POLITICA
Karina-Patricia: una relación con vaivenes entre las dos mujeres más influyentes de LLA
La secretaria general, Karina Milei, es la funcionaria con más injerencia en la diaria del Gobierno por decisión de su hermano, el presidente Javier Milei, que lo deja claro cuando la llama “El Jefe”. La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ahora titular de la bancada libertaria en el Senado y también excandidata a presidenta, es la otra mujer fuerte del esquema oficial no solo porque aporta una larga experiencia política (un déficit en las filas oficialistas) sino también porque en las encuestas figura como una de las dirigentes con mejor imagen.
Las dos comparten una relación que tuvo vaivenes a lo largo de la vida libertaria y que las ubica ahora en lugares distintos ante la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, complicado por sus viajes y su patrimonio, que investiga la Justicia. La secretaria general es -junto al Presidente- el principal sostén de su funcionario de confianza, al que promovió para ocupar el rol más relevante entre los ministros.
Bullrich es una de las pocas que, más allá de que no criticó a Adorni directamente ante los Milei, se animó a decirle al Presidente que el arrastre de este tema a lo largo de las semanas le iba a provocar un daño a su gestión. Personas que estuvieron en contacto con la exministra de Seguridad en este último tiempo refieren que, en privado, hay un fuerte malestar de la senadora con el jefe de Gabinete.
Hoy publicó que Bullrich estaría dispuesta a pedirle a Milei que eche a Adorni el viernes. Más tarde, en una entrevista en A24 con Eduardo Feinmann, Bullrich exigió que el jefe de Gabinete presente de “inmediato” su declaración jurada. “Es importante para él, para el Presidente, que esto se aclare lo antes posible, y él tiene la herramienta para hacerlo”, indicó, en una bajada discursiva que por primera vez distancia a uno de los personajes más importantes del Gobierno de la línea de los Milei.
Cuentan los que saben que entre Karina y Bullrich no hay una confianza plena pero que hasta ahora se respetaron. Dicen que la senadora buscó sostener una relación sin muchas vueltas y que prefirió irle de frente. En la entrevista Bullrich no ahondó sobre ese ida y vuelta.
En el entorno de Karina Milei saben bien de las ambiciosas aspiraciones políticas y capital propio de Bullrich, mientras que para la senadora está clarísimo cuán letal puede ser el poder de influencia de la hermana presidencial en esta gestión. De momento se necesitaron políticamente y eso las hizo convivir. “Patricia no es propia, no es una persona del círculo de Karina”, explica una fuente que conoce cómo se maneja la secretaria general, que siempre privilegia a sus lealtades.
A pesar del desdén que Karina Milei muestra por Pro, de donde venía Bullrich antes de ser libertaria, cuando Bullrich era ministra de Seguridad la relación fluyó. Bullrich sabía que tenía que caerle bien a la secretaria general para evitar su poder de veto, y para mantenerse cerca del Presidente y dentro de un espacio político al que accedió por la ventana tras la primera vuelta de 2023.
Los que están al tanto comentan que algunos chispazos con la secretaria general arrancaron después de que Bullrich saliera del Ejecutivo para competir como candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires, tras un pedido de los Milei. Todos coinciden, sin embargo, en que las fluctuaciones se dieron de manera subterránea y que los entornos se expusieron más que ellas mismas. “Las dos tienen carácter pero se respetan”, insistieron distintas fuentes consultadas por antes de la última aparición de la senadora.
Funcionarios que las conocen a ambas reportan que en ese momento los Milei le garantizaron a la ministra de Seguridad que con la movida (que ella no quería, pero aceptó) se posicionaría, de mínima, para la Jefatura de Gobierno porteña. Otros comentan que no se lo plantearon tan fehacientemente, pero sí que se charló que su candidatura en 2025 sería una buena manera de ubicarse para 2027.
