POLITICA
Rodolfo Tailhade presentó un escrito ante la Justicia y le respondió al Gobierno tras la denuncia por espionaje ilegal
El diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó este martes un descargo formal ante la Justicia Federal tras la denuncia de espionaje ilegal que hizo el Ministerio de Seguridad en su contra a raíz de sus declaraciones en la Cámara de Diputados sobre algunas actividades que habría realizado Bettina Julieta Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Durante el informe de gestión que brindó el ministro coordinador el miércoles pasado en el Congreso de la Nación, Tailhade denunció que la mujer de Adorni utilizó desde el inicio de la gestión un vehículo oficial y tres equipos de custodia de la Policía Federal. Según sus dichos, estos fueron utilizados para actividades de estricta índole personal, como llevar a los hijos al colegio o concurrir a un bar del barrio de Palermo.
“Su esposa usa esta custodia para ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio, o para ir, reiteradas veces, a la ‘Ferneteria’, un bar de moda que está en la calle Serrano, en el barrio de Palermo. A las cuatro de la mañana la policía la tiene que esperar y volver a llevarla a su casa”, dijo el diputado de Unión por la Patria, quien se desempeñó como director de Contrainteligencia de la AFI durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.
En la denuncia, presentada por la directora de acciones jurídicas de la cartera de Seguridad, Mariana Venesio, y por el subsecretario legal, Diego Goldman, el Gobierno señala que “es motivo de preocupación que un miembro del Congreso exponga públicamente, en el recinto y ante la ciudadanía, los quehaceres privados del cónyuge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.
Y agregaron: “Resulta especialmente delicado que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y la logística funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del Jefe de Gabinete y su familia”.
En su descargo, al que accedió Infobae, el diputado kirchnerista calificó la denuncia como “un mamarracho” y un “verdadero bochorno institucional” que tiene por objetivo “desviar la atención de la opinión pública cuando se encuentra sumergido en crisis políticas o económicas”.
En esa línea, rechazó in totum la denuncia y el encuadre penal de los hechos al subrayar que la información provino de sitios y situaciones públicas -incluyendo establecimientos comerciales, un colegio y un bar en el barrio de Palermo- y que su intervención se alimentó además de mensajes y observaciones de vecinos y ciudadanos.
“Al tratarse de lugares públicos, la presencia de una mujer en un auto oficial, con dos guardaespaldas visibles, no pasa desapercibida. Y si se trata de la esposa de un funcionario público conocido por todos, repudiado por un sector importante de la sociedad que no comparte las políticas de su gobierno y particularmente el estilo arrogante y soberbio de Adorni, no es muy difícil conjeturar que mucha gente está interesada en que personas públicas como yo, dado mi alto perfil, conozcan estas cuestiones”, explicó.
Por otro lado, señaló que la denuncia entra en contradicción con la garantía constitucional consagrada en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que dispone que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.
“Eso no es ‘inteligencia’ en sentido legal: es control público, y se nutre de información de fuentes abiertas y observaciones directas de ciudadanos que circulan por la calle Serrano, en Palermo, a las que cualquier habitante de la Nación puede acceder sin necesidad de técnica clandestina alguna”, planteó.
Además, el diputado Tailhade pidió a la fiscalía un conjunto de medidas probatorias orientadas a determinar si la esposa de Adorni recibió custodia oficial de la Policía Federal y si se destinaron vehículos y agentes públicos para fines particulares o recreativos desde el 10 de diciembre de 2023. Solicitó informes oficiales sobre la cantidad de agentes asignados, la justificación administrativa y el protocolo aplicable, además del acceso a libros de novedades y partes de servicio.
También requirió la evaluación de grabaciones de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la calle Serrano y zonas adyacentes del barrio de Palermo, entre las 22:00 y las 05:00, así como imágenes del local gastronómico “La Fernetería”. Según explicó, el objetivo sería documentar la utilización de la custodia policial y la concurrencia de la funcionaria a los establecimientos señalados.
