ECONOMIA
Que hay detrás de la investigación del gobierno bonaerense a Mercado Libre: impacto político y una multa millonaria en marcha
La imputación del gobierno de la provincia de Buenos Aires a Mercado Libre abre varios frentes en forma simultánea. El primero impacta específicamente sobre la empresa, ya que investiga a una de las empresas más importantes del país y de la región para evaluar si perjudicó a sus consumidores.
Otro frente es político, ya que es difícil separar la acusación del gobierno de Axel Kicillof sobre un empresario clave, Marcos Galperin, que no oculta su simpatía por el plan de Javier Milei.
Por último, el caso permite analizar las dificultades que hay para regular los vínculos de las grandes plataformas digitales con sus consumidores.
La Dirección de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, bajo la órbita del Ministerio de Producción bonaerense, imputó a Mercado Libre por la supuesta existencia de cláusulas contractuales que vulneran derechos de los usuarios. Todo el expediente se encuadra en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y la investigación se inició de oficio, aunque el organismo provincial dijo haber recibido casi 2.400 denuncias contra la empresa en el primer cuatrimestre.
Mercado Libre fue notificada y tiene un plazo de 5 días para presentar descargos y e informar modificaciones a las cláusulas objetadas. Si no realiza cambios en sus contratos, puede recibir una multa de $1.815 millones, según el Ministerio de Producción.
“Rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma, aportando toda la información y aclaraciones necesarias. Millones de personas utilizan nuestras plataformas todos los días y, en relación con el enorme volumen de operaciones que procesamos, tenemos un nivel muy bajo de reclamos», fue la respuesta de Mercado Libre ante la consulta de Infobae.
El expediente identifica al menos diez cláusulas que podrían perjudicar al consumidor. Según informó el ministerio de Producción bonaerense, Mercado Libre puede modificar unilateralmente los términos y condiciones del contrato sin consentimiento del usuario, hacer cargo al cliente de fallas en su propia plataforma, no asumir responsabilidad alguna si alguien hackea la cuenta del cliente, considerar vencido un préstamo por “sospechas de incumplimiento” o cobrarle determinadas tarifas al usuario sin informarle previamente su monto y su motivo.
Entre otros cuestionamientos, también se consideró una traba al acceso a la justicia que cualquier litigio tramite exclusivamente en los tribunales porteños y se observó que Mercado Libre está eximido de responder ante cualquier daño que sufra el usuario.
Al mismo tiempo, más allá de lo llamativo de algunas de esas cláusulas, es difícil no añadirle condimentos políticos al caso. Marcos Galperin es uno de los apoyos centrales del Gobierno nacional dentro del mundo empresario, algo que no esconde en sus manifestaciones públicas, en especial en su cuenta de X.
Casi al mismo tiempo que el gobierno bonaerense preparaba una multa millonaria contra su empresa, Galperin se preguntaba en X: “¿Alguien más está viendo lo mismo que veo yo? Me parece que se dio vuelta la tortilla”, en relación a los indicadores macro favorables a la gestión de Milei. Según Galperin, esos éxitos llegaron “luego de meses de que todo el sistema de poder haya atacado al Gobierno de una manera inédita”, una frase que pudo haber dicho el propio Presidente.
No obstante, desde ambas partes le bajaron el tono a la arista política. Tras conocerse la sanción, Mercado Libre afirmó que mantiene “un diálogo permanente y constructivo” con los reguladores de todo el país, “incluyendo la Provincia de Buenos Aires”.
El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, impulsor de la investigación, también descartó vincular la decisión con la afinidad de Mercado Libre con el gobierno nacional. “Esto no tiene ninguna motivación política, no tiene un espíritu anti-empresa, sino más bien al revés. Desde Defensa del Consumidor hicimos imputaciones a muchísimas empresas de varios rubros con resultados muy buenos en términos de defensa de los derechos del consumidor”, dijo Costa en declaraciones a Futurock.
“Hace dos semanas tuvimos una reunión de trabajo con los principales responsables de Mercado Libre, que tiene la mayor cantidad de operaciones en la provincia de Buenos Aires, un centro logístico muy grande en el Mercado Central y un funcionamiento completamente normal y planes de inversiones en la provincia. Y nos juntamos para trabajar con absoluto respeto. Lo de Galperín, sus formas y sus provocaciones no cambia para nada la voluntad de trabajar con cualquier empresa que quiera invertir en la provincia de Buenos Aires”, concluyó Costa.
