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POLITICA

La Corte Suprema resolvió intervenir en la demanda de La Pampa contra el Estado Nacional por la coparticipación

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la competencia directa para tratar la demanda presentada por la Provincia de La Pampa contra el Estado Nacional. La causa se tramitará en Buenos Aires, tras la decisión firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti el pasado jueves 7 de mayo.

La decisión también ordenó “correr traslado” al Estado Nacional: se le otorgó un plazo de 60 días para presentar su respuesta formal a la demanda, tal como establece el procedimiento en estos casos.

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El reclamo de La Pampa apunta a una parte de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y busca que el 1% de los fondos actualmente asignados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sea repartido diariamente y de manera automática entre las provincias.

La decisión representa un nuevo capítulo en la discusión entre gobiernos provinciales y nacionales por la distribución de recursos, y podría impactar en la administración de fondos que superan varios miles de millones de pesos.

El reclamo de La Pampa

La demanda está representada por el gobernador Sergio Ziliotto y la fiscal de Estado Romina Schmidt, con el patrocinio de los abogados Andrés Gil Domínguez, Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand.

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Según el escrito presentado ante la Corte Suprema, La Pampa solicita que se declare inconstitucionales dos artículos de la Ley 23.548. Sostiene que esas normas “son contrarias” a tres artículos de la Constitución Nacional porque afectan los derechos y recursos de las provincias.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto

La principal exigencia de la provincia es que los recursos reservados hasta ahora para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional —equivalentes al 1% de la masa coparticipable— pasen a ser distribuidos diariamente y de forma automática entre todas las jurisdicciones provinciales.

El reclamo explica que estos fondos, en lugar de ser distribuidos con discrecionalidad por el gobierno central, deberían integrarse al sistema de reparto automático que rige para el resto de los fondos coparticipables.

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La provincia también pidió que se cite a una audiencia informativa y de conciliación, basándose en antecedentes de otros pleitos similares, como los llevados adelante por Santa Fe y por la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, quienes también habían cuestionado recortes o distribución discrecional de recursos federales.

Los argumentos de la Corte

En el plenario de esta semana, el máximo tribunal resolvió que la presentación corresponde a su “competencia originaria”: la causa empieza y termina en sus estrados, sin pasar por tribunales inferiores. Este mecanismo se activa cuando una provincia demanda a la Nación, en aplicación del artículo 117 de la Constitución Nacional.

El fallo señala: “La presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación”, y ordena notificar tanto al Ministerio de Economía de la Nación como a la Procuración General de la Nación.

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La procuradora fiscal Laura Mercedes Monti sostuvo que corresponde que sea la Corte y no un juzgado inferior el que analice la cuestión, ya que están en juego prerrogativas y derechos constitucionales de una provincia frente al Estado Nacional.

Qué artículos se cuestionan y por qué

El fallo de la Corte Suprema podría redefinir el esquema de asignación de fondos entre la Nación y las provincias (Maximiliano Luna)

El escrito presentado por La Pampa apunta contra los artículos 3 inciso d y 5 de la Ley 23.548, que establecen cómo se reparte el dinero de los impuestos recaudados entre la Nación y las provincias.

La Pampa argumenta que el esquema permite al Estado Nacional manejar de forma discrecional una parte del monto que, según la provincia, debería estar sujeta al reparto automático fijado por la Constitución. Así, denuncia que el 1% reservado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional nunca pasa por el sistema de coparticipación automática y se destina según decisión del Ejecutivo nacional.

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El reclamo provincial se apoya en los artículos 75 (inciso 2º), 18 y 19 de la Constitución Nacional, que definen los alcances de los derechos provinciales sobre los recursos coparticipables y establecen restricciones al manejo unilateral por parte del gobierno federal.

Antecedentes y contexto

Para reforzar su posición, La Pampa citó antecedentes recientes de la propia Corte Suprema, especialmente las sentencias en los casos Santa Fe contra el Estado Nacional y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, en los cuales se aceptó la competencia de la Corte y se falló a favor de las jurisdicciones reclamantes en materia de transferencias de fondos.

En esos expedientes, la Corte determinó que el Estado Nacional debía devolver sumas retenidas indebidamente y ajustar los mecanismos de transferencia a favor de las provincias o la Ciudad Autónoma, según corresponda.

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En esta nueva causa, el planteo es “original”: no se discute una suma retenida en un caso puntual, sino el funcionamiento estructural del mecanismo de coparticipación respecto a un porcentaje específico. De avanzar el reclamo, podría significar una redistribución automática de recursos hacia todas las provincias a partir del 1% que hoy controla la Nación.

