Tras el fuerte impacto que causó el escándalo por la participación de personal militar y civiles de la Armada en presuntas maniobras de fraude, la fuerza naval dispuso el pase a disponibilidad de nueve militares involucrados.

Aunque en la denuncia presentada en la Justicia se mencionaba la participación de 23 personas involucradas, entre militares y civiles pertenecientes a la fuerza naval, el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, apartó de sus funciones a ocho capitanes de corbeta y un suboficial comprometidos en el escándalo Al margen del proceso judicial, por su situación de revista se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Respecto al personal civil, la situación es diferente y se maneja por otros marcos regulatorios.

La decisión fue adoptada de acuerdo con la normativa vigente, marcada por la ley para el personal militar y el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, informaron las autoridades navales en un comunicado.

La denuncia

La propia Armada había presentado ante la Justicia una denuncia penal por maniobras de fraude en el proceso de liquidación de haberes, que se habrían sucedido entre julio de 2022 y enero de 2026, con un perjuicio estimado en $938 millones. Fuentes navales, sin embargo, dijeron a que las investigaciones internas siguen adelante –al margen de la actuación judicial- y revelaron que el monto podría llegar a $1600 millones.

Entre los marinos apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada,cuya esposa María del Carmen Prieto, aparece entre las beneficiarias de los pagos indebidos, aunque no integra la fuerza naval. Percibió $152,2 millones en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria.

La Armada informó que la sanción preventiva al personal militar tendrá vigencia “hasta tanto se determine la eventual responsabilidad disciplinaria del personal involucrado”

En la denuncia penal se indica que otras tres personas sin relación con la fuerza naval cobraron sumas de dinero. Se trata de Andrés Santana (percibió $99,4 millones), Amalia Cristina Díaz ($91,9 millones) y Natalia Carolina Yahia ($90,4 millones), se indica en la presentación judicial, que recayó en el juzgado federal N° 2, a cargo del magistrado Sebastián Ramos.

Las maniobras irregulares comprenderían la liquidación de falsos viáticos por viajes al exterior, “cobros fantasma” mediante identidades fraguadas y suplementos con retornos. Incluso, en el edificio Libertad, sede de la Armada, trascendió que la teniente de navío que detectó el fraude habría recibido un ofrecimiento de dinero para que no lo revelara a sus superiores.

Según la presentación judicial, para la liquidación de viáticos falsos por servicios en el exterior se habrían asignado montos en moneda extranjera por misiones de comisiones que no se realizaban. En algunos casos, las misiones existían, pero una vez que terminaban se continuaba realizando el pago pese a que no correspondía.

También se investiga si para los “cobros fantasma” se utilizaban números de CUIL de personal retirado o dado de baja de la fuerza. En cuanto a los “suplementos con retorno”, se liquidaban asignaciones, como horas extras y y especialidades como buceo y otros ítems, a personal que no cumplía esas tareas, lo que obligaba a un retorno del 50% de lo cobrado, según trascendió.

La Armada informó oficialmente que ante la detección de irregularidades en el área responsable de la liquidación de haberes al personal, se inició una actuación administrativa que permitió determinar “inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos”.

Al comunicar el pase a disponibilidad del personal militar involucrado, la fuerza naval ratificó la “política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética y a los valores que rigen a la institución y que pueda menoscabar su prestigio y buen nombre”.

El Senado de la Nación debate un proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles que eleva la cuotas de corte en un régimen de transición hasta 2036, fecha en la que debería liberarse la libre competencia en el mercado.

El propósito central de la normativa que debate la Cámara alta apunta a incentivar las inversiones, consolidar la seguridad energética del país y promover una transición progresiva del sector hacia un mercado más competitivo, transparente, desregulado y ambientalmente sostenible.

Sin embargo, el proyecto divide a los bloques políticos de manera transversal, según intereses regionales. Aspi, el texo fue cuestionado con dureza por los legisladores de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires.

Las voces críticas a la iniciativa advirtieron que las regulaciones que contempla el texto atentan contra los pequeños productores y que llevará a la concentración del mercado en manos de las grandes compañías del sector, en especial a las aceiteras de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Para conseguir la aprobación del proyecto, se le introdujeron cambios de último momento con el objetivo de reducir los cuestionamientos formulados por senadores de provincias de la zona núcleo, preocupados por defender a los pequeños productores que no se encuentran en una cadena productiva integrada.

