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La Corte intimó al máximo tribunal de Santa Cruz a entregar el expediente sobre la designación de nuevos jueces

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz a remitir en un plazo de 48 horas el expediente completo relativo a la ampliación del tribunal provincial. Anteriormente, el cuerpo era integrado por cinco jueces, pero el número ascendió a nueve, después de que la medida fuera aprobada por la Cámara de Diputados santacruceña.

La medida se adoptó tras haberse rechazado la recusación promovida por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz. De esta manera, el máximo tribunal nacional volvió a reiterar el pedido por segunda vez, luego de que las autoridades provinciales se negaran a hacer entrega de la documentación.

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El pedido de la Corte Suprema se remonta al 23 de abril, cuando le informaron al TSJ que debía enviar todas las actuaciones vinculadas a la causa que cuestiona la constitucionalidad de la ampliación de las vacantes judiciales en la provincia.

Ante la falta de respuesta, el alto tribunal endureció su postura y ordenó que la documentación sea remitida “de inmediato” en formato digital. Según la información publicada en el sitio del Gobierno de Santa Cruz, la intimación fue formalizada este miércoles en Buenos Aires, en donde se mencionó la causa 917/2025 y los incidentes asociados.

La sede del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz

Días atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había rechazado la recusación presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz contra varios de sus integrantes, en el expediente donde se discute la validez de la ampliación del tribunal superior provincial.

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Según el tribunal, el planteo del gremio fue extemporáneo y no se fundó en causales legales que justifiquen el apartamiento de los magistrados. De la misma manera, recordaron que la recusación es una herramienta de uso excepcional y aplicación restrictiva, especialmente cuando se pretende apartar a miembros de la propia Corte Suprema.

Esto se trató de una respuesta directa a las acusaciones realizadas por el gremio, que había fundamentado su negativa a hacer entrega del expediente en la existencia de supuestos vínculos políticos e institucionales de abogados patrocinantes con algunos de los actores involucrados en la causa.

El conflicto judicial se originó tras la sanción de la ley provincial N° 253/25, que dispuso ampliar la composición del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz. La misma fue aprobada el 28 de agosto de 2025 por la Cámara de Diputados provincial, lo que dispuso la ampliación de 5 a un total de 9 jueces.

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La medida había sido aprobada por los diputados santacruceños a mediados de 2025 (Diputados Santa Cruz)

Se trató de un proyecto que fue presentado por la diputada Adriana Nieto, integrante del bloque Por Santa Cruz, bajo el argumento de que la medida tenía como fin responder al aumento de la población, garantizar la imparcialidad, la celeridad, la eficacia y el equilibrio dentro del Poder Judicial provincial.

Según el texto, no fueron modificados los requisitos para ser nombrado miembro del TSJ, por lo que estos aún deberán cumplir con lo expuesto en el artículo 127 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz. Entre ellos, es necesario ser argentino nativo o por opción, ser mayor de 30 años y ser abogado con seis años de ejercicio de la profesión, ya sea de forma particular o en organismos judiciales.

“Esto responde a una política de Estado que el gobernador viene sosteniendo firmemente. Esta ley implica un fortalecimiento de las instituciones. Vamos hacia una justicia más democrática, accesible y transparente”, sostuvo la legisladora al momento de defender la iniciativa.

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A pesar de esto, diversos sectores políticos, judiciales y gremiales cuestionaron el proceso, tras denunciar supuestas irregularidades en la designación y toma de juramento de los nuevos vocales.

Frente a esto, la Asociación Gremial de Judiciales impulsó una acción de inconstitucionalidad contra el Poder Legislativo provincial. Paralelamente, se abrieron medidas cautelares y expedientes conexos, todos ellos bajo análisis de la Corte Suprema en la actualidad.

En respuesta a la consulta sobre el caso, la Corte Suprema exige ahora el envío inmediato de la totalidad de los documentos, incluidos los incidentes cautelares, resoluciones internas sobre organización y juramentos, así como información sobre otros procesos relacionados.

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Con la intimación de 48 horas en curso, el expediente por la ampliación del tribunal santacruceño entra en una etapa decisiva, a la espera de la remisión de todos los antecedentes requeridos por la Corte Suprema.

