POLITICA
Alberto Weretilneck y Raúl Jalil: “El escándalo Adorni no cambia el reclamo por una agenda federal”
En una entrevista para Infobae al Regreso, los gobernadores de Río Negro y Catamarca relativizaron el impacto político del escándalo Adorni sobre la relación bilateral con el gobierno nacional y describieron los desafíos de gestión, inversión y desarrollo en sus provincias.
Durante la charla, Alberto Weretilneck sostuvo: “No siento que nos esté afectando en lo que es la relación bilateral, teniendo en cuenta la particularidad que tiene este gobierno de su mirada de las provincias”.
Raúl Jalil coincidió: “No nos afecta tanto. Tenemos mucho vínculo con el ministro del Interior, Santilli, también con el ministro Luis Caputo, que es el que interactúa en minería, energía y obras”.
La gestión provincial ante el escándalo Adorni
Al abordar el caso Adorni, Weretilneck aclaró: “Nuestro vínculo esencialmente está a través del Ministerio del Interior, de Diego Santilli y de las áreas energéticas, que son las que más trabajamos. No hemos pasado nuestro vínculo por la Jefatura de Gabinete”.
Según el mandatario rionegrino, “es un gobierno que a las provincias prácticamente no las ha tenido en cuenta en cuanto a su desempeño de las distintas áreas”. Para él, la gestión provincial depende de “las prioridades que te plantea el Gobierno nacional”.
Jalil, por su parte, remarcó la centralidad de los ministerios técnicos: “Tenemos mucho vínculo con Santilli y con Caputo, que es quien maneja minería, energía y obras. Por ahora no ha afectado el escándalo”.
Consultados sobre la evolución del vínculo con la Casa Rosada, Weretilneck fue tajante: “Si hablamos de las finanzas públicas, ha sido muy complejo para nosotros. Empezamos con la eliminación del FONID, seguimos con los fondos directos. Hoy, la infraestructura vial es crítica: recién hace quince días el Gobierno tomó la definición de transferir las rutas a las provincias y ahora estamos empezando la negociación”.
En ese sentido, subrayó: “Es un gobierno que no tiene la concepción federal que podrían haber tenido gobiernos anteriores. Entonces uno tiene que enfocar la acción de la provincia a partir de las prioridades que te plantea el Gobierno”. Jalil compartió el diagnóstico: “El régimen de grandes inversiones (RIGI) ha acelerado la velocidad de las inversiones y mejora el empleo, que es para lo que uno está trabajando”.
Inversión, empleo y el desafío de la infraestructura
Weretilneck destacó que “Río Negro va a ser la puerta de salida de lo que es Vaca Muerta. La primera provincia en adherir al RIGI. Es uno de los grandes aciertos del Gobierno, que nos permite tener distintos emprendimientos y actividades”. Jalil aportó la visión norteña: “En Catamarca acompañamos el régimen de grandes inversiones. Eso mejora el empleo y acelera el desarrollo”.
La conversación giró hacia la infraestructura. “El 95% de lo que ingresa y egresa de Vaca Muerta pasa por Río Negro. Ruta 22 lleva 20 años sin que ningún gobierno nacional haya terminado la obra”, planteó Weretilneck.
Jalil agregó: “Catamarca tiene mil doscientos kilómetros de ruta nacional y Tucumán 600. Hay que ver el estado de las rutas y en qué momento arranca el gobierno de Milei. Se está dialogando, pero no a la velocidad que nos gustaría”.
Respecto a la recaudación y la coparticipación, Jalil detalló: “La caída de la recaudación se ha desacelerado: antes caía el 9%, ahora el 4%. En Catamarca, la recaudación por regalías mineras se ha duplicado y también el precio del litio, mejorando un 30%”.
Weretilneck precisó: “Para nosotros, el 60 % de los ingresos de la provincia son de coparticipación federal. La economía provincial está muy diversificada y en pleno crecimiento, pero la incidencia de la coparticipación es fuerte, con costos que se incrementan de manera permanente”.
Ambos coincidieron en la dificultad de sostener la obra pública y los servicios esenciales. Weretilneck confesó: “Hacemos malabares. Hay muchos temas que la provincia no puede dejar de hacer y no se trata de recortar o eliminar por eliminar. No podemos cerrar escuelas ni hospitales, al contrario, la demanda va creciendo”.