El proyecto declara de interés público la fabricación, el almacenamiento, la mezcla, la comercialización y el autoconsumo de biocombustibles en todo el territorio nacional.

Uno de sus motores operativos fundamentales consiste en fijar incrementos obligatorios y escalonados en los porcentajes de mezcla con los combustibles fósiles tradicionales.

En el caso del gasoil o diésel, la norma establece un corte mínimo inicial obligatorio del 7,5% de biodiesel, cuota que se elevará al 10% una vez transcurridos doce meses desde la promulgación de la ley.

Por su parte, para las naftas se fija un corte obligatorio inicial del 12% de bioetanol -respetando una cuota equitativa del seis por ciento para el producido a partir de caña de azúcar y un seis por ciento derivado del maíz-, porcentaje que ascenderá al 15% al cumplirse el primer año de vigencia del nuevo marco regulatorio, quedando el remanente libre para ser completado con cualquier otra materia prima renovable.

La propuesta fue defendida por la senador Flavia Royón (Primero los Salteños), presidenta de la Comisión de Minería y autora de una de las iniciativas que se tuvieron en consideración para alcanzar el dictamen que se discutió en el recinto.

“Esto no es una reforma sino que es un nuevo marco regulatorio que intenta construir una política de largo plazo, una política que ha combinado previsibilidad y competencia, que fortalece las economías regionales y que habilita el agregado de valor de los granos en origen”, explicó Royón.

que invirtió, hoy pierde. ¿Qué gana el país con esta modificación? POrque cada vez que se reasigna un mercado debe ser para que el país avacen, para generar nuevas fuentes de trabajo, pero nada de eso va a pasar las grandes industrias del biodiesel tienen la instalación y mano de obra y no van a generar nada nuevo.

En el otro extremo se ubicó Daniel Bensusán (PJ-La Pampa), quien cuestionó en duros términos la iniciativa por considerar que no beneficia a nadie y que con sus regulaciones dará lugar al cierre de pymes en el interior del país.

“Quienes acompañen esta ley tendrán que explicarle a los que pierdan sus fuentes de trabajo en La Pampa y en San Luis, porque con este dictamen en poco tiempo más empiezan a cerrar todas estas pymes que invertían y producían en las economías regionales del interior y va a quedar todo concentrado en el polo agroexportador de la provincia de Santa Fe”, denunció Bensusán.

Además de le elevación de la cuotas de los cortes, la iniciativa incorpora mecanismos para asegurar la libre formación de precios y evitar distorsiones en el mercado interno.

Así, la comercialización mensual destinada a abastecer los cortes obligatorios se concentrará de forma única mediante subastas públicas en un Mercado Electrónico operado por un organismo independiente, tomando como referencia objetiva los valores internacionales de paridad de importación.

En el aspecto tributario, deja a los biocombustibles exentos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2), gravándose únicamente el componente fósil de la mezcla final.

También permite la desregulación del uso y la comercialización de energías renovables complementarias, como el biometano para inyección en gasoductos y el Combustible Sostenible de Aviación (SAF).

Entre los cambios introducidos poco antes de iniciado el debate se destacan las definiciones técnicas para distinguir estrictamente entre empresas integradas de manera vertical en una cadena productiva y aquellas que no lo están. Se categoriza a las primeras como aquellas plantas que superen una capacidad de producción de 50.000 toneladas anuales y formen parte de un grupo económico tenedor de fábricas de aceites vegetales o harinas proteicas.

Por el contrario, se definió como empresas no integradas a las firmas con capacidad menor o igual a 50.000 toneladas al año o que no pertenezcan a conglomerados aceiteros.

También se incorporaron resguardos explícitos contra la concentración económica y mecanismos para afianzar el “federalismo productivo”, fijándose una cláusula antimonopolio que impide que alguna empresa elaboradora o grupo económico pueda adjudicarse más del 10% del biodiesel comercializado por año, con un techo máximo absoluto de cincuenta mil toneladas anuales por firma.

En paralelo, la norma instruye a la autoridad de aplicación a instituir regiones geográficas de negociación con un límite de hasta el 20% del volumen anual comercializado, con el objeto directo de optimizar la eficiencia logística, abatir los costos de transporte en el territorio nacional y proteger las cadenas de valor agroindustriales del interior del país.