POLITICA
El caso FATE: el gremio le pide apoyo a Kicillof, pero la provincia toma distancia y la empresa dice que “el cierre es definitivo”

Los trabajadores despedidos de FATE se encuentran ante un callejón sin salida. Ante el “cierre definitivo” que decidió la empresa, que no da señales de ninguna marcha atrás, el Sindicato del Neumático (SUTNA) redobló la presión para que la Legislatura bonaerense trate su proyecto de “ocupación temporaria” de la planta, durante el plazo de un año y bajo la tutela de la administración de Axel Kicillof.
Pero el gobernador parece tener otros problemas con las cuentas de la provincia. En su administración advierten que la propuesta del gremio “no es factible” y si bien ratificaron su competencia para intervenir en el conflicto y buscan garantizar que se pague el “cien por ciento” de las indemnizaciones bajo el esquema previo a la reforma, no contemplan bendecir políticamente el proyecto de “ocupación” de la planta.
“Hay una ola de cierre de empresas y no tenemos margen para esa posibilidad”, sentenciaron en el ministerio de Trabajo bonaerense, que conduce Walter Correa, ante una consulta de .
En tanto, desde la empresa de Javier Madanes Quintanilla ratificaron que “el cierre es definitivo” y afirmaron haber formalizado el pago de las indemnizaciones de los 920 despedidos. Pero en el gremio no corroboran esta última afirmación de los exjerarcas de FATE.
Además, reclaman al gobernador Kicillof que se involucre en la reactivación de la fábrica, que está sin funcionar desde febrero, para confrontar con “el modelo de Javier Milei“.
“Hemos solicitado que se apruebe en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley de ‘ocupación temporal’ para que la única fábrica de cubiertas para camiones y colectivos del país siga funcionando. Pedimos una reunión con Kicillof para decirle que, si en Nación hay un gobierno anti obrero, tiene que dar una solución”, sostuvo el secretario general Alejandro Crespo.
En la misma línea, Crespo planteó: “Esta fábrica es una oportunidad para demostrar que hay políticas diferentes”. Lo expresó a través de un video junto a miembros del SUTNA desde las puertas del complejo de Virreyes, en San Fernando, bajo la consigna “¡Kicillof, te pedimos una reunión ya!”.
Desde el gremio acusan un “lock out patronal” y ponen sobre la mesa un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que insta a que FATE abone los sueldos pendientes desde su cierre y continúe pagando haberes hasta el 30 de junio de 2026.
Pero el escenario para la empresa es completamente opuesto y sus voceros son categóricos: “Esto está terminado”. En la compañía indican que la decisión de cerrar la planta de San Fernando “ha sido un proceso doloroso que no tiene vuelta atrás” y rechazan de plano cualquier posibilidad de avanzar con el proyecto de rescate impulsado por el SUTNA.
Según aseguran desde la empresa, ya quedaron abonadas las indemnizaciones en su totalidad para los trabajadores despedidos, incluso para quienes buscan prolongar el conflicto.
“Finalizadas las instancias legales, ya se terminaron de depositar las indemnizaciones de las poco más de 100 personas que no habían arreglado con la empresa. También los salarios adeudados hasta el 18 de febrero, que fue el último día trabajado”, remarcaron desde FATE.
Según el diagnóstico de la compañía, el cierre fue la consecuencia de una crisis sostenida: luego de atravesar dos procesos preventivos de crisis en apenas cinco años y reducir su plantilla en un 60%, la estocada final fue la pérdida de competitividad frente al avance de las importaciones, especialmente de neumáticos chinos.
El ocaso de FATE se inscribe en un contexto más amplio de retracción productiva. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 desaparecieron 21.938 empleadores formales en la Argentina.
El proyecto del sindicato comenzó a circular a mitad de marzo entre distintos bloques de la Cámara de Diputados bonaerense. Los delegados fueron recibidos por representantes de UP, UCR, FIT y Coalición Cívica, mientras que en el Senado el texto llegó a los despachos de la bancada peronista.
