El Gobierno busca dar vuelta la página de la polémica que rodea a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reactiva la agenda legislativa con iniciativas propias.

El oficialismo en Diputados apunta a abrir el recinto el próximo miércoles 20 para avanzar con la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el proyecto denominado “Hojarasca” -orientado a eliminar normas que, según el oficialismo, “atenten contra la libertad”-, una serie de tratados internacionales y una iniciativa presentada esta semana en materia energética que apunta, principalmente, a recortar subsidios al gas en las denominadas “zonas frías”.

La hoja de ruta libertaria tomó impulso tras una reunión impulsada por Martín Menem entre jefes de bloques aliados dispuestos a acompañar el temario oficialista.

Del encuentro, realizado en el Salón de Honor de la presidencia de la Cámara de Diputados, participaron los libertarios Gabriel Bornoroni, Giselle Castelnuovo, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Nicolás Mayoraz; Pamela Verasay, por la UCR; Fernanda Ávila, por Elijo Catamarca; Gisela Scaglia, por Provincias Unidas; Oscar Zago, por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID); José Garrido, por Por Santa Cruz; Karina Banfi, por Adelante Buenos Aires, y Gladys Medina, por el bloque Independencia, que reúne a diputados tucumanos. Por Pro asistieron Javier Sánchez Wrba y Cristian Ritondo.

Durante la reunión acordaron trabajar en comisión los proyectos que todavía no cuentan con dictamen, como la reforma energética y el PCT. El primero deberá pasar por las comisiones de Energía y Presupuesto; el segundo, por Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General. En ambos casos, el oficialismo prevé coordinar plenarios para la próxima semana.

El proyecto “Hojarasca”, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya obtuvo dictamen, aunque con modificaciones. El oficialismo retrocedió con la derogación del artículo 5 de la ley de cooperativas, que las exime del pago de impuestos sobre edificios y construcciones. Tampoco avanzó la eliminación de la ley 20.959, que otorga una credencial de libre circulación a diputados y senadores nacionales, ni el desmantelamiento del aporte estatal al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y a la Federación Argentina de Municipios, dos puntos que generaban incomodidad en distintos sectores de la Cámara.

A principios de abril también obtuvieron dictamen una serie de tratados y convenios internacionales que el oficialismo buscará convertir en ley este mes. Entre ellos figuran un acuerdo marco entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos; el Acuerdo de Cooperación Mutua para la vigilancia y control del espacio aéreo entre la Argentina y Uruguay, y el Convenio Internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio. Todos ellos cuentan con media sanción del Senado.

Además, se debatirán tratados de extradición con Chile, Polonia y Costa Rica, así como convenios de cooperación jurídica con Serbia, Cuba e Italia.

Con este temario, el oficialismo intenta recuperar la iniciativa política. En privado, dirigentes libertarios reconocen el desgaste que provocaron las revelaciones judiciales sobre el patrimonio de Adorni, que limitaron la posibilidad de instalar otros temas en la agenda pública. “No puedo ir a una entrevista porque me preguntan de eso”, admitió ante un encumbrado legislador libertario. “Tiene que dar las respuestas que tiene que dar. No puede ser que un día diga algo y al otro salga otra información. Es cansador”, agregó.

En el Gobierno esperaban que la sesión informativa que Adorni brindó en Diputados ayudara a desactivar la polémica. Sin embargo, este lunes la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, quien trabajó en reformas en la casa de Indio Cuá, volvió a complicar el escenario. Tabar aseguró que los arreglos en la propiedad que figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del ministro coordinador, demandaron US$245.000 entre materiales y mano de obra. Ese monto se suma a otros gastos de la familia Adorni que el funcionario todavía no explicó cómo afrontó.

La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, confirmó hoy el avance de una causa contra el escribano santafesino Santiago Busaniche, que está acusado de haber intervenido como operador judicial, junto con el exjuez federal Marcelo Bailaque y otros imputados, en un esquema de presiones y extorsión a empresarios.

La defensa de Busaniche había pedido que se anulara la causa en su contra, pero la Casación, por dos votos contra uno, rechazó ese planteo. Se pronuciaron por la subsistencia de la causa los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yabobucci -que firmó un duro fallo contra la pretención de que el caso se cerrara-. En disidencia, Mariano Borinsky le dio la razón a Busaniche: sostuvo que la acusación en su contra era nula y que la causa, en lo que a este imputado respecta, no podía seguir adelante.

El argumento de la defensa fue que no había sido debidamente notificada de una decisión que declaró el caso como “complejo” y que amplió así el plazo que la fiscalía tenía para formalizar la acusación contra Busaniche. Alegó, por un lado, que al escribano no lo habilitaron a participar de la audiencia que trató el pedido del Ministerio Público para que el caso se declarara complejo -audiencia de la que sí participó Bailaque- y, por otro, que no le comunicaron la decisión tomada como hubiera correspondido. Relató que la fiscalía notificó a Busaniche por mail y sin las formalidades exigidas por la ley.

