n un escenario complejo, donde se mezclan la crisis en los ferrocarriles y una multa millonaria de parte del Gobierno contra La Fraternidad, por adherir al último paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato de conductores de trenes de la República Argentina acordó un aumento salarial del 3% para el personal del sector cargas.

Las negociaciones se llevaron a cabo entre el secretario General de La Fraternidad, Omar Maturano, y los representantes de las empresas ferroviarias privadas de cargas: Nuevo Central Argentino (NCA), Ferroexpreso Pampeano (FEPSA) y Ferrosur.

Según explicaron desde la organización gremial, la mejora del 3% se aplicará sobre la grilla salarial de marzo, con fecha de liquidación y pago prevista para antes del 11 del corriente mes. Asimismo, señalaron que este incremento impacta de manera integral en distintos ítems, abarcando los salarios básicos, la antigüedad por categoría y las bonificaciones normales y habituales, como así también en los viáticos diarios y en los viáticos por pernocte del personal.

Pago especial por el Día del Ferroviario

Como parte de las negociaciones, se pactó que el bono por el Día del Ferroviario se liquide en dos cuotas: la primera será depositada antes del 11 de mayo, mientras que la segunda se pagará antes del 11 de junio.

Los montos fijados varían según la jerarquía y función dentro de la empresa:

• Instructor: $293.547
• Conductor: $285.278
• Ayudante Habilitado: $248.068
• Ayudante: $227.396
• Aspirante: $142.639

Ante la demanda del sindicato para que no se demore una nueva actualización salarial, las partes fijaron retomar las negociaciones a partir del 15 de este mes.

Maturano cuestiona el destino de u$s1.400 M del decreto de emergencia

Por otra parte, Maturano afirmó que «hace dos años se sancionó la emergencia ferroviaria mediante el Decreto 525/2024, asignando u$s1.400 M (al cambio oficial de ese momento) con el objetivo de mejorar nuestro Modo de Transporte y de Seguridad Operacional, salvaguardando así el bien común y los derechos constitucionales de los usuarios del sistema ferroviario».

Subrayó que «lamentablemente, el resultado de esa anunciada inversión o nueva asignación de fondos para cumplir con lo establecido en la norma es una disminución del 30% promedio de los servicios de pasajeros ofrecidos a la comunidad y sin que se vislumbre una mejora en el sistema ferroviario». Y agregó: «En cuanto a los servicios de carga, lo deplorable de la prestación de servicios no admite un análisis serio, atento a su promedio de tres descarrilamientos diarios«.

«¿A dónde fueron los fondos asignados por el decreto?», se preguntó Maturano y respondió: «No lo sabemos; lo que sí sabemos es que, de persistir el rumbo, ese tren que lo lleva todos los días a su trabajo circulará 1 vez cada hora, por falta de formaciones y por el mal estado de vías y señales». Y advirtió que «así, el futuro del irremplazable ferrocarril es su desaparición«, poniendo en alerta a los usuarios sobre un progresivo deterioro del transporte.

Duras críticas a la CGT y llamado a profundizar el paro

En otro orden, Maturano participó del Primer Plenario Nacional del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), donde exhortó a intensificar las medidas de fuerza contra el gobierno de Javier Milei y cuestionó las medidas que consideró insuficientes. «Tenemos que profundizar el plan de lucha y dejémonos de marchitas de mierda, hagamos como los compañeros bolivianos, cinco días de paro y así cambiaron un montón de cosas», aseguró.

El FreSU está liderado por Rodolfo Aguiar (estatales, ATE), Abel Furlán (metalúrgicos, UOM) y Daniel Yofra (Aceiteros), considerada una corriente combativa que, con la llegada de La Fraternidad, le da más poder de fuego a la convocatoria a un paro nacional.

Si bien el espacio no cuestiona a la conducción cegetista, Maturano no tuvo empacho en criticar duramente a la central obrera. «La multa que nos aplicaron ($21.241 M) nos la pusieron (por el paro general) por orden de la CGT, no por orden de La Fraternidad, no porque La Fraternidad hizo un acto fuera de la ley, pero no nos salen a defender», detalló. Y remarcó la ausencia de respaldo público: «En Plaza de Mayo, tendrían que haber dicho en ese acto que hicieron que también los acompañamos, que si se meten con cualquier sindicato se meten con la CGT… pero no lo hicieron y nos van a dejar solos».

Sostuvo además que «tenemos los dirigentes sindicales dialoguistas que se sientan a dialogar con la pared y no tienen una contestación, no tienen respuestas a lo que la clase trabajadora le solicita». También cargó contra la dirigencia política y sindical, afirmando que: «Estamos cansados los trabajadores de la traición: nos traicionamos entre los dirigentes sindicales, nos traiciona el poder político, nos traiciona el PJ; no hay oposición política en este país».

