POLITICA
El Gobierno envía a Diputados el proyecto para regular el lobby y el nuevo super RIGI

El gobierno sigue avanzando en su agenda parlamentaria y hoy entró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que regula el lobby y el super RIGI que días atrás anunció el ministro de Economía.
En el caso del primero de ellos, el proyecto de ley regula por primera vez de forma integral el lobby en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo nacional, al establecer un régimen de inscripción obligatoria, registración pública de contactos y sanciones penales para quienes influyan en decisiones del Estado sin cumplir los requisitos de transparencia previstos en la iniciativa.
La iniciativa, denominada Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, crea un Registro Público de Gestores de Intereses de acceso gratuito y digital, en el que deberán inscribirse de forma previa todas las personas —humanas o jurídicas— que pretendan influir en la elaboración de leyes, actos administrativos, contrataciones públicas, subsidios, habilitaciones o designaciones. Ningún funcionario podrá reunirse con un gestor que no acredite inscripción vigente, y cada contacto deberá quedar registrado dentro de los cinco días hábiles de producido.
El universo de funcionarios alcanzados por el deber de registración es amplio: en el Ejecutivo abarca desde el Presidente y el Vicepresidente hasta los directores nacionales, pasando por ministros, secretarios y subsecretarios. En el Poder Legislativo Nacional, la obligación recae sobre senadores, diputados y funcionarios con rango no inferior a director. Los asesores y colaboradores que actúen por delegación de cualquiera de ellos también quedan comprendidos, y la responsabilidad de registrar esos contactos recae sobre el legislador o funcionario del que dependan.

Uno de los ejes del proyecto es el régimen de incompatibilidades y el período de enfriamiento post-cargo. Los funcionarios públicos no pueden actuar como gestores mientras estén en funciones, y al dejar sus cargos quedan inhabilitados durante 24 meses para gestionar ante el organismo donde se desempeñaron o en asuntos en los que hayan intervenido. Esa restricción se extiende también a las personas jurídicas en las que el exfuncionario dirija, administre o controle la voluntad social.
El proyecto incorpora un capítulo específico para la gestión de intereses extranjeros, con obligaciones reforzadas para quienes representen a Estados, gobiernos, partidos políticos, empresas estatales o personas jurídicas constituidas en el exterior. Ocultar ese carácter es considerado infracción grave, y actuar clandestinamente en nombre de un principal extranjero en asuntos de defensa nacional, seguridad interior, inteligencia, relaciones exteriores, infraestructuras críticas o recursos naturales puede derivar en prisión de hasta tres años.
El régimen sancionatorio combina vías administrativa y penal. En el plano administrativo, las multas van de 5 a 500 salarios mínimos vitales y móviles, con un agravante de hasta 2.000 salarios en casos de falsedad o reincidencia, más la posibilidad de suspensión en el registro por hasta 12 meses o inhabilitación definitiva. En el plano penal, gestionar sin inscripción o falsear información con aptitud para afectar un proceso decisorio público conlleva prisión de seis meses a dos años, mientras que la obstrucción dolosa de la fiscalización se sanciona con multa e inhabilitación especial de uno a cuatro años.
Súper RIGI
En el mismo movimiento el Ejecutivo envió un segundo proyecto de ley en la búsqueda de inversiones. En este caso es una nueva edición del Régimen Impositivo para Grandes Inversiones al que denomina “súper RIGI” con el objetivo de atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones destinados exclusivamente al desarrollo de actividades industriales, tecnológicas o de infraestructura digital.
En este esquema quedan excluidos los proyectos que consistan en la ampliación, modernización o reconversión de instalaciones preexistentes, y tampoco podrán adherirse los Vehículos de Proyecto Único (VPU) que ya hayan solicitado adhesión al RIGI o que tengan objeto similar a proyectos presentados bajo ese régimen.