En un campo paralelo al de la defensa del consumidor, el de la defensa de la competencia, Mercado Libre ya recibió acciones en su contra en el pasado reciente. De hecho, la billetera de los bancos, Modo, todavía mantiene expedientes abiertos contra la empresa de Galperín en el ámbito de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC). Reclama que a los usuarios no se les permite elegir qué billetera usar y están obligados a pagar o cobrar únicamente con Mercado Pago.
El caso Mercado Libre se inscribe en una serie de intervenciones previas de la provincia sobre grandes plataformas. La tecnología crea vínculos de consumo innovadores y, por lo general, la regulación los corre desde atrás. En 2023, el ministerio de Producción multó a Rappi con $59 millones y le exigió devolver a los usuarios bonaerenses el dinero cobrado por la “tarifa de servicio”. La sanción se aplicó porque la empresa impuso cargos adicionales no informados previamente, en violación de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
Rappi tuvo la opción de evitar la multa retirando el recargo, pero decidió mantenerlo. Además, la firma debió restituir desde enero de 2022 un monto de $13 millones actualizado a la fecha de devolución, según el comunicado oficial.
Otro caso ocurrió con Netflix, que modificó sus condiciones de contratación tras una imputación del gobierno bonaerense. La plataforma eliminó cláusulas consideradas abusivas, como la aplicación de jurisdicción extranjera y la prohibición de reembolsos y créditos. Desde 2023, los términos de uso de Netflix en el país se ajustan al Código Civil y Comercial y dejaron de regirse por la legislación del Estado de Delaware. También reconoció mayor libertad para la cancelación de suscripciones a favor de los usuarios, según la información oficial.
Desde el gobierno de Kicillof aseguran que esta clase de acciones, como la iniciada contra Mercado Libre, no busca confrontar con empresas sino corregir desequilibrios.
“En una relación de consumo entre una empresa tan grande y monopólica y que tiene un poder tan importante como Mercado Libre, la parte más fuerte siempre tiene las de ganar. Y millones de consumidores que tienen que celebrar contratos individuales con una empresa grande, están en desventaja. Para eso existe el Estado, para equilibrar esas relaciones”, concluyó Costa.
Corporate Events
Esta semana ocurrió algo que Argentina no veía desde hace tiempo. La última vez que el Estado presentó formalmente un programa financiero fue en 2018, con Luis Caputo al frente del entonces Ministerio de Finanzas. Ocho años más tarde, el mismo funcionario, ahora como ministro de Economía, volvió a poner necesidades y fuentes sobre la mesa.
Más allá de los números, el hecho relevante es institucional: un programa financiero es, ante todo, un ejercicio de transparencia. El Tesoro explicita sus supuestos, se compromete con una secuencia y acepta ser auditado.
Ahora bien, un plan es un plan. La táctica puede ajustarse cuantas veces haga falta. Por eso, resulta relevante ver cuáles son sus supuestos (y qué tan ambiciosos son) para identificar cuáles podrían ser los márgenes de maniobra. Lo único innegociable para el Gobierno es el objetivo de fondo: cumplir con la deuda. Todo lo demás parece instrumentación.
El esquema ya es conocido a esta altura de la semana, así que conviene resumirlo. Frente a compromisos en moneda extranjera que superan los USD 30.000 millones entre mediados de 2026 y fines de 2027, el Tesoro plantea un escenario base sin emisiones en los mercados internacionales en ninguno de los dos años.
Lo único innegociable para el Gobierno es el objetivo de fondo: cumplir con la deuda. Todo lo demás parece instrumentación
La apuesta pasa por el mercado local y por fuentes alternativas, como compras de divisas al BCRA por USD 6.700 millones este año, préstamos con garantía de organismos multilaterales por USD 4.000 millones, un nuevo Bonar 2029 con cupo inicial de USD 2.000 millones y privatizaciones por USD 800 millones.
Con necesidades por USD 19.200 millones (incluyendo los pagos de esta semana por USD 4.500 millones de Globales y Bonares) y fuentes por USD 22.900 millones, según Finanzas 2026 cerraría con un excedente de USD 3.700 millones que oficiaría de colchón para el año electoral.
El plan no quedó en la conferencia: a las 48 horas se oficializaron préstamos por USD 3.200 millones con BBVA, Santander y Deutsche Bank, respaldados por garantías del Banco Mundial y el BID. Una semana antes, el BCRA había renovado los repos con bancos internacionales por USD 6.000 millones, y despejó esos vencimientos hasta 2028.
