POLITICA
El juez volvió a citar a Ariel Vallejo, tras el pedido de detención que hizo la fiscal Incardona

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella volvió a citar a Ariel Vallejo, el financista de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero para el 26 de mayo.
El magistrado lo resolvió luego de que la fiscal Cecilia Incardona y la ARCA pidieran su detención porque no se presentó a su indagatoria prevista inicialmente para ayer. Además del financista debía presentarse su madre, Graciela Vallejo.
Mas allá de esta novedad, hoy la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, resolvió descartar que la Fundación Apolo sea querellante en el caso y ordenó que el expediente se quede en el juzgado de Armella.
Allí se investigan presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos, con operaciones sospechadas por más de 818.000 millones de pesos y derivaciones en el ámbito financiero y del fútbol.
La Sala IV de la Casación hizo lugar al criterio de la fiscal Incardona y el fiscal de Cámara Diego Iglesias que buscaron evitar que distintas causas vinculadas con Sur Finanzas avanzaran de manera separada.
Para el juez Hornos, la hipótesis fiscal no podía ser examinada de manera aislada ni fragmentaria. La dispersión de expedientes puede afectar la eficacia de la pesquisa, dijo. Respaldó el planteo de los fiscales para que la investigación avance de forma concentrada, coherente y sin superposición de expedientes.
En cuanto a las indagatorias, ante la presentación del abogado de Vallejo, Mauricio D’Alesandro, el juez Armella pospuso la audiencia. El financista no se había presentado porque presentó un recurso contra su llamado a indagatoria, que fue rechazado.
Armella definió que Vallejo y su madre deben presentarse el 26 de mayo a las 9 y a las 11 bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía y ordenar sus detenciones.
“Están citando a Vallejo por tres cuestiones que no debieran. La Cámara ya dijo a ARCA, que la causa corresponde a otro juzgado, el de Federico Villena; el caso de los clubes de fútbol ya fue enviado al juzgado federal de Campana y la Cámara ya dijo que no había lavado de dinero por el caso del fideicomiso de Banfield”, argumentó el abogado D’Alesandro.
Entre los investigadores hay una fuerte expectativa porque la declaración de Vallejo puede resultar explosiva si acepta responder preguntas. Las sospechas son que Vallejo manejó dinero de dirigentes del fútbol y de la política.
Días atrás, el Banco Central le aplicó una multa de $5400 millones por un sumario que señala que una de sus casas de cambio fue una supuesta intermediaria en un “pasamano” del dólar blue por US$25 millones.
Armella citó a indagatoria a Vallejo y a otras 15 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes que integran esa entidad, que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
El juez considera que Vallejo era la cabeza de la organización.
Ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades ligadas a esas maniobras que la Justicia considera sospechosas.
Además de Vallejo, su madre, Graciela Beatriz Vallejo, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, fue citada junto con dos personas de su extrema confianza, como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.
El listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la ex suegra de Vallejo) y Maite Sofía Lorenzo, entre otros.
La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.
Armella también ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de todos los citados a declarar y de una docena de sociedades vinculadas a Vallejo.
“La investigación llevada a cabo en autos permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores que cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización”, dice la resolución a la que tuvo acceso .
Las medidas se ordenaron en una causa que comenzó con una denuncia contra ex dirigentes del club Atlético Banfield. Luego la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos.
Según esa denuncia, a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP”, se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas, y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, la denuncia apuntaba al supuesto lavado de dinero.
Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. Como garantía de esos préstamos, el club de Boedo le cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. “Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora”, sostuvo la fiscal Cecilia Incardona al pedir las indagatorias.
había revelado que la maniobra se orquestó durante una reunión llevada a cabo en el predio de Ezeiza. “Voy a ver la manera de ayudarlos”, lanzó Tapia delante de un puñado de dirigentes.
Apenas unos días después, apareció en escena Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, con los fondos para el “salvataje”. La transferencia se concretó el 8 de mayo. Eran $300 millones como adelanto por los derechos de TV.