También existe “una iniciativa espejo” en el Congreso de la Nación. “Es de los diputados sindicales cercanos al gobernador, sumado a otro para declarar la emergencia de la industria del neumático. Igual, entendemos que en la Legislatura las chances son más”, dijo Crespo a este medio.
Entre los lineamientos de la iniciativa, “se propone declarar de utilidad pública y carácter estratégico la producción de neumáticos en la provincia, habilitando la ocupación temporaria por un año y prorrogable por otro más”.
Bajo el argumento de que “la industria del neumático cumple una función esencial para el transporte, la logística y el abastecimiento de bienes básicos”, el texto establece que “el Estado provincial tome posesión inmediata del establecimiento, incluyendo instalaciones, maquinaria, insumos y demás recursos productivos, bajo un esquema de administración supervisada por el Ejecutivo con participación de los trabajadores”.
El ministerio de Trabajo bonaerense convocó a otra audiencia —de carácter virtual— para tratar de acercar posturas entre el sindicato y la empresa. Desde la empresa participaron del encuentro, aunque reiteraron que no altera el desenlace del conflicto. “Las instancias legales ya se agotaron”, sostuvieron.
La cartera que encabeza Correa ratificó su competencia para intervenir en el conflicto y mantiene abierta la posibilidad de extender las negociaciones, pero descarta la posibilidad de avanzar con la propuesta del SUTNA. Se trata de un límite que Kicillof no parece estar dispuesto a traspasar de cara a 2027.
Manuel Casado,Conforme a
POLITICA
El intendente de Berazategui declaró como testigo en una causa que investiga una supuesta oferta económica para atacarlo

El intendente de Berazategui, Carlos Balor (Partido Justicialista), declaró como testigo en una fiscalía de esa localidad por una causa en la que se investiga un supuesto plan para atentar contra su vida. El jefe comunal, sucesor en el cargo de Juan José Mussi (fallecido hace casi un año), manifestó preocupación por su familia y relató que tomó conocimiento de la situación por el relato de un concejal.
Balor prestó declaración testimonial en la fiscalía Nº2 de Berazategui, en la que desde el 3 de noviembre está radicada una denuncia de un comerciante que afirma haber recibido un ofrecimiento de US$50.000 para atacar al jefe comunal. El denunciante es Alejandro Villarreal, que acusa a Roberto Chorne, un dirigente que desde hace meses realiza pintadas en Berazategui deslizando una posible candidatura a la intendencia.
En la denuncia, a la que tuvo acceso , Villarreal (propietario de una parrilla) dijo que conoce a Chorne desde hace 20 años y que, a mediados de septiembre, el hombre se acercó a su domicilio “en un automóvil Mercedes Benz, de alta gama, color beige”, y le mostró “cinco fajos con billetes de dólares estadounidenses (sería la suma de 50.000 dólares) y un arma tipo pistola marca Bersa modelo Thuder Mini con una funda negra”.
Siempre según la denuncia de Villarreal, tras exhibirle el dinero y el arma, Chorne le consultó: “¿Harías un laburo en San Miguel O Palomar para apagarle la luz a uno?”. El denunciante afirma haber rechazado el ofrecimiento y que, a continuación, Chorne le dijo: “¿Y al ‘Turco’ Balor?“. Tras otra negativa, el denunciante dijo en sede policial que Chorne le manifestó: “Yo necesito sacarlo del juego al Turco Balor y después te doy un gabinete”. En la denuncia consta que Villarreal señalo también que “tiempo atrás estuvo privado de su libertad y que el señor Chorne conoce su pasado”.
Al declarar como testigo este jueves, Balor contó un concejal se contactó con él y le dijo que se encontraba acompañado por una persona que le contó “que le ofrecieron plata y un arma para ir contra él”, según informaron a desde la Municipalidad de Berazategui. Balor le respondió que, “si es verdad, esa persona debería hacer la denuncia donde corresponda”.
“A los días, lo notificaron de que esa persona había hecho la denuncia contra quien le había ofrecido dinero y un arma. Carlos manifestó su preocupación por su familia, que es ajeno a las denuncias que se hacen entre ellos en este momento, y que no cuenta con más información”, sostuvieron desde la comuna.