Dicho esto, el diseño de 2027 descansa sobre supuestos que valen la pena mirar.
- Contempla compras adicionales de reservas al BCRA por USD 4.900 millones en pleno año electoral, cuando la demanda de cobertura suele intensificarse.
- Proyecta ingresos por privatizaciones por USD 1.500 millones.
- Quizás lo más fino, el programa asume captar USD 5.000 millones en el mercado local, cifra que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, presentó como un simple refinanciamiento total de los vencimientos de capital de Bonares (USD 4.900 millones). Pero si el sector público renueva sus propias tenencias mediante nuevos títulos, la cuenta cambia: la relación de refinanciamiento requerido se acerca a 1,4 veces los vencimientos de capital.
La relación de refinanciamiento requerido se acerca a 1,4 veces los vencimientos de capital
En términos simples, el plan supone colocar deuda neta en el mercado doméstico durante un año electoral, no apenas renovar lo que vence. Es posible, pero no es trivial.
El horizonte que ordena todo lo anterior es el “grado de inversión”, que Caputo ubicó hacia 2031 y que, según dijo, dos de las tres grandes calificadoras consideran alcanzable. Hoy Argentina está en B-, seis escalones por debajo del umbral de BBB-.
La experiencia regional ofrece referencias, pero ninguna muestra esta velocidad en el proceso:
- Perú perdió el grado inversor en 1999 y tardó nueve años en recuperarlo, recién en 2008, tras consolidar disciplina fiscal y crecimiento.
- Uruguay lo perdió en febrero de 2002, arrastrado por el contagio de la crisis argentina, y demoró diez años exactos: S&P se lo devolvió en abril de 2012.
- Colombia necesitó 12 años, entre 1999 y 2011.
- Chile, ya dentro del grado de inversión, escaló seis niveles a lo largo de dos décadas, desde BBB a comienzos de los noventa hasta su máximo histórico en 2012.
Contra esas referencias, la ambición oficial de lograrlo en dos mandatos presidenciales no tiene precedentes cercanos.
¿Y Wall Street? El Gobierno hizo énfasis en que el escenario base no contempla emisiones internacionales ni en 2026 ni en 2027: un mensaje de autonomía financiera dirigido tanto al mercado como a la política. Pero, como venimos destacando en estas columnas, la puerta no está cerrada, y el propio equipo económico se encargó de aclararlo. Si las condiciones lo justifican, la alternativa sigue disponible.
El Gobierno hizo énfasis en que el escenario base no contempla emisiones internacionales ni en 2026 ni en 2027: un mensaje de autonomía financiera dirigido tanto al mercado como a la política
Hay buenos motivos para no descartarla. Con el riesgo país en la zona de los 400 puntos básicos, mínimos desde abril de 2018, el tramo largo de la curva de Globales ley Nueva York rinde en torno al 8,5% anual. Es una tasa todavía elevada, cierto. Pero es, a toda vista, la única vía para que el Tesoro logre extender significativamente los plazos de vencimiento y descomprimir el perfil de deuda de los próximos años, algo que el mercado local, por profundidad y por plazos, todavía no puede ofrecer.
El autor es Team Leader de Estrategia de PPI (Portfolio Manager Inversiones)
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Los salarios rurales ya tienen escalas oficiales para junio y julio de 2026. La Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo salarial firmado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las principales entidades agropecuarias, por lo que quedaron confirmados los sueldos mínimos que cobrarán los trabajadores rurales de todo el país.
El convenio, suscripto entre UATRE, la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), CONINAGRO, la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), fija nuevas escalas salariales, incorpora sumas no remunerativas, mantiene adicionales por antigüedad y zona desfavorable y establece una cláusula de revisión que permitirá reabrir la negociación si cambian las condiciones económicas.
Con la homologación oficial, los salarios acordados continúan vigentes para las tareas realizadas durante junio y también regirán durante julio para la mayoría de las actividades alcanzadas por el convenio colectivo. En ese marco, el salario básico de un peón rural ya supera el millón de pesos mensuales, mientras que las categorías más especializadas alcanzan remuneraciones superiores a los $2,5 millones.