Seguridad, migración interna y futuro político
Entre los problemas prioritarios, Weretilneck identificó: “Sigue siendo la seguridad y la droga. El desafío de la lucha contra el narcotráfico es central. Vamos a crear una agencia especial porque consideramos que tenemos que actuar entre las dos jurisdicciones. No está dentro de las fuerzas federales la prioridad del narcotráfico en la Patagonia”.
Jalil, desde Catamarca, sumó: “Hicimos un estudio sobre la caída de la tasa de natalidad, que es muy importante. Hay que enfocarse en los pocos chicos que tenemos y cuidarlos de manera muy delicada. El problema de las adicciones es central”.
Sobre salud, Weretilneck fue contundente: “Nos cuesta competir en algunos aspectos salariales, sobre todo con los médicos de especialidades. Hoy atendemos prácticamente a todos porque el hospital público dejó de ser solo para quienes no tenían obra social. El financiamiento es absolutamente provincial”.
De cara al mediano plazo, ambos mandatarios analizaron el rumbo político nacional. Weretilneck consideró: “El respaldo del pueblo argentino a Milei generó el fin del sistema tradicional político. Hay cosas que Milei está estableciendo que van a significar un punto de partida, como la política exterior y la estabilidad macroeconómica. Creo que la gente no va a permitir retroceder”.
Jalil coincidió: “Milei tuvo la inteligencia de ver que hay decisiones que la sociedad no va a permitir que se reviertan. El peronismo debe entender que no se puede decirle no a todas las iniciativas y tiene que recuperar una agenda federal”.
Sobre las PASO, ambos gobernadores manifestaron estar en contra. Weretilneck afirmó: “Nunca tuvimos PASO. Me parece que es un tema interno de cada partido”. Jalil completó: “Las decisiones políticas las tienen que resolver los partidos políticos”.
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POLITICA
Sin acuerdo por el Presupuesto, el oficialismo posterga su cronograma y se encamina a las extraordinarias
El debate en la Cámara de Diputados está paralizado. El cronograma del Presupuesto ya fue incumplido y el bloque de La Libertad Avanza sigue estirando el debate en busca de las firmas que lo habiliten a llevar el proyecto al recinto.
El cronograma original que había comunicado el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, señalaba que el proyecto tendría dictamen ayer miércoles. Sin embargo, suspendieron la reunión de la comisión por la falta de acuerdos entre el oficialismo (La Libertad Avanza) y los bloques aliados (PRO, UCR y bancadas provinciales).
En este esquema, el oficialismo y los bloques aliados se tomarán los próximos diez días para intentar acercar posiciones y, según trascendió, la nueva fecha en la que el bloque libertario buscará obtener las firmas necesarias sería el 12 de noviembre. Si hay acuerdo, la fecha que el oficialismo maneja para ir al recinto es el 25 de noviembre.
Este nuevo esquema de fechas está atravesado por varias razones. La principal es que no hay acuerdo en diferentes puntos, como el reparto a las provincias de los fondos que recauda el Estado nacional. Los gobernadores y los bloques aliados le piden a LLA que el texto tenga más precisiones sobre cómo y cuándo transferirá los fondos de las cajas previsionales no transferidas. Además, le exigen al Ejecutivo que sea más claro y más amplio —el proyecto contempla unos $1,3 billones para obras.
El margen en las negociaciones está dado por dos factores externos. El primero son las elecciones de medio término en los Estados Unidos. A partir del fin de semana comenzarán a viajar legisladores de casi todos los bloques parlamentarios al país del norte de América, invitados por diferentes organizaciones para participar en calidad de veedores o simplemente como invitados de organizaciones no gubernamentales.
Las elecciones son el próximo martes, por lo que el jueves podrían estar de vuelta en el país los legisladores. Sin embargo, se abre otra ventana de tiempo que también servirá para intentar cerrar un acuerdo.
El domingo 8 de noviembre llegará a la Argentina el papa León XIV, quien permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre, por lo que el oficialismo y la oposición estarán abocados al paso del Santo Padre por el país.
Malvinas
En medio de esto, el oficialismo también tiene planeado abrir el recinto para tratar el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, popularmente conocido como proyecto Malvinas.
