Estudios Judiciales, docente horario en cursos de pregrado y posgrado, asesor de tesis y examinador de exámenes privados, así como disertante en la Unidad de Capacitación Institucional del Ministerio Público.
INTERNACIONAL
Crisis en Cuba: varias empresas extranjeras se van de la isla o reducen sus operaciones para evitar las sanciones de Trump
Varias empresas extranjeras pusieron fin o redujeron sustancialmente sus actividades en Cuba, a tres días de que venza el ultimátum de Donald Trump a compañías extranjeras para que corten todos sus vínculos con el conglomerado económico-militar Gaesa, sancionado por Washington.
La salida de empresas extranjeras de la isla agrava la paupérrima situación económica y social que atraviesa la isla, con apagones interminables y en la víspera de que Raúl Castro, dirigente histórico de la Revolución, cumpla 95 años este miércoles.
El 1 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva que endurece las sanciones contra Cuba, que ya soporta un embargo vigente desde 1961, y reiteró que la isla representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La Casa Blanca impuso en enero un bloqueo petrolero a Cuba y puso en la mira al Grupo de Administración de Empresas S.A. (Gaesa), vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas. Se trata de una de las primeras empresas sancionadas bajo la nueva orden ejecutiva.
En ese marco, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) estableció el próximo viernes como fecha límite para que las empresas extranjeras que tienen negocios con Gaesa reajusten sus operaciones o enfrenten las sanciones de Washington.
Estas medidas pueden implicar dificultades para acceder al sistema financiero internacional o realizar transacciones, la prohibición de que los bancos trabajen con estas empresas o la congelación de activos.
Un impacto “devastador”
En este contexto, varias cadenas hoteleras ya anunciaron su retiro o la reducción de sus operaciones en la isla.
El grupo español Iberostar dejó de administrar 12 hoteles que gestionaba en Cuba en asociación con Gaesa, aunque continuará trabajando con otras seis instalaciones que son propiedad el Ministerio del Turismo.
Un conductor de bicitaxi espera a los clientes junto a un montón de basura en La Habana, Cuba, el lunes 1 de junio de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)
Iberostar y Meliá fueron las primeras en en llegar a Cuba, después que la isla se abrió al turismo internacional para salir de la crisis provocada por la caída del bloque soviético en 1991.
El lunes, la cadena hotelera canadiense Blue Diamond anunció que cesaba sus operaciones en Cuba debido a la situación actual del sector, en momentos en que la isla se encuentra bajo una creciente presión por parte de Estados Unidos.
Leé también: Un mes de protestas en Bolivia: opositores impulsan un referéndum para forzar una salida a la crisis
Meliá y el grupo asiático Archipiélago International también estudian limitar su presencia o abandonar la isla, según fuentes cercanas al sector.
En el caso de Meliá podría cesar la actividad en 14 de los 35 hoteles que gestiona en la isla.
A mediados de mayo, dos navieras europeas, la francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd, suspendieron “temporalmente” las entregas y los nuevos envíos de contenedores de mercancías a Cuba.
Activo en el sector de la minería, también en el radar de Washington, la minera canadiense Sherritt se convirtió el 7 de mayo en la primera empresa extranjera en anunciar que abandonaba Cuba, donde extraía níquel y cobalto desde la década de 1990 a través de la empresa mixta General Nickel Company S.A.
“El impacto para la economía cubana de la salida de todas estas compañías internacionales en el corto plazo es devastador”, declaró el economista y consultor cubano, Daniel Torralbas. Esto “ubica al 2026 como el peor año en la historia económica de Cuba en los últimos 70”, apunta el experto.
El secretario de Estado, Marco Rubio, firme opositor del gobierno de La Habana, acusó hace dos semanas a los líderes cubanos de robo y corrupción a través de Gaesa.
Rubio recordó que el expresidente Raúl Castro, ahora imputado por la justicia estadounidense, fue el fundador de Gaesa. Según el departamento de Estado estadounidense, esta empresa posee activos por valor de 18.000 millones de dólares y controla hasta el 70% de la economía cubana.
(Con información de AFP)
cuba, Donald Trump
INTERNACIONAL
DOJ expands indictment against SPLC, alleging $4M secretly funneled to KKK and extremist groups
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The Department of Justice last month announced an indictment against the Southern Poverty Law Center (SPLC), alleging that the civil rights nonprofit defrauded donors by secretly paying informants associated with extremist organizations, including the Ku Klux Klan.
