POLITICA
El juez volvió a citar a Ariel Vallejo, tras el pedido de detención que hizo la fiscal Incardona
El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella volvió a citar a Ariel Vallejo, el financista de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero para el 26 de mayo.
El magistrado lo resolvió luego de que la fiscal Cecilia Incardona y la ARCA pidieran su detención porque no se presentó a su indagatoria prevista inicialmente para ayer. Además del financista debía presentarse su madre, Graciela Vallejo.
Mas allá de esta novedad, hoy la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, resolvió descartar que la Fundación Apolo sea querellante en el caso y ordenó que el expediente se quede en el juzgado de Armella.
Allí se investigan presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos, con operaciones sospechadas por más de 818.000 millones de pesos y derivaciones en el ámbito financiero y del fútbol.
La Sala IV de la Casación hizo lugar al criterio de la fiscal Incardona y el fiscal de Cámara Diego Iglesias que buscaron evitar que distintas causas vinculadas con Sur Finanzas avanzaran de manera separada.
Para el juez Hornos, la hipótesis fiscal no podía ser examinada de manera aislada ni fragmentaria. La dispersión de expedientes puede afectar la eficacia de la pesquisa, dijo. Respaldó el planteo de los fiscales para que la investigación avance de forma concentrada, coherente y sin superposición de expedientes.
En cuanto a las indagatorias, ante la presentación del abogado de Vallejo, Mauricio D’Alesandro, el juez Armella pospuso la audiencia. El financista no se había presentado porque presentó un recurso contra su llamado a indagatoria, que fue rechazado.
Armella definió que Vallejo y su madre deben presentarse el 26 de mayo a las 9 y a las 11 bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía y ordenar sus detenciones.
“Están citando a Vallejo por tres cuestiones que no debieran. La Cámara ya dijo a ARCA, que la causa corresponde a otro juzgado, el de Federico Villena; el caso de los clubes de fútbol ya fue enviado al juzgado federal de Campana y la Cámara ya dijo que no había lavado de dinero por el caso del fideicomiso de Banfield”, argumentó el abogado D’Alesandro.
Entre los investigadores hay una fuerte expectativa porque la declaración de Vallejo puede resultar explosiva si acepta responder preguntas. Las sospechas son que Vallejo manejó dinero de dirigentes del fútbol y de la política.
Días atrás, el Banco Central le aplicó una multa de $5400 millones por un sumario que señala que una de sus casas de cambio fue una supuesta intermediaria en un “pasamano” del dólar blue por US$25 millones.
Armella citó a indagatoria a Vallejo y a otras 15 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes que integran esa entidad, que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
El juez considera que Vallejo era la cabeza de la organización.
Ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades ligadas a esas maniobras que la Justicia considera sospechosas.
Además de Vallejo, su madre, Graciela Beatriz Vallejo, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, fue citada junto con dos personas de su extrema confianza, como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.
El listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la ex suegra de Vallejo) y Maite Sofía Lorenzo, entre otros.
La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.
Armella también ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de todos los citados a declarar y de una docena de sociedades vinculadas a Vallejo.
“La investigación llevada a cabo en autos permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores que cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización”, dice la resolución a la que tuvo acceso .
Las medidas se ordenaron en una causa que comenzó con una denuncia contra ex dirigentes del club Atlético Banfield. Luego la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos.
Según esa denuncia, a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP”, se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas, y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, la denuncia apuntaba al supuesto lavado de dinero.
Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. Como garantía de esos préstamos, el club de Boedo le cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. “Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora”, sostuvo la fiscal Cecilia Incardona al pedir las indagatorias.
había revelado que la maniobra se orquestó durante una reunión llevada a cabo en el predio de Ezeiza. “Voy a ver la manera de ayudarlos”, lanzó Tapia delante de un puñado de dirigentes.
Apenas unos días después, apareció en escena Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, con los fondos para el “salvataje”. La transferencia se concretó el 8 de mayo. Eran $300 millones como adelanto por los derechos de TV.