Entre otros delitos, Armella también le imputó a Vallejo la retención indebida de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales de los empleados de Sur Finanzas en los períodos 6/2024, 7/2024, 9/2024, 11/2024, 12/2024, 7/2025 y 11/2025, por un total de $46.511.222,65. Se trata del mismo delito por el cual procesaron a Tapia y Pablo Toviggino.
La resolución destaca una serie de maniobras en perjuicio de los clubes como el descuento de cheques, la suscripción de mutuos, y contratos de sponsoreo supuestamente simulados, que le habrían generado ganancias ilegales a Vallejo y a sus empresas. Se menciona al club Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur, y el Club Atlético Temperley, entre otros.
Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP y Grupo Sur Finanzas, pero también ocupó diferentes cargos en Abo Inversiones, Valle Business, Roma Inversiones, Ars Cambios SAS y Fenus S.A.S. “Estas empresas y otras constituidas por personas de su entorno más cercano respondían directamente a sus intereses, interponiendo las mismas a la hora de establecer vínculos comerciales con terceros para crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos”, resume la resolución de Armella.
Sur Finanzas es la financiera que llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol, así como de equipos de primera división como Racing y Banfield.
Incluso fue prestamista en el caso de San Lorenzo y realizó donaciones a Independiente. Por eso, su vínculo con el fútbol no se limitaba solo a fotos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Antes de llegar a las primeras planas del deporte, focalizó sus negocios en las casas de cambio.
Su incursión en ese mundo comenzó en agosto de 2020, según los registros del BCRA. En ese entonces, ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia su madre Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y el propio Ariel Vallejo (20%). Dos años más tarde, en el segundo semestre de 2022, el empresario adquirió otra casa de cambio, llamada Ars Cambios. Precisamente, esa entidad es el foco del nuevo sumario oficial sobre maniobras vinculadas al dólar blue.
La investigación realizada por el BCRA describe a la empresa de Vallejo como una supuesta “intermediaria”. Entre el 2 de enero de 2023 y el 20 de diciembre de ese año contabilizó ventas por US$25 millones a otras casas de cambio, que a su vez no registraron ventas, tal como indica el sumario. La documentación agrega que Ars Cambios no recabó el motivo de esas operatorias ni el origen de fondos que financiaron sus ventas. Para el BCRA, la falta de registro de ventas de las otras entidades que adquirieron los dólares de la casa de cambio de Vallejo es un indicio de pérdida de trazabilidad del billete.
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POLITICA
Caso $LIBRA: dos entidades piden que se indague a Milei por negociaciones incompatibles con la función pública

Horas después de que el lobista Mauricio Novelli pidiera el apartamiento de los inversores afectados de la “causa $LIBRA”, dos entidades reconocidas como “amicus curiae” en el expediente penal solicitaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que llame a indagatoria al presidente Javier Milei por la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) sostuvieron que la Justicia puede -y debe- avanzar sobre la actuación presidencial, aun cuando persistan medidas de prueba pendientes vinculadas con la trazabilidad del dinero que se encuentran demoradas por limitaciones técnicas y presupuestarias del Ministerio Público Fiscal.
“A fin de evitar la prolongación de demoras innecesarias, se solicita que se deslinde el objeto procesal, a fin de preservar la investigación penal relacionada con la eventual participación del Sr. Presidente de la Nación ante la hipótesis de configuración del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”, indicaron Inecip y Cipce, en un escrito firmado por sus directores, Julián Alfie y Pedro Biscay.
El planteo de las entidades se apoyó, además, en estándares de celeridad procesal y en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra la corrupción, que —según señalaron— imponen una “debida diligencia reforzada” para evitar dilaciones que puedan derivar en escenarios de impunidad.
Tras sostener que “se han podido reunir múltiples elementos probatorios sobre la razonabilidad de citar a prestar declaración indagatoria” al jefe de Estado, Inecip y Cipce afirmaron que esas evidencias permiten sostener la hipótesis de un interés directo del Presidente en negocios privados vinculados a tecnologías de criptoactivos.
