Un grupo de 85 figuras del mundo académico, jurídico y cultural, firmaron y difundieron una declaración en la que, si bien reconocen el diferendo diplomático con el Reino Unido por las islas Malvinas, rechazan que su definición como “causa nacional” por parte del Gobierno “hable en nombre de todos los argentinos”. Al mismo tiempo advierten sobre el proyecto de ley de soberanía nacional remitido al Congreso, “que podría penalizar el disenso”.

El texto distingue entre el diferendo por la soberanía de las islas, que los firmantes reconocen como legítimo, y la “causa nacional” de Malvinas, a la que atribuyen “la pretensión de imponer una unanimidad imaginaria que no admite disensos”.

Entre las reconocidas personalidades que suscriben el documento se encuentran Graciela Fernández Meijide, Santiago Kovadloff, Pablo Gerchunoff, Ricardo Gil Lavedra, Alejandro Katz, Jorge Ossona, Oscar Oszlak, Vicente Palermo, Pablo Avelluto, Isidoro Cheresky, Daniel Sabsay, Liliana de Riz, Roberto Gargarella, Carlos Malamud, Roy Hora, Marcos Novaro, Jesús Rodríguez, Luis Alberto Romero y Federico Merke, entre muchos otros.

Los firmantes parten de reconocer que existe un diferendo jurídico, político y diplomático con el Reino Unido, respaldado por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a ambas partes a negociar, y por la disposición transitoria de la Constitución Nacional que ratifica la soberanía argentina y compromete a recuperar las islas por medios pacíficos.

Dentro de ese marco, los intelectuales admiten tener diferencias entre ellos sobre el lugar de los isleños en una eventual negociación, sobre la conveniencia de cooperar con el Reino Unido y sobre la interpretación de la cláusula constitucional.

Pero después vuelven a estar unificados en que ”rechazan la transformación del diferendo en una causa que, según el texto, ‘no admite disensos relevantes en ninguna dimensión’ y que considera mal argentino a quien se sienta ajeno a ella».

La declaración recuerda que la guerra de 1982, decidida por la dictadura, fue posible porque esa causa ya estaba instalada en la sociedad, como lo mostró el respaldo popular a la ocupación, y sostiene que hoy se extiende al deporte, al discurso político y a “inquietantes brotes de militarismo”, al tiempo que el gobierno nacional actúa en la cuestión con “un oportunismo flagrante”.

Los firmantes advierten, además, que el proyecto de ley de Defensa de la soberanía nacional, cuyo eje es Malvinas, prevé en su artículo 111 una tipificación penal difusa que podría derivar en la penalización del disenso. “Hacemos una diferenciación muy tajante entre el diferendo, que nos permite discrepar en libertad, y la causa Malvinas, que pretende englobarnos en un colectivo uniforme y en una unanimidad puramente imaginaria”, sostiene el texto, que concluye con un pedido: “Que el unanimismo deje de hablar en nuestro nombre”.

Pese a los esfuerzos de la Casa Rosada por disimular sus diferencias con la Iglesia en la antesala de la visita de León XIV a la Argentina, la relación entre el gobierno de Javier Milei y los prelados sigue sumando focos de tensión. En las últimas horas, la Comisión Episcopal de Pastoral Social reiteró su preocupación por la eliminación de los límites a la venta de tierras a extranjeros y reclamó velar por “la defensa del territorio”.

Fue después de que la Corte Suprema de Justicia restituyera la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, del inicio del Gobierno, que contemplaba esa liberalización.

A través de un comunicado, la Iglesia apeló a la “responsabilidad” de legisladores nacionales, funcionarios del Poder Ejecutivo y autoridades de la Justicia para que velen “por la defensa de la tierra y el cuidado de la Nación”. De inmediato, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se hizo eco del pronunciamiento y lo difundió a través de sus redes sociales.

Las autoridades eclesiásticas recordaron que en junio pasado habían manifestado su inquietud sobre el avance del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el Congreso. La iniciativa apalancada por la gestión de Milei incluía una reforma a la ley de tierras.

