El gobierno de Laura Fernández arrancó el actual periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa de Costa Rica con una ambiciosa convocatoria de 62 proyectos de ley que abarcan seguridad, economía, infraestructura, reformas constitucionales y modernización del Estado.

La agenda legislativa presentada por el Poder Ejecutivo marca las prioridades que la administración buscará impulsar durante las próximas semanas en el Congreso y refleja un fuerte énfasis en temas relacionados con seguridad pública, reorganización institucional y desarrollo económico.

Entre las iniciativas convocadas destacan varios proyectos orientados al combate del crimen organizado y delitos vinculados al narcotráfico, una de las principales preocupaciones del país durante los últimos años debido al incremento de la violencia y las actividades ilícitas asociadas al tráfico internacional de drogas.

La convocatoria incluye propuestas para fortalecer la lucha contra el robo de combustibles, mejorar la protección marítima y endurecer acciones contra la extracción ilegal de oro, actividad que ha generado preocupación en distintas zonas del territorio nacional por sus impactos ambientales y vínculos con estructuras criminales.

El Ejecutivo también colocó como prioridad varios expedientes vinculados con el sector energético y la infraestructura nacional.

Uno de los proyectos más relevantes es el expediente 23,414, relacionado con la apertura y armonización del mercado eléctrico costarricense, una iniciativa que ha generado amplio debate entre sectores políticos, empresariales y sindicales debido a sus posibles implicaciones sobre el modelo energético del país.

La propuesta busca introducir cambios en el funcionamiento del mercado eléctrico nacional y forma parte de las iniciativas que el gobierno considera estratégicas para mejorar la competitividad y atraer inversión.

En materia económica, la convocatoria también contempla proyectos relacionados con la emisión de títulos valores en mercados internacionales, así como financiamiento para obras de infraestructura y programas de desarrollo.

Entre ellos figuran iniciativas vinculadas al tren eléctrico, proyectos educativos y propuestas orientadas al desarrollo sostenible.

El Poder Ejecutivo también incluyó reformas dirigidas a la modernización y reorganización de instituciones públicas, en línea con la estrategia gubernamental de reducción y transformación del aparato estatal.

Uno de los proyectos que más atención genera es el expediente 24,719, que plantea el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía como parte de un proceso de restructuración administrativa.

La convocatoria incorpora además reformas al sistema de contratación pública mediante el expediente 24,099, iniciativa que busca modificar mecanismos de compras estatales y procedimientos administrativos.

También se incluyen cambios relacionados con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Contraloría General de la República.

En el apartado de reformas constitucionales y supremos poderes, el gobierno convocó proyectos que pretenden modificar normas relacionadas con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones.

Los expedientes 24,620 y 25,387 contienen cambios vinculados a requisitos y reglas para estos altos cargos del sistema institucional costarricense.

La agenda legislativa también contempla propuestas para impedir que una persona pueda aspirar simultáneamente a la Presidencia de la República y a una diputación, además de iniciativas relacionadas con candidaturas independientes.

Estas propuestas forman parte de un grupo de reformas políticas y electorales que buscan modificar reglas de participación dentro del sistema democrático costarricense.

Con esta amplia convocatoria, el gobierno intenta marcar el rumbo político y legislativo de los próximos meses, en un escenario donde la negociación con las distintas fracciones parlamentarias será clave para avanzar en proyectos considerados prioritarios por Casa Presidencial.

La definición de la agenda ocurre además en un contexto donde temas como seguridad ciudadana, reactivación económica y reforma institucional dominan el debate público nacional.

Ahora corresponderá a los diputados discutir, priorizar y eventualmente aprobar las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo durante este periodo extraordinario de sesiones.

Capitol Hill lawmakers are clashing over President Donald Trump’s proposal to suspend the federal gas tax as prices climb past $4 a gallon amid the conflict with Iran.

Democrats are urging the president to «end the war,» while Republicans are split on whether the plan would deliver real relief.

«He’s got to bring this war to an end if he wants these gas prices to come down,» Sen. Chris Murphy, D-Conn., said. «And he’s gotta stop this war and stop looking for other gimmicks.»

«Why doesn’t he just end the Iran war, which is an illegal war, so that would take care of those issues?» Sen. Mazie Hirono, D-Hawaii, said. «He did not get authorization. It’s on President Trump. And the rise in gasoline and everything else, it’s on him.»