Ya senadora y fuera de la Casa Rosada, Bullrich notó que la figura de Manuel Adorni -que había ganado la elección a la Legislatura y que es del riñón de Karina- tomaba más fuerza, sobre todo después de que lo nombraran jefe de Gabinete, y de que la secretaria general y sus laderos capitalinos dieran señales claras de que pensaban en él para disputarle poder a los Macri.
Algunos funcionarios deslizan que la propia Bullrich sospecharía de que ciertas cuestiones mediáticas y políticas en su contra de esos meses, cuando estaba un tanto aburrida en la Cámara alta tras su agitada gestión en Seguridad, vinieron de las huestes del jefe de Gabinete. Otros bullrichistas plantean que eso incluso podría haberse dado “con orden de Karina Milei” o de mínima con su “aval”. La senadora jamás tuvo el mejor vínculo con Adorni.
Uno de los episodios que cayó mal en las huestes de la exministra fue durante el tratamiento de la reforma laboral, cuando quiso organizar encuentros para promocionar la legislación, que comenzaron en Mar del Plata, pero que no lograron la proyección nacional que pretendía darle porque, en su momento decían fuentes cercanas a la senadora, el karinismo se los habría vetado.
En esos momentos, también Bullrich veía cómo se alejaba la chance de que el entonces intendente de 3 de Febrero Diego Valenzuela entrara al área de Migraciones, como había acordado antes de dejar la cartera de Seguridad. Esto por la reticencia de su sucesora, Alejandra Monteoliva, pero -dicen algunos también- por las pocas ganas de Karina Milei de promoverlo.
Aprobada la reforma laboral en extraordinarias en el Senado, Bullrich publicó el video musicalizado con la canción Vogue, de Madonna, en el que realzó su figura. En ese entonces, hubo críticas solapadas de parte del karinismo, verticalista a ultranza. “[Karina] me puso un like en mi video, el Presidente también”, replicó Bullrich hoy sobre aquel episodio.
Después de dardos subterráneos cruzados que hicieron ruido en los medios (porque mientras tanto se mostraban juntas y hasta vieron lado a lado la obra del esposo de la exministra, Guillermo Yanco, en el teatro porteño), ambas tuvieron una charla en Tucumán, en la que quedaron en buenos términos. “Ellas tienen la consigna de que si pasa algo, lo van a hablar. Ratificaron ese concepto”, contaban ese fin de marzo quienes se enteraron del contenido de la conversación.
Con el caso Adorni ya estallado y cada vez más parte de la agenda pública, Bullrich se reposicionó y consiguió una foto importante el pasado 17 de abril: junto a Karina Milei y Pilar Ramírez, el enlace más fiel de la hermana presidencial en territorio capitalino. Tras eso, su discurso fue más explícito al referirse a la Ciudad y a problemas que detecta, como que el gobierno de Pro “no logra avanzar en la limpieza, los subtes, el tránsito o los impuestos distorsivos”.
“El lugar de Patricia depende del estado del Gobierno. Si están bien, la forrean. Si están mal, la llaman”, dice un exdirigente de Pro que aprecia a Bullrich.
Otro dirigente que está al tanto del vínculo prefiere describir la relación como de personas que “tienen lógicas distintas”, pero que comparten una relación que surgió “honestamente” y que las lleva a trabajar juntas por distintos intereses. “Patricia es más directa y si se hincha las pelotas, te das cuenta. Tiene décadas en política; y Karina, dos años”, compara.
Del lado del karinismo muestran la fidelidad a El Jefe: “Patricia sabe que la jefa política de LLA es Karina”.
Este miércoles el tema volvió a la escena pública después de que publicara que Bullrich estaba dispuesta a decir el viernes en la reunión de Gabinete que Milei debería echar a Adorni. Algunos karinistas consultados por elegían descreer y esperaban escuchar en on a la ministra, en la entrevista de esta tarde, en la que -cuando el capital político del Gobierno cae por los problemas económicos y de supuesta corrupción- se distanció del discurso oficial a pesar de que expresó su apoyo a la reelección del Presidente.