El Ministerio de Economía y la Procuración General ya fueron notificados de la causa (EFE/David Fernández/Archivo)

El Ministerio de Economía y la Procuración General ya fueron notificados y, de acuerdo con el procedimiento, podrán contestar la demanda o buscar una instancia de conciliación previa, como solicitó La Pampa.

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Christian Asinelli dijo que ningún país de América Latina se puede salvar solo y defendió la integración regional

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“América Latina es una solución para los problemas que hoy tiene el mundo, donde el talento está distribuido de manera homogénea en toda la región, pero lo que no están distribuidas son las oportunidades, por lo que ningún país se puede salvar individualmente ”. Así lo afirmó el politólogo y vicepresidente corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Christian Asinelli, durante un acto en el que su libro Claves para el Desarrollo de América Latina y el Caribe” fue declarado de Interés para la Comunicación Social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El salón San Martín de la Legislatura porteña fue el escenario elegido para otorgarle el reconocimiento durante un acto que se convirtió en un conversatorio donde la integración regional, la solidaridad y los desafíos de América Latina y el Caribe fueron ejes centrales, siguiendo las claves propuestas del texto de Asinelli.

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El encuentro contó con presencias de representantes diplomáticos, dirigentes políticos, legisladores, empresarios, académicos y referentes de la gestión pública como Matías López, Christian Gribaudo, Gustavo Beliz, Fernando Gray, Emmanuel Ferrario, Facundo Del Gaiso, José Urtubey, Alberto Iribarne, Leandro Santoro, Kelly Olmos, José Scioli, Juan Cabandié y Daniel Lipovetzky, entre otros.

Christian Asinelli, con su libro

Alejandro Grillo, el legislador porteño que propuso declarar el libro de Interés para la Comunicación Social, destacó al comienzo del acto que la obra de Asinelli resulta un “disparador de discusión” necesario y resaltó que la convocatoria buscaba “construir entre todos, con la excusa de la visibilización de este libro, un diálogo entre representantes de los pueblos y la mirada académica”, apoyándose en el “concepto de la solidaridad y la cooperación en tiempos muy difíciles”.

Luego, María Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, dijo que en la región “hay una deuda con nuestra patria y con la patria grande que es trabajar juntos y ser más unidos”. A propósito de la integración regional, remarcó que ese objetivo “no fracasa porque no tenemos organismos, porque hay un montón y lo intentamos 10 mil veces, nos faltó quizás legitimidad social, encontrar intereses compartidos” Y agregó: “Creamos organismos, pero lo que todavía necesitamos construir es comunidad”.

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Acerca de quiénes deben protagonizar la integración, apuntó: “El verdadero sujeto de la integración en estos tiempos ya dejaron de ser sólo los Estados ya que hay muchos actores dentro de la sociedad: universidades, ciudades, empresas, ciencia, redes digitales, organizaciones sociales, parlamentos, gobiernos locales”, por lo que concluyó: “Sin pertenencia no puede haber integración. El gran reto es generar una ciudadanía que crea en esto. Generar ciudadanos e instituciones que crean en la integración, no alcanza con gobiernos”.

Los distintos panelistas destacaron la importancia de la integración regional que pone de relieve Christian Asinelli

A continuación, el embajador de Uruguay en la Argentina, Diego Cánepa, aportó una mirada directa sobre las limitaciones y posibilidades de la integración regional. Sobre la CAF, el banco de desarrollo donde Asinelli es vicepresidente, afirmó que es “el bien público latinoamericano más importante que tenemos hoy, pero, a la vez, casi el único”, por lo que consideró que “nos faltan muchas cosas, pero también tuvimos una incapacidad enorme de construir bienes públicos comunes”.

“No hay comunidad cuando no hay bienes públicos comunes -añadió el diplomático-, y no hay tampoco integración cuando tenemos deudas internas de desintegraciones en los países que integran América Latina y el Caribe. Países desintegrados es muy difícil que se integren”. Y enseguida apuntó: “Somos más diferentes de lo que pensamos, somos menos parecidos de lo que creemos y eso hace que haya que trabajar más”.

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Cánepa señaló que “hacemos muchos discursos, pero trabajamos poco en resolver las diferencias, y lo primero es reconocerlas sin temor porque los conflictos son inherentes a cualquier sociedad humana y también a lo que es una construcción en común”.