El viernes pasado, la casa de Chorne, ubicada en la calle 147 de Berazategui, fue allanada por orden de la fiscal Silvia Borrone. En el procedimiento, se secuestraron una pistola marca Bersa modelo Thunder, con un cargador y 15 municiones calibre 9 milímetros; otro cargador con 11 municiones calibre 40; una caja con 50 municiones calibre 22 milímetros, y una caja de color azul para transporte de armamento. El acusado no estaba en el domicilio, pero sí su esposa y su hijo.
Chorne, en tanto, se desligó de las acusaciones. En un video que subió a sus cuentas de redes sociales, habló de “las pavadas que están saliendo” (por la acusación en su contra) en “los medios locales pagos por el municipio, pagos por el señor Carlos Balor”.
“Inventaron algo tremendamente descabellado en mi contra, me allanaron mi casa por un expresidiario al que le pagaron para que me haga una denuncia falsa”, sostuvo Balor en un video que subió a su cuenta de TikTok, en el que aseguró ser “legítimo usuario” de las armas que le secuestraron.
una causa,Berazategui,Denuncia,Conforme a
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Suspensión de las PASO: el Gobierno acelera los acuerdos con los gobernadores y confía en lograr la media sanción en el Senado

Después de negociaciones hasta última hora para firmar el dictamen de la reforma electoral, la Casa Rosada asegura que cuenta con los votos para suspender las PASO la próxima semana en el Senado y este jueves ratificó el avance de los acuerdos políticos con los gobernadores aliados, que deberán aportar los votos en el Congreso.
Así lo hizo esta mañana el jefe de Gabinete, Diego Santilli, principal interlocutor del Gobierno con las provincias, durante la inauguración de la Cumbre de la Minería en Mendoza. Allí, acompañado por el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, Santilli se mostró junto a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
Tal como adelantó TN, además de la articulación de Patricia Bullrich con los bloques aliados en el Senado, Santilli logró cerrar el acompañamiento de los gobernadores dialoguistas al proyecto electoral oficialista. La prenda de negociación fue la conformación de listas legislativas nacionales conjuntas en lugar del sistema de listas colectoras que solicitaban los mandatarios radicales y que finalmente fue retirado del texto por la resistencia de algunos espacios y la propia exministra de Seguridad.
“Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el gobernador Cornejo en materia nacional, que tiene que ver con la integración en el Senado y en Diputados”, ratificó en rueda de prensa el jefe de Gabinete, que aclaró que continúan las negociaciones por la competencia provincial, donde las definiciones serán tomadas más adelante.
Ese es uno de los puntos más sensibles en la negociación con las provincias, donde los gobernadores reclaman que se les respete sus territorios y el control de sus legislaturas locales, además de su representación en el Congreso nacional. En el caso de Mendoza, esa discusión tiene un nombre propio: Luis Petri. El exministro de Defensa aspira disputar la gobernación, algo que podría romper el vínculo del oficialismo con Alfredo Cornejo, que quiere que su sucesor salga de su propio espacio, Cambia Mendoza.
Esa discusión, que se replica en las diferentes provincias donde La Libertad Avanza considera que llega con buen margen para competir, hace meses genera diferencias internas en la mesa política del Gobierno, donde aparecen dos grupos que pujan entre cerrar los acuerdos electorales con los gobernadores lo antes posible para garantizar el apoyo en el Congreso y brindar certidumbre a los mercados; y quienes buscaban demorar el cierre de las negociaciones para garantizar el peso del armado de La Libertad Avanza en los distritos.
Sin embargo, la Casa Rosada busca postergar para 2027 la definición de nombres propios, la distribución de bancas y la decisión de si compite o no en cada provincia, en un año donde la gran mayoría de los distritos apunta a desdoblar sus elecciones. Aun así, cerca del ministro coordinador aseguran que los términos pactados alcanzan para conseguir los 37 votos necesarios en el Senado para lograr la media sanción de una de las prioridades políticas de Javier Milei: suspender las PASO.