Cuánto cobra un peón rural en junio de 2026
La categoría de peón general, una de las más numerosas del sector agropecuario, tiene un salario básico mensual de $1.088.358,51, al que se suma una asignación no remunerativa de $5.335,10.
Se trata del piso salarial para los trabajadores rurales permanentes comprendidos en el convenio colectivo, aunque el ingreso final puede incrementarse con adicionales por antigüedad, zona desfavorable u otros conceptos previstos en la actividad.
El acuerdo también establece que estos valores continuarán vigentes durante julio, salvo que las partes decidan activar la cláusula de revisión para actualizar nuevamente las remuneraciones.
Salarios rurales: cuánto cobra cada categoría
Además del peón general, el convenio fija salarios mínimos para todas las categorías del personal permanente de prestación continua:
- El peón único percibe un salario básico de $1.116.058,33, más una suma no remunerativa de $5.470,88
- El ovejero cobra $1.127.265,44, con un adicional no remunerativo de $5.525,82
- Los trabajadores especializados, entre ellos albañiles, herreros, carpinteros, mecánicos, cocineros y otros oficios rurales, reciben $1.158.597,91, más $5.679,41 no remunerativos
- Los ordeñadores perciben un salario mínimo de $1.165.963,05, acompañado por una suma no remunerativa de $5.715,52
- Los conductores tractoristas y maquinistas agrícolas cobran $1.207.669,28, además de $5.919,96 no remunerativos
- Los mecánicos tractoristas tienen un salario básico de $1.267.993,03, con una suma adicional de $6.215,66
- La categoría de encargado percibe $1.384.853,14, más $6.788,51 como suma no remunerativa
Estas escalas constituyen los salarios mínimos vigentes para junio y julio de 2026 en la mayor parte de las actividades rurales alcanzadas por el convenio.
Cuáles son los trabajadores rurales que cobran los salarios más altos
El convenio también contempla actividades altamente especializadas que perciben remuneraciones considerablemente superiores a las escalas generales.
Uno de esos casos corresponde a los trabajadores dedicados a la aplicación de productos fitosanitarios.
Dentro de esa actividad, el peón auxiliar cobra $1.761.296,80 mensuales, más una suma no remunerativa de $8.633,81.
La categoría mejor remunerada de todo el convenio corresponde al conductor de equipos autopropulsados, cuyo salario básico alcanza los $2.545.139,23, más $12.476,17 no remunerativos.
De esta manera, es el puesto con la remuneración mínima garantizada más elevada entre todas las categorías del convenio rural.
Cuánto cobran quienes trabajan en la cosecha
Otra de las actividades con mejores salarios es la vinculada exclusivamente a la cosecha de granos y oleaginosas.
En estos casos, los conductores tractoristas y maquinistas de cosechadoras afectados únicamente a esas tareas perciben un salario mínimo mensual de $1.666.580,76, además de una suma no remunerativa de $8.169,51.
Las escalas responden al mayor grado de especialización requerido para operar maquinaria agrícola durante las campañas de cosecha.
Qué cambia para la actividad olivícola desde julio
La actividad olivícola quedó alcanzada por un esquema salarial diferente, ya que el acuerdo prevé incrementos escalonados que continuarán hasta septiembre.
Durante junio, un trabajador calificado de riego percibe $1.338.417,73, más una suma no remunerativa de $13.121,74.
Desde julio y hasta septiembre, el salario básico aumentará a $1.378.570,26, mientras que la suma no remunerativa descenderá a $6.757,70, manteniendo prácticamente el mismo nivel de ingreso total.
En el caso de los encargados de la actividad olivícola, el salario básico pasará de $1.440.014,11 en junio a $1.483.214,54 durante julio, agosto y septiembre.
Qué adicionales cobran los trabajadores rurales
Además de los salarios básicos, el convenio mantiene los adicionales históricos del sector. La bonificación por antigüedad equivale al 1% del salario básico por cada año trabajado hasta completar diez años de servicio. Una vez superado ese período, el adicional asciende al 1,5% anual por cada año de antigüedad.
También continúa vigente el adicional por zona desfavorable, que beneficia a quienes prestan servicios en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En esos casos, el incremento equivale al 20% del salario mínimo correspondiente a cada categoría, elevando significativamente el ingreso de los trabajadores alcanzados.
Qué pasará con los salarios rurales en julio
Las escalas homologadas por la Secretaría de Trabajo continuarán vigentes durante todo julio para la mayoría de las actividades comprendidas en el convenio.
