POLITICA
Los “prohibidos del Mundial”: el Gobierno envió a EE.UU. la lista de barras con antecedentes y restricciones
El Gobierno le entregó días atrás a Estados Unidos una lista de unas 35 mil personas con derecho de admisión, con el objetivo de evitar la presencia de barras argentinos en el próximo Mundial de la FIFA.
Entre los incluidos aparecen personas con antecedentes penales, deudores de cuotas alimentarias y miembros de distintas barras bravas del fútbol argentino.
La decisión busca evitar que se repitan dos imágenes que todavía generan incomodidad en sectores políticos y de seguridad: la presencia de barras en el Mundial de Qatar 2022 y el antecedente de “Hinchadas Unidas Argentinas” durante Sudáfrica 2010.
De todos modos, desde el Gobierno aclaran que el envío de la lista no implica automáticamente que esas personas no puedan ingresar a Estados Unidos ni asistir a los partidos. La decisión final depende exclusivamente de las autoridades norteamericanas. La lógica del planteo oficial es transmitir información sobre personas alcanzadas por restricciones o antecedentes para que luego EE.UU. defina cómo actuar.
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La medida también vuelve a abrir un debate que atraviesa hace años al fútbol argentino. Por un lado están quienes consideran positivo que la Selección tenga “aguante” en las tribunas, incluso con presencia de barras. Del otro, quienes creen que esa imagen perjudica al país frente al mundo.
En ese escenario, el Gobierno quedó alineado con la postura de mostrar una imagen más ordenada y controlada durante el Mundial. Por eso avanzó con el envío de la nómina.
Quiénes son los barras apuntados
Uno de los casos más resonantes es el de La 12, la barra de Boca Juniors. En total aparecen 59 barras vinculados al club. Entre ellos figuran Rafael Di Zeo, Carlos “Skelethor” Pascual, Fernando Gatica y Fabián Kruger.
Gatica y Kruger estuvieron presentes el 23 de octubre de 2024, día en que Juan Román Riquelme tuvo que intervenir para frenar a La 12 durante un partido frente a Gimnasia en Rosario. En el caso de Di Zeo, después de recibir el derecho de admisión amenazó a Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad y actualmente senadora.
Además, en marzo el presidente Javier Milei firmó un decreto con el que ratificó que Di Zeo no puede ingresar a los estadios.
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River Plate también aparece alcanzado por la medida. Hay integrantes de “Los Borrachos del Tablón” incluidos en la lista, entre ellos Ariel Fernando Calvici, Hugo Ezequiel Iñiguez, Lucas David Mujica e Ismael Jonathan David Cabrera. En febrero de 2025, en Mendoza, varios de ellos intentaron entrar a la cancha pese a que ya tenían una prohibición de ingreso por 36 meses.
Otro de los focos está puesto en Independiente. El club suma 39 barras señalados, en buena parte por la brutal pelea con hinchas de Universidad de Chile durante la Copa Sudamericana 2025.
San Lorenzo también aparece entre los clubes con mayor cantidad de personas incluidas. Son 55 integrantes de “La Butteler”. En enero de 2026, durante un operativo realizado en Entre Ríos cuando el equipo jugaba en Uruguay, se secuestraron cocaína y armas.
Sudáfrica y Qatar, los dos antecedentes a evitar
El Gobierno busca diferenciarse especialmente de dos antecedentes mundialistas.
En Qatar 2022, en el debut de la Selección argentina frente a Arabia Saudita, se habló de una falta de aliento en las tribunas. Después comenzaron a aparecer barras o hinchas “caracterizados” de segundas y terceras líneas de Boca, Vélez, Racing y clubes del Ascenso.
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Incluso, alrededor de esa situación circularon versiones sobre un supuesto financiamiento de la AFA para facilitar esos viajes, aunque no existen confirmaciones oficiales. En paralelo, durante ese Mundial también hubo tensiones culturales con la policía qatarí, a la que le molestaba que los argentinos se sacaran la camiseta en los partidos.
El otro antecedente que el Gobierno busca dejar atrás es el de Sudáfrica 2010. Antes de ese Mundial se creó la agrupación Hinchadas Unidas Argentinas, muy vinculada a dirigentes kirchneristas. Ese año viajaron barras de clubes como Independiente, Rosario Central, Colón, Chacarita y Gimnasia La Plata, entre otros. La experiencia terminó en escándalo porque muchos fueron deportados.
