POLITICA
Cómo la investigación de un robo a Arsat en un depósito en San Fernando derivó en la detención de Facundo Leal
El 4 de enero de 2024, empleados de Arsat ingresaron a un depósito en San Fernando donde se resguardaba material sensible de la empresa estatal. En el complejo, que era operado por la firma Argentina Logistic Services S.A., hallaron quince contenedores que presentaban signos de robo. Les habían sustraído flejes de cobre y componentes internos de los equipos de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), la estructura troncal que lleva internet de alta velocidad a lo largo y ancho del país.
Las cámaras del depósito no funcionaban; y desde hace tiempo, el cerco eléctrico perimetral estaba cortado.
A raíz de ese episodio se inició una causa (FSM1924/2024), que quedó en manos del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y del fiscal Fernando Domínguez.
Lo que comenzó como una investigación judicial en torno a un robo derivó en otra hipótesis. Es que la falta de infraestructura mínima necesaria para preservar los equipos en el depósito de San Fernando hizo que el fiscal Domínguez pusiera la mira en la contratación de Argentina Logistic Services, la compañía que estaba a cargo de la seguridad del predio.
La causa avanzó después de que se dispusieron varias medidas de prueba. Cuando los investigadores accedieron a los teléfonos secuestrados, hallaron indicios de un presunto pago de coimas. Hasta ahora, según fuentes con acceso al expediente, están involucradas once personas físicas, además de la firma Argentina Logistic Services (ALS). Se intenta si hubo un direccionamiento en la contratación del depósito donde se resguardaba el material sensible de Arsat. El fiscal pidió citar a los acusados a prestar declaración indagatoria por defraudación contra la administración pública, malversación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
En el marco de esa investigación penal, se ordenó un allanamiento en el departamento de Palermo de Facundo Leal, extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), expresidente de Arsat y actual empleado de la empresa pública de soluciones satelitales.
En ese operativo, los efectivos de la Policía Federal Argentina encontraron cerca de US$ 650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Lo que derivó en la detención del exfuncionario. En su casa de Mendoza , hallaron cerca de US$ 1.700.000.
La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Isidro y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentaron un dictamen que reconstruyó, con mensajes de WhatsApp, audios y registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa), de qué manera los funcionarios de Arsat debían controlar al proveedor eran, al mismo tiempo, sus beneficiarios.
Un contrato millonario y sin licitación
El 29 de junio de 2021, Juan Andrés Navarro, subgerente de la Gerencia de Administración y Finanzas de Arsat, firmó un memorándum que proponía cambiar el depósito de los bienes de la empresa. El documento señalaba a ALS como la firma indicada para el trabajo y pedía avanzar por contratación directa, bajo el inciso m) del Reglamento de Compras.
El 3 de septiembre de 2021, la empresa llamó a cotizar. Las ofertas de los tres supuestos competidores llegaron el 10 de septiembre. La propuesta de ALS entró a las 14:41. Las otras dos -Transportes Padilla y Tradelog- ingresaron a las 15:09 y 15:24 del mismo día. El margen de minutos no fue coincidencia. Diego Padilla, vicepresidente de ALS, es hijo del vicepresidente de Transportes Padilla. Gastón Walter Padilla, director suplente de ALS y firmante de cheques, mantenía relación de dependencia con esa misma firma. La competencia era, en los hechos, parte de la misma estructura societaria y familiar.
El memorándum que justificó la contratación directa no consignó cuánto pagaba Arsat en el depósito anterior ni cuál era la propuesta económica de ALS, que a esa fecha ni siquiera había sido presentada. El área jurídica dictaminó que el proceso cumplía los extremos formales del reglamento, pero aclaró que no evaluaba la justificación técnica ni económica.
Audios y mensajes entre los involucrados
Gerardo Boschin, subgerente de Compras y Contrataciones de Arsat durante la gestión de Fernández y expresidente de Trenes Argentinos durante el gobierno de Milei -renunció en enero pasado-, firmó la orden de compra OC-00010632: US$766.099 para un año de servicio. Ese mismo día le mandó un audio a Diego Padilla: “Dieguito, ¿cómo te va hermano? Ahí en un ratito te estamos mandando, aunque usted no lo crea, la orden de compra del depósito. Vamos, vamos”
El reglamento de Arsat establece que contratos por encima de cierto monto requieren aprobación del Directorio. La Gerencia General solo podía adjudicar hasta $70 millones más IVA por año. El dictamen jurídico interno advirtió que si el contrato se extendía más allá del primer año, debía intervenir el Directorio.