Mahiques, autor del primer voto del fallo, dijo que era cierto que la notificación cuestionada “no cumplió con todas las formalidades incluidas en los artículos 125 y 126 del nuevo ordenamiento procesal federal” (el caso se rige por el sistema acusatorio). Sostuvo que la comunicación debió haberla hecho la Oficina Judicial dentro de las 24 horas, con claridad y precisión, y advirtiéndole “suficientemente” al imputado que estaba en juego el ejercicio de un derecho.

Pero según Mahiques, la defensa de Busaniche reconoció que había recibido el mail de la fiscalía que le informaba lo resuelto y, sin embargo, dejó pasar meses sin cuestionar esa decisión.

Mahiques escribió: “Una notificación tardía, sin intervención de la Oficina Judicial encargada en la gestión administrativa y la utilización de locuciones más vinculadas a la urbanidad que a la técnica procesal no parece lo más adecuado a los estándares regulares en ese tipo de comunicaciones”. Advirtió, no obstante: “No puede afirmarse sin riesgo a incurrir en un exceso formal que las deficiencias expuestas hayan afectado derechos o garantías del imputado”.

El camarista estimó que la prórroga que tuvo el fiscal para formalizar su acusación no provocó una “vulnernación de derechos del imputado” y recordó los compromisos internacionales asumidos por la Argentina para “habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción”.

Para Yacobucci no hubiera correspondido siquiera tratar el recurso de Busaniche porque -afirmó- lo resuelto por el juez de garantías (que había dicho que el caso debía continuar) tuvo “fundamentos válidos y suficientes” y fue ratificado por el Colegio de Jueces de Revisión de Rosario, “garantizando en el caso la doble conformidad judicial”.

Con el recurso ya abierto por sus colegas, Yacobucci dijo que coincidía con el voto de Mahiques, pero añadió una serie de observaciones propias. Aludió al “principio de desformalización” que regula “la sistemática del Código Procesal Penal Federal” y dijo que ese cuerpo legal no prevé una nulidad como la que pretende la defensa. Yacobucci manifestó que eso “resulta de especial significación frente a hechos de notoria gravedad institucional, donde se sospechan conductas corruptas de altos magistrados del Poder Judicial, a la postre vinculadas con criminalidad organizada y narcotráfico, que son materia de compromisos internacionales del Estado argentino”.

“Una interpretación asistemática y descontextualizada de las normativas en juego -añadió el camarista- no puede ser legítimamente de recibo, además del strepitus fori que de esas consecuencias se deriva.”

Yacobucci citó en su voto una serie de fallos de la Corte Suprema y destacó lo afirmado por el ministro Ricardo Lorenzetti en el precedente “Price” en cuanto a que un muy breve plazo de caducidad que impida avanzar en el juzgamiento de hechos de corrupción “derivaría en el incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino”.

Borinsky, en disidencia, dijo que “por motivos exclusivamente formales” se privó “puntualmente a la defensa de Santiago Busaniche de cuestionar y recurrir la declaración de complejidad del proceso, cuando la ley expresamente establece la posibilidad de impugnar esa resolución jurisdiccional”. Sostuvo que “más allá de la discusión en torno a la comunicación efectuada por el Ministerio Público Fiscal en el mail de fecha 9 de mayo de 2025, lo cierto es que se aprecia que en el caso concreto de Busaniche, su defensa no tuvo la oportunidad útil de intervenir ni cuestionar el carácter de complejo que se le asignara al procedimiento”.

Por ende, según Borinsky, a Busaniche la fiscalía lo acusó cuando el plazo para hacerlo había vencido y, entonces, esa acusación no es válida y es algo que ya no puede subsanarse. Está en juego la garantía constitucional del plazo razonable, de acuerdo con este camarista.

Borinsky subrayó que el cierre de la causa debería regir entonces únicamente para Busaniche y no para los demás acusados, que consintieron la decisión de considerar el caso como complejo y ampliar los plazos.

“Considero que en las particulares circunstancias del caso y sólo con relación a Busaniche -y no respecto de otros imputados-, el trámite impreso al proceso, fue llevado a cabo al margen de las normas específicas aplicables”, sostuvo Borinsky en soledad.

Mahiques describió en su voto la acusación de la fiscalía contra Busaniche. Relató que le imputan “su presunta intervención en una de serie de actos que desde 2019 hasta aproximadamente noviembre de 2024, habrían coordinadamente realizado el nombrado junto a Marcelo Martín Bailaque, Fernando Elías Whpei [financista, arrepentido ante la Justicia] y Carlos Vaudagna [extitular de la AFIP de Rosario y Santa Fe]”.

Lo que hicieron -siempre según la acusación- fue iniciar y direccionar actuaciones administrativas y un expediente judicial contra empresarios “con el objetivo de presionarlos, dañar su reputación y de ese modo condicionar sus decisiones y el normal ejercicio de sus cargos directivos en diferentes empresas del grupo San Cristóbal”.

De acuerdo con la fiscalía, a través de esas conductas Bailaque, Whpei y Vaudagna comenzaron a exigir dinero a los empresarios nombrados a cambio de influir favorablemente en el desarrollo de esos procesos.

Mahiques relató en su fallo que los hechos atribuidos por la fiscalía a Busaniche “fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario».