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Preocupación de legisladores y académicos por la presión china para impedir la presentación de un libro en una universidad argentina

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Diputados de Argentina y Uruguay, junto a académicos y las organizaciones que estuvieron a cargo del evento, manifestaron su preocupación por la cancelación de la presentación del libro «China: la seducción comunicacional para normalizar a un régimen», de Roberto Iglesias, tras la presión que ejerció la embajada de China en Buenos Aires sobre la Universidad de Belgrano para impedir la actividad, según reportaron el autor del libro y el Center for the Study of Contemporary Open Societies (CESCOS).

De acuerdo consignó ayer Infobae, tres funcionarios diplomáticos del gigante asiático se presentaron físicamente en la sede universitaria de la calle Zabala, en Buenos Aires, para exigir la cancelación de la jornada académica prevista para el pasado 29 de abril. Las autoridades de la casa de estudios accedieron y el evento, que esperaba reunir a alrededor de 150 estudiantes de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, finalmente no se realizó.

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La jornada había sido organizada por la Fundación Friedrich Naumann, fundación alemana; el mencionado centro académico uruguayo CESCOS; el International Republican Institute (IRI), think tank estadounidense; y la Oficina Cultural y Comercial de Taiwán en Buenos Aires.

CESCOS confirmó la maniobra en sus redes sociales. “La embajada de China en Argentina presionó y logró cancelar la presentación del libro. Las dictaduras reprimen. Los demócratas celebramos la libertad de expresión de las sociedades abiertas“, indicaron sus autoridades en X. La entidad anticipó en las últimas horas que pronto se anunciará una nueva fecha y lugar para el evento.

Repudio político y académico

Pablo Viana, diputado nacional de Uruguay, calificó la maniobra como un “atropello directo a la libertad académica”. “La Embajada China en Buenos Aires mandó sus matones a la Universidad de Belgrano para cancelar una actividad académica», escribió en sus redes, donde también interpeló a la Cancillería argentina: «Esperamos que actúe y ponga en su lugar a estos bandoleros sinvergüenzas que quieren traer aquí la dictadura comunista que aplican a sus habitantes en la China continental».

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El legislador uruguayo también reclamó que las autoridades universitarias que cedieron ante la presión rindan cuentas, y advirtió que “ni todo el oro del mundo vale sacrificar la libertad en el altar de un sanguinario totalitarismo”.

En tanto, y ante la consulta de Infobae, la diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, apuntó directamente contra la pasividad del Estado argentino ante este tipo de avances. “Las injerencias del régimen chino exhiben la falta de apego a la defensa de nuestra soberanía. Que esto avance sobre la propia autonomía de las universidades resulta ilustrativo de la capitulación de nuestras bases fundantes”, afirmó. La legisladora, además, reveló que la presión del régimen también alcanzó al ámbito legislativo: “A los legisladores también pretendieron condicionarnos, por la presidencia de la HCDN. Algunos tenemos en claro que no aceptamos limitaciones de ninguna índole y así lo hicimos saber”.

Y agregó: «Reivindico nuestra libertad para que se debatan todo tipo de ideas. Los mercaderes de la ‘libertad’ deberían ser claros en esto».

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En la misma línea, Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica, fue categórico: “Es una vergüenza y muy peligroso que en Argentina permitamos que países extranjeros, peor aún, dictaduras totalitarias, no permitan la libertad de expresión, de participación y pretendan, bajo extorsión y prácticas poco democráticas, la cancelación de eventos culturales en ámbitos académicos, por disentir éstos con su relato oficial», indicó a este medio.

A su vez, el legislador porteño Sergio Siciliano (Vamos por Más), magíster en educación y referente del área en la Fundación Pensar, rechazó la censura con énfasis en el rol que deben cumplir las instituciones académicas: “Las universidades deben ser espacios de debate profundo de los temas”, planteó a Infobae. “En ningún caso la censura de quien piensa distinto o tiene ideas diferentes es el camino, siempre que las mismas se presenten con respeto y en un contexto académico”, agregó. Y completó: “Hubiese sido muy interesante para los alumnos poder generar un espacio de estudio con los argumentos del Gobierno Chino, que seguro los tiene y muy sólidos y respetables también”.