POLITICA
Uno por uno: qué senadores votaron a favor y quiénes en contra de la Ley de Propiedad Privada
El Senado dio media sanción este viernes a la madrugada al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, con 37 votos a favor y 33 en contra.
La votación se realizó tras una extensa sesión en la Cámara Alta, en la que el oficialismo consiguió los apoyos necesarios luego de negociar cambios con sectores dialoguistas. No hubo abstenciones y dos senadores estuvieron ausentes. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
Quiénes fueron los 37 senadores que votaron a favor
La Libertad Avanza logró aprobar el proyecto con el respaldo del PRO, buena parte de la UCR y representantes de bloques provinciales. Entre los 37 senadores que votaron afirmativamente estuvieron Maximiliano Abad, Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Carmen Álvarez Rivero, Carlos Omar Arce, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Andrea Cristina, Carlos Mauricio Espínola, Enzo Fullone, Eduardo Galaretto, Juan Cruz Godoy, Enrique Goerling Lara y Gonzalo Guzmán Coraita.
También acompañaron la iniciativa María Victoria Huala, Luis Juez, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Nadia Márquez, María Belén Monte de Oca, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni, Sonia Rojas Decut, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Edith Terenzi, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.
El oficialismo llegó a la votación después de introducir modificaciones para garantizar el respaldo de los sectores aliados. Durante el tratamiento fueron eliminados el capítulo III, que contemplaba cambios en la Ley de Tierras, y el capítulo IV, referido a la Ley de Manejo del Fuego, dos de los puntos que habían generado mayores cuestionamientos entre gobernadores y legisladores dialoguistas.
Los 33 senadores que votaron en contra y quiénes estuvieron ausentes
El rechazo estuvo encabezado por el peronismo, acompañado por representantes de distintas fuerzas provinciales. Votaron en contra Guillermo Andrada, Beatriz Ávila, Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, José María Carambia, Lucía Corpacci, Julieta Corroza, Eduardo de Pedro, Juliana Di Tullio, Natalia Gadano, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares y Cándida Cristina López.
A ellos se sumaron María Florencia López, Juan Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Sandra Mendoza, María Carolina Moisés, Elia Moreno, José Neder, Mariano Recalde, Jesús Rejal, Flavia Royón, Fernando Salino, Martín Soria, Sergio Uñac, Alejandra Vigo y Gerardo Zamora.
Leé también: Tensión frente al Congreso: la marcha contra la Ley de Propiedad Privada terminó con incidentes
La votación terminó con 33 votos negativos y ninguna abstención. Los únicos dos senadores ausentes fueron Flavio Fama, de la UCR, y Anabel Fernández Sagasti, del bloque Justicialista.
Con los 37 votos afirmativos, el Gobierno consiguió la media sanción del proyecto en el Senado. La discusión continuará ahora en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá volver a negociar con sus aliados para reunir los votos necesarios y convertir la iniciativa en ley.
propiedad privada, Ley, Senado
POLITICA
Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema: “Hay muchos operadores informales que tienen influencias”
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, apuntó contra los esquemas de nombramientos en el Poder Judicial al señalar la existencia de “muchos operadores informales que tienen influencias”.
Durante una disertación ante el Rotary Club de Buenos Aires, el magistrado sostuvo que la idea de una Justicia independiente se encuentra “fuertemente devaluada” en la mayoría de las provincias argentinas, fenómeno que consideró un síntoma de un deterioro institucional grave.
El magistrado, que expuso en los salones del Hotel Libertador sobre el liderazgo en la era de la inteligencia artificial, afirmó que la democracia argentina requiere terminar con el amiguismo y las presiones externas.
Según el integrante del máximo tribunal, el problema central no radica en la participación de la política, la cual calificó como un requisito del sistema constitucional, sino en la acción de actores ajenos a la ley que condicionan la selección de magistrados.
