POLITICA
Causa cuadernos: la Justicia ratificó el derecho a preservar las fuentes periodísticas
De forma unánime, los jueces del juicio de los Cuadernos de las Coimas ratificaron el derecho a reservar las fuentes periodísticas y relevaron así al periodista Diego Cabot de tener que relatar en su declaración como testigo con qué empresarios se había reunido durante su investigación, tal como exigían saber una docena de abogados defensores, entre ellos el de Cristina Kirchner.
“El tribunal decidió hacer lugar a su petición de reservar la fuente”, le anunció al periodista el juez Enrique Méndez Signori, luego de una deliberación que, junto con los planteos previos, insumió casi dos de las 12 horas que duró el debate, tiempo en el que Cabot debió aguardar en un salón contiguo, incomunicado.
La decisión, de la que también formaron parte los jueces Fernando Canero y Germán Castelli, fue en línea con un fallo previo del mismo tribunal y en respuesta a un planteo empujado por la defensa del exfuncionario Roberto Baratta, uno de los presuntos recaudadores en el circuito de pagos bajo juicio.
Méndez Signori y Canero fundamentaron en conjunto que la protección constitucional es amplia y que la información era producto de consultas realizadas en una investigación cuya reserva el periodista decidió mantener.
“Que el testigo [Cabot] haya tomado la decisión de realizar la denuncia penal en lugar de escribir una nota periodística no debilita la garantía constitucional aludida”, marcó por su parte el juez Castelli.
La puja
Amparado en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que protege el secreto de las fuentes de información periodística, Cabot se negó a contestar una pregunta sobre sus reuniones con empresarios.
Su decisión fue objetada por la abogada de Baratta, que pidió al Tribunal que le “ordene” al periodista contestar la pregunta. Al planteo se sumaron otras 10 defensas, incluida la de la expresidenta Cristina Kirchner, que, sin oponerse de manera explícita al derecho constitucional, pretendieron que Cabot revelara quiénes fueron sus interlocutores durante la investigación.
“Las reuniones que mantuvo con personas que son investigadas en esta propia causa nunca podrían cumplir el rol de fuente”, aseveró la exministra Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Baratta, antes de la resolución del tribunal.
“Son reuniones que tuvo con personas que ya tenía identificadas, que no le proveyeron información, en todo caso le corroboraron información que él ya tenía”, argumentó, y añadió: “La mayoría probablemente sean personas que son imputadas en esta propia causa”.
Al cruce salió la fiscal Fabiana León, que recordó un fallo previo del tribunal en favor del secreto periodístico, y también Mariano Galpern, representante de la UIF, que sostuvo: “La protección del secreto de las fuentes periodísticas no depende de que la fuente haya dado un dato nuevo decisivo, si ya lo tenía o no. La garantía protege la fuente, no la novedad del dato“.
“Se afirmó, dando un salto al vacío, que las personas con las que habló Cabot son imputados en esta causa”, marcó la fiscal León. “Carece de valor veritativo: no es posible saber si el señor Cabot habló con imputados de esta causa”, señaló.
Detrás del planteo de Baratta y de Cristina Kirchner se encolumnaron empresarios, como Gerardo Ferreyra, y otros funcionarios, como Julio De Vido o Fabián Ezequiel García Ramón, cuyo abogado sugirió que la protección periodística de las fuentes no debía “ceder” pero sí “adaptarse” al derecho de defensa de los acusados.
Otro de los argumentos escuchados ayer en la audiencia fue que no existía una manera “alternativa” para saber acerca de esas reuniones que preguntarle a Cabot.
Pero ninguno tuvo eco en el tribunal, que se apoyó en un fallo del año pasado en la causa que juzgó el financiamiento estatal de la telenovela “Mamá Corazón”, una producción que nunca llegó a emitirse, a cargo de la productora de Andrea del Boca.
La decisión del tribunal obtura la posibilidad de que el planteo surja nuevamente este jueves, cuando los que concurran como testigos sean Candela Ini y Santiago Nasra, los otros dos periodistas del diario que participaron en la investigación del caso Cuadernos.
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POLITICA
La Cámpora difundió una protesta contra la Corte Suprema y el fiscal Luciani en la Facultad de Derecho
Una particular protesta estudiantil tuvo lugar este martes contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el juez Julián Ercolini en reclamo de la “libertad” de la exmandataria Cristina Kirchner y contra el fallo del máximo tribunal sobre la lay de Tierras.
La intervención de los estudiantes tuvo lugar durante el acto de entrega de los Premios Quorum que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Rosatti, Ercolini y el fiscal Diego Luciani, quien tuvo a su cargo la causapor la que Fernández de Kirchner resultó condenada, fueron sorprendidos en el auditorio por estudiantes que lanzaron papeles con la inscripción “Cristina Libre” y colgaron una bandera con la insignia “La tierra no se vende, la Corte sí”.
Por los videos que trascendieron pudo verse cómo los jóvenes irrumpían en el recinto al canto de “La Patria no se vende”, mientras los organizadores pedían orden en la sala. Después, los militantes procedieron a arrojar papeles desde el palco superior.
Las imágenes de la protesta fueron difundidas por la cuenta de Twitter ‘Cristina Libre’, relacionada a La Cámpora y que mantiene vigente el pedido de “libertad” de la exmandataria, condenada a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.