Por el momento no existe un aumento automático previsto para ese mes. Sin embargo, el acuerdo incorpora una cláusula de revisión que habilita a UATRE y a las entidades empresarias a volver a negociar las remuneraciones si la evolución de la inflación u otras variables económicas afecta el poder adquisitivo de los salarios.
En consecuencia, los trabajadores rurales cobrarán durante julio los mismos valores básicos vigentes en junio, salvo que las partes alcancen un nuevo entendimiento antes del vencimiento del acuerdo.
Un cambio histórico en la negociación salarial del sector
La homologación de este convenio también marca un cambio para las relaciones laborales del sector agropecuario.
Se trata de uno de los primeros acuerdos salariales celebrados bajo el nuevo esquema de negociación colectiva impulsado por la reforma laboral. Hasta hace poco, la mayoría de las remuneraciones del sector eran establecidas mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Con las modificaciones introducidas por la Ley 27.802, las negociaciones comenzaron a encuadrarse en el régimen de convenios colectivos previsto en la Ley 14.250, el mismo sistema utilizado por la mayor parte de las actividades privadas.
Este nuevo mecanismo otorga mayor protagonismo a la negociación entre sindicatos y empleadores y permite incorporar herramientas como la cláusula de revisión, que facilita la actualización de los salarios rurales frente a eventuales cambios en el contexto económico.
De esta manera, las escalas homologadas no solo fijan cuánto cobra un peón rural y el resto de las categorías durante junio y julio de 2026, sino que también establecen el marco para futuras negociaciones salariales si la evolución de la economía así lo requiere.
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Una empresa que produce, agrega valor y genera trabajo de manera sostenida en un contexto como el argentino tiene una maestría en supervivencia financiera. La capacidad de las pyme argentinas de sostener su actividad y reconvertirse en medio de crisis macroeconómicas recurrentes es aún más admirable si se considera un déficit estructural crítico para nuestro sector productivo: la marcada escasez de crédito privado y la falta de información estratégica sobre el sector.
Las pyme en Argentina son el sostén de la economía, pero están sobreviviendo, creciendo o reconvirtiéndose con muy poco acceso al crédito. La relación entre crédito privado y Producto Bruto Interno (PBI) se mantiene en niveles muy bajos en comparación regional e internacional: 15%, mientras que países vecinos como Uruguay (31%) o Perú y Colombia (40%) duplican y triplican nuestra capacidad de financiamiento, y economías como Brasil o Chile operan con ratios del 76% y 104%, respectivamente. Un techo invisible limita la inversión y frena el incremento de la productividad de quienes sostienen el empleo.
La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo y la consolidación del crédito privado en nuestro país. La modernización y la simplificación de regulaciones en el ámbito del mercado de capitales, para facilitar la captación de fondos por parte de las empresas productivas, son hitos fundamentales. Pero es necesario abordar otro problema: el déficit de información y transparencia.
La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo y la consolidación del crédito privado
Hasta la fecha, no existía un indicador de referencia que mostrara cuánto cuesta realmente financiarse en el mercado de capitales a las pyme. Ese es el corazón del Índice de Financiamiento Pyme (IFP) que elaboró VetaCap: una referencia construida en un 100% a partir de operaciones reales de financiamiento realizadas en el Mercado Argentino de Valores (MAV). Una tasa de interés basada en datos reales, y no en promedios de menús de ofertas a los que no se sabe cuántas empresas realmente acceden.
Los datos recopilados en el último informe mensual de mayo de 2026 muestran una foto sumamente elocuente del sendero que está transitando la economía local. El IFP se ubicó en 25,33% Tasa Nominal Anual (TNA) vencida, consolidando una baja de 2,84 puntos porcentuales respecto de abril y una contracción interanual de 14,82 pp frente al 40,15% registrado en mayo de 2025.
Si miramos la película completa, desde el máximo histórico del 59,06% anual alcanzado en el segundo semestre del año pasado, el costo nominal del financiamiento bursátil para las pyme entró en una senda descendente que acompaña el proceso general de desinflación de tasas en pesos.
El dato contrasta con lo que ocurrió en el crédito bancario. Si bien las series estadísticas no son directamente comparables, los datos publicados por el BCRA nos brindan una aproximación. En mayo de 2025, una pyme que descontaba documentos en el banco pagaba una tasa similar a la del mercado de capitales, en torno al 40%. Doce meses después, esa simetría se rompió a favor del mercado. Mientras la tasa bancaria de descuento de documentos a pyme bajó a 27,9%, el IFP retrocedió a 25,33%. La brecha se amplía todavía más frente a las líneas más usadas para capital de trabajo.