Entre otros delitos, Armella también le imputó a Vallejo la retención indebida de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales de los empleados de Sur Finanzas en los períodos 6/2024, 7/2024, 9/2024, 11/2024, 12/2024, 7/2025 y 11/2025, por un total de $46.511.222,65. Se trata del mismo delito por el cual procesaron a Tapia y Pablo Toviggino.
La resolución destaca una serie de maniobras en perjuicio de los clubes como el descuento de cheques, la suscripción de mutuos, y contratos de sponsoreo supuestamente simulados, que le habrían generado ganancias ilegales a Vallejo y a sus empresas. Se menciona al club Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur, y el Club Atlético Temperley, entre otros.
Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP y Grupo Sur Finanzas, pero también ocupó diferentes cargos en Abo Inversiones, Valle Business, Roma Inversiones, Ars Cambios SAS y Fenus S.A.S. “Estas empresas y otras constituidas por personas de su entorno más cercano respondían directamente a sus intereses, interponiendo las mismas a la hora de establecer vínculos comerciales con terceros para crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos”, resume la resolución de Armella.
Sur Finanzas es la financiera que llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol, así como de equipos de primera división como Racing y Banfield.
Incluso fue prestamista en el caso de San Lorenzo y realizó donaciones a Independiente. Por eso, su vínculo con el fútbol no se limitaba solo a fotos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Antes de llegar a las primeras planas del deporte, focalizó sus negocios en las casas de cambio.
Su incursión en ese mundo comenzó en agosto de 2020, según los registros del BCRA. En ese entonces, ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia su madre Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y el propio Ariel Vallejo (20%). Dos años más tarde, en el segundo semestre de 2022, el empresario adquirió otra casa de cambio, llamada Ars Cambios. Precisamente, esa entidad es el foco del nuevo sumario oficial sobre maniobras vinculadas al dólar blue.
La investigación realizada por el BCRA describe a la empresa de Vallejo como una supuesta “intermediaria”. Entre el 2 de enero de 2023 y el 20 de diciembre de ese año contabilizó ventas por US$25 millones a otras casas de cambio, que a su vez no registraron ventas, tal como indica el sumario. La documentación agrega que Ars Cambios no recabó el motivo de esas operatorias ni el origen de fondos que financiaron sus ventas. Para el BCRA, la falta de registro de ventas de las otras entidades que adquirieron los dólares de la casa de cambio de Vallejo es un indicio de pérdida de trazabilidad del billete.
que estuvo detenida al comienzo de la investigación.,Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.,on $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking.,la maniobra se orquestó durante una reunión llevada a cabo en el predio de Ezeiza,Hernán Cappiello,AFA,Claudio Chiqui Tapia,AFAGate,Conforme a,,Patrimonio. El Gobierno defiende al titular de la ARCA al que un fiscal pide citar por ocultar propiedades,,Desafío de ATE. Unos 714 estatales pidieron un crédito en el Banco Nación, pero a la mayoría se lo rechazaron,,Dibujos contables y offshores. La Fiscalía detalló cómo ocultó sus propiedades en Miami y Buenos Aires el titular de la ARCA,AFA,,Fútbol y negocios. Ordenan peritajes sobre la quinta de Pilar y la colección de autos de lujo que se adjudican a la AFA,,Autos de alta gama y millones en el banco. Quién es Ariel Vallejo, el financista con pedido de detención vinculado a Chiqui Tapia,,El financista de la AFA. El juez volvió a citar a Ariel Vallejo y amenaza con detenerlo
POLITICA
Un informe de la TV chilena reveló que tiraron placas argentinas del Cementerio de Darwin en Malvinas
Un informe de la televisión chilena mostró una serie de placas argentinas que fueron descartadas del Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, por ser consideradas “una provocación para los kelpers”. Sumado a objetos conmemorativos y recuerdos relacionados a soldados argentinos que murieron en la guerra de 1982, y que aparecieron tirados fuera del lugar.
Las imágenes se vieron en un informe del canal Teletrece sobre la comunidad chilena que reside en las Islas Malvinas. En ese contexto el periodista Samuel Rojas recorrió el Cementerio de Darwin, donde yacen los restos de 249 soldados argentinos que murieron durante la guerra.
