WASHINGTON.- En el marco de un viaje de tres días a Estados Unidos, en el que mantuvo reuniones con altos funcionarios de la administración de Donald Trump, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó avances en el proceso para que la Argentina acceda al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos (VWP, por sus siglas en inglés), aunque fue cauta con los plazos en los que finalmente podría concretarse el anuncio.

“Estamos avanzando con el proceso de Visa Waiver. Está involucrado el Gobierno completo. Hay una secuencia de pasos y de tiempos, no solo de nuestra parte, sino del lado de Estados Unidos también”, señaló a Monteoliva, quien este miércoles fue recibida durante 40 minutos por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a cargo del VWP.

Ese fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa en la reunión con el alto funcionario que reemplazó en marzo pasado a Kristi Noem, quien en julio pasado había firmado junto a Javier Milei en la Casa Rosada una “declaración de intención” para trabajar en el regreso de la Argentina al VWP.

En el entorno de la ministra señalaron que la reunión fue “muy buena” y que siguen firmes los lazos de cooperación e intercambio en todas las líneas de trabajo conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional [DHS, según sus siglas en inglés]. Además, destacaron que Monteoliva fue la primera ministra extranjera en ser recibida por Mullin desde que él asumió su cargo.

Aunque en el Gobierno son optimistas sobre el avance de las negociaciones con Estados Unidos, Monteoliva evitó poner una fecha concreta en la que podría anunciarse el reingreso de la Argentina al VWP luego de 24 años, pero sería en algún momento de 2027, antes de que culmine el gobierno de Milei.

“Es parte de uno de los ejes de trabajo que el Presidente planteó y que todos los que estamos abajo trabajamos para concretar”, dijo Monteoliva, quien el martes se reunió con la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Allison Hooker.

En el Gobierno -que destacó el “compromiso y seriedad” de Estados Unidos en las negociaciones- confían en cumplir en los próximos meses todos los requisitos que implica el ingreso de un país al VWP, como fortalecer los procesos migratorios, mientras se ultiman detalles de distinta índole. Luego, la implementación dependerá de los plazos y procesos internos de ambas administraciones.

El programa permite a los ciudadanos de determinados países viajar a Estados Unidos por motivos de negocios o turismo para estancias de hasta 90 días sin necesidad de visado. A cambio, esos países deben ofrecer el mismo trato a los ciudadanos estadounidenses, permitiendo visitas por un período similar sin necesidad de visa, según detalla el DHS.

El enfoque del DHS incorpora “evaluaciones de riesgo periódicas a nivel nacional sobre el impacto de la participación de cada país del programa VWP en la seguridad nacional y los intereses policiales de Estados Unidos“, incluidos los intereses en materia de control de la inmigración, un aspecto central en la agenda de la segunda administración Trump.

La Argentina había entrado al programa el 8 de julio de 1996, durante los gobiernos de Carlos Menem y de Bill Clinton, pero su participación fue cancelada el 21 de febrero de 2002, tras el estallido de la crisis de diciembre de 2001.

El proceso que ahora lleva adelante el Gobierno es visto como un fuerte gesto de la Casa Blanca en el marco del estrecho vínculo entre Trump y Milei, que se ha traducido en un respaldo financiero crucial de Estados Unidos el año pasado y varios acuerdos entre ambos países.

En ese sentido, Monteoliva resaltó cómo esa relación entre presidentes se traduce directamente en una aceleración de la cooperación entre ambos países. “Eso es tangible, es un hecho”, expresó.

“Hace viable la cooperación. Es un gran valor de esta gestión, porque se han dado pasos firmes en esa articulación. Y por supuesto que eso fluye más, acelera los procesos y se trabaja con voluntad positiva de ambas partes», agregó la ministra, cuyo viaje a Washington tiene el objetivo de “fortalecer el trabajo” desde el Ministerio de Seguridad como “socio estratégico” de Estados Unidos.

A través de X, Hooker calificó de “excelente” la reunión con Monteoliva, en la que dialogaron sobre el “compromiso compartido con la estabilidad regional”.

“A través de nuestra sólida y creciente cooperación en materia de seguridad, Estados Unidos y la Argentina están enfrentando de manera directa las amenazas más prominentes a nuestro hemisferio, incluidas las organizaciones criminales transnacionales, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal», señaló la funcionaria del Departamento de Estado.

En el encuentro con Hooker, Monteoliva también dialogó sobre la seguridad en infraestructuras críticas, como minería, gas, petróleo y protección de recursos naturales, para avanzar en la colaboración de Estados Unidos con asistencia y capacitación técnica a través del Ministerio de Seguridad.