La relación entre Domingo Cavallo y Javier Milei sumó un episodio que combinó política, economía y gestos personales. El ex ministro reveló que el Presidente lo bloqueó tanto en WhatsApp como en redes sociales, en un contexto atravesado por críticas públicas sobre el rumbo del programa económico. La frase que eligió para describir la situación sintetizó el tono del conflicto: “Me bloqueó totalmente”.

Según detalló, el corte de contacto fue completo. En una entrevista concedida al periodista Maximiliano Montenegro en el canal Urbana Play, Cavallo explicó que ya no pudo comunicarse por ninguna vía directa con Milei. El episodio no quedó limitado a un intercambio privado, sino que se proyectó al plano público a partir de sus declaraciones, donde vinculó la decisión con sus cuestionamientos recientes.

El trasfondo del cruce incluyó diferencias sobre aspectos centrales de la política económica. Cavallo formuló observaciones sobre el esquema cambiario y otros elementos del programa. Esos planteos generaron una respuesta directa del Presidente, que utilizó sus canales habituales para cuestionarlo. Milei lo acusó de haber tenido responsabilidad en procesos económicos del pasado y lo vinculó con prácticas que, según sostuvo, afectaron la propiedad privada.

Ese intercambio marcó un punto de inflexión en un vínculo que, en otro momento, mostró coincidencias. Durante la campaña y los primeros meses de gestión, Milei mencionó a Cavallo como referencia en materia económica. Con el paso del tiempo, el ex ministro expresó diferencias cada vez más visibles y el tono del intercambio se endureció.

El bloqueo en redes sociales se convirtió en un dato político. En el entorno digital del Presidente, ese tipo de decisiones suele adquirir un significado que excede lo personal. La imposibilidad de contacto directo quedó expuesta como una señal de ruptura.

Tras la difusión de las declaraciones de Cavallo, distintos funcionarios salieron a respaldar la posición del Gobierno. Las respuestas apuntaron a cuestionar la autoridad del ex ministro para opinar sobre la coyuntura actual. En ese sentido, remarcaron su rol en etapas previas de la economía argentina y marcaron distancia con sus propuestas.

Las reacciones no se limitaron a un plano técnico. El tono de los mensajes reflejó una defensa política del rumbo adoptado por la administración actual. Desde el oficialismo plantearon que las críticas de Cavallo no se alinean con los objetivos del programa en curso.

“Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”, disparó el ministro de Economía, Luis Caputo, en respuesta a sus declaraciones. Y agregó: “Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy. Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos. Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país”.

También salió en defensa de la actual gestión el viceministro de Economía, José Luis Daza. “Muy mal y triste lo de Domingo Cavallo. Totalmente innecesario, y además demostrablemente falso. ¿Será frustración por su humillante fracaso en su último paso por el gobierno y por haber causado una de las crisis más grandes de la historia argentina?“, se preguntó.

Cavallo expuso en la entrevista sus críticas al modelo económico y detalló qué medidas, a su criterio, deberían aplicarse para modificar el escenario actual. En ese marco, afirmó que el riesgo país podría bajar si el Gobierno avanzara en la liberalización del mercado cambiario.

“El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo”, sostuvo. Y explicó que, para que eso ocurra, resulta necesario “liberalizar completamente el mercado cambiario”, remover los controles y permitir el libre movimiento de capitales.

El ex ministro vinculó directamente ese punto con la situación de la Argentina en los mercados internacionales. Según señaló, la continuidad de las restricciones cambiarias impide que el país mejore su clasificación. En ese sentido, afirmó que la condición de “mercado de frontera” se explica por la existencia de controles y por la falta de libertad para la entrada y salida de capitales.

Además, planteó que una eventual eliminación de esas restricciones tendría un efecto inmediato sobre los indicadores financieros. En esa línea, sostuvo que el riesgo país “se desmoronaría” si se aplicaran esas medidas y si se hiciera “con convicción”.

Cavallo también hizo referencia a la necesidad de acumular reservas. Según indicó, el Gobierno debería avanzar en ese objetivo sin condicionar la estrategia al nivel del tipo de cambio. En ese sentido, señaló que la autoridad monetaria podría aprovechar eventuales movimientos del dólar para comprar divisas y fortalecer su posición.

En sus declaraciones, vinculó ese proceso con la mejora de las condiciones de financiamiento. Señaló que una baja del riesgo país permitiría renovar vencimientos de deuda y acceder a crédito en mejores condiciones, con tasas más bajas.