En ese momento, el área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen y Cáritas Argentina habían difundido una carta con duros cuestionamientos a la propuesta del Ejecutivo. Dijeron que el proyecto atentaba contra la soberanía territorial y alimentaria, los bienes comunes y la autodeterminación de los pueblos, advirtiendo que la tierra no debe tratarse como “una mercancía” o “un simple recurso económico”.

El documento fundamentó su posición en la Doctrina Social de la Iglesia –incluyó citas del Papa León (Magnifica Humanitas), San Juan Pablo II y Francisco (Laudato Si’)- para recordar el principio del destino universal de los bienes y destacar el valor cultural e identitario que la tierra posee para las comunidades campesinas e indígenas. Asimismo, las organizaciones firmantes pidieron facilitar el acceso a la vivienda y advirtieron sobre la necesidad de consensuar marcos jurídicos equilibrados para los alquileres.

En ese marco, la Iglesia exhortó a los legisladores a guiar el debate priorizando el bien común, la justicia social y los derechos de las futuras generaciones por encima de intereses particulares o financieros.

Finalmente, a principios de agosto, el oficialismo debió retirar el capítulo de la extranjerización de tierras de la ley de propiedad privada, al constatar que era imposible sumar los votos necesarios para aprobar ese punto.

Otros focos de tensión

En los últimos días, el Gobierno enfrentó duras críticas de las autoridades de la Iglesia. El viernes pasado, en medio de los preparativos para la visita de León XIV, que llegará al país el 8 de noviembre próximo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dijo que el Sumo Pontífice se encontrará con una Argentina “en crisis”, dividida por “la grieta” y en “donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”.

García Cuerva también dijo que “hay un porcentaje alto de pobres” y lamentó que en el país “no haya oportunidades”.

El mensaje del arzobispo renovó las tensiones entre la Iglesia y la gestión de Milei. Fue Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y hombre cercano a Luis Caputo, quien salió a cuestionar los dichos de García Cuerva. “Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”, escribió en redes sociales.

El titular del Palacio de Hacienda le dio retuit al mensaje de Núñez, pese a que en la cúpula del Gobierno afirman que no quieren confrontar con los obispos cuando falta un mes para la llegada de León XIV a la Argentina.

El domingo, después de la multitudinaria peregrinación a Luján, García Cuerva llamó a dejar de lado la violencia y la indiferencia.

“Queremos curar los vínculos entre nosotros. Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal, supuran y parece que están infectando el corazón del pueblo”, consideró el arzobispo porteño en su discurso frente a los asistentes de la 52ª edición de la tradicional caminata de 60 kilómetros.

En el último tiempo, los obispos han cuestionado los recortes de fondos en discapacidad, han blanqueado su preocupación por la situación de los morosos o reclamado por el proyecto de ley que regula las apuestas online.

Ayer, integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina presentaron un documento con inquietudes y propuestas ante funcionarios del Ministerio de Salud frente a la crisis en discapacidad. A sabiendas de que el Papa recorrerá el Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven unas 400 personas con discapacidades severas, el Ejecutivo aceptó armar una mesa de diálogo con los obispos para discutir las problemáticas en el área.

El Gobierno procura disimular el malestar con la Iglesia. Por caso, hoy el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la gestión económica de Milei y evitó polemizar con García Cuerva. Dijo que al Presidente tampoco le gusta “la foto” sobre la situación social en el país y que es un “humillante” que la Argentina haya un 32% de pobreza, lo que vinculó a la política económica de las últimas décadas.

“Recibimos una Argentina donde más del 50% de la gente estaba debajo de la línea de pobreza. Gracias a la gestión de este gobierno sacamos a mucha gente de la pobreza”, apuntó Ravier.

El vocero dijo que en la administración de Milei están convencidos de que la mejor manera de reducir los índices de pobreza es cuidando el equilibrio fiscal, desregulando la economía y combatiendo la inflación.

“Estamos a mitad de camino y vamos a seguir sacando a gente de la pobreza”, agregó.