El planteo de los “amicus curiae”, que deberán evaluar el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Martínez de Giorgi, se presentó horas después de que Novelli solicitara la exclusión del expediente de los inversores que habían sido aceptados como querellantes. Argumentó que, transcurridos más de 15 meses desde el inicio de la pesquisa, no lograron acreditar una estafa ni su condición de víctimas.
Novelli planteó una “excepción de falta de acción”, al afirmar que la investigación judicial “se ha convertido en un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria, sin identificar una falsedad concreta, un error típico o una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño”. Según el lobista, durante el último año y medio no se logró identificar “una sola afirmación objetivamente falsa” atribuible a él, a Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy o al presidente Milei, entre otros.
Para el Inecip y el Cipce, sin embargo, esa interpretación resulta incompatible con la evidencia reunida hasta el momento, que —según indicaron— surge de informes técnicos, peritajes sobre dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y otras fuentes incorporadas al expediente.
Tras repasar esos elementos, los amicus curiae argumentaron que la intervención del Presidente en la gestación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, mediante un posteo en su cuenta de la red social X, “no se habría limitado a la mera reproducción de información de acceso público, sino que podría haber implicado un grado de vinculación o conocimiento previo que debe ser esclarecido en el marco de la presente investigación”.
Entre los elementos mencionados figura un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip), que analizó metadatos de una imagen hallada en el teléfono de Novelli con la frase en inglés “hola muchachos, este es el acuerdo final tal como se discutió con H.””. Según los amicus, ese texto detallaba un acuerdo por unos US$ 5 millones que incluía un pago atado a que Milei anunciara como su asesor a Hayden Davis en la red social X y otro por la firma del presidente y el estadounidense de un contrato de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para el Gobierno.
Complicaciones
El otro informe mencionado por los “amicus curiae” es de la Superintendencia de Investigaciones Federales (Dirección General de Cibercrimen) de la Policía Federal, que concluyó que $LIBRA tuvo “un origen único” en la red Solana, con una asignación inicial concentrada en una sola dirección, lo que evidenciaría “control primario absoluto” por parte de un actor no identificado.
A partir de ese dato, Inecip y Cipce sostuvieron que la dirección del contrato difundida por Milei el 14 de febrero no se encontraba disponible previamente en circuitos públicos, lo que —según plantearon— constituye un indicio de acceso anticipado a información relevante, lo que refuerza la necesidad de avanzar sobre las responsabilidades del presidente . En otras palabras, llamarlo a indagatoria.
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POLITICA
La Justicia falló a favor de la AFA y convalidó el traslado de su sede a Pilar

La Justicia falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y convalidó el traslado de su sede a Pilar. La Cámara Civil también declaró nula la resolución del Ministerio de Justicia que designaba veedores en la entidad liderada por Claudio “Chiqui” Tapia. Con este cambio, el organismo queda fuera de la órbita de investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ), que tiene jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires.
La AFA se había presentado en la Justicia en rechazo a la designación de veedores en la entidad, a pedido de la IGJ por supuestas “graves irregularidades” en sus procesos administrativos. La institución consideró que la designación de funcionarios ajenos a su estructura es una medida “ilegítima”, tomada con una “finalidad política ajena a la ley”.
Ahora, la Cámara Nacional en lo Civil dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia y determinó que los controles de la institución pasan a estar bajo la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense. Fue a partir del cambio de sede social a Pilar resuelto en Asamblea en 2024 y de la inscripción de la “Asociación del Fútbol Argentino” en jurisdicción bonaerense.
Para el tribunal “quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, en relación a la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, que depende del gobierno de Axel Kicillof.
El tribunal admitió las quejas de la AFA, declaró “la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por el Sr. Inspector General de Justicia el 18 de febrero de 2026 y por ende tener por cancelada la inscripción de la Asociación Civil – ‘Asociación del Fútbol Argentino’ del Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia”.