Entre las imágenes se vio una placa colocada por una radio de Comodoro Rivadavia con la leyenda: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ – Abril 2026”, tirada fuera del cementerio, junto a listones rotos, pulseras, estatuillas y cerámicas partidas.
Durante el informe además hubo entrevistas a isleños, con reclamos al presidente Javier Milei, en plena escalada de tensión entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago, y el mensaje: “Isleños piden que Milei “los deje tranquilos”, en el graph. Darwin es un destino recurrente de familiares y veteranos, que desde hace unos 20 años viajan a visitar a los caídos y los escenarios de la guerra de 1982.
POLITICA
Siguen los cortocircuitos entre Milei y sus diputados por el proyecto de discapacidad que se consensuó con los aliados
La forma de abordar la discapacidad sigue generando diferencias dentro del Gobierno. Mientras el oficialismo en Diputados negoció con sus aliados un proyecto que recoge reclamos del sector para evitar que la oposición imponga una nueva emergencia, en el Poder Ejecutivo persisten los reparos por su costo fiscal.
La discusión llegará hoy a la mesa política del Gobierno, que se reunirá a las 13 para definir los próximos pasos de una negociación que todavía mantiene un final abierto.
“Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa”, admitió el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sobre el dictamen consensuado por los libertarios con la UCR, Pro y bloques provinciales. Lo hizo durante su exposición en Diputados por el presupuesto 2027, donde reconoció que el texto que se debatirá el miércoles en el recinto no responde a una iniciativa impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo.
La intención original del Gobierno era endurecer el acceso a las pensiones, recuperar el criterio de invalidez laboral y eliminar el nomenclador de prestaciones para dejar los valores librados a la negociación entre prestadores -de terapias, transporte y acompañamiento, entre otros servicios- y obras sociales y prepagas. Se trata de un cambio que beneficiaría a las grandes empresas de salud.
Pero esa voluntad choca desde el año pasado con los límites que le impone el Congreso. El oficialismo acumula siete votaciones adversas en materia de discapacidad, incluida la revocación de un veto presidencial. También encontró resistencia en la Justicia, que a través de distintos fallos obligó al Gobierno a aplicar la ley de emergencia.
La brecha entre querer y poder todavía no fue saldada dentro del universo libertario. El equipo económico no se resigna a imponer su posición, pese a los esfuerzos del ala política por encontrar una salida intermedia que permita evitar una crisis mayor. Las negociaciones con los aliados son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem; y la diputada Laura Rodríguez Machado.
El dictamen que lograron consensuar incorporó aspectos centrales de la ley de emergencia, como la compatibilidad de la pensión por discapacidad con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, la fijación de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y el sostenimiento del nomenclador de prestaciones.
Sin embargo, quedaron puntos sensibles sin resolver. El texto no precisa cómo se actualizará el nomenclador, mientras que los aliados exigen garantías de que las prestaciones se ajustarán mensualmente por inflación. La iniciativa establece, no obstante, que los fondos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
Tampoco se incorporó un pedido de Pro para fijar un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores por la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, que no quedó contemplada en las actualizaciones de los aranceles.
El proyecto todavía podría sufrir modificaciones en el recinto. Algunos cambios técnicos ya fueron consensuados, como precisar de dónde saldrán los fondos para afrontar los gastos previstos y eliminar el artículo 17, que despertó sospechas entre los aliados por la amplitud de su redacción: “Derógase toda norma que se oponga a la presente”.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de la propuesta alcanzaría casi $600.000 millones en 2027, equivalentes al 0,04% del PBI, y $1,2 billones en 2028, el 0,07% del PBI, con el padrón completo. La compensación pendiente a los prestadores se estima en $278.323 millones, aunque el organismo aclara que se trata de una obligación existente y no de un gasto adicional.
La discusión política
La conveniencia de avanzar con este proyecto será uno de los temas que se discutirán hoy en la mesa política. “El escenario está abierto. Todavía hay tironeos”, repiten en el bloque libertario, donde reconocen que las diferencias persisten. Nadie descarta, incluso, la posibilidad de un nuevo veto presidencial, aunque se trataría de una salida especialmente compleja para un oficialismo desgastado por el conflicto.