La intención del bloque de La Libertad Avanza es llevarlo al recinto el miércoles 18 de noviembre. Pero esto también queda sujeto a los acuerdos con la oposición, con el fin de que no se “filtre” ninguno de los proyectos que impulsa esta última.
Sin conocerse aún el resultado de ambos temas, lo que sí quedó establecido es que ya no hay margen para que el Ejecutivo nacional evite convocar a sesiones extraordinarias, porque, de cumplirse ese cronograma, la Cámara de Senadores no tendrá tiempo suficiente para tratar ninguno de los dos proyectos de ley.
La Cámara de Senadores necesita, por reglamento, un mínimo de dos semanas para tratar un proyecto, ya que en una se trata en comisión y deben dejarse pasar siete días entre el dictamen y la llegada del proyecto al recinto.
Pero no es solo eso: también se conoció que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comunicó a la Cámara Baja que se presentará el miércoles 25 de noviembre a brindar el informe de gestión, por lo que la única fecha libre para sesionar que les quedaría a los senadores sería el jueves 26 de noviembre.
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POLITICA
Bloqueos sindicales: tras el polémico fallo en San Nicolás, comienza un juicio clave contra Camioneros en Rosario
Luego del polémico fallo judicial en San Nicolás que absolvió a un dirigente del Sindicato de Camioneros y otros seis imputados, este lunes comenzará en Rosario un juicio clave contra cuatro de los responsables del bloqueo que sufrió la empresa Razzini durante 90 días en 2020 y que dio lugar a una causa judicial que se congeló durante años y que estuvo a punto de prescribir.
La diputada libertaria Verónica Razzini será la primera testigo en las audiencias que se extenderán hasta el jueves, presididas por el tribunal integrado por Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, donde se juzgará a los acusados por el delito de desbaratamiento de empresa (penado con prisión de dos a seis años), que pertenecen al Sindicato de Camioneros de Santa Fe.
A partir del inicio del bloqueo, el 8 de junio de 2020, Razzini, una de las dueñas junto a sus hermanos de la empresa de distribución de materiales de construcción fundada por su abuelo en Rosario hace 60 años, vivió toda una pesadilla: la amenazaban todos los días, la escupían y la insultaban, la intimidaron con armas de fuego, le dijeron que iban a ir a la casa de su padre -con problemas de salud- para provocarle un infarto, se mudó para evitar agresiones, le advirtieron que sabían adónde estaban sus hijos y tuvo que contratar a efectivos de Infantería para resguardar a sus empleados.
El origen del conflicto fue la exigencia de Camioneros de Santa Fe de que 18 de sus 100 empleados se afiliaran al sindicato, aunque la actividad de la empresa no tenía nada que ver con el transporte de cargas y el encuadramiento, según la normativa vigente, les correspondía al Sindicato de Comercio y a la UOCRA.
Los Razzini presentaron una denuncia judicial por el bloqueo y lograron que la Justicia detuviera e imputara a 10 empleados y 3 delegados sindicales que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos, aunque los problemas no terminaron: en julio de 2022, la fachada de la empresa recibió 3 disparos y dejaron en la puerta un mensaje intimidatorio (”Retirá la denuncia porque no abrí (sic) nunca más. Att. Camioneros”).
Pese al impulso inicial, la causa por el bloqueo quedó trabada en la Justicia durante años y estaba cerca de prescribir hasta que hace poco, por iniciativa de un nuevo fiscal, Germán Mazzoni, pudo reactivarse y llegar finalmente al juicio oral que comenzará este lunes.
Luego de la protesta de 2020, Razzini creó junto con la abogada Florencia Arietto el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), que presidió y desde donde ayudaron a pymes de todo el país que eran víctimas de las medidas sindicales extorsivas, hasta que la empresaria ganó su banca legislativa por el PRO en diciembre de 2023 y hace un año se pasó a La Libertad Avanza.
Su impulso fue decisivo para que en la Ley Bases se calificaran los bloqueos como grave injuria laboral, algo que permite despedir con causa a quienes participan de esas acciones. Y también fue responsable de que en la Ley de Modernización Laboral se contemplara un artículo que responsabiliza de manera directa a los jefes de los sindicatos como organizadores de los bloqueos.