Constanza Mazzina, politóloga, investigadora y directora de la carrera de Ciencia Política en la Universidad del CEMA, autora de trabajos sobre la estrategia de captura de elites por parte de Beijing, no se mostró sorprendida y explicó a Infobae: “Desde el punto de vista estrictamente académico, es la famosa injerencia en asuntos que no corresponden: que una embajada se meta con asuntos académicos. Pero sabemos que el hard power chino funciona así. ¿Está mal? Sí. ¿Me sorprende? No».

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Mazzina enmarcó el episodio en un patrón más amplio: «Puede ponerse en el contexto de cómo funciona la captura de elites académicas por parte de China, y cómo China trata de limitar la vida académica de aquellos países que quieren resguardar y respetar la independencia y la libertad académica“. Para la investigadora, esa es “la gran diferencia de un modelo chino de ausencia de libertades y aquellos países donde, a pesar de nuestros problemas, tenemos libertad de expresión, de reunión y libertad académica propiamente dicha”.

Roberto Iglesias, autor del libro cuya presentación fue bloqueada, describió ayer la maniobra como “la otra cara de la moneda” respecto del soft power que analiza en su obra. Según señaló, “China no se limita a dar su versión de las cosas sino que pretende tener un control total sobre la narrativa sobre cualquier cosa que se diga de ella en los medios mundiales”.

Para Iglesias, “la lógica de presionar para cancelar un panel es un paso más en esa dirección del control narrativo, además de ser una evidente interferencia en otro país para coartar la libertad de expresión”.

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Hans-Dieter Holtzmann, director regional de la fundación alemana Friedrich Naumann, expresó preocupación por “el avance de prácticas sistemáticas de presión e intimidación impulsadas por regímenes autoritarios en ámbitos académicos, políticos y culturales”. “Cuando actores estatales intentan condicionar qué temas pueden discutirse, qué voces pueden ser divulgadas o qué perspectivas pueden ser escuchadas, estamos frente a mecanismos de influencia incompatibles con los valores liberales y democráticos”, remarcó.

Al cierre de esta nota, la Cancillería argentina no había emitido ninguna postura pública sobre el episodio.

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Incomodidad y silencio en el Gobierno por el fallo de la Corte que habilita la venta de tierras a extranjeros

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Silencio, incomodidad y preocupación. Así reaccionó el gobierno de Javier Milei al fallo de la Corte Suprema que ayer quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al reponer la vigencia de un artículo del megadecreto 70/2023 impulsado por el Poder Ejecutivo en los primeros días de la gestión libertaria y que fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado.

“Genera otra vez controversia en un tema que había sido malo para nosotros, y lo vuelve a traer a la agenda”, contestaron a desde un importante despacho oficial. Las fuentes advirtieron que, como efecto colateral, el fallo de la Corte “pone en riesgo el DNU” que incluía la derogación de la ley que limitaba la venta de tierras rurales, pero también un amplio abanico de temas, que van desde la nueva ley de alquileres, la desregulación del sistema de obras sociales y medicina prepaga y las privatizaciones de empresas públicas.

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El riesgo, reconocieron en Balcarce 50, es concreto. El Senado, con una composición muy diferente a la actual, rechazó el decreto de Milei (ideado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger) el 14 de marzo de 2024 con 42 votos negativos, 25 positivos y 4 abstenciones, pero la norma quedó vigente, ya que la oposición no consiguió el número suficiente en Diputados para rechazarlo. A partir del reciente fallo de la Corte, la diputada nacional Myriam Bregman (FIT-Buenos Aires) reclamó la anulación del decreto “ya mismo”, y agregó: “Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamosen el recinto y que se vea quién es quién”, afirmó la legisladora de izquierda en su cuenta de X. Bregman, como otros diputados opositores, ya trabaja en alternativas para forzar una sesión especial e intentar voltear el DNU.