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La Corte Suprema dejó firme la destitución del exjuez federal Walter Bento

La Corte Suprema dejó firme la destitución de Walter Bento como juez federal de Mendoza, al confirmar la validez del jury que lo encontró responsable por mal desempeño. Bento, además, está condenado en la justicia penal a 18 años de prisión y una multa de más de $540 millones como jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas y al lavado de activos.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo había removido en noviembre de 2023. Casi tres años después, fue condenado por un tribunal oral.
Ahora la Corte Suprema de Justicia revisó su destitución. El máximo tribunal desestimó el recurso de queja que presentó Bento contra ese fallo.
Sostuvo la Corte que Bento no logró demostrar “patentes violaciones a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio”, que es el único supuesto en que el máximo tribunal puede revisar un juicio político.
Firmaron la decisión los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Leopoldo Bruglia, Carolina Robiglio y Juan Fernando Perozziello Vizier.
El titular de la Corte, Horacio Rosatti, quien también preside el Consejo de la Magistratura que investigó a Bento, se excusó de intervenir y el máximo tribunal aceptó su apartamiento.
El mismo día, la Corte resolvió otra queja de Bento, la del expediente CSJ 2380/2023, contra el rechazo de las recusaciones que había planteado durante el jury.
Bento era juez federal de Mendoza con competencia electoral desde 2005. Es decir, controlaba las elecciones nacionales en esa jurisdicción.
Fue destituido el 8 de noviembre de 2023 por seis votos contra uno: votó en disidencia el entonces presidente del Jurado, Javier de la Fuente.
Ese mismo día, Bento quedó detenido. En febrero pasado, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza lo condenó a 18 años de prisión como jefe de una asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables.
El Jurado de Enjuiciamiento lo removió por maniobrar para entorpecer la investigación en su contra, haber vendido un inmueble sin declarar su condición de persona políticamente expuesta, haber obtenido un crédito hipotecario para vivienda única pese a tener varias propiedades, haber omitido información en sus declaraciones juradas y haberse inscripto en un concurso para la Cámara Federal de Casación Penal a pesar de que no reunía las condiciones.
El principal planteo de la defensa, a cargo de Mariano Fragueiro Frías, fue la inconstitucionalidad de la ley 26.080, que reformó el Consejo de la Magistratura y dejó en el Jurado un solo representante de los abogados.
El artículo 115 de la Constitución dice que el jury se integra con “legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal”. Según Bento, ese plural obliga a que haya al menos dos miembros por estamento.
“Su razonamiento es endeble”, respondió la Corte. Para rebatirlo, concluyó que la Constitución usa un “plural genérico”. Es decir, el artículo indica qué sectores deben integrar el Jurado, no cuántos representantes tiene cada uno.
Bento también cuestionó la imparcialidad de dos legisladores de Juntos por el Cambio que integraban el jury.
El exjuez había argumentado que se violó su presunción de inocencia, porque lo habían destituido por delitos que todavía no tenían condena.
La Corte respondió que el planteo era “ostensiblemente infundado” y recordó que el jury había dejado de lado las acusaciones penales al destituirlo para centrarse en sus conductas “impropias para un juez federal”.
En su fallo, la Corte enumeró esas acciones de Bento. Por ejemplo, señaló que el juez destituido pidió informes a la Dirección Nacional de Migraciones y al Registro de la Propiedad Inmueble para saber si había restricciones sobre él o sobre sus bienes; o pidió a la empresa telefónica el cambio del chip de un celular que la justicia le había requerido días antes.
Y dejó una nota manuscrita en su caja de seguridad, dirigida al juez que lo investigaba, que fue encontrada en el allanamiento: “Puigdengolas lee!!! Por favor”, le decía en alusión al juez Eduardo Puigdéngolas que lo procesó como líder de una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de beneficios judiciales.
La Corte señaló que Bento no negó esos hechos durante el juicio político y que incluso admitió algunos. Dijo que la nota de la caja fuerte había sido un “pedido de clemencia” ante “la impotencia que sufría ante la vulneración de sus derechos como imputado”.
condenado,Hernán Cappiello,Conforme a
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