Ahora, a pocas horas de que comience el juicio por el bloqueo a su empresa, Razzini confesó a Infobae que tener que revivir aquellos hechos será “durísimo”, pero remarcó: “Espero obtener justicia. Es lo único que quiero. Que la ley actúe como corresponde porque esto no es para mí. Es para los inversores, para la gente que quiere trabajar y que tiene ganas de sacar adelante sus empresas y seguir apostando al país”.
La legisladora consideró que el cronograma de audiencias podría resultar insuficiente por la cantidad de testigos, registros audiovisuales y demás elementos incorporados en la causa. “Hay muchos testigos, mucha prueba aportada. La cantidad de videos que nosotros hemos presentado es impresionante”, sostuvo.
Entre los que darán su testimonio del episodio se encuentran la escribana que acreditó el bloqueo en ese momento (“una heroína valiente”, según Razzini), empleados de la empresa que resistieron los aprietes sindicales y hasta un cliente que fue increpado por los activistas porque quiso retirar mercadería.
Entre sus malos recuerdos, la ex titular del MEAB menciona cuando se hizo la segunda audiencia oficial en la delegación del Ministerio de Trabajo para tratar de solucionar el conflicto: “Me estaban esperando en la entrada unos 30 o 40 sindicalistas y me arrinconaron, me escupieron, me gritaron cualquier cosa. Eran todos hombres y yo estaba con mi abogada -relató Razzini-. Fue terrible. Entré a la audiencia llorando, con un ataque de nervios, muerta de miedo. Fue todo organizado ahí con la propia gente del Ministerio de Trabajo. Después ya tuve que ir acompañada por un guardaespaldas”.
Entre los imputados por desbaratamiento de empresa, el principal acusado es Marcelo Ortiz, cuya situación presenta una incógnita. Según Razzini, su abogado defensor informó que habría fallecido a principios de año, pero que el fiscal solicitó un certificado o un acta de defunción para acreditar su muerte.
Si no se presenta esa documentación, el imputado podría ser considerado ausente del proceso. Para colmo, Ortiz está vinculado a una protesta anterior contra una pyme de logística y transporte en Zavalla, Santa Fe, que sufrió 8 días de bloqueos del Sindicato de Camioneros local luego de que se negaron a pagarle “deudas inventadas”, donde incluso los activistas golpearon a sus dueños, Damián Doboletta, su hermano y su padre (de 72 años, a quien tiraron al piso), además de robarle el teléfono celular a su esposa cuando intentaba filmar la agresión.
Más allá del juicio en Rosario, Razzini logró la semana pasada un apoyo decisivo de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, para que vuelva a presentar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de su autoría que tipifica los bloqueos sindicales como delito penal y que perdió estado parlamentario ante la falta de respaldos políticos para su sanción, en 2024.
La iniciativa incorpora en el Código Penal sanciones a los bloqueos directos con penas de 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión y ahora Razzini la reflotará con añadidos para impedir sentencias como la del juez Alejandro López, de San Nicolás, que absolvió al líder de Camioneros en San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y otros 6 imputados en la causa por el bloqueo la pyme Rey Distribución, de San Pedro, al considerar que fue realizado como “legítimo ejercicio de un derecho”.
Ariel y Gustavo Rey, con Florencia Arietto y Verónica Razzini
POLITICA
El Gobierno busca evitar fricciones en la visita del papa León XIV y envía señales a la Iglesia
Cuando falta una semana para que el papa León XIV aterrice en la Argentina, el Gobierno busca evitar fricciones durante su visita al país. En los últimos días, Karina Milei, quien se hizo cargo de la coordinación, destinó gestos conciliadores a la Iglesia y reforzó el pedido para que no se haga un uso político del mensaje que traerá el Sumo Pontífice.
En la recta final de los preparativos para la llegada del pontífice, los funcionarios de Javier Milei movilizan recursos y articulan con los obispos para cumplir con las demandas de la Santa Sede. Incluso, diseñó un operativo de seguridad inédito, para proteger a León XIV durante los eventos masivos.