DEMOCRATS POUNCE ON $4 A GALLON GAS, BLAME TRUMP’S IRAN WAR FOR ‘BROKEN PROMISE’

Lawmakers’ comments came after Trump backed a temporary suspension of the federal gas tax on Monday as escalating tensions with Iran pushed fuel prices higher nationwide. Gas prices have climbed to an average of $4.51 a gallon, and diesel prices have risen to $5.66 as of Wednesday, according to AAA.

«I mean we want to keep costs low,» Rep. Don Bacon, R-Neb., said. «Higher gas prices add costs to groceries and everything else, and so I think it’s something worthy to consider, and I’d be amenable to it.»

The suspension would potentially slash the cost of each gallon of gasoline by 18.4 cents and 24.4 cents per gallon of diesel. 

Sen. Josh Hawley, R-Mo., introduced legislation Monday to suspend the federal gas tax after Trump backed the idea. Hawley’s Gas Tax Suspension Act would provide relief at the pump for at least 90 days, while also allowing for an additional 90-day extension if prices remain elevated.

ENERGY SECRETARY WRIGHT SAYS TRUMP ADMINISTRATION OPEN TO SUSPENDING FEDERAL GAS TAX AMID PRICE SURGE

Sen. Josh Hawley, R-Mo., during a joint Senate Judiciary and Homeland Security and Government Affairs committees hearing in the Dirksen Senate Office Building on Capitol Hill on July 30, 2024. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Support for suspending the gas tax has emerged from both parties, but other lawmakers have proposed alternative methods to address rising gas prices. 

«I think that year-round E-15 is a better idea,» Sen. Roger Marshall, R-Kan., said. «Year-round, E-15 would bring down the price of gas maybe 30, 40 cents a gallon. You throw in our credit card bill, it would bring it down another dime, 15 cents a gallon. So I think those are probably two better ideas to do it.»

E-15 is a cheaper, ethanol-blended gasoline that cannot be sold nationwide during the summer months due to the U.S. Environmental Protection Agency’s pollution rules. Some Republicans, like Marshall, argue year-round access to E-15 would lower gas prices more effectively than a gas tax suspension.

ARAB ALLIES RECOGNIZE IRAN’S DANGER, LAWMAKERS SAY, AS REGION VIEWS REGIME CHANGE CAUTIOUSLY

A sign displays unleaded gasoline and diesel fuel prices at a Chevron gas station in Victorville, Calif., on March 17, 2026. (Kyle Grillot/Bloomberg via Getty Images)

While some lawmakers focused on lowering costs at the pump, others argued the U.S. should maintain or even escalate pressure on Iran despite rising prices.

«Let’s finish Iran, the IRGC anyway, once and for all,» Bacon said. «The Iranian people are great people, but their government is our enemy. They’ve been the most ruthless enemy that we’ve had over four decades.»

«They should be pummeled,» he said.

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Bacon’s comments reflect a group of Republicans who argue the surge in gas prices is a consequence of taking on Iran, warning that backing off pressure could carry far greater risks.

«Iran with a nuclear weapon is a threat to America and the whole region,» Bacon said.

Cuando el primer ministro Keir Starmer llevó al Partido Laborista a la victoria en las últimas elecciones generales del Reino Unido, en 2024, lo hizo con una campaña fundamentada en una plataforma de estabilidad, vendiendo a su partido como el antídoto contra años de caos bajo una sucesión de primeros ministros conservadores.

Ahora, la promesa laborista de una gobernanza estable parece estar amenazada, ya que Starmer se enfrenta a peticiones de renuncia que vienen de su propio partido después del mal desempeño en las elecciones locales de la semana pasada.

Los críticos de Starmer sostienen que su profunda impopularidad requiere que haya un nuevo líder si el Partido Laborista quiere tener alguna posibilidad en las próximas elecciones generales, que deben celebrarse antes de 2029. Pero algunos de sus aliados han señalado que el país ha sufrido daños acumulados por la sucesión de primeros ministros bajo el mandato de los conservadores, y han advertido al Partido Laborista de que tenga cuidado de no seguir el mismo camino.

“El Reino Unido parece haberse vuelto adicta al drama político en torno a sus primeros ministros”, dijo Tony Travers, profesor de política en la London School of Economics. Argumentó que la caída de la tasa de crecimiento económico del Reino Unido tras la crisis financiera de 2008, agravada por los efectos del brexit, había “dificultado la gobernanza hasta el punto de hacerla imposible”.