Pero no fue la única protesta del día contra la Corte. Sectores del PJ, la izquierda, gremios y piqueteros se manifestaron este martes frente al edificio del máximo tribunal contra el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras incluida en un decreto del presidente Javier Milei.
Los manifestantes, vinculados a organizaciones sindicales kirchneristas y de izquierda, llevaron a cabo la concentración, que se agrupó sobre una Plaza Lavalle, en el centro porteño.
Frente al edificio de los tribunales se montaron dos escenarios, uno ocupado por los sindicatos más cercanos al kirchnerismo y otro por las agrupaciones de izquierda que convocaron a la protesta.
La convocatoria no alcanzó a cubrir la Plaza Lavalle, aunque la instalación de los escenarios y el despliegue de manifestantes sobre Talcahuano generaron que se interrumpiera el tránsito en esa arteria, entre Tucumán y Lavalle.
El fallo de la Corte
El 30 de septiembre, el máximo tribunal dictó un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al restituit un artículo del megadecreto de Milei de 2023.
Ese artículo, que derogaba la ley de Tierras y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros, había sido frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Los excombatientes alegaron que estaban legitimados en tanto defensores de la soberanía nacional, pero ese argumento fue rechazado por la Corte Suprema. En su fallo, el máximo tribunal fue muy críticó al advertir a los tribunales inferiores sobre reconocerles capacidad de iniciar acciones colectivas a actores que no tienen esa representatividad.
Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la ley de tierras. Pero la Corte revocó ese fallo.
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó una nueva serie de agravios del presidente Javier Milei contra periodistas, columnistas y directivos de medios de comunicación a través de publicaciones en la red social X.
En los últimos días, el Presidente volvió a utilizar sus cuentas en redes sociales para insultar a profesionales de la prensa a raíz de sus entrevistas, análisis, opiniones o publicaciones periodísticas.
ADEPA lamenta tener que volver a destacar algo que ha sostenido desde siempre. Quien gobierna, y es objeto de crítica, o considera que la información de un acto de gobierno es errónea, incorrecta o incluso puede evaluarla como sesgada, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano de nuestra república: ejercer su crítica, aclaración o desmentida, incluso en tono enérgico y vehemente.
Lo que erosiona el debate público y el diálogo democrático son el insulto y el agravio, que afectan no solo al destinatario identificado, sino al conjunto del cuerpo social.
La libertad de expresión protege especialmente la circulación de opiniones sobre quienes ejercen el poder. La réplica ha sido concebida para responder, pero no para avalar los ataques personales.
Apenas unas horas antes del comienzo de una marcha contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras, las organizaciones piqueteras nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero anticiparon sus reclamos contra los jueces del máximo tribunal y contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Repudiaron el fallo judicial que se conoció el martes de la semana pasada y volvieron a protestar por la eliminación del plan Volver al Trabajo, de $78.000 mensuales, que el Gobierno decidió reemplazar por vouchers de capacitación.
En la intersección de Moreno y la avenida 9 de Julio, en una plazoleta frente a uno de los laterales del edificio donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social y sin cortar el tránsito, un puñado de manifestantes se concentró alrededor de los dirigentes de las agrupaciones, en una conferencia de prensa callejera, custodiada por una veintena de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fue una de las voces que arengaron a marchar contra la Corte. Afirmó que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti son “tres jueces cipayos que decidieron poner en venta la Argentina”. Y llamó a “marchar al Poder Judicial, que generalmente se la lleva de arriba y vela por el 1% más privilegiado”, y a repetir la movilización el día 15, al Congreso (cuando está previsto que se debata la posible derogación del decreto 70/23, firmado por el presidente Javier Milei, que en su artículo 54 deroga el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”).
En medio de banderas del Polo Obrero, del Bloque Piquetero, de Libres del Sur, del Frente Barrial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) o del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones, también habló Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. “Esta convocatoria es previa a la movilización a los tribunales, que tienen un objetivo de clase muy claro”, dijo. Repudió el reciente procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Juan Perón y añadió: “Otra mala noticia: acaban de elevar a juicio a los compañeros de Fate”.
El Ministerio de Capital Humano fue el otro eje de los reclamos en la conferencia de prensa piquetera, previa a la marcha contra la Corte. Los distintos oradores rechazaron la baja del plan Volver al Trabajo, decisión que los piqueteros judicializaron y que, tras distintas instancias, la Justicia convalidó. “Hace tres meses que no cobramos quienes percibíamos el Volver al Trabajo”, resaltó Sánchez. El mismo reclamo hicieron desde otras agrupaciones presentes en la ronda de prensa, como Libres del Sur o el Frente Barrial de la CTA.
A la breve manifestación se acercaron representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. El gremio realiza un paro de media jornada para sumarse a la movilización contra la Corte. La secretaria general de la Comisión Interna del gremio en el ministerio, Ingrid Manfred, denunció el “desmantelamiento de las políticas públicas, 3000 despedidos en el ministerio y persecución hacia la organización gremial con recorte salarial a los delegados”.
Belliboni, al cerrar la conferencia de prensa, dijo que el Ministerio de Capital Humano “no es de capital, porque se han vaciado los equipos técnicos, y mucho menos, humano”.
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