Dirigentes que conocen bien a Bullrich pero no militan en sus filas se mantienen escépticos con que decida quedarse solo con una candidatura en la Capital. “Patricia siempre va por todo”, refieren, aunque hoy ella expresó su deseo de competir en la Ciudad cuando planteó que quiere “estar frente a cada uno de los temas y los problemas de los ciudadanos de Buenos Aires”.
Hay una frase que se reitera en las distintas tribus del Gobierno y en sus exaliados de Pro: “Patricia es Patricia”. Adorni, decían los libertarios, era Milei.
Javier Milei,LA NACION publicó que Bullrich estaría dispuesta a pedirle a Milei que eche a Adorni el viernes.,View this post on Instagram,Paula Rossi,Karina Milei,Patricia Bullrich,Conforme a,,Conferencia en Los Ángeles. Milei: “Esperamos que la libertad alcance a Venezuela y Cuba”,,Senado. Bullrich acuerda cambios en el proyecto de propiedad privada y busca acelerar su tratamiento,,Con Messi en su equipo y Susana de DT. Milei compartió un video hecho con IA que simula un partido de fútbol contra figuras del comunismo,Karina Milei,,El método mileísta. “Liberalismo soviético”, una vivencia desde adentro del poder,,“No me voy a cansar de reclamar”. El gobernador salteño Sáenz llevó pedidos de obras a la Casa Rosada,,Diferencias en LLA. Karina Milei ordenó sostener la eliminación de las PASO y profundiza la distancia con Bullrich
POLITICA
Caos por los pliegos judiciales: Santiago Caputo quiso vetar a una candidata ligada a Cúneo Libarona, pero Karina Milei lo impidió
Pese al intento del Gobierno de avanzar en el Senado con una tanda de acuerdos judiciales, el oficialismo volvió a quedar atrapado en sus propias disputas internas. La controversia se concentró en una candidata cuyo pliego Santiago Caputo buscó bloquear, pero su tratamiento terminó siendo avalado por Karina Milei. La pulseada derivó en una decisión de último momento: incluir en el temario la totalidad de los pliegos con dictamen y desatar un fuerte conflicto parlamentario.
El nombre en cuestión es el de Yamile Susana Bernan, postulada para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Su pliego había sido enviado por el presidente Javier Milei y contaba con despacho favorable de la Comisión de Acuerdos.
Sin embargo, Bernan es la esposa de quien fue jefe de Gabinete del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona (Diego Guerendiain), enfrentado con Sebastián Amerio, exviceministro de Justicia y actual Procurador del Tesoro, uno de los funcionarios más cercanos a Santiago Caputo.
Según pudo reconstruir , el conflicto comenzó durante la madrugada, cuando sectores del oficialismo intentaron modificar la nómina de candidatos que serían sometidos a votación. En la reunión de Labor Parlamentaria, los jefes de bloque habían acordado tratar alrededor de 50 pliegos, aunque nunca se difundió el detalle completo de los nombres incluidos.
La falta de precisiones respondía, según distintas fuentes parlamentarias, a que el oficialismo todavía no había logrado unificar criterios sobre qué nominaciones impulsar en el recinto.
La disputa quedó expuesta pocas horas después. El listado previsto inicialmente se amplió de manera abrupta: primero pasó de 50 a 53 candidatos y, apenas media hora antes del inicio de la sesión, ascendió a 73 pliegos.
Tanto fuentes oficialistas como opositoras atribuyeron el desorden a la interna libertaria.
De acuerdo con esas versiones, Amerio y Caputo promovían excluir a Bernan por sus vínculos con el entorno de Cúneo Libarona. En las conversaciones también apareció el nombre de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, otro de los actores alcanzados por las tensiones entre distintos sectores del oficialismo. Caputo, indirectamente, quedó enfrentado con el presidente del máximo tribunal a raíz de los intentos fallidos de designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte.