Uno por uno, a qué clubes pertenecen los barras incluidos en la lista
- Boca Juniors: 59 barras
- River Plate: 10 barras
- Almirante Brown: 40 barras
- All Boys: 10 barras
- Godoy Cruz: 3 barras
- Platense: 1 barra
- Estudiantes y Gimnasia La Plata: 15 barras
- Vélez: 16 barras
- Independiente: 39 barras
- San Lorenzo: 55 barras
- Huracán: 3 barras
- Racing: 4 barras
Mundial 2026, Barrabravas, Estados Unidos
La reforma laboral de Javier Milei sigue plenamente vigente a partir de un reciente fallo judicial que rechazó una cautela de la CGT para frenar la aplicación de la norma.
La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo que había dejado sin efecto la medida cautelar que suspendía 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral (27.802), se supo este miércoles. La central obrera deberá esperar ahora a que la Justicia se expida sobre el fondo del planteo de inconstitucionalidad.
La resolución lleva la firma de los jueces Rogelio Vicenti y Jorge Morán, quienes rechazaron la apelación que había presentado la CGT contra el fallo de la jueza Macarena Marra Giménez, dictado en mayo, que ya había levantado la suspensión de la ley.
El conflicto judicial por la reforma laboral se inició en marzo, cuando el juez laboral Raúl Ojeda dictó una medida cautelar que suspendió el núcleo de la reforma: artículos referidos a antigüedad, subcontratación, despidos, vacaciones, período de prueba y banco de horas extra, entre otros. El Gobierno apeló esa decisión y logró que la Cámara del Trabajo la revirtiera y que, luego, el expediente pasara al fuero Contencioso Administrativo Federal.
Allí, la jueza Marra Giménez dejó sin efecto la cautelar en mayo, al considerar que el reclamo de la CGT abarcaba demasiados puntos como para resolverse por esa vía: “Dada su complejidad y extensión, el planteo requiere un examen profundo sobre los derechos involucrados, que no puede ser merituado a título cautelar”, sostuvo la magistrada en su momento.
Ahora, la Sala IV avaló ese criterio. Los camaristas sostuvieron que la CGT “no pretende conservar el estado de cosas, cuya modificación podría tornar infructuosa la sentencia, sino que pide un anticipo de esta última porque su tardanza le ocasionaría daños irreversibles” a los trabajadores que representa. Y agregaron que “tampoco se advierte la configuración de un perjuicio en cabeza de la parte actora y de la clase a quien representa, que revista una magnitud y probabilidad de ocurrencia que justifique la alteración del orden normal del pleito”.
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El tribunal remarcó además que examinar el pedido de inconstitucionalidad para resolver una suspensión provisional “significaría adelantar una decisión sobre el fondo del asunto”, algo que excede el marco de una medida cautelar. En ese sentido, señaló que “otorgar una medida como la solicitada por la CGT sólo corresponde cuando existen indicios serios y graves sobre la ilegitimidad de una norma” y que, en este caso, “tales indicios no se pudieron demostrar en esta etapa preliminar”.
Los jueces aclararon que la jueza de primera instancia “no se pronunció aún sobre la inconstitucionalidad” de la norma, sino solo sobre la procedencia de la cautelar. También destacaron que “la razonable proximidad del dictado de la sentencia definitiva evidencia la falta de configuración del requisito de peligro en la demora”, en referencia a los plazos breves que rigen para este tipo de juicios.
Con este fallo, la jueza Marra Giménez queda en condiciones de resolver sobre el fondo del reclamo: si la Ley de Modernización Laboral es o no constitucional, mientras la norma sigue aplicándose. La Cámara remarcó que el juicio colectivo tendrá sentencia “en plazos cortos” y que los trabajadores que consideren afectados sus derechos pueden iniciar acciones individuales mientras tanto.
reforma laboral, CGT
A horas de reencontrarse nuevamente con el presidente Javier Milei en el acto oficial por el 9 de Julio en la provincia de Tucumán, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó nuevas críticas al Gobierno y contrapuso que los próceres de la Independencia “no buscaron enriquecerse en la función pública”.
Mediante una nota de opinión publicada en el diario tucumano La Gaceta, Villarruel manifestó que los argentinos debían demostrar que mantienen intacta “la capacidad de conducir su propio destino”.
“Asumamos el mandato de la historia con la certeza de que otro país es posible si tenemos la audacia y las virtudes necesarias para hacerlo realidad”, expresó.