El 23 de abril pasado, en otra muestra de la cooperación bilateral en seguridad, Monteoliva y el subsecretario de Estado norteamericano para Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas DiNanno, habían anunciado la inauguración del Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (Criaco), una plataforma de integración de datos para detectar y desarticular estructuras delictivas complejas de alcance transnacional.

Por otra parte, Monteoliva, en su calidad de presidenta de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), participó hoy de un encuentro organizado por el think tank Inter-American Dialogue, en Washington, en el que habló de cómo la Argentina responde a los desafíos de seguridad y al crimen organizado.

Más tarde, la ministra viajará hacia Miami, donde el jueves participará de la Conferencia de Seguridad Hemisférica, un evento organizado por la Universidad Internacional de Florida (FIU, por siglas en inglés).

El Senado de la provincia de Buenos Aires albergó en los últimos días el rumor sobre una posible sesión ordinaria a realizarse este jueves, que cortaría la inactividad del recinto que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, pero el intento se frustró y la convocatoria no se llegó a efectivizar. La Cámara -que, al igual que la de Diputados provincial, no realizó ninguna sesión ordinaria desde que se inauguró el período legislativo, el 2 de marzo- tiene casi todas las comisiones confirmadas, pero esa distribución dejó esquirlas al interior del peronismo que tensaron el clima e impidieron el avance con una sesión.

El lunes, Magario firmó el decreto con la conformación de 25 de las 26 comisoines permanentes del Senado bonaerense. Quedó pendiente la integración de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, eje de disputas entre los sectores del gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner, en la que se deben debatir iniciativas como el uso de la boleta única de papel.

La intención de Magario era completar el movimiento de las comisiones con un llamado a sesión ordinaria para este jueves, según pudo saber de fuentes al tanto del día a día de la Legislatura bonaerense. Pero la convocatoria no se concretó y se agotó el plazo para efectivizarla esta semana (el reglamento establece que el llamado a sesionar debe hacerse con 72 horas de anticipación, como mínimo).

Las pujas internas del peronismo, que afloraron de nuevo por la conformación de las comisiones, son los motivos centrales de la parálisis, advirtieron oficialistas y opositores consultados por este diario. Además de la disputa sin resolución sobre la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, en la Cámara de Senadores se menciona como otra rispidez la que generó la integración de la Comisión de Acuerdos y Asuntos Constitucionales, que hasta el año pasado presidía La Cámpora y esta año quedaría para el Frente Renovador.

La Comisión de Acuerdos y Asuntos Constitucionales define temas centrales como los pliegos para la designación de jueces. La conducía Emmanuel González Santalla, senador camporista del distrito de Avellaneda, pero este año la conformación previa ubicó como potencial presidenta a Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa. Aún resta que las autoridades de cada comisión se voten, pero quienes figuran en el primer lugar de cada listado suelen ser los que las presidirán. En ese primer puesto está Galmarini.

Desde el Frente Renovador, afirmaron no haber recibido reproches por el lugar de Galmarini. Sostuvieron que la frustración del llamado a sesión tiene que ver con los plazos agotados para su convocatoria, admitieron que “hay ruido entre el Movimiento Derecho al Futuro [el espacio interno de Kicillof] y La Cámpora”, pero indicaron que “en la oposición tampoco había acuerdo”.

“Nadie sabe lo que pasó. Magario no habla. Nadie entiende nada”, se quejó un senador peronista disconforme con el accionar de la presidenta de la Cámara. La tensión en el peronismo se mantiene desde el armado de las comisiones.

“Hay mucho malestar en el bloque con Magario porque no respetó las comisiones que el bloque acordó para cada senador, e hizo modificaciones como si fuese ella la jefa de la bancada”, reprocharon desde el ala camporista del bloque del peronismo, bancada que preside Sergio Berni.

Dos fuentes de la oposición coincidieron en señalar la bronca camporista por la conducción de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “Es todo lío interno de ellos. El decreto de las comisiones, lejos de calmar, aumentó el conflicto. La Cámpora quería la comisión y se la quedó Malena”, afirmó una de esas fuentes. “El problema está ahí y en Reforma Electoral”, aseveró la fuente restante. En tanto, desde el bloque de La Libertad Avanza también hicieron saber su malestar con el reparto de lugares: afirmaron no tener la representación que aseguran que merecen al ser “el bloque minoritario principal”.

La única actividad agendada en el Senado provincial es la convocatoria al primer encuentro de una de las 25 comisiones que rubricó Magario. Es la de Legislación General, cuya presidencia quedaría en manos de Germán Lago, un aliado de Kicillof que, hasta asumir como senador provincial, era intendente del distrito de Alberti.

Sin sesiones, en un período ordinario que finaliza el 30 de noviembre, no pueden tomar estado parlamentario los proyectos legislativos presentados este año. La Cámara de Senadores maneja un presupuesto de $156.204.115.970.