Gustavo Beliz fue uno de los asistentes al acto en el que se distinguió al libro de Christian Asinelli

El siguiente orador fue el embajador de Panamá en la Argentina, Juan Luis Correa Esquivel, quien compartió una interpretación desde la experiencia de su país, ahora miembro asociado del Mercosur. “Creo en la integración, en el multilateralismo -indicó-, creo que el mecanismo de construcción y de la solidez de la democracia es el diálogo, independientemente de las diferencias ideológicas o políticas que siempre van a existir”.

Recordó luego el giro estratégico de su país: “Cuando asumió, nuestro presidente dijo hace dos años que había llegado el momento de que Panamá mire al sur. Ser miembro asociado del Mercosur está abriendo muchas oportunidades para fomentar nuevamente ese intercambio comercial que va acompañado de diálogo y de la construcción de la solidez de las democracias que se fundamenten en el desarrollo económico”.

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Por su parte, el embajador de Portugal en nuestro país, Gonçalo Teles Gomes, aportó una visión sobre la integración desde Europa y subrayó que “el oceáno Atlántico no nos separa sino que es algo que nos une”, luego de lo cual puntualizó que en América Latina “tienen todas las condiciones para salir bien, y si no está pasando eso es porque hay un conjunto de buenas intenciones, pero también de desafíos importantes y fundamentales”.

Diego Cánepa, embajador de Uruguay en la Argentina, fue uno de los oradores del acto presidido por Christian Asinelli

Entre esos desafíos, el diplomático mencionó “la desigualdad, el desafío demográfico, la transición energética, la movilidad y conectividad”. Y consideró que “para las soluciones que es necesario aportar se necesitan políticas públicas, buenas, eficientes, pero construidas con el sector privado”. Citando al Papa Francisco, enfatizó en en que “todos son necesarios para construir país, para ser país y construir país”.

Como idea para la integración, mencionó la falta de algo similar al programa Erasmus (el programa de la Unión Europea que presta apoyo a la educación, la formación, la juventud y el deporte) y la escasa facilidad de circulación de personas entre países latinoamericanos: “¿Cómo es que en América Latina aún circulamos y tenemos que enseñar el pasaporte y control de aduanas y control de fronteras?”, se preguntó Teles Gomes.

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Finalmente, Asinelli destacó el potencial de América Latina y el Caribe como “región solución” a los problemas globales contemporáneos e invitó a reflexionar sobre el desarrollo, la integración, la institucionalidad y la planificación estratégica de la región.

Alberto Iribarne y José Urtubey, entre los presentes en el acto de la Legislatura porteña

El politólogo destacó que América Latina dispone de recursos naturales excepcionales. “Si lo vemos desde el punto de vista de los recursos naturales, esta región tiene 670 millones de habitantes, de los cuales unos 120 viven en lo que hoy llamamos el mundo rural y, por ejemplo, en Argentina, Bolivia y Chile el 60% del litio del mundo está presente para esta transición energética”, puntualizó. Además, resaltó que la región concentra “el 50% de la biodiversidad del planeta” y “el 30% del agua”. “A pesar de que tenemos problemas de sequía en muchos lugares o de inundaciones en otros, lo que ahí hay es una falta de oportunidades, de infraestructura”, agregó.

Asinelli también hizo referencia al talento que existe en esta región: “Tenemos talento en todas las áreas. Gente capacitada en el arte, la música, las matemáticas, todo lo que puede generar esa región de oportunidades”. No obstante, advirtió: “Si el talento está distribuido de manera homogénea en toda la región, lo que no está distribuido son las oportunidades”.

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Por eso afirmó que imprescindible la acción colectiva para enfrentar los desafíos modernos: “Esto no se puede hacer solo. Esto no es cuestión de que un país se puede salvar individualmente en un mundo tan complejo como el de hoy. Tenemos que hacer esto en conjunto”.

Christian Asinelli y el legislador porteño Alejandro Grillo

Asimismo, Asinelli remarcó: “No podemos pensar el futuro sin planificación, no podemos pensar el futuro sin empezar un día y tomar las decisiones para que el mañana sea mejor. Tenemos que tener mirada de largo plazo. Sin mirada de largo plazo no se pueden trabajar ninguno de los temas que están en el libro”.

Planteó luego la necesidad del fortalecimiento de las instituciones y de las capacidades estatales: “¿Cómo fortalecemos los Estados para que puedan negociar con los grandes intereses que hoy nos toca enfrentar en el mundo, las grandes tecnológicas? ¿Cómo hacemos para que esas capacidades estatales también se transformen en una defensa de la casa común, como decía el papa Francisco? ¿Cómo hacemos para que la sostenibilidad ambiental sea parte de esa agenda de políticas públicas?”.