A federal grand jury in the Middle District of Alabama returned an 11-count indictment in April charging the SPLC with six counts of wire fraud, four counts of making false statements to a federally insured bank and one count of conspiracy to commit concealment money laundering, according to the Justice Department.
The superseding indictment retains those charges while expanding on the alleged misconduct.
According to the DOJ, the SPLC «secretly funneled» more than $3 million in donor funds between 2014 and 2023 to numerous individuals associated with extremist organizations, including the Ku Klux Klan, United Klans of America, the National Socialist Movement, participants in the Unite the Right rally and the Aryan Nations-affiliated Sadistic Souls Motorcycle Club.
NEO-NAZIS, ‘SADISTIC’ BIKERS AND CHARLOTTESVILLE ORGANIZER: 5 OF THE MOST SHOCKING SPLC INFORMANTS
The Southern Poverty Law Center has widespread influence in education. FILE: Acting Attorney General Todd Blanche, left, and SPLC interim President and CEO Bryan Fair are shown in a split image as the Justice Department pursues charges against the Southern Poverty Law Center. (Nathan Posner/Anadolu via Getty Images; USA TODAY Network via Imagn Images)
The original indictment alleged approximately $3 million in payments between 2014 and 2023.
«The SPLC’s paid informants (‘field sources’) engaged in the active promotion of racist groups at the same time that the SPLC was denouncing the same groups on its website,» the indictment states.
Prosecutors further allege the SPLC opened bank accounts tied to fictitious entities in order to conceal donor funds that were allegedly routed to confidential sources.
MIKE DAVIS: SOUTHERN POVERTY LAW CENTER: A TALE OF A RACISM SCAM
The Southern Poverty Law Center (SPLC) building seen in March 2020 in Montgomery, Alabama. (Barry Lewis/InPictures via Getty Images)
According to the indictment, the SPLC began operating a covert informant network in the 1980s, and between 2014 and 2023 allegedly paid those sources in a clandestine manner.
The DOJ alleges an SPLC employee instead encouraged the pair to remain involved and offered them a monthly salary of $1,200.
The two subsequently agreed to remain in the organization, according to the indictment.
DR. BEN CARSON: I KNOW HOW BAD THE SPLC WAS, IT CAME AFTER ME AND PUT ME AT RISK
Acting Attorney General Todd Blanche spoke during a press conference alongside FBI Director Kash Patel at the Department of Justice on April 21, 2026, in Washington, D.C., following the indictment of the Southern Poverty Law Center. (Nathan Posner/Anadolu via Getty Images)
Prosecutors allege an SPLC employee instructed the individuals to claim they worked for a company called Rare Books and helped college students with research and writing assignments if anyone questioned the source of their income.
The indictment alleges donor funds were used to pay both individuals through SPLC accounts.
According to prosecutors, the pair were also reimbursed for expenses related to Ku Klux Klan activities, including cross-burning events and associated costs such as wood and fuel.
One of the individuals is also accused of recruiting new members using donor-funded payments. The indictment further alleges the SPLC knew donor funds were used to purchase materials for Ku Klux Klan garments.
In a statement to Fox News Digital, attorney Abbe Lowell, who represents the SPLC, denied the allegations.
A composite image shows Acting Attorney General Todd Blanche overlaid on photographs of the Department of Justice and FBI headquarters in Washington, D.C. (Valerie Plesch/Bloomberg via Getty Images; Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images)
«This apparent superseding indictment attempts to shore up the flaws in the initial charges, but it changes nothing,» Lowell said.
«The SPLC did not lie to its donors, it did not mislead banks it did business with, and its informant program prevented violence and saved lives,» he continued.
«It appears the Justice Department shared the indictment with media before it was unsealed by the court – another example of the government’s troubling handling of this case.»
«We will be addressing these irregularities with the court and look forward to presenting the truth at trial,» he added.
NONPROFIT REVENUE TOTALS SURGE AMID GROWING SCRUTINY AFTER MAJOR FRAUD CASES
SPLC interim President and CEO Bryan Fair speaks during a wreath-laying ceremony at the Southern Poverty Law Center Civil Rights Memorial in Montgomery, Ala., on March 5, 2026. (Jake Crandall/Advertiser / USA TODAY NETWORK via Imagn Images)
The superseding indictment also notes that the SPLC’s reported revenue increased from roughly $38.7 million in 2010 to more than $129 million in 2023, an increase of approximately 233%.