La maniobra fue finalmente desactivada por Karina Milei y su entorno político. Para evitar vetos selectivos y cerrar la discusión, resolvieron incorporar al temario todos los pliegos que habían obtenido dictamen en la Comisión de Acuerdos.
Cruces en el recinto
La decisión, sin embargo, provocó una fuerte reacción en el recinto.
“¿Qué está pasando, presidente? Los acuerdos de Labor Parlamentaria se cumplen. Si no, ¿para qué carajo hacemos Labor Parlamentaria?”, protestó la senadora peronista Juliana Di Tullio, quien acusó al oficialismo de incurrir en una “traición parlamentaria”.
En la misma línea se expresó el jefe del interbloque peronista, José Mayans, que reclamó respetar lo acordado previamente entre los bloques.
La propia vicepresidenta Victoria Villarruel tomó distancia del episodio y responsabilizó a la conducción libertaria en el Senado.
“Habría que preguntarle a Bullrich. Nos somete a esta situación. Pasamos de 50 a 53 y después a 73 pliegos. No es serio. No estamos juntando caramelos en un kiosco”, respondió a al ser consultada sobre los cambios de último momento.
Más tarde, durante el intercambio con Mayans, Villarruel insistió: “En efecto se habían hablado 50 pliegos. A media hora de la sesión se empezaron a agregar y terminamos con 73, excluyendo a la jueza Verónica Michelli (cuñada del periodista Hugo Alconada Mon y vetada por Milei)”.
La controversia obligó finalmente a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, a solicitar un cuarto intermedio. La sesión quedó interrumpida en medio de una discusión que expuso, una vez más, las tensiones internas del oficialismo.
avanzar en el Senado,Delfina Celichini,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,Cruce en el Senado. Los K vincularon la condena a Cristina con la violencia de género y Bullrich respondió con la baja de femicidios,,Senado. Se debate la agenda de Milei, pero el conflicto por el caso Michelli sigue abierto,,Debate. El Senado sesionará este jueves, pero no tratará el caso de la candidata a jueza vetada por ser familiar de un periodista
POLITICA
Duro discurso de la CGT en la conferencia de la OIT: denunció al Gobierno por la “aniquilación” de los derechos laborales
El cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) graves violaciones a los derechos laborales por parte del gobierno de Javier Milei, en una presentación en la que advirtió sobre una “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones laborales en el país.
“En la ausencia de control estatal promovida por el Gobierno se plasma la aniquilación de los derechos laborales -dijo el sindicalista-. Esto no es “modernización laboral”, es precarización del trabajo».
En el discurso ante la conferencia anual de la OIT, en Ginebra, Suiza, que brindó en representación de la CGT y de las dos CTA, Sola criticó en duros términos la “demolición” de décadas de consensos sociales, “todo bajo una premisa inaceptable: que la protección del trabajador es un obstáculo para la economía”.
La denuncia del sindicalismo argentino sostuvo que lo que ocurre en el país “no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios”, sino “el desmantelamiento sistemático” de la administración oficial de las relaciones laborales, contrario a los convenios internacionales a los que adhirió la Argentina.
Uno de los ejes exclusivos del texto fue la acusación directa al propio Javier Milei de una voluntad explícita de “destruir al Estado”, citando su declaración de verse a sí mismo como un “topo” encargado de destruirlo “desde adentro” y de considerar “la justicia social como una aberración, como el cáncer de la Argentina”.
El discurso efectuado ante la OIT apuntó especialmente a la violación del Convenio 150, que establece los parámetros para la administración del trabajo y exige estructuras estatales con legitimidad social, autonomía y recursos suficientes. Para la CGT y las dos CTA, la transformación del Ministerio de Trabajo en una Secretaría fue la “primera señal inequívoca” de la orientación oficial: “No es sólo una cuestión de organigrama, es una degradación funcional profunda”, señalaron, agregando que al diluir la cartera entre áreas tan dispares como salud y educación, “se ha diluido su capacidad de influencia y coordinación”.
