POLITICA
La Corte Suprema resolvió intervenir en la demanda de La Pampa contra el Estado Nacional por la coparticipación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la competencia directa para tratar la demanda presentada por la Provincia de La Pampa contra el Estado Nacional. La causa se tramitará en Buenos Aires, tras la decisión firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti el pasado jueves 7 de mayo.
La decisión también ordenó “correr traslado” al Estado Nacional: se le otorgó un plazo de 60 días para presentar su respuesta formal a la demanda, tal como establece el procedimiento en estos casos.
El reclamo de La Pampa apunta a una parte de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y busca que el 1% de los fondos actualmente asignados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sea repartido diariamente y de manera automática entre las provincias.
La decisión representa un nuevo capítulo en la discusión entre gobiernos provinciales y nacionales por la distribución de recursos, y podría impactar en la administración de fondos que superan varios miles de millones de pesos.
El reclamo de La Pampa
La demanda está representada por el gobernador Sergio Ziliotto y la fiscal de Estado Romina Schmidt, con el patrocinio de los abogados Andrés Gil Domínguez, Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand.
Según el escrito presentado ante la Corte Suprema, La Pampa solicita que se declare inconstitucionales dos artículos de la Ley 23.548. Sostiene que esas normas “son contrarias” a tres artículos de la Constitución Nacional porque afectan los derechos y recursos de las provincias.

La principal exigencia de la provincia es que los recursos reservados hasta ahora para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional —equivalentes al 1% de la masa coparticipable— pasen a ser distribuidos diariamente y de forma automática entre todas las jurisdicciones provinciales.
El reclamo explica que estos fondos, en lugar de ser distribuidos con discrecionalidad por el gobierno central, deberían integrarse al sistema de reparto automático que rige para el resto de los fondos coparticipables.
La provincia también pidió que se cite a una audiencia informativa y de conciliación, basándose en antecedentes de otros pleitos similares, como los llevados adelante por Santa Fe y por la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, quienes también habían cuestionado recortes o distribución discrecional de recursos federales.
Los argumentos de la Corte
En el plenario de esta semana, el máximo tribunal resolvió que la presentación corresponde a su “competencia originaria”: la causa empieza y termina en sus estrados, sin pasar por tribunales inferiores. Este mecanismo se activa cuando una provincia demanda a la Nación, en aplicación del artículo 117 de la Constitución Nacional.
El fallo señala: “La presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación”, y ordena notificar tanto al Ministerio de Economía de la Nación como a la Procuración General de la Nación.
La procuradora fiscal Laura Mercedes Monti sostuvo que corresponde que sea la Corte y no un juzgado inferior el que analice la cuestión, ya que están en juego prerrogativas y derechos constitucionales de una provincia frente al Estado Nacional.
Qué artículos se cuestionan y por qué

El escrito presentado por La Pampa apunta contra los artículos 3 inciso d y 5 de la Ley 23.548, que establecen cómo se reparte el dinero de los impuestos recaudados entre la Nación y las provincias.
La Pampa argumenta que el esquema permite al Estado Nacional manejar de forma discrecional una parte del monto que, según la provincia, debería estar sujeta al reparto automático fijado por la Constitución. Así, denuncia que el 1% reservado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional nunca pasa por el sistema de coparticipación automática y se destina según decisión del Ejecutivo nacional.
El reclamo provincial se apoya en los artículos 75 (inciso 2º), 18 y 19 de la Constitución Nacional, que definen los alcances de los derechos provinciales sobre los recursos coparticipables y establecen restricciones al manejo unilateral por parte del gobierno federal.
Antecedentes y contexto
Para reforzar su posición, La Pampa citó antecedentes recientes de la propia Corte Suprema, especialmente las sentencias en los casos Santa Fe contra el Estado Nacional y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, en los cuales se aceptó la competencia de la Corte y se falló a favor de las jurisdicciones reclamantes en materia de transferencias de fondos.
En esos expedientes, la Corte determinó que el Estado Nacional debía devolver sumas retenidas indebidamente y ajustar los mecanismos de transferencia a favor de las provincias o la Ciudad Autónoma, según corresponda.
En esta nueva causa, el planteo es “original”: no se discute una suma retenida en un caso puntual, sino el funcionamiento estructural del mecanismo de coparticipación respecto a un porcentaje específico. De avanzar el reclamo, podría significar una redistribución automática de recursos hacia todas las provincias a partir del 1% que hoy controla la Nación.