Según pudo saber , desde la presidencia de la Cámara de Diputados, que encabeza Martín Menem, ya comenzaron los contactos con los aliados de centro (Pro y gobernadores) para contrarrestar esos intentos. Cerca de Menem aclararon que “el fallo de la Corte es a favor del Gobierno” y evitaron referencias sobre el “timming” de los miembros del tribunal para expresarse sobre la ley de tierras.

“No se sabe si los opositores tienen número, pero el fallo te vuelve a meter en el barro”, afirmó otra voz del oficialismo, lejana al ala política que encabeza Karina Milei y que tiene a Martín y Eduardo “Lule” Menem como ejecutores principales.

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La Corte desestimó ayer una acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional para que se dictara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del decreto, que derogó la ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. “La Corte dice que la Asociación de Ex Combatientes no tiene legitimación para cuestionar el DNU como lo hace. Y que tampoco hay un caso judicial en curso, como una compra que haya generado un daño”, argumentaron fuentes judiciales con conocimiento del fallo.

Desde el oficialismo de la Cámara baja destacaron el posteo del exdiputado de la CC-ARI Juan Manuel López, que llamó a tener cuidado con el rechazo al DNU completo. López se alejó hace un tiempo de sus laderos de la CC, “Si eso ocurre [por el rechazo al DNU], el impacto sobre la vida cotidiana y la seguridad jurídica será inmediato: revivirían normas derogadas como la vieja ley de alquileres y quedarían en un limbo avances clave como la posibilidad de contar con internet satelital, entre tantas otras cosas. Es importante pensar alternativas que no alteren abruptamente tantas relaciones jurídicas ya consolidadas”, advirtió el exlegislador. Un argumento que el Gobierno ya utiliza en el diálogo con partidos y mandatarios afines, mientras el Presidente desembarca en París con el objetivo de captar inversores y escenificar el apoyo de 13 gobernadores aliados.

El Gobierno había intentado reformar la ley de tierras rurales el mes pasado en el Congreso, pero debió dar marcha atrás. Subido a la oalista y malvinera postmundial de fútbol, y sin consenso suficiente, el oficialismo debió modificar por presión de sus aliados el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que el Senado iba a debatir al día siguiente. Ahora, en una posición incómoda, Menem se dispone a utilizar esa norma como prenda de negociación con los diputados aliados, a cambio del respaldo al decreto 70/23, considerado vital para la Casa Rosada.

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POLITICA

Con diferencias entre LLA y la oposición, Diputados debate el proyecto que amplía las sanciones por explotación de recursos en Malvinas

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En medio del viaje del Presidente Javier Milei a París, la Defensa de la Soberanía Nacional en Malvinas empezó a tratarse en las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y de Legislación Penal, conducidas por los diputados libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado.

La estrategia del oficialismo es tener dos encuentros con invitados y, posteriormente, al finalizar la segunda reunión plenaria, programada para el 6 de octubre, firmar los dictámenes correspondientes, y llevarlos al recinto al otro día. La Libertad Avanza trabaja para convocar a una sesión especial para el 7 de octubre con una agenda que incluya el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

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“El tratamiento tendrá todo el tiempo que la importancia del tema lo requiera. Hay un consenso amplio en determinadas partes y en otras no tanto. La reunión informativa y la participación de los funcionarios del Poder Ejecutivo será de mucha utilidad para ir acercando posiciones”, señaló el salteño Carlos Zapata.

El titular de la estratégica comisión de Defensa confirmó la presencia de los funcionarios del Gobierno nacional a partir del mediodía en el debate y estará abierto a escuchar propuestas de la oposición sobre otros invitados, siempre que sean para hablar sobre el tema del proyecto que está en tratamiento.

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Carlos Zapata, diputado nacional La Libertad Avanza, y presidente de la Comisión de Defensa. Foto Cámara de Diputados.

Puntos centrales

La iniciativa ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.

Según los fundamentos oficiales, busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.

Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del esquema sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la República Argentina.

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El texto prevé además penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, provean bienes o servicios esenciales a sujetos alcanzados por las conductas previstas en la norma.

El proyecto también establece efectos mucho más amplios que los contemplados en la normativa actual. Los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, verán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina.

