Tras las explicaciones del jefe de gabinete sobre su patrimonio, legisladores de la oposición buscan avanzar con una moción de censura contra Manuel Adorni. Senadores kirchneristas y diputados de distintos espacios opositores activaron, en paralelo, el proceso que podría terminar con la remoción del ministro coordinador de su cargo.

La moción de censura es una herramienta institucional al alcance del Congreso para exigir rendición de cuentas y responsabilidad política al Poder Ejecutivo. El mecanismo está contemplado en el artículo 101 de la Constitución Nacional y aplica únicamente al jefe de gabinete. Ni el presidente ni los demás funcionarios nacionales están alcanzados por este instrumento.

La moción apunta a remover al ministro coordinador de su cargo, cuyo reemplazo deberá ser definido luego por el Presidente. Es decir, a diferencia del jefe de Estado, el Congreso no tiene poder de designación.

La moción de censura consta de dos etapas. La primera es el pedido de interpelación: el jefe de gabinete debe comparecer en una sesión especial ante la cámara que haya suscrito el proyecto con su citación y someterse a las preguntas de sus miembros. Tanto Diputados como el Senado están habilitados a pedir una interpelación y basta con que una de las cámaras apruebe la convocatoria para que se active el proceso.

A diferencia de lo que sucede durante los informes de gestión, en caso de interpelación, el funcionario no recibe de antemano las preguntas de los legisladores. Según explicaron fuentes parlamentarias a , la convocatoria abre una instancia de preguntas “libre” que, de todos modos, deben atenerse al temario o los motivos del llamado detallados en la solicitud.

Tras la rendición de cuentas del jefe de gabinete, la cámara que activó la citación debe votar su remoción del cargo. Para avanzar en esta dirección, se requiere de la mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros).

En caso de que la remoción saliera favorable, la moción de censura deberá ser ratificada en la otra cámara para que se ponga en práctica. Es decir, aunque una cámara en soledad puede activar el proceso, la remoción final exige un acuerdo tanto de diputados como de senadores.

Aunque similar, una moción de censura no es equiparable a un juicio político. Sucede que, ante este último escenario, se requiere que esté demostrada la comisión de un delito o un mal desempeño de sus funciones. En el caso de la moción de censura, esta condición no es necesaria.

Cómo sigue el caso Adorni en el Congreso

Ayer, 31 diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda (FIT), entre otros, convocaron a una sesión especial para el 23 de junio, a las 14. Ese día, esperan tratar distintos proyectos vinculados a la situación patrimonial del jefe de gabinete: desde pedidos de informes al Poder Ejecutivo hasta pedidos de interpelación para iniciar una moción de censura contra Adorni.

Para abrir el recinto, se debe contar con la presencia de 129 diputados. En caso de reunir ese número, como ninguno de los proyectos presentados cuenta con dictamen de comisión, se debería aprobar su tratamiento sobre tablas. Para ello, se requiere de una mayoría especial de dos tercios. En caso de no conseguir esos votos, se deberá proceder al emplazamiento de las comisiones correspondientes para activar su discusión.

Si se reuniesen los dos tercios necesarios para su tratamiento sobre tablas, recién entonces los diputados podrán someter a votación la iniciativa. Los pedidos de interpelación con motivo de una eventual moción de censura se aprueban por mayoría absoluta (la mitad más uno de sus miembros, es decir, 129 diputados). Si se obtiene un resultado favorable, se procederá a fijar una fecha para la citación que dará inicio al proceso para intentar remover a Adorni del cargo.

En paralelo a los proyectos que deberá discutir la Cámara baja el 23 de junio, diez senadores kirchneristas presentaron hoy un proyecto propio para avanzar con una moción de censura. En este caso, si se quiere tratar el proyecto sobre tablas, se deberá replicar el mismo proceso ya descrito, pero en la Cámara alta, donde la mayoría absoluta se consigue con 37 legisladores.

Ambos procesos se moverán de manera independiente en el Senado y Diputados, pese a que, en última instancia, la moción de censura que prospere (si alguna lo hace) deberá contar con el aval de la otra cámara para efectivizar la remoción.

En simultáneo, la Justicia deberá avanzar con la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni. Ayer, el fiscal Gerardo Pollicita pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que le envíe de “forma urgente” la nueva declaración jurada del jefe de gabinete y su esposa Bettina Angeletti.

Como contó , en la Justicia esperan que el funcionario acredite cómo se obtuvieron los primeros 200.000 dólares que habría utilizado para invertir en criptomonedas y se transformaron en el medio millón de dólares que omitió declarar.

Cuatro ex efectivos de la comisaría 37 de la Policía Federal fueron llamados a indagatoria por la masacre de San Patricio, ocurrida en 1976, como se conoce al asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas durante la última dictadura.