A su vez, planteó que en el siglo XXI la Argentina atraviesa una “encrucijada histórica” que reedita “el mismo dilema político de 1816″ y señaló que “la libertad no es una abstracción”, sino que se encarna en “la soberanía concreta de la Nación sobre sus decisiones y sus recursos”.
“Difícilmente podamos hablar de una verdadera libertad si nuestra agenda legislativa se limita a subordinar el diseño de nuestro marco jurídico a normativas o intereses foráneos”, dijo, en alusión implícita a los vínculos que el Gobierno tejió con Estados Unidos.
Tras la renuncia del Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete ante el avance de la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, Villarruel contrapuso que los próceres de la Independencia “no buscaron enriquecerse en la función pública, sino darlo todo por amor a la patria”.
“Por eso, este 9 de julio, la encrucijada argentina nos exige abandonar la resignación y la improvisación. No podemos eludir nuestra responsabilidad histórica ni delegar las decisiones estratégicas de la Nación bajo la falsa premisa de una eficiencia sin rostro”, aseveró.
Villarruel hizo un llamado a “evocar las reservas de patriotismo” del pueblo a los técnicos, científicos, trabajadores, empresarios y jóvenes con el objetivo de “volver a concebir el esfuerzo cotidiano como la forma más alta de defensa nacional”.
“Seamos capaces, como los hombres de Tucumán, de escuchar esa voz imperiosa de la Patria que supera todo cálculo transaccional. Construyamos entre todos un orden legal soberano y valiente que ponga los recursos al servicio del desarrollo de nuestras familias y del suelo sagrado que habitamos”, convocó.
También se refirió a los próximos desafíos, indicó que la sociedad se enfrenta a un cambio de época “antropológico” y, en línea con la encíclica del papa León XIV, resaltó que el avance tecnológico debía estar “al servicio de la persona humana y el bien común”.
“En el plano económico y social, esto implica que la innovación debe tener como norte el desarrollo humano integral, la producción nacional y la creación de fuentes de trabajo digno para nuestro pueblo”, afirmó.
Por otro lado, destacó la hazaña del Congreso de Tucumán de 1816 al considerar que fueron hombres que se reunieron en “circunstancias críticas” y que sintieron el llamado de “la voz silenciosa, pero imperativa de la Patria”.
“Al firmar el acta, no solo rompieron vínculos con España, sino que añadieron una cláusula imperecedera que resuena con más fuerza a medida que transcurre el tiempo: la exigencia de ser independientes “de toda otra dominación extranjera”. Aquel congreso demostró, que en situaciones críticas, la política debe ser el arte de hacer posible lo imposible“, concluyó.
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POLITICA
Reservistas militares: qué son, para qué sirven y por qué Argentina lleva casi 40 años sin implementar el sistema previsto por la ley
La Argentina mantiene desde hace cuatro décadas una deuda pendiente en materia de defensa. Si bien la Ley de Defensa Nacional reconoce la existencia de reservistas militares, el país nunca avanzó con la legislación que debía establecer cómo movilizarlos y organizarlos frente a una situación de emergencia.
Esa omisión, advirtió Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, responde a una combinación de falta de decisión política, demoras burocráticas y ausencia de consensos sobre una herramienta que, según explicó, forma parte del funcionamiento habitual de las Fuerzas Armadas en numerosos países.
“Es una deuda que lleva ni más ni menos que cuarenta años”, resumió el especialista, al señalar que el problema es “burocrático, legislativo” y refleja la falta de interés para avanzar sobre decisiones “claves para que el Estado pueda cumplir algunas de sus funciones fundamentales, como asegurar el resguardo de la soberanía y de los intereses nacionales”.
Una ley incompleta
Serbin Pont explicó que la figura del reservista no está ausente del marco jurídico argentino. El problema, sostuvo, es que nunca se completó el esquema previsto por la propia Ley de Defensa Nacional.
Según detalló, la normativa vigente establece la existencia de elementos de reserva, pero ordena además que el Consejo de Defensa Nacional impulse una ley específica de movilización nacional para definir el procedimiento mediante el cual esos ciudadanos pueden ser convocados en caso de necesidad. “Eso nunca ocurrió”, sintetizó, y esa ausencia impide contar con un sistema institucionalizado para incorporar personal cuando las circunstancias lo requieren.
