El gobierno de Javier Milei apelará el fallo por el financiamiento universitario y buscará evitar la ejecución inmediata de los recursos establecidos por la ley. La decisión ya fue tomada y la Procuración del Tesoro trabaja en la estrategia que llevará adelante el Ejecutivo en la próxima instancia judicial.

La presentación buscará revertir la sentencia dictada este martes por el juez federal Martín Cormick, que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional la cláusula del decreto con la que el Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha.

En la Casa Rosada consideran que todavía existen herramientas jurídicas para discutir la resolución y, en paralelo, analizan otras alternativas vinculadas al impacto presupuestario que tendría la ejecución de la norma.

“Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido”, señalaron desde la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, a Infobae.

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El argumento que llevará el Gobierno a la Justicia

Uno de los principales puntos de la estrategia oficial volverá a ser el origen de los recursos necesarios para financiar la ley.

El Ejecutivo sostiene que su aplicación demandaría erogaciones superiores a un billón de pesos y argumenta que corresponde al Congreso establecer las partidas con las que se afrontará ese gasto. Para la administración nacional, avanzar sin esa definición podría afectar el equilibrio fiscal, uno de los principales objetivos económicos de la gestión.

El Gobierno también vincula la disputa con el proyecto de Presupuesto 2027, que ya fue enviado al Congreso y deberá ser debatido por los legisladores.

“El presupuesto nacional para el 2027 ya está enviado, por lo que, si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso”, sostuvo una fuente del entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El planteo oficial se contrapone con el criterio expresado por Cormick. El magistrado consideró que la propia Ley de Financiamiento Universitario contempla mecanismos para afrontar las erogaciones, entre ellos la posibilidad de realizar reasignaciones presupuestarias y utilizar mayores ingresos provenientes de la recaudación.

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El Gobierno descarta negociar con las universidades

Mientras prepara la apelación, el Ejecutivo también descartó abrir una instancia de negociación con las casas de estudio para acordar la implementación de la ley.

“No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar”, afirmaron desde el entorno de Pettovello. De esta manera, la Casa Rosada apuesta a continuar la discusión por la vía judicial.

Desde el sector universitario ya esperaban una reacción de este tipo. Autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anticiparon que continuarán reclamando el cumplimiento de la norma mientras avance el proceso judicial.

“Vamos a sostener el reclamo hasta el final, como hicimos con la cautelar que conseguimos antes de este fallo”, sostuvo una autoridad del organismo.

La disputa se trasladará ahora a una nueva instancia judicial mientras el oficialismo enfrenta, en paralelo, la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso. La definición será clave para determinar si el Ejecutivo debe afrontar los desembolsos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario en los términos reclamados por las universidades.

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El cruce que mantuvo ayer en el Senado la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, con una fiscal que intervino en el caso del policía Luis Chocobar tapó, sólo por un rato, una feroz disputa entre aliados y oficialistas por la presidencia de la estratégica comisión de Acuerdos, tras un plan de la Casa Rosada para entronizar -con agilidad- a la neuquina Nadia Márquez en reemplazo del mileísta riojano Juan Carlos Pagotto, que murió la semana pasada.

Por la comisión en cuestión pasan todos los pliegos judiciales -Corte Suprema incluida-, más ascensos militares y diplomáticos. Los senadores sueñan y se pelean por formar parte de ella. Por eso llamó la atención, pese a que se sabía de viajes de algunos integrantes en el exterior, la inasistencia de dialoguistas que sí se encontraban presentes en la Cámara alta. A los pocos minutos de terminada la reunión, que no tuvo quorum -sí expusieron los postulantes-, desde tres despachos confirmaron a Infobae la jugada en contra de Márquez.

El caso más llamativo fue el de la peronista tucumana -y, ahora, supuesta anti K- Sandra Mendoza, que es secretaria de la comisión y se hizo conocida años atrás por la “espada de Dómacle”, en pleno recinto. Sin Pagotto, el manejo quedaría -hasta votar un nuevo liderazgo, si se deseara hacerlo- en el vice, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien con semanas de anticipación avisó que estaría en la feria internacional de pesca de Vigo, en España. Es un tema que, como marplantense, sigue de cerca.

Días atrás Mendoza acompañó, junto a Abad y al jefe del PRO, Martín Goerling -los tres forman parte de la comisión-, a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, en un foro parlamentario iberoamericano, en Madrid. Otra tucumana que también se hallaba en la “Casa” y no se mostró en Acuerdos fue Beatriz Ávila, en un momento cercana al PRO y, en la actualidad, al gobernador de su distrito, el justicialista Osvaldo Jaldo.

Un tercer faltazo, por más que estuviera a metros del convite, fue el de la radical Carolina Losada (Santa Fe). Su imagen en el tablero general aparecía iluminado y no apagado. Es decir, decidió no ir. Tuvo que salir al rescate del evento -evitó un papelón- que el pícaro silvestre Carlos Arce (Misiones), vocal de la comisión. Sólo mileístas asomaron la cara. Hasta aterrizaron colegas de relleno, para sumar un panorama más insólito al asunto.

La semana pasada, este medio contó que los movimientos a seguir eran los siguientes, según confió el propio oficialismo: que el rionegrino Enzo Fullone reemplazara a Pagotto como integrante -esto no pudo realizarse porque el decreto apareció finalizado el cónclave de ayer-; que Márquez, ya en la comisión, fuera votada presidenta; y que la neuquina cediera el comando de Legislación General a su colega Juan Cruz Godoy (Chaco).

El enroque parecía normal y es lógico que La Libertad Avanza, uno de los interbloques más numerosos en el Senado -empata en 21 con el kirchnerismo-, continúe con el manejo de Acuerdos, debido a lo delicado de todo lo que transcurre allí. Además, Márquez es abogada. No es obligatorio, pero suma. Nada de esto fue un problema: lo que sí generó un alto desagrado, reconocieron con desazón dos aliados a Infobae, fue la velocidad y ansiedad con la que se indicó la jugada, después del deceso de Pagotto. Una persona es la más apuntada de todas y el enojo parece no disminuir. Los telefonazos fueron más que incómodos.

Atado al pésimo clima que generaron los incómodos llamados que partieron desde el propio oficialismo, un par de dialoguistas aprovechó para recordar la probation aceptada por la neuquina años atrás. Como la provincia tiene una estricta ley de Ficha Limpia no puede ser allí candidata, aunque sí a nivel nacional. Atar eso a un futuro comando de la comisión donde se debaten pliegos de la Corte Suprema no colabora. Quienes la defienden a rajatabla son la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y Martín y “Lule” Menem.