El Ministerio de Economía y la Procuración General ya fueron notificados y, de acuerdo con el procedimiento, podrán contestar la demanda o buscar una instancia de conciliación previa, como solicitó La Pampa.
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Los trabajos de parto del peronismo

Como sabuesos detrás de una presa herida, el peronismo se agita ante la debilidad del gobierno de Javier Milei. En los últimos dos meses comenzó a circular por el sistema nervioso de sus dirigentes la sensación de que pueden regresar al poder. Era una esperanza que habían enterrado en el verano, pero que despabiló el desgaste provocado por las peripecias de Manuel Adorni y los altibajos de la recuperación económica. El peronismo se encuentra en medio de la gestación de una nueva criatura. El resultado final es todavía un enigma. Pero las contracciones del parto despabilaron a sus operadores. La actuación central se enfoca en la provincia de Buenos Aires, la caja fuerte donde conserva su mayor caudal de votos.
El carácter singular de la actual mutación peronista es que la atraviesa con la presidenta del partido, Cristina Kirchner, detenida por corrupción y con su capacidad de actuación limitada. La situación judicial de la expresidenta, sumado al rencor contra los dirigentes de La Cámpora, convenció a un grupo de jefes territoriales, que tiene como referentes a Julio Alak, de La Plata; Gabriel Katopodis, de San Martín; Fernando Espinoza, de La Matanza y Jorge Ferraresi, de Avellaneda, a encarar el desafío final contra el grupo que alguna vez fue la juventud kirchnerista. El terreno de la batalla que plantean los jefes comunales será la definición de la candidatura a gobernador para la provincia de Buenos Aires.
Ese desafío es el ejemplo más claro de la transformación del poder en el interior del PJ. Antes era impensable avanzar sin esperar la bendición de Cristina Kirchner. Ese reflejo quedó en el pasado. Los intendentes más poderosos del conurbano acordaron que presentarán un postulante propio, sin aguardar la glorificación de San José 1111. Una aritmética simple muestra que los votos de sus populosas secciones electorales triplican los números de los municipios manejados por La Cámpora. “Que ellos presenten a Mayra Mendoza o a quien quieran y vamos a una interna”, desafía un jefe del sur bonaerense. Kicillof dio el visto bueno: “Se tiene que resolver con una PASO”, es decir, en una interna abierta, simultánea y obligatoria.
Cristina Kirchner no puede permitirse una derrota interna en el conurbano; sería una señal irremediable de disolución. Sobre todo, si resultara vencida por los propios votos del peronismo. Por eso, más allá de los desafíos de uno y otro lado, se mantiene la sensación de que las fuerzas internas empujan a un arreglo.
En su debilidad, Cristina Kirchner necesita la unidad del peronismo. Un triunfo electoral es su mayor esperanza para recuperar la libertad. De ahí las reuniones con dirigentes como Miguel Ángel Pichetto, que alguna vez fue un opositor interno, y sus enojos secretos con los dirigentes de La Cámpora que echan leña al fuego de la fractura.
Sin embargo, más allá de los nuevos aires ecuménicos, los intendentes tienen frescos en la memoria los antecedentes de desaires kirchneristas. Recuerdan los tiempos en que Cristina Kirchner estaba en la cúspide de su poder y decidía sin consultar quién sería el candidato a gobernador o prometía premios que después eran olvidados, como cuando resolvió que su postulante sería Axel Kicillof y dejó mascullando enojo a medio conurbano. O cuando le prometió a Espinoza que sería postulante junto a Diego Bossio y terminó por consagrar a Aníbal Fernández.
Aquella definición de la candidatura a gobernador en 2015 fue memorable. Cristina Kirchner ya sabía cuál iba a ser el desenlace, pero no pudo evitar la teatralidad. Encerró en una habitación a su favorito, Aníbal Fernández; a Julián Domínguez, por entonces presidente de la Cámara de Diputados; y al matancero Fernando Espinoza. Les ordenó que, en aquel claustro improvisado, resolvieran entre los tres quién sería el candidato. Como era previsible, encerrados en la habitación, todos argumentaron a su favor y salieron a los 15 minutos sin llegar a un acuerdo. Era lo que Cristina Kirchner esperaba.
