El dueño del canal de streaming Carajo, que alberga en su programación a funcionarios del área económica y al referente libertario Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, y también de la señal Blender, obtuvo un nuevo contrato en el sector público ferroviario. Se trata de Augusto Marini, accionista de Cale Group, el holding que contiene a Motora Argentina, adjudicataria de una compulsa por US$3,8 millones.

“Contratación directa por compulsa abreviada por emergencia ferroviaria”, se lee arriba del documento oficial que anuncia que Motora Argentina fue adjudicada para proveer repuestos de locomotoras y coches. De esta manera, la empresa de Marini sumó un nuevo contrato con Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

Desde la empresa pública dijeron a que “ganó Motora porque fue la que ofertó mejor precio”. Fuentes oficiales explicaron que la contratación avanzó mediante una compulsa abreviada, dada por el carácter de urgencia que implica la emergencia ferroviaria decretada después del choque de trenes en mayo de 2024.

El pasado 8 de abril se abrieron los sobres con las ofertas y 22 días después se comunicó la adjudicación en favor de Motora. Fuentes al tanto del proceso indicaron que hubo ofertas desestimadas por presuntamente no haber cumplido los requisitos y otras eran más caras, como la presentada por Expocomex que alcanzó los US$4,8 millones.

Ante esos números, Marini negó que Motora haya obtenido este contrato por la conexión entre sus inversiones y funcionarios del Gobierno. “Hay una fantasía de que si soy el dueño de Carajo soy socio del Presidente; que si me presento a una licitación de la Ciudad soy amigo de Jorge Macri; o que porque tengo una empresa ferroviaria soy testaferro de Maturano. Y eso no es así”, dijo el empresario en diálogo con .

Marini también es accionista de otro canal de streaming, Blender, que no está identificado con el oficialismo. Sus negocios en el ámbito de los medios de comunicación proyectan ampliarse. Es uno de los competidores para quedarse con la concesión del Canal de la Ciudad. Y sus inversiones también se extienden hasta el campo de la energía. Una de las empresas de su holding presentó una oferta en una compulsa sobre instalación de baterías que eviten cortes de luz en momentos de alta demanda eléctrica.

“He desarrollado proyectos en industrias muy diferentes, con éxito y a lo largo de muchos años. Pensar que todo eso responde a un padrino político no solo es falso, sino que desconoce el trabajo de miles de personas que forman parte de nuestras empresas”, señaló Marini.

Motora ganó notoriedad por el nuevo contrato que recibió de Operadora Ferroviaria, pero no fue el primero. Su vínculo con la empresa pública es anterior. En agosto de 2024 ya había sido adjudicada para cambiar discos de freno y reparar coches. El monto del contrato fue 129.800 dólares, según documentación a la que tuvo acceso . En octubre de este año fue ampliado por una cifra menor (US$64.900).

Cuatro meses antes de la primera contratación de Motora con la Operadora Ferroviaria, el holding de Marini, Cale Group, incorporó a Alejandro Javier Hibbert, exempleado de la empresa pública. Hibbert se desempeñó como asesor de la Gerencia General Operativa hasta mayo de 2024, según su Linkedin.

Motora Argentina SA, tiene apariencia de ser nueva en el sector, pero, bajo otro nombre y dueños, esconde un historial vinculado a él. Se llama así desde finales de 2023. Antes era conocida como TMH, filial argentina de la compañía rusa Transmashholding. Marini tomó el control de la compañía en junio de ese año, indicaron desde su entorno.

Durante su anterior gestión, la compañía también desarrolló negocios con el Estado. Algunos de ellos se prolongaron durante la gestión de Marini, como por ejemplo el del mantenimiento de la Línea San Martín. A propósito de eso, desde Motora comentaron que Operadora Ferroviaria presuntamente le adeuda $5.600 millones por tareas acumuladas desde septiembre del año pasado. Ante la consulta de , fuentes de la empresa pública reconocieron que existe una deuda con Motora, pero aseguran que la misma asciende a casi 3 mil millones y que las autoridades de la compañía estatal ya elevaron un pedido a la Secretaría de Transporte para que la obligación sea cancelada.

