El Gobierno declaró secreto militar las operaciones contractuales para adquirir equipamiento destinado a las Fuerzas Armadas. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que autoriza al Ministerio de Defensa a instrumentar el procedimiento y exceptúa esas actuaciones de las disposiciones sobre publicidad y difusión.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, alcanza las adquisiciones identificadas en un expediente de esa cartera. Sin embargo, el texto publicado no especifica qué materiales o equipos se comprarán ni detalla el alcance de las operaciones.

Según los fundamentos del decreto, el Ministerio de Defensa identificó un proceso de adquisición cuyo contenido debe quedar restringido a personas autorizadas. La justificación oficial es que la divulgación de información sobre la naturaleza, las características y la finalidad del equipamiento podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.

El decreto se apoya en las leyes de Defensa Nacional y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, además de la normativa que regula el secreto militar. Esta última contempla entre los asuntos alcanzados por esa figura las adquisiciones de material, las negociaciones y los trámites vinculados con ellas.

En su artículo primero, la norma declara secreto militar las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el expediente. El segundo artículo autoriza al Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, a adoptar los actos necesarios para instrumentar la medida.

“El secreto militar es una herramienta prevista en la legislación para proteger información sensible de la defensa nacional. Los países resguardan este tipo de información como parte de sus políticas de defensa. En determinadas adquisiciones, divulgar características técnicas, capacidades o condiciones de empleo puede comprometer la eficacia de los sistemas y la seguridad del personal”, argumentaron fuentes oficiales consultadas por . Y añadieron: “Su aplicación a una adquisición no implica un cambio en la posición argentina sobre Malvinas. El reclamo de soberanía se sostiene por medios pacíficos y diplomáticos, l mandato constitucional”.

El antecedente del programa de los F-16

Semanas atrás, el Gobierno había ampliado el régimen de secreto militar aplicado al programa de incorporación de los aviones de combate F-16 que la Argentina compró a Dinamarca. Mediante el Decreto 735/2026, publicado en agosto, estableció medidas para proteger la información vinculada con la eventual salida del país de componentes del sistema de armas para tareas de mantenimiento, reparación y actualización.

La decisión abarcó distintos materiales relacionados con los 24 cazas adquiridos, entre ellos partes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento y otros equipos asociados. El objetivo era permitir que determinados componentes pudieran enviarse temporalmente al exterior sin comprometer información considerada sensible.

El programa de los F-16 ya había sido alcanzado por otras medidas de secreto militar. En abril de 2024, el Gobierno declaró secreta la operación contractual para adquirir el sistema de armas; en septiembre de ese año, extendió el régimen a las obras de infraestructura necesarias para recibir los aviones y a la importación de materiales sensibles. En diciembre, incorporó también las operaciones contractuales para adquirir equipos y capacidades complementarias.

El nuevo Decreto 1205/2026, publicado este lunes, establece otra declaración de secreto militar para operaciones contractuales de adquisición de equipamiento de Defensa, pero no identifica en su texto público los bienes involucrados ni señala que correspondan al programa de los F-16.

En un guiño a sus aliados provinciales, que la semana pasada contribuyeron a frustrar la última sesión impulsada por la oposición, el oficialismo en Diputados acelerará el debate de un nuevo régimen de biocombustibles por 15 años.

La Comisión de Energía y Combustibles, presidida por el libertario Facundo Correa Llano, comenzará este martes a discutir el proyecto, que propone aumentar progresivamente el porcentaje obligatorio de biodiésel y bioetanol que se mezcla con los combustibles fósiles. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado.

La propuesta despierta especial entusiasmo en Córdoba y Santa Fe, sus principales impulsoras, donde conviven grandes cerealeras con pequeñas y medianas empresas productoras de maíz y aceite de soja, los principales insumos para la producción de biocombustibles. También genera expectativas en Jujuy y Tucumán, productoras de caña de azúcar, elemento clave para la elaboración de bioetanol.

El cambio más significativo es el aumento de los cortes obligatorios. De convertirse en ley, el porcentaje de biodiésel mezclado con gasoil pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el de bioetanol incorporado a las naftas subiría del 12% al 15%. Ambos incrementos deberían concretarse dentro de los 12 meses posteriores a la sanción de la norma.