La reducción de estructuras estatales, el despido de personal especializado y la “liquidación de capacidad técnica operativa acumulada durante años”, forman parte según los sindicatos del mismo proceso de debilitamiento. Se denunció que, a partir de la reforma de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público (Ley 25.164), los empleados estables del Estado pueden ser cesados “a criterio discrecional” si se considera que existe un “exceso en la dotación óptima”: “Estamos ante la legalización de la inestabilidad en el corazón del Estado”, dijo Sola durante su discurso.
El otro gran eje señalado es el modo en que el Ejecutivo, según los gremios, desplazó el diálogo social y parlamentario para “imponer unilateralmente una agenda de reformas regresivas”. Según la exposición sindical, el DNU 70/23 representó una de las transformaciones laborales más profundas desde el retorno democrático y fue la antesala de las leyes de Bases y Modernización Laboral (Leyes 27.742 y 27.802). Agrega que estas normas, que los sindicatos califican de “paradigma flexibilizador”, fueron diseñadas e impulsadas sin consulta ni diálogo genuino con los actores sociales. Se argumenta que esto contradice los principios del Convenio 144, basado en la participación tripartita (Estado, empleadores y trabajadores).
En ese sentido, la intervención gremial destaca la respuesta de la propia Comisión de Expertos de la OIT, que fue “clara: las reformas de gran impacto deben desarrollarse mediante procesos genuinos de consulta con las organizaciones representativas”. A diferencia de ese principio, sostienen que en la Argentina “el tripartismo ha sido reemplazado por la imposición”.
Sola denunció “un patrón sistemático de ataques legales y administrativos a los sindicatos y profesionales del Estado”. Un caso que mencionó fue la publicación del decreto del Poder Ejecutivo que reglamentó la reforma laboral el mismo día de inicio de la conferencia de la OIT, lo que interpretó como una muestra de “hostilidad” del Gobierno, con “excesos reglamentarios y violaciones a la Constitución Nacional, vulnerando nuevamente el convenio 150”.
Además, cuestionó la aplicación de “sumarios administrativos, multas millonarias a gremios como La Fraternidad y UTA por ejercer el derecho de huelga» y mencionó el caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyas elecciones fueron anuladas por la Justicia, que nombró un interventor al frente del gremio.
En el plano del control estatal, se denunció la “aniquilación” del sistema de inspección del trabajo, citando a los informes de la OIT sobre la “insuficiencia crítica de inspectores”, en especial en el sector agrícola, donde “la fiscalización es casi inexistente, dejando a los trabajadores rurales en un vacío de control absoluto”.
La presentación de Sola fue más allá del área laboral y enumeró “el desmantelamiento de áreas clave para el entramado social productivo”. En ese sentido, el dirigente destacó la reducción del 29% de empleados del Estado nacional centralizado desde 2023 hasta febrero de 2026, aclarando que el mayor impacto recae en organismos clave para la protección social.
Enseguida ejemplificó la situación en distintos sectores. En el CONICET, principal organismo científico, dijo que se denunciaron “más de 4000 puestos de trabajo perdidos” y la suspensión de ingresos de investigadores, lo que paraliza su funcionamiento. La interrupción de la inversión en obra pública y la afectación de organismos tecnológicos como el INTI y el INTA también forman parte del cuadro, con “cientos de técnicos” puestos a disponibilidad y la “desarticulación” de programas industriales y agropecuarios.
La degradación del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, el despido masivo de personal en la Secretaría de Derechos Humanos (44% de la plantilla), la eliminación del Ministerio de la Mujer (con el 85% del personal desafectado) y el “desfinanciamiento crítico” de la universidad pública —que, según Sola, implicó pérdidas salariales de más del 40% para el sector universitario— fueron otras aristas del diagnóstico sindical.