La solución fue contratar por doce meses, con prórroga de veinticuatro. El 26 de diciembre de 2022, con las firmas de Boschin, el gerente requirente, Pablo Gastón Pagani, el gerente de finanzas, Nicolás Canet, y de Leal, entonces gerente general, se formalizó la prórroga por $133.944.749 sin intervención del Directorio. En diciembre de 2023 se emitió una nueva orden por US$104.000.
En total, en contrataciones directas, se acumularon US$1.930.861 y $40.300.000. Estos documentos públicos, al contrastarse con los mensajes extraídos de los teléfonos, resultan reveladores. El primer contacto documentado data del 1 de noviembre de 2020: Santiago Pando -socio de los Padilla- le escribió a Diego Padilla para decirle que llamara con urgencia a Boschin. Tres días después, Padilla se presentó ante Boschin como referente de ALS.
El 21 de diciembre, tras una reunión en las oficinas de Arsat, Padilla le escribió a Sofía Varela Vizgarra, gerenta general de ALS: “Estoy en Arsat. Viene todo perfecto. Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”
El contrato de locación del predio de San Fernando entre ALS y el propietario Marcos Sued se firmó el 14 de mayo de 2021. Se fijó una extensión de 36 meses y se estableció un precio de US$20.000 mensuales. Treinta y nueve días después, el memorándum de Navarro pedía que Arsat contratara a ALS para ese mismo predio por tres años. La fiscalía señala esa coincidencia como indicio de que la negociación preexistía al trámite formal.
El 2 de marzo de 2022, Fernando Paredes le escribió a Diego Padilla, vice de ALS: “Dieguito vamos a tener disponible en lo de Mati [Matías Valent] US$15.000… Esto es para Pando por negocios ARSAT”. El 16 de mayo: “El jueves vamos a ARSAT para darle US$6.000 a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo”.
Los registros vehiculares de Leal arrojan datos llamativos. En noviembre de 2021, días después de la primera orden de compra, Boschin registró una VW Highline. En mayo de 2021, Leal compró una Ford F150 Lariat V8 4×4. En junio, su cónyuge adquirió una BMW X5. En julio de 2022, Leal sumó una Volkswagen Amarok. En 2023 incorporó una Ford Ranger Raptor y una Can-Am Maverick X3. La declaración jurada de Pablo Pagani pasó de $1.997.362 en 2020 a $18.708.140 en 2023.
Sin controles
El pliego de especificaciones técnicas enviado a los oferentes en septiembre de 2021 exigía condiciones de seguridad las 24 horas: cámaras operativas, cerco adecuado, iluminación, control de acceso, recorridas de vigilancia. Nada de eso existía al momento del robo. El cerco eléctrico no funcionaba desde que ocupaba el predio la empresa anterior. Las cámaras instaladas en 2022 fallaron por problemas de firmware, sin que ALS solicitara mantenimiento. Cuando la policía pidió las grabaciones del período del robo, el presidente de ALS, Fernando Paredes, informó por nota que las cámaras no habían funcionado entre el 21 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de 2024.
Marcelo Garozzo, del área de Infraestructura de ARSAT, declaró que el tipo de sustracción realizada requería escaleras, herramientas especiales y varios días de trabajo durante el horario diurno. El informe de Gendarmería Nacional fotografió los cortes en los flejes, los soportes arrancados y los cables dañados en el shelter N° 361 y recomendó la intervención de peritos.
La Fiscalía pidió declaración indagatoria para Diego Padilla, Fernando Diego Paredes, Gastón Walter Padilla, Sofía Varela Vizgarra, Santiago Pando, Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Facundo Leal, Juan Navarro y Juan Álvarez.
Además, se solicitaron allanamientos en los domicilios de todos los imputados —en Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro—, en las oficinas de ALS en San Fernando, en las sedes de Arsat y en los domicilios de Martín Mareco y Matías Valent, señalados como eslabones del circuito de pagos. También se pidió el levantamiento del secreto bancario, bursátil y de la UIF, y la remisión de los anexos reservados de las declaraciones.
derivó en la detención del exfuncionario,Camila Dolabjian,Conforme a
Las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria del Senado dictaminaron esta tarde el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998, pero que Diputados recién votó en agosto pasado. Al haber modificado el texto en la Cámara baja -se hizo reserva del capítulo II-, el tema volvió en segunda revisión y ahora, con el despacho firmado, el acuerdo quedó listo para ser sancionado, en caso de que el oficialismo cierre con aliados y solicite ir al recinto el jueves próximo.
La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y, antes de firmar un dictamen, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros.
Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.
Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.
“Es uno de los pocos países no adheridos a este tan importante tratado. Lo que rige en patentes es un acuerdo anterior, de 1884”, aseguró el libertario y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni (Formosa). Por su parte, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, manifestó: “Cooperación no significa resignar la soberanía en términos de lo que es aquello que los argentinos son capaces de inventar”.
La porteña apuntó a “despejar es equívocos” y dejó en claro que la propuesta “no crea una patente mundial, no obliga a la Argentina a conceder patentes, y tampoco le quita la facultad de decidir qué invenciones merecen protección, conforme a nuestra legislación”.
Para la porteña, “la Argentina tiene científicos, universidades y empresas para innovación”, lo que “permite -de sancionar el acuerdo- que todos esos actores del mundo tecnológico puedan proyectarse internacionalmente”. En esa línea, detalló: “Es una gran herramienta para instituciones como el Conicet o empresas privadas que investigan y que logran generar nuevos productos o posibilidades para el adelanto de la ciencia”.
Por otra parte, Bullrich resaltó: “Hoy lanzan un avance e, inmediatamente, otro investigador lo publica y se pierde la posibilidad de tener una patente. Con esto, la primera información queda registrada y le da una protección adicional. Es decir, genera previsibilidad y mejores herramientas”.
No pensó igual el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco). Y, como ya suele ocurrir desde hace un tiempo, desde Convicción Federal -ex cristinistas, en principio-, el catamarqueño Guillermo Andrada dividió su apoyo -según el caso- entre las posturas de la porteña, y las del ex gobernador y ex jefe de Gabinete.
“Si nos perjudica de manera notoria, entonces es preciso exponerlo con un detalle de análisis de costo-beneficio. De lo contrario, en vez de favorecer la soberanía, aumentamos el grado de dependencia”, sostuvo Capitanich.
Asistieron un puñado de invitados por la oposición que, en conjunto, criticaron el acuerdo. “No podemos escuchar que los medicamentos se van a encarecer cuando son carísimos de por sí, comparados con cualquier parte del mundo”, respondió Bullrich.
celeste salguero/comunicaciòn
POLITICA
Senado: se demoran las firmas para dictaminar la ley de salud mental y hay disidencias de los aliados
Tras algunas disidencias en aliados y la falta de un par de firmas, las comisiones de Salud; y de Legislación General del Senado no lograron blindar esta tarde un dictamen de la nueva ley de salud mental, tras meses de negociaciones entre Nación y provincias representadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). El oficialismo libertario confía que obtendrá las rúbricas para el despacho de mayoría: si no lo hace hoy, el tema no quedará habilitado para la semana próxima.
En concreto, el proyecto plantea la prioridad para médicos -psiquiatras, en preferencia- sobre psicólogos -quienes también formarán los equipos interdisciplinarios- a la hora de tomar las decisiones más delicadas. Y las internaciones involuntarias serán notificadas a un juez, que no tendrá injerencia en dicha acción, mientras que se revalida y sostiene la cooperación entre Nación y provincias en cuanto al financiamiento.
Por otra parte, se ampliará el concepto de adicciones -por ejemplo, la ludopatía-, se activará una delimitación de familiares en representación de pacientes, se impondrán diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y quedará prohibida la práctica de manicomios. También existirá un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.
Además, todos los trabajadores involucrados en el proceso deberán contar con capacitación permanente. Otro ítem que generó conflicto y terminó de inclinar la balanza del articulado -hoy frenado- fue la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones. Es decir, plata.