En el Senado, el proyecto fue aprobado por 41 votos a favor y 25 en contra, con el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), casi toda la UCR, Pro, Convicción Federal y bloques provinciales. El tucumano Juan Manzur fue el único integrante de la bancada justicialista que acompañó la iniciativa, mientras que el radical bonaerense Maximiliano Abad la rechazó por considerar que perjudica a las pequeñas y medianas empresas productoras de su provincia.

Es que uno de los puntos más controvertidos es la apertura gradual del mercado del biodiésel a las grandes aceiteras. Actualmente, el corte obligatorio del 7,5% está reservado a productores independientes con una escala reducida de hasta 50.000 toneladas al año.

La nueva iniciativa elevaría el corte al 10%, pero modificaría su distribución: hasta 2028, un 6,5% quedaría protegido para las empresas no integradas a los grandes grupos aceiteros y el 3,5% restante se abriría a la competencia de todos los productores. Esa participación reservada se reduciría progresivamente hasta el 4% en 2031. Es un esquema que despierta resistencias entre las pymes del sector.

Gestiones con gobernadores

El debate comenzará este martes a las 15, con una reunión de la Comisión de Energía en la que expondrán invitados. Los impulsores del proyecto esperan obtener un dictamen favorable la próxima semana, para luego avanzar en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, los otros dos giros de la iniciativa.

Los legisladores santafecinos y cordobeses confían en que el texto esté en condiciones de llegar al recinto el 18 de noviembre, en la sesión prevista para debatir el Presupuesto 2027. “Va a avanzar”, aseguró un legislador que participó de las conversaciones con el presidente de la Cámara, Martín Menem.

El impulso que ahora recibe la iniciativa llega apenas después de que diputados de Santa Fe, Tucumán, Jujuy y parte de Córdoba contribuyeran a dejar sin quórum la última sesión solicitada por la oposición para intentar voltear el DNU 70/2023.

Entre los ausentes estuvieron los santafecinos Gisela Scaglia y José Núñez; los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, y la cordobesa Alejandra Torres, todos integrantes de Provincias Unidas. Tampoco bajaron al recinto los tres tucumanos del bloque Independencia, alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo: Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera.

Las ausencias profundizaron las diferencias internas en Provincias Unidas, donde ocho de sus 18 integrantes decidieron no bajar al recinto, en sintonía con la estrategia del Gobierno. La cifra coincide con la cantidad de diputados que le faltaron a la oposición para alcanzar el quorum: reunió 121 de los 129 necesarios.

Dentro de la bancada se anticipa una discusión áspera que podría desembocar en una ruptura, aunque por ahora sus integrantes evitan hacer declaraciones públicas. “Nos debemos una conversación”, admitió uno de los legisladores más críticos, que distingue dos sectores: los diputados que responden a los gobernadores y los radicales y socialistas “sin tierra”, que mantienen una posición más confrontativa frente a Javier Milei.

Los pases de factura por las negociaciones con la Casa Rosada también se multiplicaron en el peronismo, que registró ausencias significativas. Una de ellas fue la del fueguino Agustín Tita, cercano al gobernador Gustavo Melella, cuya provincia atraviesa una delicada situación financiera y figura entre las jurisdicciones habilitadas para recibir anticipos de coparticipación. La gravedad de la crisis quedó expuesta la semana pasada, cuando policías retirados de Tierra del Fuego denunciaron ante la Comisión Bicameral de Seguridad Interior que llevan 16 meses sin cobrar sus haberes jubilatorios.

En una semana en la que el oficialismo buscará avanzar con una agenda propia, los libertarios procuran devolver las gentilezas a sus aliados.

El avance de la ley de biocombustibles no es el único gesto: también incorporaron al temario de la sesión prevista para este miércoles un proyecto reclamado por el sector agropecuario que endurece las sanciones contra el vandalismo rural y otro que propone transferir gratuitamente a Chaco el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB), actualmente bajo la órbita nacional.