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Según su experiencia, la infraestructura es un factor clave: “La infraestructura es fundamental como habilitante para el desarrollo. Sin infraestructura no hay posibilidad de desarrollarnos porque no hay posibilidad de inclusión y no hay posibilidad de competitividad”.

El embajador de Portugal en la Argentina, Gonçalo Teles Gomes

A modo de comparación, observó que el comercio intrarregional en América Latina “es del 10, 11 o 12% cuando en la Unión Europea ese rubro supera el 50%”. Explicó que “eso es porque nos faltan infraestructura habilitante, rutas, conexiones de gas, conectarnos en el tema energético y cultural con programas como el Erasmus; nos falta infraestructura institucional”.

El autor del libro insistió en la importancia de la apuesta por el conocimiento: “Los países que se han desarrollado han invertido en ciencia y tecnología. Los números de la OCDE, de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Chinason muy altos en inversión en ciencia y tecnología. Y eso es lo que necesita también nuestra región: invertir en infraestructura, infraestructura física y de conectividad y en infraestructura institucional”.

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Para finalizar, Asinelli concluyó que su libro “pretende ser un disparador de la discusión para que pensemos cómo mejoramos nuestros Estados, la educación, cómo cerramos las brechas en inteligencia artificial, tecnología, pobreza, capacidades estatales y sostenibilidad ambiental”. Y para ello remarcó la importancia del debate, los consensos y los diálogos necesarios para la integración y el desarrollo de “la patria grande”.

(Fotos de Jaime Olivos)

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POLITICA

Condenas de hasta siete años de prisión en el primer juicio por la “mafia de los contenedores”

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El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 condenó hoy a penas de entre tres y siete años de prisión a los doce acusados del caso TT Cargo, el primer gran juicio oral derivado de las investigaciones conocidas como la “mafia de los contenedores”, por el contrabando agravado de indumentaria y rollos de tela desde China que ingresaban al país declarados como carbonato de calcio.

El tribunal, integrado por Jorge Alejandro Zabala , Karina Perilli y Fernando Marcelo Machado Pelloni, dio a conocer el veredicto y fijó la lectura de los fundamentos para el 22 de septiembre.

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Las penas más altas recayeron sobre Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza, condenados a siete años de prisión cada uno como coautores del delito de contrabando agravado por la intervención de más de tres personas, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, por la presentación de documentos adulterados y por el valor de la mercadería. En el caso de Moglianesi y Elnen, por 32 hechos y en el de Zaragoza, por 31.

Jorge Carlos Fano, presidente de la firma TT Cargo SA, que actuaba como agente de transporte aduanero, fue condenado a seis años de prisión, la misma pena que recibió Eduardo Joaquín Urraco. Hernán Gabriel Petitmangin fue condenado a cinco años y diez meses; Osvaldo José Lemos, a cinco años y seis meses; Alba Alicia Cetrini y Stella Maris Delía, a cinco años; y Alejandra Beatriz Delgado, a cuatro años. María José y María Gimena Zaragoza, hijas de José María Zaragoza, recibieron tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias.

El tribunal condenó además a las dos personas jurídicas imputadas, TT Cargo SA y Cuiper SA, a las que impuso el retiro de la personería jurídica y la cancelación de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

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También ordenó el decomiso de la mercadería hallada en el contenedor destapó la maniobra y del dinero y los equipos informáticos secuestrados en la sede de TT Cargo, en Tacuarí 237, en el centro porteño.

Todos los condenados quedaron alcanzados por la pérdida de concesiones y regímenes especiales, la inhabilitación especial de un año para ejercer el comercio, la inhabilitación perpetua para integrar las fuerzas de seguridad y las inhabilitaciones absolutas para desempeñarse en la función pública, que van de seis a catorce años según el caso.

Según la acusación que sostuvo en el juicio el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, titular de la Fiscalía General de Juicio N° 2 ante los tribunales orales en lo penal económico, la organización montó entre agosto de 2015 y enero de 2016 un doble circuito documental para burlar los controles aduaneros.

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En los conocimientos de embarque emitidos en origen (Master Bill of Lading) la carga figuraba como textil, mientras que en los documentos desconsolidados en la Argentina (House Bill of Lading) y en la documentación presentada ante la Aduana aparecía como carbonato de calcio.