En el Ejecutivo se aferran a la idea de que León XIV no vendrá a la Argentina a confrontar con Milei o a convertirse en un antagonista de su gestión, pese a que admiten que el modelo económico del Presidente no está alineado ni tiene sintonía con la agenda papal, sobre todo, en la cuestión social.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo logístico y económico; la Iglesia nos pidió que fuéramos ecuménicos y dialogáramos con todas las jurisdicciones involucradas para coordinar la organización y lo hicimos”, grafica una fuente del Ejecutivo.
Milei decretó un feriado nacional para facilitar la concurrencia de los fieles a los actos multitudinarios y, tal como había sugerido la Iglesia, su administración tendrá representantes en las tres misas que celebrará el Papa durante su estadía en la Argentina. El Presidente recibirá a León XIV al pie del avión en Aeroparque y estará presente en la misa en el Monumento de los Españoles. Por estas horas el Gobierno anticipó a los prelados que se ocupan de organizar la visita que podrían transmitir por cadena nacional algunos eventos del Pontífice.
Los funcionarios que trabajaron codo a codo con los obispos para organizar el recorrido del Santo Padre están convencidos de que Prevost traerá un mensaje “universal” como líder de los católicos y que sus palabras tendrán un carácter pastoral. El propio Presidente calificó el viaje papal como “un evento histórico” y se quejó de que se intente arrastrar la figura de León XIV a la “miserabilidad de la política”.
En la cúpula de la Iglesia prefieren sobrevolar las tensiones. No quieren dar un paso en falso y apuestan a evitar un choque con la gestión de Milei que pueda empañar el viaje del Papa y, sobre todo, la visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven unas 400 personas con discapacidades severas. Lo consideran como “el plato fuerte” de la agenda de León XIV en el país.
Días atrás, Karina Milei, la hermana del Presidente, les pidió a referentes de los bloques de diputados y senadores del oficialismo que asistirán al encuentro del domingo próximo en el Palacio Libertad, donde el Papa se verá con los representantes de las instituciones del Estado, la sociedad civil y del cuerpo diplomático, que adopten una actitud conciliadora. “No quieren conflicto”, comenta uno de los karinistas que participarán de la actividad. Es más: los legisladores libertarios ya recibieron directivas precisas sobre cómo deberán ir vestidos, para no incumplir las normas protocolares de la Santa Sede.
En paralelo, en la Iglesia refuerzan el pedido al Gobierno para que no excluya a ninguna autoridad o representante político del encuentro que se hará en el emblemático edificio donde estuvo la sede del Correo. “Esperemos que no dejen afuera a ningún diputado de la oposición”, anticipan fuentes eclesiásticas.
En la Casa Rosada creen que la oposición podría cometer un “grave error” si intenta utilizar los discursos del Papa para incomodar a Milei o fortalecerse en las batallas políticas internas. No obstante, reconocen que será inevitable que se hagan lecturas políticas de los gestos y palabras de León XIV.
En los últimos meses, el Gobierno y el Vaticano hicieron gestiones para evitar que se politice la visita apostólica del Papa. Hubo intensas negociaciones diplomáticas detrás del armado del itinerario que tendrá el pontífice en los tres días que permanecerá en el país.
En la Casa Rosada destacan que hubo consenso con la Iglesia respecto de cuáles serán las actividades en las que la política no tendrá lugar. Es el caso, por ejemplo, de la recorrida que hará León XIV por el Cottolengo Don Orione. Ni el gobernador Axel Kicillof ni la ministra de Seguridad, Alejandra Monteloliva, que recibirán al Papa en la puerta del predio, podrán acompañarlo durante la visita.
La Iglesia tiene puestas muchas expectativas en la actividad en el Cottolengo Don Orione, que pondrá en foco la política de discapacidad de Milei, quien ha sido blanco de los cuestionamientos de la oposición por los recortes de fondos al sector.
En el Episcopado también quieren evitar roces con el Gobierno en la antesala de la llegada del Papa. Valoran el diálogo y la articulación con las autoridades nacionales para organizar el viaje. Hasta definen como un “milagro de León XIV” que el oficialismo haya aceptado modificaciones en el texto del proyecto de discapacidad que recibió la media sanción en la Cámara de Diputados.