Por este motivo, Lorenzetti confirmó que insistirá, junto a su par Carlos Rosenkrantz, en la reforma del mecanismo de elección a través del Consejo de la Magistratura para priorizar la formación profesional sobre los vínculos personales.
Lorenzetti sobre la inhabilitación a cargos públicos de Cristina Kirchner
En otro tramo de su presentación, el juez se refirió a la reciente denuncia que presentó la expresidenta Cristina Kirchner ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al respecto, Lorenzetti aclaró que la defensa de la titular del Partido Justicialista nunca planteó ante los tribunales locales la inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El magistrado recordó que, durante el proceso judicial por la causa Vialidad, el debate se centró exclusivamente en la confirmación de las penas de prisión. “No hubo ningún planteo referido a la inconstitucionalidad de la inhabilitación”, enfatizó el juez, quien precisó que dicha cuestión tampoco surgió cuando el expediente tramitó ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El mensaje a la clase dirigente
Consultado sobre las declaraciones del gobernador riojano Ricardo Quintela, quien amenazó con expropiaciones si el peronismo retoma el poder nacional, Lorenzetti calificó los dichos como desatinados. Si bien aclaró que estas expresiones carecen de efecto jurídico real, instó a la clase dirigente a brindar previsibilidad económica para fomentar la inversión y evitar que los ciudadanos teman por la seguridad jurídica. “La previsibilidad en materia económica hoy está garantizada”, sentenció el integrante de la Corte.
Finalmente, el juez reflexionó sobre el rol del Poder Judicial frente a la creciente desconfianza social. Sostuvo que los magistrados deben buscar el prestigio institucional en lugar de la aprobación inmediata mediante encuestas o aplausos públicos.
En un contexto global de desilusión con el Estado de Derecho, Lorenzetti abogó por una gestión eficiente, la modernización tecnológica mediante la inteligencia artificial y el respeto estricto de las normas para evitar la deriva hacia modelos autoritarios. El magistrado concluyó que la misión de la justicia actual es ofrecer un servicio ágil que responda a las necesidades reales de la población.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hernán Cappiello.
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POLITICA
Kicillof definió atar el desdoblamiento en Buenos Aires a lo que ocurra con las PASO a nivel nacional
Axel Kicillof no desdoblará las elecciones en la provincia de Buenos Aires si el gobierno nacional no logra eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como se propuso en su anunciada reforma política que, de momento, no logra salir a las pistas. La gestión de Javier Milei quiere erradicar las Primarias. En lo formal, argumenta un ahorro de USD 150 millones, aunque hay un trasfondo político: evitar que esa instancia electoral para elegir candidatos no termine funcionando como una gran encuesta, que adelante los tiempos y que los resultados no sean los esperados. El Gobierno quiere una sola elección, con Milei yendo por la reelección: fuerte al medio. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral nacional, siguen con sigilo esta instancia mientras transitan la discusión interna dentro del peronismo.
Así como La Libertad Avanza esgrime un argumento presupuestario detrás del plan para eliminar las PASO, en Buenos Aires avisan que “no dan los tiempos” para separar las elecciones provinciales de las nacionales si se les suman las Primarias. “Sería hacer votar a la gente tres veces”, plantean cerca del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El famoso calendario electoral complejizaría un desenganche, más allá de los fundamentos políticos y estratégicos que pueden aparecer y sobre todo si Kicillof buscara una candidatura presidencial, que es por lo que está trabajando y que, de darse, anunciará el año que viene.
Un crongorama ajustado
La normativa electoral de la provincia de Buenos Aires establece plazos distintos para la convocatoria a las elecciones primarias y las generales. En el caso de las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas (EPAOS), la Ley 14.086 dispone que el Poder Ejecutivo debe convocarlas con una antelación no menor a 120 días ni mayor a 150 días respecto de la fecha de realización. La misma norma establece, además, que esos comicios deben celebrarse dentro de los 12 meses previos a la elección general y en la misma fecha que las primarias nacionales.