Para entonces, Florencio Randazzo, que pretendía la postulación, había pegado un portazo con una carta dolida. Fernández y Domínguez se terminaron por enfrentar en una interna. La presidenta había incluido a Domínguez por un pedido llegado desde el Vaticano, donde por entonces regía Jorge Bergoglio. La interna la terminó por ganar Aníbal Fernández. En las filas de Domínguez todavía están convencidos de que el resultado fue fraguado y recuerdan que su contrincante controlaba el Correo Argentino.
Con ese proceso, Cristina Kirchner tuvo al candidato que quería, pero María Eugenia Vidal lo terminó por vencer en la elección a gobernador de 2015. Los recuerdos de aquella definición se mantienen grabados a fuego en la memoria de los intendentes enfrentados con La Cámpora y entienden que finalmente llegó el momento de tener un postulante propio.
La Constitución provincial impide a Axel Kicillof presentarse a una nueva reelección. De ahí las ansias por conquistar una candidatura para sucederlo.
La elección bonaerense del año pasado la ganó el peronismo. Luego fue derrotado en la compulsa nacional, donde regía la boleta única. Ahora, el PJ va a resistir hasta sus últimas fuerzas que la boleta única se implemente en la provincia. “Es una estafa”, la descalifican en la gobernación. Pro y la Libertad Avanza entienden que es la única forma de controlar la votación.
Tras las elecciones bonaerenses, los aliados de Kicillof en el conurbano le recriminaron que siguiera premiando a los camporistas con ministerios en su gobierno. Por ejemplo, es el caso de Juan Martín Mena en Justicia, quien en uno de sus últimos logros de gestión resolvió en un trámite inmediato el traspaso de la sede de la AFA a la provincia para evitar que a Claudio Chiqui Tapia lo investiguen jueces incontrolables.
El gobernador mantiene a los camporistas y se rehúsa a echarlos. Dividió los ministerios como un loteo entre facciones, a la manera de Alberto Fernández, y evita arrojar a los adversarios por la borda de la interna. Los intendentes usaron una figura avícola para responderle. “Vos sos como las palomas en las iglesias, cagás encima de los fieles”, le enrostró a Kicillof un histórico dirigente del peronismo. Se sienten menos recompensados que La Cámpora, a pesar de su apoyo.
La fractura peronista que se sacude debajo del gobernador llegó al extremo de inmovilizar la Legislatura provincial, un paquidermo que insume a cada bonaerense más de 150.000 millones de pesos por año y la fuente donde surgía la plata para pagarles a los ñoquis del caso Chocolate Rigau.
En la Legislatura, los intendentes quieren lograr que se anulen los límites a las reelecciones que rigen desde los tiempos de María Eugenia Vidal. Sergio Massa, que tiene la llave para destrabarlo, asegura que mantiene su rechazo. “No voy a decir lo contrario a lo que sostuve durante diez años”, argumentó a los emisarios. Otros, escépticos, consideran que Omnia Romae venalia sunt: en Roma todo tiene su precio. Los próximos meses se verá quién tiene la razón, si Massa o los romanos.
Mientras la impaciencia electoral acelera las pulsaciones, una idea comenzó a circular con fuerza en el territorio bonaerense: la posibilidad de adelantar la votación provincial. Los mandamases del distrito pretenden desacoplar su suerte de la definición nacional. Para Kicillof es un riesgo. Nadie se juega a fondo con el futuro resuelto. “Todavía no se discutió”, responden en la gobernación.
Entretanto, la excitación electoral que sacude al peronismo gestó nuevos espacios, como el “neoalbertismo” encabezado por Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel. Desde el conurbano lo miraron con sorna: están convencidos de que es un invento pergeñado por Sergio Massa para parcializar el escenario y debilitar el carácter de “candidato indiscutido” de Kicillof. La presencia de Michel, pieza crucial de la gestión de Massa durante el gobierno de Alberto Fernández, alimenta las suspicacias. El exministro dejó correr la idea: “Le dicen massismo clase B”, bromeó. Como cuando impulsó la boleta de Javier Milei para dividir los votos de Juntos por el Cambio, la afición de Massa por fraccionar competidores es proverbial.