According to the filing, the organization’s net assets grew from approximately $238 million to nearly $787 million during the same period.
The SPLC is a longtime nonprofit organization that says it combats white supremacy and extremism through research, reporting and monitoring efforts intended to assist law enforcement and the public.
During a news conference announcing the original indictment, Acting Attorney General Todd Blanche alleged the SPLC paid members of extremist groups so it could generate «work product» documenting their activities.
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«To that end, [SPLC] was doing the exact opposite of what it told its donors it was doing – not dismantling extremism but funding it,» Blanche said.
Fox News Digital’s Alexandra Koch, David Spunt, Jake Gibson and Alec Schemmel contributed to this report.
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INTERNACIONAL
Congreso aprueba nueva Ley Antilavado de Dinero y renueva reglas para combatir delitos financieros en Guatemala
El Congreso de la República de Guatemala aprobó, este martes, con 147 votos a favor, la Ley Integral contra el Lavado de Dinero, Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo, identificada como Decreto 15-2026. Esta legislación representa un paso relevante para el país, ya que actualiza el marco legal guatemalteco en prevención y combate de estos delitos, alineándose con estándares internacionales.
La votación se llevó a cabo tras semanas de negociaciones y discusiones, donde distintos bloques legislativos analizaron y consensuaron enmiendas al texto final. De acuerdo con la información difundida por el propio Congreso, la iniciativa busca dotar a Guatemala de herramientas legales modernas para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dos amenazas que han presionado la integridad del sistema financiero nacional.
Entre los puntos destacados del nuevo decreto se encuentran:
- Actualización del marco legal de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo
- Armonización con estándares internacionales (GAFI / GAFILAT)
- Fortalecimiento de la capacidad institucional para prevenir la entrada de capitales ilícitos
- Protección de la reputación financiera de Guatemala
Durante la discusión parlamentaria, los diputados destacaron la necesidad de contar con una legislación actualizada que permita fortalecer la vigilancia y el control sobre las operaciones financieras sospechosas, así como mejorar los mecanismos de cooperación internacional.
La aprobación de la ley se produjo con el respaldo de la mayoría de los diputados presentes, reflejando una voluntad política orientada a blindar la economía nacional frente a delitos complejos y transnacionales.
La Superintendencia de Bancos (SIB) celebró la aprobación del Decreto 15-2026, considerándolo un hito. Según un comunicado oficial emitido tras la votación, la SIB reconoció el esfuerzo de los distintos actores institucionales que participaron en la elaboración, análisis y aprobación de la ley.
La nota resalta que por primera vez se integran en un solo cuerpo legal las disposiciones para combatir tanto el lavado de dinero como el financiamiento del terrorismo, sustituyendo un marco legal que llevaba más de 25 años en vigencia.
De acuerdo con la SIB, la efectividad de este nuevo marco dependerá de su implementación adecuada, la articulación entre las autoridades competentes y la participación de todos los actores del sistema financiero. La entidad reiteró su compromiso de contribuir a la aplicación efectiva de la ley y de mantener la integridad del sistema financiero guatemalteco en línea con los compromisos internacionales.
El Decreto 15-2026 incorpora principios y prácticas recomendadas por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Este marco armonizado busca elevar la capacidad institucional de Guatemala para prevenir la entrada de capitales ilícitos, así como proteger la reputación financiera del país en el entorno global.
La SIB enfatizó que la aprobación de esta ley reafirma el compromiso del Estado de Guatemala con la transparencia y la resiliencia del sistema financiero, además de responder a la evolución de los delitos financieros y las crecientes exigencias regulatorias de la comunidad internacional. La entidad también subrayó que la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país, que requiere la participación coordinada de autoridades, sector privado y ciudadanía.
Se incorpora la declaración emitida por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien celebró la aprobación de la nueva normativa a través de sus redes sociales. El mandatario expresó: “Hoy gana Guatemala. Pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. Porque proteger al pueblo también significa golpear al crimen donde más le duele: sus finanzas. Tenemos Ley Antilavado”.
La publicación del presidente resalta el alcance de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero, Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo, y enfatiza el objetivo de la nueva legislación: debilitar las estructuras financieras de organizaciones delictivas y proteger a la ciudadanía.
Este mensaje refuerza el posicionamiento oficial del Gobierno respecto a la importancia de endurecer la lucha contra los delitos financieros y el crimen organizado, sumando respaldo político a la implementación del Decreto 15-2026.
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