Para las elecciones generales provinciales, en tanto, la legislación bonaerense prevé que la convocatoria debe efectuarse con no menos de 60 días de anticipación al acto electoral. El gobernador tiene potestad para convocar a las elecciones generales en una fecha distinta de la fijada para los comicios nacionales. La potestad para realizar esa convocatoria se apoya en el artículo 144 inciso 7 de la Constitución provincial, además del artículo 66 de la ley provincial 5.109.
Ese marco permite que la Provincia defina su propio calendario electoral para los cargos locales, siempre dentro de los plazos que establece la legislación. La coincidencia con la elección nacional no funciona como una obligación para los comicios provinciales, sino como una alternativa prevista por el régimen de simultaneidad electoral. Aparece de forma explícita en el artículo 116 de la Ley Electoral de PBA: “El Poder Ejecutivo podrá, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, convocar a las elecciones simultáneamente con la elección de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación”, dice el texto. También puede no hacerlo y elegir su propia fecha, lo que —efectivamente— sería un desdoblamiento. Es algo que estudia Kicillof. Aún sin definiciones, cree tener una certeza: prefiere las PASO y si hay PASO no hay desenganche posible.
La situación cambia para las elecciones primarias en lo que respecta a las fechas. Según el régimen vigente en la Provincia, cuando el Poder Ejecutivo Nacional convoca a primarias nacionales para determinadas categorías, las primarias bonaerenses deben realizarse en la misma fecha, de acuerdo al artículo 2 de la ley 14.086.
Discusión política
Más allá del aspecto logístico, están el estratégico y el político. Hay dos posiciones distintas en el entorno de Kicillof que, por ahora, conviven. A favor de un desdoblamiento, está la eventual victoria que podría tener el peronismo en la provincia de Buenos Aires. En La Plata aseguran que con un candidato único, respaldado fehacientemente por todos los sectores del peronismo y con el gobernador presente en la campaña, se podría retener la provincia.
Esta tesis tendría como antecedente favorable lo que fueron las elecciones del año pasado, cuando Kicillof eligió desenganchar los comicios legislativos y obtuvo una victoria por casi 14 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza para cargos legislativos. En La Plata, tienen sobre la mesa, siempre y cuando no haya PASO, esa carta: creen que una victoria en Buenos Aires podría allanar el camino a un resultado de orden nacional.
Otros factores y elección unificada
Días atrás, el grupo de intendentes de la naciente Liga de Intendentes peronistas bonaerenses visitó al gobernador. Fue una reunión netamente política. No se habló de gestión. Los jefes comunales que buscan bajar la espuma de la interna reinante en el peronismo bonaerense entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora piden reelecciones indefinidas. Ese tema también interviene en la definición de aplicar un desdoblamiento electoral.
La chance de que los intendentes puedan ir por otro mandato en sus distritos acomoda, por un lado, la discusión por la sucesión a la gobernación -ya que varios de los que hoy aparecen como posibles candidatos y son intendentes podrían quedarse en sus distritos- y por el otro, garantizaría su involucramiento pleno en la campaña. Ahí cobra fuerza una unificación de la elección y una campaña en conjunto: municipal, provincial y nacional, con Buenos Aires abarcando el 37% del padrón electoral.
Todo en un hipotético escenario de Kicillof candidato. En su equipo interpretan que hoy por hoy solo hay dos nombres para la contienda electoral del año que viene: Milei y Kicillof. Por eso, con esa idea es que están dispuestos a ir a una PASO. Además, creen que, de ir a una interna, el gobernador bonaerense podría validar credenciales de su propio armado político (el MDF) y evitaría llegar a la resolución de una candidatura y un ordenamiento interno mediante un acuerdo con el resto de los sectores. Por eso abona las PASO.
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