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La oposición impulsa la convocatoria a la marcha del jueves por el financiamiento universitario y la ley de tierras

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Las consignas en reclamo de la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y del mantenimiento de los límites a la compra de tierras se potenciarán este jueves en una movilización al Congreso, que tiene en los partidos políticos, gremios y movimientos sociales opositores al Gobierno a algunos de sus impulsores centrales. El peronismo, el radicalismo, la izquierda, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y los sindicatos nucleados en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) son algunos de los espacios opositores que empujan la convocatoria.

Las dos vertientes enfrentadas del peronismo lanzaron sus llamados a la movilización del próximo jueves, frente al Congreso, en coincidencia con la sesión impulsada por la oposición para intentar derogar el decreto presidencial 70/23 que, entre otros puntos, derogaba la Ley de Tierras. El Movimiento Derecho al Futuro, del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, concentrará a sus militantes con la consigna universitaria como eje. “Quinta Marcha Federal Universitaria. Defendamos la universidad pública argentina”, es el mensaje con el que el kicillofismo anunció la protesta. Se concentrará en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1584, frente a la Plaza del Congreso.

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La Cámpora, principal organización del peronismo alineado con la expresidenta Cristina Kirchner, mantiene vigente la convocatoria a la marcha del jueves, más allá de que la Corte Suprema haya dado marcha atrás y, con un fallo publicado el viernes, haya repuesto la vigencia de la Ley de Tierras a través de una medida cautelar interina luego de haber refrendado la vigencia del decreto 70/23, que en su artículo 154 la dejaba sin vigencia.

La marcha contra la Corte Suprema , la semana pasada, tuvo convocatoria de la izquierda, el peronismo y sindicatosNicolas Suarez

Tanto el Movimiento Derecho al Futuro como La Cámpora fueron parte de la marcha del martes de la semana pasada a Tribunales para protestar contra la Corte Suprema por el fallo con el que el máximo tribunal había dejado vigente el artículo 154 del decreto 70/23, al rechazar la legitimidad del Centro Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) para plantear la demanda contra esa norma.

La organización que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner convoca con la sentencia “Nuestras tierras son argentinas. No al DNU 70/23. 15 de octubre. Todos y todas al Congreso”. El reclamo al Gobierno por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario también está en la agenda camporista de este jueves.

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El radicalismo se sumará a las columnas que se manifestarán frente al Congreso, con el énfasis puesto en los reclamos de fondos para las universidades, donde la UCR tiene fuerte presencia en centros de estudiantes y rectorados. “Quinta Marcha Federal Universitaria. La universidad pública construye presente y futuro para todo el país”, es la consigna del Comité Nacional de la UCR. Su militancia se concentrará en la sede partidaria de Tucumán 1660, a pocas cuadras del Congreso.

La Cámpora, el martes pasado, en la marcha contra la CortePrensa La Cámpora

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), que fue uno de los principales organizadores de la marcha de la semana pasada contra la Corte, también mantiene su convocatoria para este jueves frente al Congreso. En ese acto, exigió que la Confederación General del Trabajo (CGT) convoque a un paro general para este jueves, en coincidencia con la manifestación al Congreso.

Las consignas a favor de mantener los límites para la compra de tierras por parte de los extranjeros son el factor convocante para la UTEP (una organización gremial que nuclea a cooperativistas y demás trabajadores de la economía popular, en cuya conducción confluyen el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros movimientos sociales). En sus cuentas de redes sociales, la UTEP publicó: “La Argentina, de remate. El saqueo ya empezó, pero podemos frenarlo”.

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La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que tiene dos vertientes, se plegará a la protesta al calor de las distintas reivindicaciones. En su convocatoria, resumió todos los reclamos por los que llama a la movilización: “Por la ley de financiamiento, por el endeudamiento familiar, por nuestra soberanía, por la emergencia en discapacidad, contra el DNU 70/23″. Sus sindicatos se juntarán en Avenida de Mayo y Salta, a las 13.