Más allá de su origen, el grupo de Parque Norte tiene el mérito de plantear la única revisión de las deudas que el peronismo acumula con la sociedad: recuperar el orden fiscal como una bandera propia y abandonar el enamoramiento con el déficit y la inflación. Llega hasta ahí. Otras ideas no se plantearon, como luchar contra la corrupción o frenar los abusos de cargos y negocios con fondos del Estado. El revisionismo tiene sus límites.
Damián Nabot,Conforme a
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El Gobierno distribuyó $348.267 millones en fondos discrecionales a provincias y la Corte decidió intervenir en la disputa por esos ATN

El Gobierno distribuyó $348.267.712.230 a provincias en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 6 de abril de 2026. El dato surge del informe 145 de Jefatura de Gabinete y se compone de cuatro tramos: $15.467,7 millones en el cierre de 2023, $49.800 millones en 2024, $209.000 millones en 2025 y $74.000 millones en 2026 hasta comienzos de abril.
Los gobernadores que más fondos recibieron en todo ese período fueron los de Misiones y Tucumán, con $41.500 millones cada uno, seguidos por Salta con $32.500 millones y Entre Ríos con $32.144 millones. Detrás quedaron Chubut con $27.500 millones, Catamarca con $23.000 millones y Chaco y Neuquén, con $22.000 millones cada una.
La concentración del reparto tiene una correlación con el armado de alianzas que tejió la Casa Rosada para conseguir apoyos a reformas desde el inicio de la gestión. Sólo Misiones, Tucumán, Salta y Entre Ríos absorbieron $147.644,7 millones, el 42,4% de todo lo distribuido por Milei a través de esa vía hasta abril de 2026.
El mapa también exhibe a los relegados. En los cuadros del informe no aparecen con giros visibles en toda la gestión Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. El caso más sensible es el de La Pampa: el informe 142 ya había señalado que no había recibido fondos desde el 10 de diciembre de 2023 hasta marzo de 2025, y en el informe 145 la provincia dejó asentado que sus pedidos por desequilibrio financiero, cajas no transferidas y desastre climático seguían sin respuesta.
Asimismo, la situación de La Pampa escaló al plano judicial. La Corte Suprema de Justicia declaró su competencia originaria en una demanda presentada por la provincia contra el Estado Nacional por la distribución de los ATN y le dio intervención al Gobierno para que responda el planteo.
La administración de Sergio Ziliotto reclama que los recursos correspondientes al Fondo de ATN —equivalentes al 1% de la masa coparticipable según la ley 23.548— sean incorporados automáticamente al reparto entre provincias y no queden bajo discrecionalidad de la Casa Rosada. En la demanda, la provincia sostuvo que el Estado “se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen”.
El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que la causa debe tramitar en la competencia originaria de la Corte debido a que enfrenta de manera directa a una provincia con el Estado Nacional.
Por otra parte, los últimos datos del informe coinciden con la distribución de ATN del Gobierno en los años previos. Sólo en marzo de 2026 el Gobierno distribuyó $43.000 millones, equivalentes a 58,1% de todo lo girado en 2026 hasta el 6 de abril. En ese tramo, el principal beneficiado fue Corrientes, con $8.000 millones por desequilibrio financiero, seguida por Mendoza con $7.000 millones, Entre Ríos con $6.000 millones, Misiones con $5.500 millones y Chaco con $4.000 millones.
La trastienda del vínculo con esos mandatarios muestra matices. Durante la gestión, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua acompañaron al oficialismo en votaciones sensibles, como la Ley Bases y otras reformas, y sostuvieron una relación de cooperación parlamentaria con el Ejecutivo. Sin embargo, esa sintonía legislativa no implica de por sí un acuerdo electoral hacia 2027. En el oficialismo reconocen que la discusión ya pasa por diferenciar aliados circunstanciales en el Congreso de socios territoriales de largo plazo.
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Ese debate se cruza con la estrategia electoral que empuja Karina Milei. La secretaria general quiere competir en la gran mayoría de las provincias y limitar los acuerdos a un puñado de distritos. Hoy, en el oficialismo aseguran que la idea es reservar entendimientos solo para Entre Ríos, Chaco, Mendoza y San Luis, si las negociaciones terminan cerrando. La hoja de ruta la ejecuta Eduardo “Lule” Menem, mientras que del otro lado Santiago Caputo insiste con ampliar alianzas con más gobernadores para blindar gobernabilidad frente a la disputa presidencial de 2027.