El Gobierno ya intentó imponer su posición, sin éxito. Primero lo hizo a través de un proyecto presentado en el Senado en abril de este año, que quedó aislado y cuyo debate nunca comenzó. Luego volvió a plasmar sus pretensiones en el proyecto de presupuesto 2027, presentado el 15 de septiembre, que provocó el rechazo inmediato de la oposición, pero también de legisladores propios y aliados que venían negociando una salida intermedia entre la derogación de la emergencia y su continuidad.
Otra alternativa es que la negociación continúe en el Senado, a través del bloque oficialista que conduce Patricia Bullrich. La exministra ya había expresado su malestar cuando el Ejecutivo presentó un proyecto de Presupuesto que contradecía las negociaciones legislativas en marcha. “No me tomen de tonta”, advirtió entonces.
Bullrich también conserva influencia sobre al menos 14 diputados que podrían resistirse a convalidar un nuevo veto de Javier Milei. Los números del oficialismo vuelven así a exhibir los límites de una estrategia que ya cosechó sucesivas derrotas parlamentarias.
“Lo que quiere el Poder Ejecutivo es inviable”, remachó un legislador oficialista acostumbrado a recorrer los pasillos del Congreso en busca de votos. La paradoja es que el oficialismo negoció una salida para evitar otra derrota parlamentaria, pero todavía no está claro que el propio Gobierno esté dispuesto a aceptarla.
diferencias dentro del Gobierno,September 23, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
POLITICA
Intensas negociaciones del Gobierno por las PASO: aún sin los votos, crece la idea de convocar a extraordinarias
El Gobierno tendrá este martes una jornada de reuniones para intentar destrabar la eliminación o suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una de las principales prioridades legislativas del Gobierno que todavía no cuenta con los votos necesarios para ser aprobada en el Congreso y cuyo tratamiento podría extenderse hasta las sesiones extraordinarias si el oficialismo no consigue acuerdos antes de que termine el período ordinario.
A lo largo de la jornada, la cúpula libertaria se reunirá en el marco de la mesa política y luego recibirá a los representantes del PRO, con la reforma electoral en el centro de la escena en ambos casos.
Una vez más, la secretaria general, Karina Milei, no se sumó a la comitiva presidencial que, en esta oportunidad, viajó a España y se quedó en Buenos Aires para seguir de cerca los acontecimientos.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, continuará en los próximos días con las conversaciones que viene teniendo con las provincias y que, por el momento, no se transformaron en respaldos concretos para eliminar las PASO.
De hecho, según pudo saber Infobae, la mesa política del oficialismo todavía no definió el cronograma que pretende para la aprobación de esta iniciativa, qué tiempo atrás buscaban sancionar entre finales de octubre y principios de noviembre.
El texto se encuentra trabado en el Senado, donde la jefa del bloque violeta, Patricia Bullrich, espera todavía que se planteen las nuevas metas de plazos para retomar las negociaciones con los otros espacios.
Asimismo, la ex ministra de Seguridad aguarda aún que “El Colo” le confirme si tiene el apoyo explícito de los gobernadores, actores clave para que la medida avance.
El funcionario habría dado varios pasos ese sentido en Francia, cuando juntó a 13 mandatarios locales que habían viajado al Argentina Week para tratar de cerrar en París los acuerdos electorales que no pudo alcanzar en Buenos Aires, pero continúan las desconfianzas.
En este contexto, en las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional comenzó a tomar fuerza la idea de dejar el debate sobre las primarias para el verano y así no solo ganar más tiempo para las negociaciones electorales, sino también concentrarse en otros proyectos pendientes.
“No sé si es solo por la falta de votos, entre nosotros también hay divergencias en el timing para los cierres”, explicó a este medio uno de los integrantes de la mesa política.
La estrategia, si se posterga la discusión por las PASO, es especular con la fecha en la que se van a empezar confirmar los acuerdos con aliados para, de esa manera, “obtener el mejor resultado posible“ para La Libertad Avanza.
“Además, nosotros vamos a estar más competitivos entrando el año electoral. Igual, todo esto es la foto de hoy y cualquier cosa puede terminar ocurriendo”, aclaran en eL entorno de Karina Milei.