La Coalición Cívica se presentará con sus diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade en la sesión, para aportar al quorum en el intento de derogar el decreto 70/23. En caso de no conseguirse el número para comenzar el debate, Ferraro y Frade irán a la marcha, confirmaron desde la Coalición Cívica a . Ferraro publicó un mensaje en su cuenta de la red social X para convocar a la movilización por el financiamiento universitario.




al Congreso,pic.twitter.com/4FHexb8h5R,October 12, 2026,Universidades,Corte Suprema de Justicia,Congreso Nacional,Conforme a

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La Libertad Avanza abre el debate por el Presupuesto 2027 en medio de los reclamos por discapacidad y financiamiento universitario

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El oficialismo en la Cámara de Diputados programó para este martes, a las 12, y el miércoles, a las 10, el inicio del debate del Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Alberto Benegas Lynch. El objetivo de La Libertad Avanza (LLA) es conseguir un dictamen de mayoría para el 28 de este mes y llevar el proyecto al recinto a fines de noviembre.

Este cronograma busca que el Senado pueda tratar la iniciativa antes del cierre del período de sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre. Si los tiempos legislativos no alcanzan, el Poder Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias a partir del 1 de diciembre.

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La agenda que propone el oficialismo contempla nuevas reuniones para los días 20, 27 y 28 de octubre. La intención es firmar los dictámenes en la última fecha y avanzar con el tratamiento en el recinto durante noviembre. De concretarse ese esquema, el Senado tendría un margen acotado para debatir el proyecto en comisión y someterlo a votación antes de la finalización de las sesiones ordinarias.

Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación, en la Cámara de Diputados la semana pasada. (Foto: TN).

No obstante, las fechas podrían modificarse. El avance del proyecto dependerá, en buena medida, de los acuerdos que LLA logre con los bloques dialoguistas.

El proyecto de Presupuesto 2027

La iniciativa entró a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre y establece las previsiones de recaudación, el resultado fiscal esperado, el nivel de gasto público y las partidas destinadas a las distintas áreas de la administración nacional.

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Entre sus principales variables económicas, el texto proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% anual, una inflación interanual del 18% y un dólar a $1847,60 para diciembre de 2027.

Las reuniones previas con los bloques dialoguistas

La semana pasada, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y una de las principales figuras del oficialismo en la negociación parlamentaria, encabezó una reunión con legisladores dialoguistas para conocer sus principales reclamos y propuestas para el tratamiento del Presupuesto 2027.

Del encuentro también participaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien volverá este martes a la Cámara; la secretaria parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza, Silvana Giudici; y el senador oficialista Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

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Los legisladores dialoguistas reclamaron precisiones sobre las partidas destinadas a las universidades públicas y al sector de discapacidad, además de definiciones sobre el calendario de tratamiento del proyecto.

Pamela Verasay junto a Lisandro Nieri, diputados nacionales por la UCR que participaron de reuniones previas junto a Martín Menem. (Foto: X / @PameVerasay).
Pamela Verasay junto a Lisandro Nieri, diputados nacionales por la UCR que participaron de reuniones previas junto a Martín Menem. (Foto: X / @PameVerasay).

Entre los diputados que participaron estuvieron los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri; Karina Maureira, de La Neuquinidad; José Luis Garrido, de Santa Cruz; Eduardo Falcone, del MID; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Gladys Medina, del bloque Independencia, y Javier Sánchez Wrba, del PRO.

Los reclamos por más fondos para universidades y discapacidad

Uno de los principales puntos de discusión entre el oficialismo y los bloques dialoguistas será el financiamiento de las universidades públicas y del sector de discapacidad.

Entre quienes impulsan mayores partidas se encuentran legisladores vinculados con los gobernadores de Misiones y Salta, nucleados en Argentina Federal, además de integrantes de Provincias Unidas y Adelante Buenos Aires.

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En este último espacio, los diputados de extracción radical Pablo Juliano, Mariela Coletta y Karina Banfi mantuvieron reuniones con la conducción de la UCR y con rectores universitarios para abordar el financiamiento del sistema de educación superior.

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El Gobierno rechazó el ingreso al país de un periodista brasileño que había criticado a Milei

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El Gobierno canceló la residencia permanente y prohibió el ingreso a la Argentina de un periodista brasileño que simpatizaría con el Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inacio Lula da Silva y que había publicado críticas contra Javier Milei en las redes sociales.