Esa diferencia interna explica la razón por la que algunos gobernadores bien posicionados en el reparto de fondos no aparecen hoy en el núcleo de alianzas electorales privilegiadas. Jaldo, Jalil, Sáenz y Passalacqua fueron útiles para sostener la agenda oficial en el Congreso, pero la estrategia de Karina Milei privilegia una expansión partidaria propia antes que un cierre amplio con todos los dialoguistas. En la Casa Rosada saben que ese esquema tensiona la relación con provincias que ayudaron en votaciones clave, pero también creen que ceder demasiado en 2027 puede diluir el control político del armado nacional.
Gobierno, provincias
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La UCR bonaerense acordó una lista de unidad y un nieto de Balbín asumirá como presidente para cerrar las internas

La Unión Cívica Radical (UCR) alcanzó un acuerdo en la provincia de Buenos Aires y llegará con una lista de unidad a la renovación de autoridades de junio. La conducción quedó a cargo de Emiliano Balbín, nieto del histórico referente del espacio Ricardo Balbín y alfil del senador nacional Maximiliano Abad. Tendrá el desafío de fortalecer el espacio tras el revés de los últimos comicios bonaerenses.
El radicalismo bonaerense venía de enfrentar una fuerte división interna tras la última elección de autoridades, en 2024, que terminó judicializada. Desde entonces, el partido se administraba bajo un esquema de doble conducción: por un lado, el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández, a cargo del Comité de Contingencia, y por el otro, Pablo Domenichini, titular de la Convención de Contingencia. Ahora, ambas corrientes confluirán detrás del liderazgo de Balbín.
“Un partido unido y legitimado es condición necesaria para convertir objetivos lejanos en aspiraciones reales. Estamos dando el primer paso: dejar atrás diferencias y subirnos todos a un mismo barco con un destino claro. Gobernar la Provincia de Buenos Aires”, planteó el nuevo titular del espacio en su cuenta de X (exTwitter).
Balbín estará secundado en la conducción por Josefina Mendoza, dirigente de Evolución, la corriente que se referencia en Martín Lousteau. El sector que responde al diputado nacional también ocupará la Secretaría General, mientras que la Tesorería quedará para un alfil del exintendente de San Isidro Gustavo Posse.
El sector disidente de Fernández y Alejandra Lordén había amenazado en la última semana con presentar una lista independiente con el diputado nacional Pablo Juliano a la cabeza, pero finalmente primó la unidad. En el partido esperan no repetir la experiencia de dispersión y fracturas de años anteriores y esperan llegar con una estructura más consolidada y uniforme a la contienda electoral de 2027.
El año pasado, para los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, la UCR no había logrado consensuar una estrategia unificada y sus dirigentes forjaron sus propias alianzas. Así, por ejemplo, mientras Domenichini y Fernández integraron la coalición Somos Buenos Aires, junto a peronistas no kirchneristas y la Coalición Cívica, Abad se volcó a un armado nuevo al que bautizaron como Nuevos Aires.
Esa fragmentación se profundizó luego en las elecciones nacionales, cuando la facción de Fernández apostó por un frente conjunto con el partido de Elisa Carrió, mientras que el sector Domenichini recaló en Provincias Unidas, el frente de seis gobernadores que buscaba ofrecer una tercera vía a Javier Milei y Cristina Kirchner y ahora enfrenta riesgos de ruptura.
Esas divisiones contribuyeron -al igual que la polarización del escenario político- a un retroceso en la representación radical que la nueva conducción buscará remontar. “Queremos candidatos propios en los 135 partidos. El 2027 está a la vuelta de la esquina. El desafío es volcar nuestra presencia territorial en un proyecto claro y competitivo. Somos un partido de poder que va a ir a las urnas a ganar”, continuó Balbín en redes sociales.
El objetivo es claro: recuperar el protagonismo que el partido centenario perdió ante el avance libertario y reconstruir su identidad, pero también diferenciarse del Partido Justicialista que gobierna la Provincia. “El radicalismo va a hablar en voz alta donde Kicillof hace silencio: bajar impuestos a los que producen e invierten, modernizar la educación, plantarse frente a la inseguridad y poner de pie un sistema de salud desfinanciado”, aseguró.
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