Otro antecedente que une a Operadora Ferroviaria con la predecesora de Motora, TMH, es una licitación que pretendía traer trenes desde Rusia. Su cifra: US$864,2 millones. La adjudicación, firmada en diciembre de 2021 por Juan Manzur, entonces jefe de Gabinete, y Alexis Guerrera, exministro de Transporte. El objetivo era la adquisición de 70 unidades eléctricas múltiples, “la provisión de la documentación técnica y la prestación de los servicios de capacitación técnica, asistencia técnica y mantenimiento de unidades”. En aquella época las relaciones entre la Argentina y Rusia se intensificaban. Dos meses más tarde de la firma de la adjudicación, Alberto Fernández visitaba a Vladimir Putin en Moscú. Luego se desencadenó la invasión a Ucrania y, finalmente, esa provisión nunca ocurrió.

El 4 de enero de 2024, empleados de Arsat ingresaron a un depósito en San Fernando donde se resguardaba material sensible de la empresa estatal. En el complejo, que era operado por la firma Argentina Logistic Services S.A., hallaron quince contenedores que presentaban signos de robo. Les habían sustraído flejes de cobre y componentes internos de los equipos de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), la estructura troncal que lleva internet de alta velocidad a lo largo y ancho del país.

Las cámaras del depósito no funcionaban; y desde hace tiempo, el cerco eléctrico perimetral estaba cortado.

A raíz de ese episodio se inició una causa (FSM1924/2024), que quedó en manos del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y del fiscal Fernando Domínguez.

Lo que comenzó como una investigación judicial en torno a un robo derivó en otra hipótesis. Es que la falta de infraestructura mínima necesaria para preservar los equipos en el depósito de San Fernando hizo que el fiscal Domínguez pusiera la mira en la contratación de Argentina Logistic Services, la compañía que estaba a cargo de la seguridad del predio.

La causa avanzó después de que se dispusieron varias medidas de prueba. Cuando los investigadores accedieron a los teléfonos secuestrados, hallaron indicios de un presunto pago de coimas. Hasta ahora, según fuentes con acceso al expediente, están involucradas once personas físicas, además de la firma Argentina Logistic Services (ALS). Se intenta si hubo un direccionamiento en la contratación del depósito donde se resguardaba el material sensible de Arsat. El fiscal pidió citar a los acusados a prestar declaración indagatoria por defraudación contra la administración pública, malversación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

En el marco de esa investigación penal, se ordenó un allanamiento en el departamento de Palermo de Facundo Leal, extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), expresidente de Arsat y actual empleado de la empresa pública de soluciones satelitales.

En ese operativo, los efectivos de la Policía Federal Argentina encontraron cerca de US$ 650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Lo que derivó en la detención del exfuncionario. En su casa de Mendoza , hallaron cerca de US$ 1.700.000.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Isidro y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentaron un dictamen que reconstruyó, con mensajes de WhatsApp, audios y registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa), de qué manera los funcionarios de Arsat debían controlar al proveedor eran, al mismo tiempo, sus beneficiarios.

Un contrato millonario y sin licitación

El 29 de junio de 2021, Juan Andrés Navarro, subgerente de la Gerencia de Administración y Finanzas de Arsat, firmó un memorándum que proponía cambiar el depósito de los bienes de la empresa. El documento señalaba a ALS como la firma indicada para el trabajo y pedía avanzar por contratación directa, bajo el inciso m) del Reglamento de Compras.

El 3 de septiembre de 2021, la empresa llamó a cotizar. Las ofertas de los tres supuestos competidores llegaron el 10 de septiembre. La propuesta de ALS entró a las 14:41. Las otras dos -Transportes Padilla y Tradelog- ingresaron a las 15:09 y 15:24 del mismo día. El margen de minutos no fue coincidencia. Diego Padilla, vicepresidente de ALS, es hijo del vicepresidente de Transportes Padilla. Gastón Walter Padilla, director suplente de ALS y firmante de cheques, mantenía relación de dependencia con esa misma firma. La competencia era, en los hechos, parte de la misma estructura societaria y familiar.

El memorándum que justificó la contratación directa no consignó cuánto pagaba Arsat en el depósito anterior ni cuál era la propuesta económica de ALS, que a esa fecha ni siquiera había sido presentada. El área jurídica dictaminó que el proceso cumplía los extremos formales del reglamento, pero aclaró que no evaluaba la justificación técnica ni económica.