La medida fue dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3.

La medida alcanza al oficial ayudante Miguel Ángel Romano (hoy de 72 años), al sargento Atilio Edgardo Juárez (81), al agente Serafín Losada (76) y al oficial principal Héctor Roberto Olivetto (82).

La Justicia sospecha que fueron los responsables de liberar la zona para que los autores materiales pudieran perpetrar el crimen de los sacerdotes y los seminaristas palotinos en esa parroquia del barrio de Belgrano.

Las indagatorias, programadas para realizarse entre el 23 y el 30 de junio, apuntan a la responsabilidad de esos efectivos en la liberación de la zona para que se pudieran perpetrar los asesinatos, así como en el encubrimiento posterior de la masacre, ya que esa seccional policial tuvo a su cargo las primeras actuaciones del sumario.

La madrugada del 4 de julio de 1976, un grupo de tareas irrumpió en la casa parroquial de San Patricio –ubicada en Estomba y Echeverría– y acribilló a los sacerdotes Alfredo Leaden (delegado provincial de la congregación), Alfredo Kelly (por entonces párroco de San Patricio) y Pedro Duffau, y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Los cuerpos fueron hallados por el organista Rolando Savino, alineados sobre una alfombra roja con inscripciones que los acusaban de ser “adoctrinadores de mentes vírgenes”.

El hecho se produjo dos días después del atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, y la masacre de los palotinos se enmarcó en una serie de represalias cometidas por las fuerzas represivas.

Durante años, la investigación estuvo plagada de irregularidades, como la falta de preservación de la escena del crimen y la demora de siete meses en entregar la evidencia balística al juzgado.

Según consta en el expediente, cerca de las dos de la madrugada del 4 de julio, se observaron dos automóviles Peugeot 504 (uno rojo y otro claro) estacionados frente a la parroquia con varias personas en su interior.

Ante la denuncia de un vecino por estos movimientos sospechosos, la seccional 37ª envió un móvil policial integrado por Romano, Juárez y Losada. Según la investigación, Romano identificó a los ocupantes de los vehículos, quienes se presentaron como miembros de una fuerza de seguridad que realizaría un operativo “antisubversivo”.

En lugar de actuar para evitarlo, el personal policial aseguró las condiciones para el operativo bajo el procedimiento de “zona liberada”. Incluso, advirtieron a un custodio de un domicilio cercano que no saliera si escuchaba disparos porque iban a “reventar la casa de unos zurdos”. Poco después, testigos vieron a personas armadas ingresar a la casa parroquial.

A su vez, ni el comisario Rafael Fensore ni el Jefe de Servicio Olivetto dejaron constancia en las actas de la denuncia del vecino, ni de la identificación de los vehículos y personas realizada esa noche.

El llamado a indagatoria de Rafecas se produce en la antesala de una fecha de gran peso simbólico: el próximo 4 de julio se cumplirán 50 años de la masacre.

Hasta hace poco, la causa se tramitaba en el marco de la megacausa ESMA, pero el testimonio de un arrepentido, Víctor Luchina, permitió dar un giro hacia la responsabilidad de la estructura de Coordinación Federal y la Comisaría 37ª, lo que derivó la investigación al juzgado de Rafecas.

Para los familiares y la comunidad religiosa, esta decisión judicial representa un avance fundamental tras décadas de impunidad. Ramiro Varela, referente de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, destacó la importancia del momento: “Este movimiento que ha tenido la causa en las últimas horas es el más importante en los últimos 40 años porque previo a esto el movimiento más significativo habían sido los procesamientos dictados en 1986”.

Varela explicó que la responsabilidad de la Comisaría 37ª es clara en tres aspectos: “la liberación de la zona, la autoría material y finalmente el encubrimiento posterior”.

Por su parte, el abogado querellante Pablo Llonto se refirió a la demora de la Justicia durante una intervención en la Cámara de Diputados: “Cuatro policías van a ser llamados a indagatoria por un crimen que va a cumplir 50 años el 4 de julio. Nunca hubo un llamado a indagatoria por un crimen que le dolió a la Argentina y que le dolió a nuestra Iglesia. Esa es la lentitud de nuestros jueces”.

Búsqueda de justicia

En diciembre de 2024 y por decisión de la Legislatura porteña, la parroquia de San Patricio fue declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. La comunidad palotina impulsa que esa declaración de sitio de interés histórico, cultural y educativo se convierta en el puntapié de un objetivo mayor: que el predio sea declarado monumento histórico nacional.

“Nuestra labor no se circunscribe únicamente a la construcción de la memoria, sino que comprende también la permanente búsqueda de la verdad y el reclamo de justicia en relación con este crimen de lesa humanidad que constituye el mayor ataque contra la Iglesia Católica en nuestro país”, subrayó Varela.