En materia previsional y de protección de personas con discapacidad, el cotitular de la CGT también advirtió sobre un “deterioro deliberado” de los sistemas de cobertura, la “no actualización” de haberes y el desfinanciamiento de las prestaciones clave.
Sola denunció, además, la “política de criminalización del conflicto social” por parte del Ministerio de Seguridad, señalando la resolución 943/2023 y el uso de balas de goma y gases lacrimógenos durante protestas. Planteó que esta conducta implica una “clara violación a la libertad sindical y el derecho de huelga” reconocidos internacionalmente en el Convenio 87 de la OIT.
Para Sola, mientras que desde el Gobierno no haya una “rectificación inmediata del rumbo y no se restablezca el diálogo social auténtico”, las organizaciones sindicales recurrirán “a todas las instancias de denuncia por incumplimiento de los convenios 87 y 98”, tras lo cual dijo que “la defensa de la dignidad laboral es una causa irrenunciable que sostendrán en la calle y ante organismos internacionales”.
Por su parte, en representación de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel (CTERA) denunció el deterioro de la institucionalidad laboral y afirmó que “cuando un país reduce sus estructuras de inspección, debilita su autoridad laboral, elimina espacios de diálogo social, restringe la negociación colectiva y limita el derecho de huelga, no estamos frente a una simple reorganización administrativa, sino frente a un proceso de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a garantizar el trabajo decente y los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Durante su intervención, Baradel reclamó que la OIT inste al gobierno argentino a adoptar medidas urgentes para fortalecer la administración e inspección del trabajo, restablecer el diálogo social tripartito y garantizar el funcionamiento efectivo del Consejo del Salario, en cumplimiento de los Convenios 81, 129 y 150. “La justicia social no es una aberración como sostiene el presidente de la Argentina; es una condición necesaria para garantizar la paz y el bienestar general. Las centrales sindicales la vamos a defender en esta casa, en la calle, con la huelga y con la unidad y la lucha de la clase trabajadora”, sostuvo.
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POLITICA
El Gobierno echó a Ricardo Echegaray de ARCA tras ser condenado por administración fraudulenta
El gobierno de Javier Milei determinó este jeuves el cese de acciones de Ricardo Echegaray en la Aduana, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de que el funcionario fuera condenado por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Según el documento al que pudo acceder , Etchegaray fue notificado este jueves a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIM).
El organismo especializado en la investigación de hechos de corrupción y control de integridad en el Estado dispuso así la desvinculación del extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Cristina Kirchner y que llevaba más de 30 años dentro de la administración pública.
La condena
La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado el 5 de marzo último la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, rechazaron de manera unánime el recurso interpuesto por la defensa de Echegaray y dejaron firme la condena.
El exfuncionario había sido sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.
La Justicia lo encontró autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada, cometida en perjuicio de la administración pública.
La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta violación a la garantía de imparcialidad por parte de los magistrados del tribunal oral.
El pasado marzo, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a la empresa petrolera argentina Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.
El juicio
Los entonces accionistas de la compañía Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron absueltos en ese proceso. El fallo permanece en estudio de la Corte Suprema de Justicia y el organismo ya indicó, en una sentencia anterior, que se debe revisar esa decisión.
El exfuncionario fue sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta “violación a la garantía de imparcialidad” por parte de los magistrados del tribunal oral y asegurar que habían valorado de forma doble su cargo como máxima autoridad de la AFIP para agravar la pena.
Al haber quedado firme la condena, el único camino que le queda al ahora exfuncionario para evitar cumplir la pena de prisión es acudir a la Corte Suprema de Justicia y solicitar un recurso extraordinario o una queja. En el caso de que ambos sean rechazados, deberá ir a la cárcel.
Noticia en desarrollo
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