Rogerio Tomaz Jr. fue detenido hoy en el Aeroparque Jorge Newbery y fue obligado a regresar a su país. Desde la Dirección Nacional de Migraciones adujeron que la medida tendría que ver con presuntos incumplimientos en los requisitos de residencia en el país.

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“Te falló el operativo, campeón”, posteó el asesor presidencial Santiago Caputo pocas horas después de conocido el episodio, publicado por Infobae. Caputo acompañó el mensaje con una imagen de Tomaz junto al presidente Lula da Silva. “Quedará bien guardada esa burla de un asesor de narcos y ladrones de criptomonedas. El tiempo pone a cada uno en su lugar”, le contestó el propio periodista brasileño, en su cuenta de X.

Otro de los funcionarios que festejó la revocación de la residencia y la expulsión de Tomaz fue el director de la Oficina de Respuesta Presidencial, Juan Carreira, conocido como Juan Doe, con quien el periodista brasileño había sostenido duros intercambios en las redes sociales. “CHAU GORDO PUTO. @rogeriotomazjr No solo no vas a poder seguir depredando nuestros recursos, sino que vas a tener que vivir 4 años en la Brasil de Flavio Bolsonaro siendo zurdo. Qué felicidad por favor. Un zurdo menos en Argentina. Hoy se celebra”, escribió en su cuenta de X el encargado de comunicar las actividades y posturas presidenciales.

“Lula ama más a Argentina que el psicópata degenerado que gobierna a los hermanos argentinos”, escribió Tomaz el pasado viernes 2, adjuntando a ese posteo una foto del presidente de Brasil en campaña electoral, con una remera en la que podía leerse “las Malvinas son argentinas”. También dio notas a medios vinculados al kirchnerismo, como Página/12 y El Destape, en los días previos a la primera vuelta, el domingo 4. En su cuenta, Rogerio tiene fijada una foto con Lula, de noviembre de 2025 y junto a un ejemplar del libro Conversaciones con Pepe Mujica, del periodista Néstor Restivo.

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Según publicó Infobae, Migraciones le explicó a Tomaz en el aeropuerto que se decidía no permitirle el ingreso al país, dado que había permanecido solamente 153 días en territorio argentino desde que obtuvo su residencia permanente, el 20 de enero de 2022, durante la gestión del kirchnerista Alberto Fernández. El organismo, que depende del Ministerio de Seguridad, también sostuvo que Tomaz no tenía un trabajo acreditado, que tampoco estudiaba ni tenía relaciones familiares, por lo que su residencia estaba en condiciones de ser revocada.

Desde la embajada brasileña informaron a que se trató de un asunto “consular” y evitaron relacionar el episodio con el apoyo de Milei al candidato derechista Flavio Bolsonaro en su contienda con Lula. El domingo 25 del mes en curso se definirá en segunda vuelta electoral.

Los vínculos diplomáticos entre la Argentina y Brasil, que ya venían siendo inestables durante todo el gobierno libertario, se tensaron luego de los insultos que Milei dedicó a su par brasileño durante la presentación oficial de Bolsonaro como candidato, en San Pablo. A principios de agosto, y por decisión de Brasilia, el vínculo quedó reducido al nivel de encargados de negocios.

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Luego de apoyar, en la convención del Partido Liberal de San Pablo, la candidatura presidencial de su aliado Bolsonaro y atacar con insultos a su rival, Milei se llamó a silencio, y espació su respaldo al rival del mandatario brasileño en las elecciones, al igual que el presidente norteamericano Donald Trump. Luego de festejar el triunfo de Bolsonaro sobre Lula da Silva en la primera vuelta, desde el Gobierno no descartan que Milei renueve ese apoyo en los días que restan hasta el balotaje.




https://t.co/l4r2RgBiuM,pic.twitter.com/JH6QZ6iVzc,October 12, 2026,@rogeriotomazjr,@rogeriotomazjr,pic.twitter.com/0aANQbpW7z,October 12, 2026,apoyar,Jaime Rosemberg,Conforme a

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