La cámara consideró que “la IGJ se erigió por encima de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas desatendiendo no sólo un acto administrativo válido sino, a su vez, llevando a cabo facultades revisoras y/o fiscalizadoras, sobre su par, organismo que goza de las mismas facultades de control y fiscalización dentro del ámbito de su jurisdicción en la cual no tenía competencia la Inspección General de Justicia».
AFA
POLITICA
Quién es Martín Ruiz, el intendente de Pueblo Brugo agredido por un concejal

Martín Ruíz, intendente de la localidad de Pueblo Brugo, en Entre Ríos, fue agredido el martes por la tarde por un concejal durante una acalorada discusión que surgió a raíz del cobro de un canon por la instalación de puestos para un festival.
Pueblo Brugo es una localidad del departamento de la capital entrerriana, sobre la costa del río Paraná. Ruiz, de afiliación peronista, llegó al gobierno local en 2019, poco después de que la población obtuviera el rango de municipio mediante el Decreto 501/19 del entonces gobernador Gustavo Bordet. La norma determinó que en la localidad viven 1600 personas, suficientes para que el lugar sea un municipio. Hasta entonces era considerado un puerto.
Así, Ruiz se convirtió en el primer intendente de la historia de Pueblo Brugo. El dirigente peronista fue reelegido en 2023 para un segundo mandato por la lista Más Entre Ríos, junto a la viceintendenta Betina Cosnard. Antes de llegar a la función pública, trabajaba como empleado de maestranza en una escuela de la localidad.
El intendente suele referirse a esta mayor autonomía como una oportunidad para revertir el estancamiento económico y demográfico del pueblo a lo largo del siglo XX, cuando llegó a tener unos 4500 habitantes. En distintas entrevistas puso el foco en el turismo, la pesca, los balnearios y la infraestructura como motores para impulsar el desarrollo local.
Su carrera política se desarrolló casi exclusivamente en el ámbito municipal, sin buscar proyección provincial. Sus apariciones en medios entrerrianos suelen estar vinculadas a inauguraciones, obras públicas o reclamos de infraestructura.
Si bien nunca había alcanzado repercusión nacional, Ruiz protagonizó otro conflicto durante su gestión. Uno de los más resonantes ocurrió en 2023, cuando denunció la contaminación del balneario municipal pocos días antes de su inauguración. En ese momento responsabilizó a una firma ganadera por el vertido de líquidos que obligó a suspender actividades previstas para la temporada, según publicó el medio Costa Paraná.
La agresión
Ruíz señaló al concejal Ariel Lemos, integrante de su propio espacio político, como responsable de la agresión y mostró que terminó con lesiones en su cabeza. “Estaba todo el grupo del Concejo Deliberante, que están de testigos de cómo fue la cosa”, dijo el jefe comunal. Tras el episodio, presentó una denuncia por daños físicos.
Según informó el medio local El Entre Ríos, la pelea surgió a partir del cobro del canon por la instalación de cierta cantidad de puestos en un festival de jineteada que se desarrollará el próximo fin de semana. La discusión se produjo en el ámbito del Concejo Deliberante.
De acuerdo con el relato de Ruíz, él se había acercado al Concejo para consultar de qué manera se implementaría el cobro del canon. La ordenanza aprobada establecía que los puesteros debían efectuar el pago antes del viernes 19 de junio. Sin embargo, sostuvo que resultaba más conveniente permitir que quienes participaran del evento abonaran el importe correspondiente el mismo día de la actividad.
A partir de ese intercambio de posiciones, y según consignó el medio local citado, Lemos atacó al intendente con golpes de puño. Los impactos alcanzaron la zona del cráneo del mandatario municipal. Tras eso, Ruiz se realizó una revisión médica para constatar las lesiones.
“Tuve una agresión por parte de un concejal, un golpe de puño, en una reunión a tratar unos temas de relevancia para el pueblo. Hubo un enojo de un concejal y un puñete en la cara”, afirmó Ruíz al medio Uno de Entre Ríos al referirse a lo ocurrido durante el encuentro.
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