Además, quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país.

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La iniciativa también crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el Presidente de la Nación y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional.

Entre sus atribuciones figuran asistir al Presidente en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.

Contrapuntos con aliados

El asesor Santiago Caputo tuvo un cruce con el diputado Eduardo Falcone. (Foto: Reuters/Matías Baglietto).
El asesor Santiago Caputo tuvo un cruce con el diputado Eduardo Falcone. (Foto: Reuters/Matías Baglietto).

La iniciativa que aún no comenzó su tratamiento ya anticipa una fuerte discusión con sectores aliados como los desarrollistas del MID. El diputado Eduardo Falcone hizo referencia a algunos puntos del proyecto vinculados con cambios a las leyes de seguridad Interior o de Inteligencia y sus alcances a partir de los límites que marca la propia Constitución Nacional que “indica que los actos de guerra o las represalias militares pueden ser decididos solamente por el presidente, y con autorización del Congreso Nacional. El texto actual no contempla ninguna autorización del Congreso, ni para hundir un barco ni para derribar un avión hostil. Lo decidiría el presidente, quien puede delegar ese acto militar en el ministro de defensa, sin intervención del Congreso Nacional”.

El diputado oriundo de Chivilcoy tuvo un cruce por las redes sociales con el asesor presidencial Santiago Caputo sobre el rol que debe tener el Congreso nacional. Caputo le señaló al diputado que: “Creo que lo estás pensando solo limitado a la invasión de una aeronave o buque oficial de un Estado. En ese marco podría entenderse cierta competencia del Congreso debido a que la potestad de declarar la guerra (contra otro Estado) es del Congreso. Pero esto no es eso. Estamos hablando de “vectores” que en 99.99% son civiles. Salvo que estemos discutiendo la hipótesis de si es legítimo declarar la guerra a un agente no estatal en cuyo caso me encontrarás a favor y anti-en contra”.

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El PJ por las banderas que flamearon en Malvinas

Acto a 60 años del operativo Cóndor, realizado en Diputados por Eduardo Valdés, junto a Gabriel Fuks, Jorge Taiana, Santiago Cafiero y Felipe Solá, los ex secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus y Guillermo Carmona, y la exministra Kelly Olmos. Foto: Bloque UxP
Acto a 60 años del operativo Cóndor, realizado en Diputados por Eduardo Valdés, junto a Gabriel Fuks, Jorge Taiana, Santiago Cafiero y Felipe Solá, los ex secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus y Guillermo Carmona, y la exministra Kelly Olmos. Foto: Bloque UxP

A 60 años del Operativo Cóndor, el diputado peronista Eduardo Valdés y el parlamentario del Mercosur Gabriel Fuks encabezaron este lunes en la Cámara de Diputados un acto homenaje a los 18 jóvenes argentinos que el 28 de septiembre de 1966 desviaron un avión de Aerolíneas Argentinas hacia las Islas Malvinas e hicieron flamear allí la bandera argentina.

Valdés destacó la vigencia histórica y política de aquella acción y reivindicó la necesidad de mantener el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. “Frente a tanto malvinero trucho que aparecen en estos días, homenajear a estos 18 patriotas es un orgullo y renovamos el compromiso de ¡Patria sí, colonia no! Nosotros denostamos a Thatcher y a Pinochet, las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

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Participaron del homenaje los excancilleres Rafael Bielsa, Jorge Taiana, Santiago Cafiero y Felipe Solá, los ex secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus y Guillermo Carmona, y los exministros Kelly Olmos y Nicolás Trotta.