Como consecuencia, explicó, las Fuerzas Armadas no disponen de un mecanismo transparente, permanente y accesible para organizar, capacitar y movilizar reservistas.
En ese contexto, señaló que actualmente existen grupos de reservistas distribuidos en distintas unidades del Ejército, aunque funcionan principalmente gracias a la iniciativa de sus propios integrantes. “Hoy hay unidades de reservistas en diferentes puntos, pero son, en buena parte, a pulmón, por el esfuerzo de los propios reservistas que deciden organizarse y coordinar con el Ejército”, describió.
Para el analista, eso implica depender de un recurso humano voluntario sin que exista una política pública que ordene su incorporación, capacitación y eventual convocatoria.
Una herramienta habitual en el mundo
Lejos de tratarse de una excepción, Serbin Pont remarcó que los sistemas de reservas constituyen uno de los pilares sobre los que se organizan muchas Fuerzas Armadas modernas.
“Esto existe en un montón de países. No es un invento argentino; al contrario, es la base con la que funcionan muchas fuerzas armadas alrededor del mundo, porque sostener un ejército permanente es caro”, explicó.
Para ilustrarlo, recordó el caso de Israel durante la guerra de Yom Kipur. Allí, señaló, el país logró movilizar en apenas 72 horas a unos 400.000 ciudadanos que no integraban el plantel profesional de las Fuerzas Armadas, sino que desarrollaban normalmente sus actividades civiles y fueron convocados cuando estalló el conflicto.
También mencionó el modelo suizo, donde el Estado entrega a los reservistas su uniforme y equipamiento básico una vez finalizada la instrucción militar. De esa manera, explicó, permanecen disponibles para ser convocados con rapidez cuando las circunstancias lo exigen.
Como ejemplo más reciente, Serbin Pont recordó lo ocurrido en Ucrania al comienzo de la invasión rusa en 2022. Según indicó, el gobierno movilizó a miles de reservistas que ya contaban con entrenamiento previo, mientras que otros ciudadanos recibieron instrucción acelerada para cumplir funciones de apoyo. “Los puntos de combate de alta intensidad los llevan los militares profesionales, pero los reservistas cumplen funciones complementarias”, explicó, al destacar que este tipo de esquemas permite ampliar rápidamente las capacidades del Estado sin depender exclusivamente del personal permanente.
Más efectivos y una mayor integración con la sociedad
Durante la columna, el especialista sostuvo que un sistema de reservas no solo incrementa la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, sino que también fortalece el vínculo entre la institución militar y la sociedad civil.
A modo de ejemplo, explicó que si el Estado conoce con precisión cuántos efectivos permanentes posee y cuántos reservistas capacitados puede convocar, dispone de una base mucho más sólida para planificar distintos escenarios. “Si las Fuerzas Armadas saben que tienen 80 mil efectivos, pero pueden movilizar otros 80 mil, entonces los planes de contingencia se elaboran sobre una capacidad potencial de 160 mil personas y no únicamente sobre la dotación permanente”, señaló.
Consultado acerca de si existe disposición de la ciudadanía para integrar un sistema de estas características, Serbin Pont respondió que el país ya cuenta con antecedentes de voluntariado que demuestran ese compromiso. Mencionó el caso de los cerca de 40.000 bomberos voluntarios que funcionan en la Argentina y sostuvo que miles de personas dedican tiempo y recursos propios para prestar un servicio a la comunidad. “La voluntad existe; lo que falta es un Estado que la organice”, afirmó.
En ese intercambio, la periodista Maru Duffard reconoció que desconocía que cualquier ciudadano pudiera acercarse voluntariamente a una unidad militar para integrar la reserva. La observación dio pie a una aclaración del especialista, quien explicó que pueden formar parte de ese sistema quienes pasaron por las Fuerzas Armadas, desde soldados voluntarios hasta oficiales retirados. Sin embargo, consideró que el esquema podría ampliarse para incorporar también a personas sin experiencia militar previa, siempre que reciban una instrucción básica que les permita integrarse de manera ordenada.
Para Serbin Pont, completar finalmente el marco legal pendiente desde hace cuarenta años no implica únicamente resolver una cuestión administrativa. Significa, sostuvo, dotar al Estado de una herramienta estratégica para responder ante situaciones excepcionales, aprovechar capacidades que hoy permanecen dispersas y fortalecer el vínculo entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. Esa discusión, concluyó, continúa pendiente pese a que la propia legislación la contempló hace ya cuatro décadas.
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