El mecanismo de adhesión exige la constitución de un VPU —sociedad anónima, unión transitoria u otro contrato asociativo— con objeto único y activos afectados exclusivamente al proyecto. Los interesados tendrán cinco años desde la reglamentación para presentar su solicitud, con una prórroga posible de hasta un año adicional. La inversión mínima en activos computables es de USD 1.000 millones por proyecto, de los cuales al menos el 20% debe ejecutarse dentro de los primeros dos años desde la fecha de adhesión.
El núcleo del proyecto son los incentivos tributarios y aduaneros. Los VPU adheridos tributarán el Impuesto a las Ganancias a una alícuota del 15%, con amortización acelerada para bienes muebles e infraestructura, deducción de quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades a partir del cuarto año de adhesión —con un período transitorio del 7% durante los primeros cuatro años—. Las importaciones de bienes del plan de inversión estarán exentas de derechos de importación y de todo régimen de percepción o retención de tributos nacionales, provinciales y municipales, mientras que las exportaciones de los productos obtenidos al amparo del proyecto quedarán exentas de derechos de exportación.
En materia de seguridad social, los VPU pagarán una alícuota única del 10% de contribuciones patronales sobre las nuevas relaciones laborales que se den de alta a partir de la fecha de adhesión, con la excepción de la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que mantiene su carácter obligatorio por separado. En el plano cambiario, el proyecto establece un esquema escalonado de libre disponibilidad de divisas de exportación: 20% al año de la primera exportación, 40% a los dos años y 100% a los tres años. Los aportes de capital, financiamientos y servicios vinculados al proyecto no estarán sujetos a la obligación de ingreso ni liquidación en el mercado de cambios.
Estos dos proyectos de ley vienen a completar el anuncio realizado la semana pasada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Los otros dos proyectos, que ingresaron por el Senado de la Nación, se refieren a la modificación de la ley de Etiquetado Frontal y la Ley de Ludopatía.
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POLITICA
El Gobierno presiona a Ctera por el paro docente: exige “una cobertura mínima” de clases y advierte que aplicará sanciones

El Ministerio de Capital Humano advirtió que el gremio Ctera deberá garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual en las aulas durante el paro docente nacional previsto para este lunes 3 de agosto y que su incumplimiento derivará en sanciones.
En un comunicado, la cartera que conduce Sandra Pettovello recordó que la Ley de Modernización Laboral consideró a la educación un servicio esencial por lo que se debegarantizar los servicios mínimos y los porcentajes de operatividad previstos para evitar la interrupción total.
“El incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables”, advirtió el Gobierno.
De esta manera, Capital Humano reafirmó su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación vigente “promoviendo así que se pueda acceder a la educación aún durante las medidas de fuerza”.
Paro docente nacional: cuáles son los principales reclamos de Ctera al Gobierno
Bajo la consigna “Basta de ajuste a la educación”, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocó a un paro docente nacional para este lunes 3 de agosto. La decisión sindical responde a la “permanente negativa” del Gobierno de llamar a una mesa paritaria nacional.
“Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”, sostuvieron en un comunicado.
No habrá clases en los niveles inicial, primario y secundario. Algunas instituciones privadas podrían dictar clases con normalidad, aunque los gremios anticipan una alta adhesión en todo el sistema educativo.
El gremio que encabeza Sonia Alesso informó que la medida de fuerza se realiza “en defensa de los derechos de los docentes” y detallaron los principales reclamos:
- Restitución del FONID y pago de los fondos nacionales destinados a la educación.
- Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.
- La sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
- El rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.
El paro docente se enmarca en una intensa jornada de protestas contra el Gobierno. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización ese mismo día al Ministerio de Economía para reclamar un aumento salarial de emergencia y denunciar el vaciamiento de organismos públicos y los despidos en el Estado.
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POLITICA
Milei designó a un exintendente de Bariloche como vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica

El presidente Javier Milei designó a Gustavo Gennuso como vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) mediante el Decreto 673/2026. La decisión ubica al exintendente de San Carlos de Bariloche (2015-2023) en un organismo central del sector nuclear y fortalece el despliegue político de La Libertad Avanza en Río Negro de cara a 2027.
La designación se produjo mientras la CNEA atraviesa una reestructuración impulsada por el Ejecutivo. De acuerdo con el Decreto 655/2026, el organismo redujo cerca de 58% de su estructura administrativa y sus unidades organizativas pasaron de 675 a 272.
El cambio en la conducción también incluyó la salida de Luis Alfredo Tomás Rovere, cuya renuncia fue aceptada por el Gobierno. La medida fue firmada por Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y quedó publicada en el Boletín Oficial.
Perfil técnico, en medio de la disputa por Río Negro
Gennuso nació en 1959 en Azul, provincia de Buenos Aires. Comenzó Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de La Plata y luego ingresó al Instituto Balseiro, donde obtuvo el título de ingeniero nuclear.
Tras graduarse en 1986, trabajó en el Centro Atómico Bariloche y en el propio Balseiro. También participó en proyectos internacionales vinculados a la puesta en marcha de reactores nucleares en Argelia, Irán y Egipto durante la década de 1990.
Antes de este nombramiento, en junio había sido designado presidente del Consejo de Administración de la Fundación Intecnus, el centro de medicina nuclear de Bariloche que desarrolla sus actividades bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En el entorno del exintendente dijeron que la decisión de incorporarlo al organismo responde “estrictamente con su campo profesional y de gestión” y agregaron: “Lo buscaron sin saber la interna ni nada que tiene en la provincia”.
La lectura política del desembarco es otra. Gennuso tiene decidido competir por la provincia en 2027 y en la Casa Rosada buscan ampliar la presencia de La Libertad Avanza en Río Negro con dirigentes de proyección para disputar la gobernación.
Ese movimiento lo acerca a un espacio en el que ya actúan el senador nacional Enzo Fullone, el diputado Aníbal Tortoriello y los legisladores provinciales Martina Lacour y Claudio Doctorovich. En sus filas indicaron que, frente a la próxima elección, “no descarta nada” respecto de una eventual alianza con La Libertad Avanza.
El exintendente rompió con Weretilneck: su salida golpea a Juntos Somos Río Negro
Gennuso fue intendente de Bariloche durante dos mandatos consecutivos, entre 2015 y 2023, bajo el sello de Juntos Somos Río Negro. Su relación con el gobernador Alberto Weretilneck se deterioró con el tiempo y hoy ya no mantienen diálogo.
El distanciamiento empezó durante el armado electoral de 2023 y se profundizó por los cuestionamientos del exintendente a la conducción del espacio y al mecanismo de selección de candidatos. También criticó lo que consideró una pérdida de protagonismo de Bariloche en las decisiones del gobierno provincial.
En paralelo, dirigentes de su sector comenzaron a acercarse al oficialismo libertario. Entre ellos aparece la legisladora Marcela González Abdala, que formalizó su afiliación al partido cuando la fuerza ya había obtenido reconocimiento para competir con sello propio en Río Negro.

La situación añade presión sobre el partido que gobierna la provincia. Si Gennuso termina de incorporarse al armado libertario, su llegada representará una nueva baja sensible para Juntos Somos Río Negro.
Por su parte, Weretilneck todavía no confirmó si buscará la reelección. Vale recordar que él llegó por primera vez a la gobernación en enero de 2012, después del asesinato de Carlos Soria, cuando era el vice electo del peronismo.
Y el apellido del exjefe provincial, vuelve a retumbar en la provincia porque del lado opositor ya hay una candidata lanzada: la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, referente del peronismo.
La exdiputada nacional es hermana del exministro de Justicia y actual legislador nacional Martín Soria, e hija del exgobernador Soria.
POLITICA
Según un politólogo de Brasil, las críticas de Javier Milei son funcionales a la campaña de Lula da Silva