El ex ministro también se refirió al equilibrio fiscal dentro del programa económico. Si bien reconoció su importancia, sostuvo que no alcanza por sí solo para resolver los problemas estructurales. En ese marco, planteó la necesidad de un esquema que evite recurrir al endeudamiento o a la emisión para financiar desequilibrios.

El sector de las energías renovables en la Argentina atraviesa un momento de incertidumbre normativa tras el vencimiento de la Ley 27.191 en diciembre pasado. Esta legislación, que funcionó como el gran motor para el despliegue de las distintas tecnologías de la industria de las energías limpias garantizaba un marco de previsibilidad que hoy se encuentra formalmente ausente.

Sin un nuevo paraguas legal, la industria advierte sobre el riesgo de un vacío que frene las inversiones previstas para los próximos años y expuestas a lo que en algún momento se denominó el «impuesto al viento», un concepto que surgió como una respuesta de la industria ante los intentos de municipios y provincias -principalmente en la región patagónica- de aplicar tasas por el uso del espacio aéreo o por la inspección de torres eólicas.

Estas administraciones locales argumentaban que las ráfagas eran un recurso natural del dominio público que debía tributar, de forma similar a las regalías que paga el petróleo, y si bien la exposición pública permitiría adelantar que no se darán situaciones similares en el futuro, no se descartan otros típos de cánones o tributos.

Desde mediados del año pasado, diversos sectores impulsaron un proyecto para prorrogar los beneficios, pero la iniciativa perdió estado parlamentario ante la falta de oportunidad de su tratamiento en el recinto. Posteriormente, se intentó incluir un artículo específico en la Ley de Presupuesto para subsanar la situación, pero tambien se dio de baja el capítulo como parte de la negociación política con la oposición.

La industria y el futuro de las renovables

Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables, explicó a iProfesional que «lo que caducó fueron los beneficios fiscales que la ley tenía hasta diciembre. Hay solamente dos aspectos que al sector le importan y que para la industria son trascendentes en términos de financiamiento y en términos de decisión de inversión que básicamente son la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal«.

Respecto al complejo escenario parlamentario y la pérdida de estado del proyecto anterior, el directivo explicó la hoja de ruta para este año: «Volvemos a la carga para tratar de que este año esta norma pueda verse plasmada en términos de prórroga su vigencia como una norma autónoma fundamentalmente… lo que se necesita básicamente es eso: la aprobación de esta norma que dé seguridad jurídica y estabilidad fiscal».

Al analizar el éxito del marco legal previo, Ruiz Moreno aportó cifras contundentes sobre el desarrollo alcanzado en la Argentina: «La inversión global del sector en términos de eólica y solar es cercano a los 10.000 millones de dólares, una cifra realmente importante e impactante para un sector que tiene bastante pocos años… representan unos 7.000 MW instalados y funcionando».

Finalmente, sobre el ritmo actual de la industria frente a la incertidumbre, aclaró que el interés sigue vigente pero condicionado: «De ninguna manera se ha detenido, los proyectos continúan tanto los que estaban en construcción como los que están en cartera; pero claramente con un escenario de seguridad jurídica, estabilidad fiscal y una macroeconomía creciendo, el proceso tendría claramente una dinámica mayor».

La seguridad juridica y fiscal

En este contexto, el Poder Ejecutivo decidió retomar la iniciativa mediante un nuevo proyecto de ley que busca dar una solución de largo plazo. El eje central de la propuesta oficial, plasmado en una norma que incluye varios otros temas del sector energético, apunta a prolongar por 20 años -hasta el 31 de diciembre de 2045- los beneficios de estabilidad que originalmente planteaba la normativa previa.

De esta manera, se intenta restablecer un horizonte de largo plazo para una actividad que requiere de una fuerte inversión de capital inicial y que busca la protección contra la presión impositiva de las jurisdicciones locales.

El proyecto establece de forma taxativa que el acceso y uso de fuentes renovables no podrán ser gravados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías. Esta restricción alcanza a los tres niveles del Estado: Nación, provincias y municipios, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, blindando la rentabilidad de los proyectos frente a cambios en las políticas locales.

Desde el punto de vista técnico, la prórroga del Artículo 17 de la Ley 27.191 es vista como la clave para mantener la competitividad de los proyectos en el país. La posibilidad de que un parque solar o eólico sea alcanzado por tasas sorpresivas encarece el costo de capital y, por ende, el precio final de la energía. Al garantizar que no habrá nuevos costos tributarios por dos décadas, el Gobierno busca equiparar las condiciones locales con las de otros mercados regionales.