El grupo volverá a reunirse este martes, a las 13:00 en la Casa Rosada, con el objetivo de revisar el estado de las tratativas parlamentarias, principalmente en torno a este punto.
Además de la secretaria general de la Presidencia, Santilli y Bullrich, participarán el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; su primo y armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández.
En este escenario, el Ejecutivo podría verse obligado a convocar eventualmente a extraordinarias, algo que era resistido en la cúpula libertaria hace tan solo unos días, cuando estaba concentrada en que todos los proyectos se sancionen este año.
Por ese motivo, el equipo primero buscará definir si cuenta con las voluntades necesarias para avanzar con una eliminación definitiva o si debe aceptar una suspensión de las primarias limitada a las elecciones de 2027.
Entre quienes mantienen una mirada más optimista está el propio Santilli, que en los últimos días aseguró que la reforma electoral será aprobada y continúa al frente de las gestiones con las provincias.
La estrategia, sin embargo, tiene límites. Los mismos espacios que resultaron decisivos para impedir que la oposición consiguiera quórum la semana pasada y tratara la derogación del mega decreto 70/2023 mantienen reparos sobre distintos aspectos de la agenda oficial. El PRO es uno de ellos y vuelve a ser clave en la discusión por las PASO.
Este martes, después de la mesa política, Santilli y los Menem recibirán en la Casa Rosada a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, los representantes del partido que fundó Mauricio Macri.
“Vamos a ir al encuentro con una variedad amplia de temas a discutir”, anticiparon en el entorno de los dirigentes amarillos, quienes se mantienen firme en su postura de hacer las primarias optativas, solamente para aquellas fuerzas que necesiten resolver sus internas, pero no eliminarlas ni suspenderlas.
Será el primer encuentro formal desde el 24 de septiembre, luego de varias semanas de diferencias por las modificaciones vinculadas a discapacidad, la coordinación parlamentaria y el armado electoral rumbo a 2027.
Aunque hay quienes confían en que “todavía están en plazo” para eliminar las PASO, en otra parte del oficialismo admiten que el margen se achica y que las prioridades cambiaron.
Del otro lado, el peronismo ya ratificó su rechazo a la iniciativa. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó la intención de eliminar o suspender las PASO y sostuvo que el objetivo del Gobierno es impedir que la oposición pueda organizarse para enfrentar una eventual reelección de Milei.
La lectura libertaria es diferente. En la cúpula oficialista repiten que las primarias no son una herramienta que les “quite el sueño” y que el desempeño del Presidente en las próximas elecciones dependerá, principalmente, de la evolución de la economía y de la gestión.
De todos modos, en los despachos más importantes de Balcarce 50 consideran que la eliminación de las PASO permitiría evitar un calendario de múltiples votaciones y reducir los costos asociados a esa instancia.
La reunión con el PRO y los contactos que Santilli mantenga con los gobernadores terminarán de definir si el Gobierno puede insistir con un tratamiento inmediato o si deberá trasladar la discusión de la reforma electoral a un llamado a sesiones extraordinarias.
Además, la discusión por la reforma electoral se dará en una semana marcada por la mega sesión que La Libertad Avanza convocó para este miércoles en la Cámara de Diputados.
Con el Presidente en España, el oficialismo buscará aprovechar esa jornada para ordenar parte de su agenda legislativa, blindar definitivamente el DNU 70 y consolidar los acuerdos con los mismos sectores que necesita para avanzar más adelante con las PASO y el Presupuesto 2027.
La sesión incluirá el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al que se le incorporó un capítulo para restituir límites a la venta de tierras rurales a extranjeros. Con esa modificación, el Gobierno apunta a dejar sin efecto el artículo del Decreto que había eliminado esas restricciones y preservar el resto de la norma.
El temario también contempla los proyectos oficiales sobre discapacidad y endeudamiento familiar o morosidad, elaborados como respuesta a las iniciativas que impulsaba la oposición, y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone ampliar las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y otros territorios del Atlántico Sur.
En el oficialismo anticipaban que el debate podría extenderse durante al menos 22 horas y convertirse en una de las sesiones más largas de la historia de la Cámara.
Javier Milei,Patricia Bullrich,La Libertad Avanza
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