Los sistemas parlamentarios, en comparación con los presidenciales, facilitan el cambio de líderes, señaló Travers, pero cambiar de liderazgo no resuelve los retos fundamentales a los que se enfrenta el Reino Unido. Entre ellos se encuentran unos servicios públicos frágiles que siguen pasando apuros tras años de falta de inversión y el impacto inflacionista de la guerra en Irán. Muchos legisladores del Partido Laborista temen que esto pueda dar inicio a una nueva era de cambios rápidos en la dirección del partido.

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Cinco líderes del Partido Conservador dirigieron el Reino Unido entre 2016 y 2024. Así es como llegaron al número 10 de Downing Street, y cómo salieron de ahí.

David Cameron, abatido por el brexit

David Cameron fue primer ministro de 2010 a 2016, periodo durante el cual convocó el referéndum del brexit. Esperaba obtener un mandato de los votantes para que el Reino Unido se quedara en la Unión Europea y con ello poner fin a la división en el Partido Conservador sobre este tema.

La medida resultó ser un desastre cuando una escasa mayoría de británicos votó a favor de salir.

Al día siguiente de la votación, Cameron se presentó frente al número 10 de Downing Street y anunció su renuncia, afirmando que el país merecía un líder comprometido con cumplir la voluntad del pueblo. En un primer momento dijo que se quedaría tres meses en el cargo para asegurar la estabilidad, hasta septiembre, pero después de que Theresa May ganó el liderazgo del Partido Conservador, ella fue nombrada primera ministra el 13 de julio de 2016.

Theresa May, también derrotada por el brexit

May, que había sido ministra del Interior de Cameron, fue la segunda primera ministra del país, después de Margaret Thatcher. Asumió de inmediato la difícil tarea de negociar la salida del país de la Unión Europea.

Su mandato estuvo dominado por el brexit. Ella abogaba por una salida de la Unión Europea de cierto modo más suave, lo que enfureció a los euroescépticos de línea dura del partido, y no logró alcanzar un acuerdo que su partido pudiera respaldar. El brexit terminó por ser su ruina también. Después de enfrentarse a una rebelión en el gabinete, en mayo de 2019 anunció sus planes de dejar el cargo.

Boris Johnson, obligado a renunciar por el ‘partygate’

Boris Johnson, el exalcalde de Londres de melena revuelta y estilo grandilocuente, fue elegido nuevo líder del partido y asumió el cargo en julio de 2019. Había hecho campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y se había convertido en un destacado crítico del enfoque de May respecto al brexit. Ganó las elecciones prometiendo “recuperar el control” de las fronteras británicas.

Johnson llevó al partido a una amplia victoria electoral en 2019. Unos meses más tarde, el país se vio sumido en la pandemia del coronavirus. Y una serie de escándalos perjudiciales –entre ellos las reuniones en Downing Street durante el confinamiento por la covid, que se conocieron como el “partygate”– le obligaron a dimitir de forma espectacular en julio de 2022.

Liz Truss, hundida por recortes fiscales sin financiación

No había un consenso real sobre quién iba a reemplazar a Johnson, pero Liz Truss acabó imponiéndose ante Rishi Sunak en una contienda por el liderazgo y se convirtió en primera ministra en septiembre de 2022.

Truss, que fue ministra de Asuntos Exteriores de Johnson, ocupó el cargo de primera ministra durante solo seis semanas –superada en duración, como es bien sabido, por una lechuga–, se convirtió en la primera ministra británica con el mandato más breve. Durante su corto periodo, que incluyó la muerte de la reina Isabel II, logró introducir un plan de recortes fiscales sin financiación que sumió a los mercados financieros del país en el caos.

Intentó dar marcha atrás, pero no fue suficiente para reparar el duradero daño político, ni el económico.

Rishi Sunak, destituido en unas elecciones generales

Sunak, exministro de Hacienda, tomó rápidamente el timón, sin oposición en la contienda por el liderazgo del partido tras la caída de Truss. En octubre de 2022, se convirtió en la primera persona de ascendencia india en ser primer ministro británico.

Los dramas de sus predecesores inmediatos ensombrecieron su mandato, y cuando convocó elecciones generales en 2024, su partido sufrió derrotas abrumadoras. Se dirigió al país frente a Downing Street diciendo: “Lo siento. Lo he dado todo en este cargo. Pero ustedes han enviado una señal clara de que el gobierno del Reino Unido debe cambiar. Y su criterio es el único que importa”.

*Por Megan Specia, periodista que radica en Londres y cubre el Reino Unido, Irlanda y la guerra en Ucrania para el Times. Y Michael D. Shear colaboró con reportería.