Los adelantos en cuenta corriente a pyme cerraron mayo en 43,7% TNA, más de 18 puntos por encima del IFP. El mercado de capitales reacciona antes a la baja de tasas, y esa velocidad es la que le permite a una empresa capturar mejores condiciones antes que el resto.
En mayo, según el informe del IFP, el volumen operado total alcanzó a $587.263 millones a través de 29.692 operaciones
En mayo, según el informe del IFP, el volumen operado total alcanzó a $587.263 millones a través de 29.692 operaciones. En junio, el volumen superó los $655.000 millones, mostrando nuevamente una evolución por encima de la inflación. Si bien se observa un aumento constante, todavía hay una oportunidad enorme para seguir robusteciendo el mercado de créditos.
A pesar de la sensible mejora en los costos bursátiles, la radiografía del financiamiento corporativo en Argentina sigue mostrando límites que debemos transformar en oportunidades de diseño de mercado.
El primero de ellos es la composición y la prima de riesgo. Más de la mitad del financiamiento bursátil totalizado en el mes se canalizó a través del segmento avalado por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Cuando se analiza el comportamiento del mercado, se observa que el Premium Bruto del Aval se ubicó en 11,79 puntos porcentuales. Comparando operaciones equivalentes en instrumento y plazo (cheques y pagarés a 60-120 días), una empresa que se financia de manera directa, sin garantía, paga 34,46% TNA, mientras que aquella que cuenta con el respaldo de un aval SGR accede al 22,67% TNA.
Incluso restando los costos asociados a la operatoria de la SGR y de los agentes de Bolsa, el beneficio neto para la empresa promedia los 6,79 puntos de tasa. Esta información es clave y existe una oportunidad enorme para llevar a más empresas a que intenten financiarse por medio de una SGR.
Una empresa que se financia de manera directa, sin garantía, paga 34,46% TNA, mientras que aquella que cuenta con el respaldo de un aval SGR accede al 22,67% TNA
El segundo gran desafío, y quizá el más estructural, es la curva de plazos. El Plazo Promedio Ponderado (PPV) del conjunto de instrumentos se situó en 66 días. Si bien las operaciones con aval SGR logran estirar los vencimientos promedio hasta los 74 días, otros tramos más cortos, como las Facturas de Crédito Electrónicas (FCE), se concentran en duraciones de apenas 31 días.
El mercado de capitales comenzó a desandar el camino de ser un rincón marginal o un salvavidas de último momento. Por ejemplo, en el segmento de descuento de documentos (herramienta fundamental para el manejo de capital de trabajo de corto plazo para las pymes), en la última década trepó del 6% al 43%, con un volumen que ronda los $1,6 billones de pesos reales mensuales.
La razón de este crecimiento es clara: el mercado de capitales se consolidó como un canal más eficiente para las empresas. No solo funciona como complemento del crédito bancario tradicional, sino que ofrece ventanas de oportunidad para capturar tasas más competitivas.
Sin embargo, todavía se puede crecer mucho más: consolidar este avance requiere profundizar las herramientas de información. Un mercado más transparente y dotado de mejores métricas de acceso público es la única garantía para propiciar mejores decisiones corporativas y que más empresas se acerquen al mercado de capitales.
El índice no pretende ser un diagnóstico estático ni una conclusión cerrada. Se concibió desde sus cimientos metodológicos como una plataforma viva, abierta y dinámica. Su valor de largo plazo dependerá enteramente de la capacidad que tengamos de nutrirlo mediante el aporte cruzado de todos los eslabones del ecosistema: empresarios, cámaras industriales, SGR, analistas macroeconómicos y el propio sector público.
Para profundizar el crédito privado se requiere articulación y coordinación entre sectores
Para profundizar el crédito privado se requiere articulación y coordinación entre sectores. Conocer el costo real del financiamiento con datos verificables es el primer paso indispensable. Esta herramienta estará disponible en indicepyme.com.ar y se actualizará mensualmente, dos días después del anuncio del dato de IPC.
El mercado de capitales tiene que estar al servicio de los que producen y generan valor a diario. No hay otro camino posible para el desarrollo productivo.
El autor es presidente de VetaCap
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