Esas concesiones -que llegaron después de la fuerte presión que ejerció la Iglesia- hicieron que el peronismo terminara votando a favor de la iniciativa. Ahora los prelados esperan que el Senado sancione la ley y que los libertarios dejen de dilatar el tratamiento del proyecto para combatir la ludopatía, que está a punto de perder estado parlamentario.
El último cortocircuito entre la Casa Rosada y la Iglesia se produjo a principios de octubre, cuando el arzobispo porteño Jorge García Cuerva declaró que el Papa se iba “a encontrar con un país dividido y en crisis”. Por esas horas, Karina Milei estaba en París junto al Presidente y gran parte del Gabinete por el Argentina Week.
La hermana del Presidente y sus colaboradores le hicieron llegar a la Iglesia su malestar por los dichos de García Cuerva, quien luego aclaró que no se refería exclusivamente a la gestión de Milei. “Eso nos molestó. Estábamos colaborando, trabajando juntos y ellos no jugaron limpio; parecía que le estaban hablando al Papa”, reconocen en Balcarce 50.
El mensaje de León XIV
Si bien es una incógnita el mensaje que traerá León XIV, los obispos que tienen intercambios frecuentes con Roma repiten que el Papa no vendrá al país a generar discordia o profundizar las divisiones internas en la sociedad. Al contrario, prevén que buscará promover la fraternidad.
En la Iglesia están convencidos de que el reencuentro de León XIV con América Latina dejará una hoja de ruta para transitar los principales retos de la región. Desde las nuevas formas de la indiferencia contemporánea y los desafíos éticos que plantea la Inteligencia Artificial hasta las deudas sociales más terrenales, marcadas por la polarización, la justicia social, la pobreza y la corrupción, son ejes que se espera que el Papa aborde en el viaje que iniciará el 6 de noviembre en Uruguay.
La mirada sobre la realidad social, que el gobierno de Milei sigue con atención, quedó planteada en el encuentro que reunió el jueves a referentes eclesiásticos, académicos y dirigentes políticos y sociales convocados por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en la Universidad Católica Argentina (UCA), en la misma sede en la que León XIV se reunirá con sectores del mundo del trabajo durante su viaje a la Argentina.
Hay conciencia, como decía el papa Francisco en medio de la pandemia, de que “todos estamos en la misma barca”. Pero el arzobispo de Santiago de Chile, cardenal Fernando Chomali, agregó un matiz: “Algunos están en un transatlántico y otros enfrentan la marea en una balsa muy débil, que frente al primer viento se cae”.
La estrella del encuentro en la UCA fue la hermana religiosa Alessandra Smerilli, la ministra del Papa que conduce el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el organismo del Vaticano que hasta 2025 tuvo como asesor a Juan Grabois. El día anterior, la monja italiana visitó la planta de Amanecer de los Cartoneros, en el barrio de Saavedra, invitada por el dirigente Sergio Sánchez, referente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. Un gesto de cercanía con los movimientos populares. En la Iglesia lo consideraron una actividad relevante en la preparación de la visita del Papa.
Los obispos de la región no tienen dudas de que León XIV va a hablar de la justicia social, un concepto que Milei definió una vez como “una aberración y un robo”. Chomali tiene también en claro que el Santo Padre hablará sobre la corrupción, la que describe en palabras sencillas. “El drama del mundo y de América Latina es la corrupción, que tiene una dinámica muy terrible: es hacer uso de la autoridad para beneficio propio, en desmedro de los demás, especialmente de los más pobres”, advirtió el cardenal chileno.
Monseñor Evelio Menjivar Ayala, obispo de Wheeling-Charleston, fue la voz que llegó de los Estados Unidos, la tierra natal de Prevost. Presentó al Papa como la síntesis del diálogo entre el norte y el sur y dijo que su figura “nos recuerda que de Chicago a Chiclayo –la ciudad peruana en la que el Papa fue obispo ocho años– hay un hilo conductor”.
La expectativa de la región, especialmente en Perú, fue transmitida por monseñor Lizardo Estrada Herrera, arzobispo coadjutor de Cusco y único obispo en el mundo que habla quechua, la lengua de su pueblo. “Esperamos su palabra de esperanza y cercanía. Será una hoja de ruta. León XIV conoce muy bien los aspectos sociales, políticos y económicos de la región”, adelantó.
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