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El Operativo Cóndor fue llevado adelante el 28 de septiembre de 1966 por 18 jóvenes encabezados por Dardo Cabo. El grupo desvió hacia las Islas Malvinas un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a Río Gallegos y, una vez en las islas, desplegó siete banderas argentinas y rebautizó Puerto Stanley como Puerto Rivero. A seis décadas de aquella acción, el homenaje en el Congreso buscó recuperar la memoria de sus protagonistas y reafirmar la continuidad del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Malvinas Argentinas, debate, Javier Milei

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Sorpresivo ataque de Malena Galmarini contra Martín Guzmán tras sus críticas a Milei: “¡Que vuelva a EE.UU. con su novia!“

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La senadora provincial Malena Galmarini cuestionó duramente al exministro de Economía de la Nación Martín Guzmán luego de que criticara las declaraciones en las que el presidente Javier Milei, entre otras cosas, reivindicó el modelo económico de Arabia Saudita con respecto al petróleo.

“Es genial que un señor que se fue un fin de semana por Twitter (ahora X) ahora quiera explicar qué hay que hacer. Dos años después de gestión y no sabía que Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) era del Estado. No sabía que él mismo enviaba el dinero para las obras. Dejen de venderse. Dejen de darle aire. ¡Que vuelva a EE.UU. con su novia!“, escribió la funcionaria en su cuenta de la red social.

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El posteo que hizo GalmariniX

Este miércoles por la mañana, Guzmán respondió a las acusaciones de la senadora de la Provincia de Buenos Aires. “Ay, Malena Galmarini, el país cada día más dañado por un Presidente al que algunos ayudaron a que ocupe la Casa Rosada y usted en esta. Es obvio que lo que dice de AySA es una mentira bastante patética”, consideró.

Y sumó: “Como es obvio que es más importante que nos dediquemos a frenar la barbarie de un Gobierno que está destruyendo el tejido productivo de una gran parte de nuestra sociedad. Prefiero ocuparme de eso y ayudar a construir un programa económico para el 2027″.

Guzmán —antecesor de Sergio Massa en el Ministerio de Economía durante la presidencia de Alberto Fernández— se había referido a los dichos de Milei durante una entrevista con LN+. “Si yo le hablo de Arabia Saudita, se piensa en petróleo, intensivo en capital. ¿Cuántos puestos de trabajo hay en Arabia Saudita? Diez millones. ¿Y cuántos hay en el sector petrolero? 200 mil”, introdujo el mandatario y agregó: “Cuando se toma esa actividad, se generan los empleos de esa actividad y los de los que son los insumos. Pero hay una parte que se está omitiendo y que es la más importante de todas, que es los empleos que genera la riqueza”.

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“Cuando usted tiene más plata en el bolsillo la va a gastar en otro lado, o la va a ahorrar y va a generar inversión en otro lado. Por eso es emblemático el caso de Arabia Saudita. Derrama, porque hay diez millones de puestos de trabajo, es un barril de petróleo gigante”, destacó Milei.

Al ser consultado al respecto durante una entrevista en Cenital, Guzmán consideró que el análisis del jefe de Estado “no tiene ningún sentido”. “No sabe de lo que está hablando, no estudió el caso. En Arabia Saudita, en el año 2018, el actual príncipe, quien gobierna el país, convocó a los grandes ricos en un hotel millonario. Esas reuniones en las que no podés decir que no… Quedaron detenidos hasta que entregaron la plata. Les sacó la riqueza y les dejó un poco; hizo una redistribución de riqueza brutal para invertir en obras públicas”, explicó Guzmán sobre la situación en el país de Medio Oriente.

“(Milei) habla de una cosa que no tiene idea en Arabia Saudita. La transformación económica que busca dar ahí con métodos que fueron esos, no tiene ningún sentido”, ratificó.

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Sergio Massa y Martín Guzmán, en la presentación del Presupuesto 2021Fabian Marelli

Este comentario fue el que despertó la bronca de Galmarini. Minutos más tarde, a la defensa del exfuncionario se sumó Guillermo Hang, secretario de Comercio Interior durante la gestión de Guzmán al frente de Economía. “Pareciera que Malena Galmarini no entendió la explicación y que su odio personal se impone”, escribió en respuesta al posteo de la esposa de Massa.

“Es mentira lo que dice de AySA, era imposible no saber que era del Estado Nacional porque en el primer mes de gestión ya nos estaba llamando al Ministerio de Economía (MECON) para pedir plata”, acusó. En ese momento, el organismo nacional era dirigido por Galmarini.




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