En cuanto a familiares, se limitará la intervención a padres o hijos y se mantendrán los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.
Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una potencial internación en unidades de adultos, la misma quedará restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.
En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.
“Se trata de mejorar aquello que la experiencia demostró que necesita un cambio”, manifestó la senadora libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis). En tanto, su colega fueguina Belén Monte de Oca destacó: “La ley generaba muchos prejuicios a las personas que pasan por situaciones de salud mental o quienes tiene algún tipo de adicción”.
Por su parte, el filo K Fernando Salino (San Luis) direccionó la mira hacia la “base del problema, que es presupuestaria”. No obstante, la clave para que este tema llegara al plenario fue, en particular, el compromiso de sostener el financiamiento actual. Esto no pareció necesario y suficiente para la radical Gabriela Valenzuela (Corrientes), uno de los acompañamientos en disidencia. No suele pedir mucho la palabra y, cuando la solicitó, dijo: “Creo que estamos viviendo una crisis respecto a la salud mental. Sobre todo, en las provincias”.
Ya cerca de las 19 y, ante la imposibilidad de conseguir el dictamen, desde La Libertad Avanza pensaban en algún legislador de la oposición que presente mañana un despacho de minoría. ¿Para qué? Ante un nuevo documento que lleve otra/s firma/s, la sumatoria de ambos textos implicaría la mitad más uno del plenario y la habilitación de la discusión. En definitiva, no aterrizará en el recinto la semana próxima por no contar con los siete días reglamentarios ni tener los dos tercios de voluntades para ser tratado sobre tablas.
El presidente Javier Milei se refirió a las multitudinarias protestas que tienen lugar en Francia y que convocaron a chalecos amarillos, estudiantes de secundaria, universitarios, agricultores y sindicalistas este sábado 17 de octubre para protestar contra el costo de vida. El primer mandatario argentino criticó la situación en Europa y lo comparó con sus palabras durante el Foro de Davos de 2024.
“Pensar que luego de dicho discurso en Davos 2024, los analistas políticos, la política y los periodistas salieron a criticar brutalmente. Nada que debiera sorprender ante el déficit de IQ severo combinado con ignorancia y ceguera ideológica”, escribió este domingo Milei en su cuenta de X.
Y añadió: “¿Reconocerán que otra vez acerté y que ellos erraron fuerte? Lo dudo, carecen de honestidad intelectual, de conocimiento y autocrítica, al margen de la cuestionable calidad humana que muestran a diario. ¡CIAO!“.
Junto a sus palabras, Milei compartió un fragmento de su discurso en ese evento. En esa oportunidad, el jefe de Estado argentino comenzó diciendo que occidente estaba “en peligro”.
“Aquellos que supuestamente deben defender los valores de occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de querer pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo”, expresó Milei.
“Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca soluciona los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo sino que, por el contrario, son su causa”, señaló en ese entonces.
Protestas en París
Las nuevas palabras de Milei llegaron mientras Francia enfrenta graves problemas por los manifestantes, no sólo en París. Los reportes también hablaron de alcaldías asaltadas en Marsella, Lille y Limoges, la oficina de turismo incendiada en Lyon, y una manifestación espontánea que logró acercarse a escasos 150 metros del Elíseo y ocupar los Campos Elíseos.
La Policía anunció 855 detenidos, una cifra “récord”. Y 60 miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos. “Aquellos que rompieron, atacaron prefecturas y comercios, pillaron hasta nuestras alcaldías, serán perseguidos y castigados”, prometió el presidente Emmanuel Macron.
Nacido en septiembre en las redes sociales por iniciativa de una nueva generación de chalecos amarillos, el llamamiento del 17 de octubre consiguió generar un efecto “bola de nieve”, arrastrando detrás suyo al sindicato de orientación comunista CGT, Solidaires y la Confederación Agrícola, las organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios, la Coordinación Rural, las marchas por el clima e incluso la intersindical de conductores de VTC, y contando con el apoyo del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa (LFI) y el Partido Comunista (PCF).
Las reivindicaciones son un catálogo de la exasperación social: el precio de la nafta, las facturas de la luz, la canasta básica, el rechazo al proyecto de presupuesto 2027, así como la falta de recursos para la escuela y los hospitales.
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