Audios y mensajes entre los involucrados

Gerardo Boschin, subgerente de Compras y Contrataciones de Arsat durante la gestión de Fernández y expresidente de Trenes Argentinos durante el gobierno de Milei -renunció en enero pasado-, firmó la orden de compra OC-00010632: US$766.099 para un año de servicio. Ese mismo día le mandó un audio a Diego Padilla: “Dieguito, ¿cómo te va hermano? Ahí en un ratito te estamos mandando, aunque usted no lo crea, la orden de compra del depósito. Vamos, vamos”

El reglamento de Arsat establece que contratos por encima de cierto monto requieren aprobación del Directorio. La Gerencia General solo podía adjudicar hasta $70 millones más IVA por año. El dictamen jurídico interno advirtió que si el contrato se extendía más allá del primer año, debía intervenir el Directorio.

La solución fue contratar por doce meses, con prórroga de veinticuatro. El 26 de diciembre de 2022, con las firmas de Boschin, el gerente requirente, Pablo Gastón Pagani, el gerente de finanzas, Nicolás Canet, y de Leal, entonces gerente general, se formalizó la prórroga por $133.944.749 sin intervención del Directorio. En diciembre de 2023 se emitió una nueva orden por US$104.000.

En total, en contrataciones directas, se acumularon US$1.930.861 y $40.300.000. Estos documentos públicos, al contrastarse con los mensajes extraídos de los teléfonos, resultan reveladores. El primer contacto documentado data del 1 de noviembre de 2020: Santiago Pando -socio de los Padilla- le escribió a Diego Padilla para decirle que llamara con urgencia a Boschin. Tres días después, Padilla se presentó ante Boschin como referente de ALS.

El 21 de diciembre, tras una reunión en las oficinas de Arsat, Padilla le escribió a Sofía Varela Vizgarra, gerenta general de ALS: “Estoy en Arsat. Viene todo perfecto. Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”

El contrato de locación del predio de San Fernando entre ALS y el propietario Marcos Sued se firmó el 14 de mayo de 2021. Se fijó una extensión de 36 meses y se estableció un precio de US$20.000 mensuales. Treinta y nueve días después, el memorándum de Navarro pedía que Arsat contratara a ALS para ese mismo predio por tres años. La fiscalía señala esa coincidencia como indicio de que la negociación preexistía al trámite formal.

El 2 de marzo de 2022, Fernando Paredes le escribió a Diego Padilla, vice de ALS: “Dieguito vamos a tener disponible en lo de Mati [Matías Valent] US$15.000… Esto es para Pando por negocios ARSAT”. El 16 de mayo: “El jueves vamos a ARSAT para darle US$6.000 a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo”.

Los registros vehiculares de Leal arrojan datos llamativos. En noviembre de 2021, días después de la primera orden de compra, Boschin registró una VW Highline. En mayo de 2021, Leal compró una Ford F150 Lariat V8 4×4. En junio, su cónyuge adquirió una BMW X5. En julio de 2022, Leal sumó una Volkswagen Amarok. En 2023 incorporó una Ford Ranger Raptor y una Can-Am Maverick X3. La declaración jurada de Pablo Pagani pasó de $1.997.362 en 2020 a $18.708.140 en 2023.

Sin controles

El pliego de especificaciones técnicas enviado a los oferentes en septiembre de 2021 exigía condiciones de seguridad las 24 horas: cámaras operativas, cerco adecuado, iluminación, control de acceso, recorridas de vigilancia. Nada de eso existía al momento del robo. El cerco eléctrico no funcionaba desde que ocupaba el predio la empresa anterior. Las cámaras instaladas en 2022 fallaron por problemas de firmware, sin que ALS solicitara mantenimiento. Cuando la policía pidió las grabaciones del período del robo, el presidente de ALS, Fernando Paredes, informó por nota que las cámaras no habían funcionado entre el 21 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de 2024.

Marcelo Garozzo, del área de Infraestructura de ARSAT, declaró que el tipo de sustracción realizada requería escaleras, herramientas especiales y varios días de trabajo durante el horario diurno. El informe de Gendarmería Nacional fotografió los cortes en los flejes, los soportes arrancados y los cables dañados en el shelter N° 361 y recomendó la intervención de peritos.

La Fiscalía pidió declaración indagatoria para Diego Padilla, Fernando Diego Paredes, Gastón Walter Padilla, Sofía Varela Vizgarra, Santiago Pando, Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Facundo Leal, Juan Navarro y Juan Álvarez.

Además, se solicitaron allanamientos en los domicilios de todos los imputados —en Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro—, en las oficinas de ALS en San Fernando, en las sedes de Arsat y en los domicilios de Martín Mareco y Matías Valent, señalados como eslabones del circuito de pagos. También se pidió el levantamiento del secreto bancario, bursátil y de la UIF, y la remisión de los anexos reservados de las declaraciones.