«Esto, en el fondo, es una crisis entre gobiernos, no entre sociedades“, afirmó el politólogo brasileño Oliver Stuenkel, de la Fundação Getulio Vargas (FGV), al analizar el choque diplomático desatado tras la visita del presidente argentino Javier Milei a São Paulo, donde el 25 de julio llamó “presidiario” y “ladrón” a su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en un acto de respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.
En diálogo con Infobae a las 9, Stuenkel describió el vínculo entre ambos países como una historia de integración profunda que excede lo comercial, más allá de las rivalidades ideológicas. “Dos rivales en los años ochenta que se aproximaron y hoy tienen sociedades muy conectadas. No solamente una relación comercial, es un proyecto de integración muy profunda en todos los niveles”, señaló.
En esta línea, el analista subrayó que América del Sur es la región de menor riesgo geopolítico del mundo, condición posible en buena medida gracias al rol de Argentina y Brasil como principales economías del bloque. A su vez, remarcó que inversores brasileños reconocieron que la tensión política complica la ampliación de la relación bilateral, pero descartaron un daño económico a corto plazo.
El episodio que desató la crisis ocurrió el sábado 25 de julio, cuando Milei viajó a São Paulo para el acto de proclamación del Partido Liberal (PL) que lanzó la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, para las elecciones de octubre. Ante los militantes, el mandatario argentino se refirió a Lula como “presidiario” y “ladrón”, alertó sobre un supuesto «riesgo Lula» en los mercados financieros y llamó “basura calva” al juez del Tribunal Supremo Federal (TSF), Alexandre de Moraes.
La Cancillería brasileña calificó los dichos de “extremadamente graves e inaceptables” y sostuvo que no existe precedente de un jefe de Estado extranjero que, en suelo brasileño, ataque al presidente y a las instituciones democráticas del país.
La respuesta formal fue el retiro del embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, llamado a consultas, y la convocatoria del representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para exigir explicaciones. Stuenkel advirtió que la presencia del canciller argentino junto a Milei en el acto del PL agravó el escenario: “Si fuera solamente Milei es como un: bueno, es su proyecto personal. Pero estuvo con el jefe de la diplomacia argentina. Esto dificulta el trabajo típico de los diplomáticos, que es preservar algo cuando los presidentes usan una retórica un poco más radical”, precisó.
Lula respondió con un gesto de desdén. Cuando la prensa le pidió una valoración sobre los insultos, el presidente brasileño ironizó: “¿Quién es ese tipo?”, mientras aguardaba en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores la llegada del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung.
El ministro de Hacienda, Dario Durigan, adoptó un tono más directo en una entrevista con la emisora Radio Jornal de Pernambuco, al calificar a Milei de “payaso” y afirmar que “el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta”.
Stuenkel atribuyó el comentario de Durigan, en parte, a su propia posición dentro del PT. El ministro asumió la cartera de Hacienda tras la salida de Fernando Haddad y “aún está ganando la confianza del núcleo del partido”, lo que pudo haber influido en su decisión de reaccionar con esa contundencia ante un electorado muy afín a Lula.
La postura dominante en el gobierno brasileño fue, no obstante, la de contener el conflicto. Tanto Itamaraty como el empresariado se pronunciaron a favor de la calma, en un momento que Stuenkel describió como “teóricamente excelente” para la relación bilateral: Brasil impulsa la ratificación del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea (UE) y mantiene negociaciones paralelas con Canadá y Singapur. “Existe claramente una estrategia brasileña de no intensificar en este momento este conflicto”, señaló el politólogo.
En el plano electoral, la lectura dentro del entorno de Lula fue opuesta a la alarma. Asesores del presidente brasileño le confirmaron a Stuenkel que los ataques de Milei son vistos como un activo de campaña: “Esto está excelente. Las imágenes de Milei junto con Flavio durante la campaña nos dan bastante material para hablar del tema que queremos, que es soberanía”, le dijeron.
La narrativa que el Partido de los Trabajadores (PT) busca instalar -indicó el analista- es la de una elección entre dos caminos: la defensa de la soberanía frente a la injerencia de actores externos —Donald Trump, Milei, Benjamin Netanyahu— en los asuntos internos de Brasil. “Cada minuto que estamos hablando de eso no estamos hablando de otros problemas, como seguridad pública”, apuntó Stuenkel, en referencia a los temas que Flávio Bolsonaro debería priorizar en los debates.
Stuenkel también cuestionó el beneficio real del viaje para las aspiraciones del candidato del PL. A su juicio, el objetivo principal de Milei pudo haber sido proyectarse ante Trump como el referente del movimiento conservador en América Latina y ganar posición como interlocutor privilegiado de Washington en la región. “Es muy difícil argumentar que la visita ayuda de hecho a Flávio Bolsonaro”, sostuvo.
El analista enmarcó el episodio en una tendencia más amplia: el alineamiento ideológico transfronterizo entre presidentes —Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa, Trump— como nuevo factor de la política regional. Una dinámica que, advirtió, puede complicar la cooperación entre gobiernos de distinto signo sin generar necesariamente beneficios concretos, dado que las relaciones internacionales dependen más de intereses geopolíticos y económicos que de afinidades ideológicas.
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