La diferencia impositiva era significativa pues un cargamento textil tributaba cientos de miles de dólares entre valor y aranceles y el carbonato de calcio apenas unos miles. La fiscalía estimó el perjuicio fiscal en al menos 4,5 millones de dólares en menos de seis meses, aunque otras estimaciones del expediente lo elevan sustancialmente por encima de esa cifra.

La investigación nació cuando la Aduana, entonces conducida por Juan José Gómez Centurión, durante el gobierno de Mauricio Macri, detectó inconsistencias en pesos, tipos de mercadería y patrones repetidos en distintos embarques, y decidió interceptar físicamente un contenedor y abrirlo en el puerto.

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Aunque la carga había sido declarada como carbonato de calcio, en su interior aparecieron más de 80.000 prendas de vestir. Ese hallazgo permitió reconstruir la mecánica utilizada en los otros 31 contenedores que ya habían ingresado al país.

La instrucción estuvo a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, con la intervención del fiscal Pablo Turano, como desprendimiento del expediente principal, investigado por el juez Marcelo Aguinsky junto a la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procelac.

En su alegato de mayo, Pérez Barberá había pedido penas de hasta ocho años y seis meses de prisión —el máximo, para Moglianesi, a quien señaló como uno de los organizadores de la maniobra y le reprochó haber traicionado su rol de auxiliar del servicio aduanero— y advirtió sobre el valor del caso como precedente para las causas de contrabando de gran escala que aún no llegaron a debate.

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El tribunal, finalmente, fijó las penas por debajo de los pedidos fiscales: Moglianesi recibió siete años y Fano, para quien la fiscalía había reclamado ocho, seis. La querella estuvo a cargo de ARCA-Dirección General de Aduanas.




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Condenaron a los imputados en la causa conocida como la Mafia de los Contenedores

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El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 condenó este lunes a varios empresarios, despachantes de aduana y operadores logísticos por integrar la primera organización criminal investigada en la causa conocida como la “Mafia de los Contenedores”.

La maniobra de contrabando agravado se realizaba mediante documentación falsa que generó un perjuicio fiscal superior a los 18 millones de dólares entre agosto de 2015 y enero de 2016.

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El tribunal, integrado por los jueces Alejandro Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni, impuso penas de siete años de prisión a Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza, a quienes consideró coautores del delito de contrabando agravado.

Jorge Carlos Fano, titular de la firma TT Cargo S.A., y Eduardo Urraco recibieron condenas de seis años de prisión. Otros integrantes de la organización fueron sentenciados a penas de entre cuatro y cinco años y 10 meses de cárcel.

El fallo dispuso también el retiro de la personería jurídica y la cancelación de la inscripción registral de las sociedades TT Cargo S.A. y Cuiper S.A., utilizadas como vehículos para la maniobra ilícita.

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El tribunal rechazó todos los planteos de nulidad formulados por las defensas, incluyendo aquellos referidos a los allanamientos, los secuestros de prueba informática y la supuesta violación del plazo razonable del proceso.

El origen de la causa

La investigación acreditó que la organización operaba con un sofisticado sistema de doble circuito documental. Los documentos originales emitidos en China daban cuenta del embarque de telas y prendas de vestir, mientras que en la Argentina se generaba una documentación paralela que declaraba la mercadería como carbonato de calcio, un producto que tributa aranceles mínimos.

De esta forma se concretaron 31 operaciones de importación y se frustró un intento adicional detectado en el puerto de Buenos Aires.

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El fiscal general ante el juicio oral, Gabriel Pérez Barberá, sostuvo que la prueba permitió acreditar “la existencia de una organización coordinada, con funciones perfectamente distribuidas y un doble circuito documental diseñado para engañar a la Aduana”.

Contenedores en el puerto de Buenos Aires. (Foto: Agustín Marcarian/Reuters).

El tribunal consideró acreditados los agravantes legales: la intervención de un funcionario aduanero, la participación de más de tres personas, el uso de documentación adulterada y el elevado valor económico de la mercadería.

La causa es considerada testigo dentro de un conjunto de expedientes que investigan maniobras similares de subfacturación y utilización de empresas pantalla para el ingreso de mercaderías desde Asia eludiendo los controles estatales.

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Leer más: Condenaron a Julio De Vido a cinco años de prisión por el caso Skanska, el primer escándalo de corrupción del kirchnerismo

La investigación fue impulsada durante la gestión de Juan José Gómez Centurión en la Dirección General de Aduanas y tramitó ante el juez Marcelo Aguinsky, la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Los fundamentos completos del veredicto serán dados a conocer el 22 de septiembre próximo.

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Mafia de los contenedores, Justicia, Contrabando

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